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Debido a un par de masacres en las que fallecieron nueve personas, entre ellas cuatro adolescentes, sumieron al presidente de Chile, Gabriel Boric, en una grave crisis política debido a los crecientes cuestionamientos en contra de la política de seguridad del Gobierno.

El domingo por la madrugada, cuatro menores de entre 13 y 17 años fueron asesinados a tiros mientras participaban en una fiesta de cumpleaños en la comuna de Quilicura, ubicada en la Región Metropolitana de Santiago.

Dos días después, otras cinco personas fallecieron en una balacera que tuvo lugar en un centro de eventos en la comuna de Lampa, también ubicada en la Región Metropolitana. El saldo incluye a cuatro heridos y ocho detenidos. 

En medio del clima de conmoción social generado por estos y otros crímenes, que en total sumaron 20 personas asesinadas en cinco días, la oposición reforzó su campaña para exigir la renuncia de la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, y convocó a una sesión especial en el Congreso para abordar la crisis de la violencia.

“El país entero no soporta esta inseguridad de cada día”, advirtió el jefe de la bancada parlamentaria de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente.

Sin embargo, el presidente rechazó cualquier posibilidad de realizar cambios en el gabinete.

“Frente a las absurdas demandas de renuncia que algunos parlamentarios han planteado por redes sociales o comunicados, quiero dejar en claro que el Gobierno está trabajando sin descanso”, dijo Boric antes de partir a una gira a Paraguay.

“En lugar de dividir, necesitamos unidad para enfrentar este desafío. Esta no es una cuestión partidista, se trata de unirnos como sociedad para atrapar y desarticular a estos criminales y delincuentes (…) No vamos a dejar que el crimen organizado nos gane la batalla”, agregó.

A la presión en torno a la renuncia de Tohá, otros dirigentes políticos sumaron un reclamo para que el Gobierno de plano decrete el estado de sitio en la Región Metropolitana.

“(La violencia) se puede ir naturalizando y, si eso ocurre, entramos en zona de no retorno”, advirtió José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista (PS) y exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al promover la radical medida.

“La inseguridad en la Región Metropolitana ha alcanzado niveles críticos. Es urgente que se declare Estado de Sitio para recuperar la tranquilidad de nuestra gente”, agregó su compañero de bancada, el senador José Luis Castro.

El Gobierno, en tanto, realizó este miércoles una reunión urgente encabezada por Tohá (quien en ausencia de Boric ejerce como vicepresidenta); y el ministro del Interior, Manuel Monsalve, y en la que participaron funcionarios de las fuerzas de Seguridad.

Luego del encuentro, Tohá anunció que, para enfrentar la crisis, se ampliará la labor de la Policía de Investigaciones en fiscalizaciones a la población migrante; se fortalecerá el Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero; y se reordenarán las tareas de las comisarías para tener más efectivos policiales en las calles.

Además, explicó que se acelerarán las nuevas etapas de las unidades de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios con la Fiscalía y se creará una fuerza de tarea conjunta de ambas policías en la Región Metropolitana.

“El refuerzo fundamental va por el lado de mejorar las capacidades de control del armamento que está circulando en las calles, vamos sumar refuerzos en fornteras y de fiscalizaciones de armas”, dijo la vicepresidenta al subrayar que invertirán recursos adicionales para ampliar la gama de delitos que no son perseguidos de manera eficiente.