La Cámara de Diputados de Colombia aprobó un artículo incluído en el proyecto de la ley anticorrupción con el que se pretende “adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”, y que ha sido ampliamente criticado por restringir la libertad de expresión. Una mayoría de 73 congresistas rechazó la proposición para eliminar el artículo 68, que establece penas de hasta diez años de prisión por “injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”.
“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses”, reza el artículo.
AsprillaRodríguez
En una carta, la Asociación Colombiana de Medios de Comunicación, junto a otras organizaciones firmantes, denunciaron esta semana que “se trata de una norma decididamente regresiva contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.
“No se puede establecer un sistema de control de la prensa y el flujo de información en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información”, asegura.
Por su parte, Transparencia Colombia resaltó que la entrada de vigencia del artículo será “un retroceso para la lucha contra la corrupción”. “Genera desincentivos a la denuncia y pone en riesgo la libertad de expresión. Rechazamos su contenido y esperamos que sea excluido del texto conciliado de Cámara y Senado”, subrayó.
Algunos congresistas también expresaron su rechazo. “Aprobaron la persecución de la oposición y de los periodistas que critiquen a los funcionarios públicos quitándoles la personería jurídica. Incluso sin haber sido condenados por injuria y calumnia”, aseguró Juanita Goebertus, representante a la Cámara de la Alianza Verde.
“Un diablo contra la libertad de expresión en la plenaria, un angelito que la defiende cuando está en los medios de comunicación, que nivel de hipocresía el de Edward Rodríguez”, dijo Inti Asprilla, en referencia a las declaraciones a del congresista del Centro Democrático, quien reconoció que el artículo “no es funcional” después de haberlo apoyado.
El polémico artículo todavía debe recibir el visto bueno del Senado y después pasar a sanción presidencial.
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La Cámara de Diputados de Colombia aprobó un artículo incluído en el proyecto de la ley anticorrupción con el que se pretende “adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”, y que ha sido ampliamente criticado por restringir la libertad de expresión. Una mayoría de 73 congresistas rechazó la proposición para eliminar el artículo 68, que establece penas de hasta diez años de prisión por “injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”.
“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses”, reza el artículo.
En una carta, la Asociación Colombiana de Medios de Comunicación, junto a otras organizaciones firmantes, denunciaron esta semana que “se trata de una norma decididamente regresiva contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.
“No se puede establecer un sistema de control de la prensa y el flujo de información en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información”, asegura.
Por su parte, Transparencia Colombia resaltó que la entrada de vigencia del artículo será “un retroceso para la lucha contra la corrupción”. “Genera desincentivos a la denuncia y pone en riesgo la libertad de expresión. Rechazamos su contenido y esperamos que sea excluido del texto conciliado de Cámara y Senado”, subrayó.
Algunos congresistas también expresaron su rechazo. “Aprobaron la persecución de la oposición y de los periodistas que critiquen a los funcionarios públicos quitándoles la personería jurídica. Incluso sin haber sido condenados por injuria y calumnia”, aseguró Juanita Goebertus, representante a la Cámara de la Alianza Verde.
“Un diablo contra la libertad de expresión en la plenaria, un angelito que la defiende cuando está en los medios de comunicación, que nivel de hipocresía el de Edward Rodríguez”, dijo Inti Asprilla, en referencia a las declaraciones a del congresista del Centro Democrático, quien reconoció que el artículo “no es funcional” después de haberlo apoyado.
El polémico artículo todavía debe recibir el visto bueno del Senado y después pasar a sanción presidencial.
PrisioneroEnArgentna.com
Diciembre 8, 2021