La severa crisis económica que azota la isla es el eje de disímiles manifestaciones populares que el régimen cubano intenta aplacar con un significativo aumento de represión policial contra la sociedad civil.
No pocos observadores vaticinan la inminencia de un estallido social como consecuencia de lo que el presidente Miguel Díaz-Canel ha catalogado de «parcial dolarización de la economía», que ha resultado en un apartheid económico que ensancha las brechas sociales en un país donde la escasez de alimentos, productos básicos y medicamentos son denunciados diariamente por lo cubanos en las redes sociales.
En respuesta a los focos de protestas ciudadanas el régimen ha incrementado el aparato represivo violento que no solo incluye a elementos policiales, sino a grupos ciudadanos
miembros de las llamadas «organizaciones masas» como la Federación de Mujeres (FMC), los Comité de Defensa (CDR), la Asociación de Combatientes (ACRC) que actúan con elementos del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas.
Utilizar a los propios ciudadanos para controlar o reprimir violentamente a la sociedad civil ha sido parte de las maniobras que el régimen ha utilizado durante seis décadas para no ensuciar su imagen ante la opinión pública internacional, justificando estos enfrentamientos –mítines de repudio– entre civiles con la fórmula de: «el pueblo defendiendo a la Revolución».
Represión
El pasado 10 de octubre, día de la independencia nacional, un numeroso grupo de artistas, activistas y periodistas independientes fueron cercados –con la prohibición de salir de sus propios domicilios–, mientras que una veintena fueron violentamente atacados en la vía pública y conducidos a estaciones policiales donde fueron amenazados con procesos judiciales.
Estos hechos acontecen paralelo a la elección de Cuba –por quinta vez– para integrar el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, que más de ochenta organizaciones cubanas e internacionales rechazaron públicamente a través de un comunicado.
La situación en la isla se agrava cada día más, como reconoció recientemente el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, quien admitió que «la situación económica es muy tensa […] y depende de un conjunto de exportaciones para tener ingresos en divisas». Por otra parte, el enfrentamiento al Covid-19 le está costando al régimen unos 1.000 millones de pesos solo en el financiamiento de los gastos relacionados con la salud.
Al interior de las barriadas habaneras el panorama se percibe aún más tenso ante el desabastecimiento y la escasez mientras los ciudadanos invierten más de la mitad de sus días en largas colas para comprar alimentos y productos básicos racionados bajo la vigilancia de policías, militares y las catalogadas «brigadas anticoleros» compuestas también por civiles miembros de las organizaciones de masas lo que supone que la ciudadanía es enemiga de sí misma.
La represión, que en sí misma representa la convocatoria de estos llamados «grupos barriales», ya no es con el enemigo lógico; es decir, la oposición interna. Es legítimo entonces afirmar que el Gobierno está propiciando las condiciones para un estallido social.
Protesta nacional
Por su parte, circula entre la ciudadanía una convocatoria para una «protesta nacional pacífica por una Cuba próspera» –desde el 31 de octubre y hasta el 17 de diciembre– donde se convoca a la sociedad civil a manifestarse bajo el lema «queremos libertades económicas, no más miseria».
El documento explica que producto de la ineficiencia y lentitud del Gobierno cubano en sus gestiones y en realizar los cambios que la realidad y el pueblo demandan, muchos cubanos protestaremos el día sábado 31 de octubre en toda Cuba.
«Los cubanos de pueblo que día a día sufrimos la escasez de medicamentos y alimentos, la gran pérdida de tiempo en inmensas colas, los contantes decomisos a los emprendedores y campesinos cubanos, exigimos»:
–Que el Gobierno de Cuba autorice y facilite la entrega a nosotros, el pueblo, las donaciones humanitarias llegadas desde el extranjero independientemente de quién sea el donante.
–Que el Gobierno entregue a los emprendedores la libertad de importar directamente del extranjero, mercancía sin límite de cantidad ni tipo, sin que medien las empresas estatales. (Excepto drogas, armas y explosivos).
–Que el Gobierno autorice a los campesinos cubanos a importar suministros y equipos, vender sus productos tanto a la población como para exportación con total libertad, sin imponerle límites de cantidad de productos ni de precios.
–Que el Gobierno autorice mediante licencia de trabajo, la compra-venta de productos. El comercio es legal en el mundo entero y por tanto los revendedores deben ser legalizados.
–Eliminar el límite de propiedades y bienes que los cubanos podamos comprar, así como eliminar el límite de activos que los cubanos podemos poseer para producir bienes o servicios.
«Exigimos al Gobierno de Cuba que nos dejen trabajar y prosperar. Cumplir estas demandas depende única y exclusivamente de ustedes, gobierno cubano. No dejaremos de protestar hasta que demuestren que cumplen las demandas del pueblo», concluye la convocatoria.
El riesgo de estallido social se produce cuando crecen los rumores sobre la salud del expresidente Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que estuvo durante cuatro meses ausente de la vida pública, hasta su reaparición el jueves pasado para presidir una reunión del Buró Político, de lo que dejó constancia gráfica el medio oficialista Granma, con el fin de acallar los rumores. A pesar de eso, siguen las informaciones que afirman que el exmandatario sufriría un cáncer terminal.
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La severa crisis económica que azota la isla es el eje de disímiles manifestaciones populares que el régimen cubano intenta aplacar con un significativo aumento de represión policial contra la sociedad civil.
No pocos observadores vaticinan la inminencia de un estallido social como consecuencia de lo que el presidente Miguel Díaz-Canel ha catalogado de «parcial dolarización de la economía», que ha resultado en un apartheid económico que ensancha las brechas sociales en un país donde la escasez de alimentos, productos básicos y medicamentos son denunciados diariamente por lo cubanos en las redes sociales.
En respuesta a los focos de protestas ciudadanas el régimen ha incrementado el aparato represivo violento que no solo incluye a elementos policiales, sino a grupos ciudadanos
miembros de las llamadas «organizaciones masas» como la Federación de Mujeres (FMC), los Comité de Defensa (CDR), la Asociación de Combatientes (ACRC) que actúan con elementos del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas.
Utilizar a los propios ciudadanos para controlar o reprimir violentamente a la sociedad civil ha sido parte de las maniobras que el régimen ha utilizado durante seis décadas para no ensuciar su imagen ante la opinión pública internacional, justificando estos enfrentamientos –mítines de repudio– entre civiles con la fórmula de: «el pueblo defendiendo a la Revolución».
El pasado 10 de octubre, día de la independencia nacional, un numeroso grupo de artistas, activistas y periodistas independientes fueron cercados –con la prohibición de salir de sus propios domicilios–, mientras que una veintena fueron violentamente atacados en la vía pública y conducidos a estaciones policiales donde fueron amenazados con procesos judiciales.
Estos hechos acontecen paralelo a la elección de Cuba –por quinta vez– para integrar el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, que más de ochenta organizaciones cubanas e internacionales rechazaron públicamente a través de un comunicado.
La situación en la isla se agrava cada día más, como reconoció recientemente el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, quien admitió que «la situación económica es muy tensa […] y depende de un conjunto de exportaciones para tener ingresos en divisas». Por otra parte, el enfrentamiento al Covid-19 le está costando al régimen unos 1.000 millones de pesos solo en el financiamiento de los gastos relacionados con la salud.
Al interior de las barriadas habaneras el panorama se percibe aún más tenso ante el desabastecimiento y la escasez mientras los ciudadanos invierten más de la mitad de sus días en largas colas para comprar alimentos y productos básicos racionados bajo la vigilancia de policías, militares y las catalogadas «brigadas anticoleros» compuestas también por civiles miembros de las organizaciones de masas lo que supone que la ciudadanía es enemiga de sí misma.
La represión, que en sí misma representa la convocatoria de estos llamados «grupos barriales», ya no es con el enemigo lógico; es decir, la oposición interna. Es legítimo entonces afirmar que el Gobierno está propiciando las condiciones para un estallido social.
Protesta nacional
Por su parte, circula entre la ciudadanía una convocatoria para una «protesta nacional pacífica por una Cuba próspera» –desde el 31 de octubre y hasta el 17 de diciembre– donde se convoca a la sociedad civil a manifestarse bajo el lema «queremos libertades económicas, no más miseria».
El documento explica que producto de la ineficiencia y lentitud del Gobierno cubano en sus gestiones y en realizar los cambios que la realidad y el pueblo demandan, muchos cubanos protestaremos el día sábado 31 de octubre en toda Cuba.
«Los cubanos de pueblo que día a día sufrimos la escasez de medicamentos y alimentos, la gran pérdida de tiempo en inmensas colas, los
contantes decomisos a los emprendedores y campesinos cubanos, exigimos»:
–Que el Gobierno de Cuba autorice y facilite la entrega a nosotros, el pueblo, las donaciones humanitarias llegadas desde el extranjero independientemente de quién sea el donante.
–Que el Gobierno entregue a los emprendedores la libertad de importar directamente del extranjero, mercancía sin límite de cantidad ni tipo, sin que medien las empresas estatales. (Excepto drogas, armas y explosivos).
–Que el Gobierno autorice a los campesinos cubanos a importar suministros y equipos, vender sus productos tanto a la población como para exportación con total libertad, sin imponerle límites de cantidad de productos ni de precios.
–Que el Gobierno autorice mediante licencia de trabajo, la compra-venta de productos. El comercio es legal en el mundo entero y por tanto los revendedores deben ser legalizados.
–Eliminar el límite de propiedades y bienes que los cubanos podamos comprar, así como eliminar el límite de activos que los cubanos podemos poseer para producir bienes o servicios.
«Exigimos al Gobierno de Cuba que nos dejen trabajar y prosperar. Cumplir estas demandas depende única y exclusivamente de ustedes, gobierno cubano. No dejaremos de protestar hasta que demuestren que cumplen las demandas del pueblo», concluye la convocatoria.
El riesgo de estallido social se produce cuando crecen los rumores sobre la salud del expresidente Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que estuvo durante cuatro meses ausente de la vida pública, hasta su reaparición el jueves pasado para presidir una reunión del Buró Político, de lo que dejó constancia gráfica el medio oficialista Granma, con el fin de acallar los rumores. A pesar de eso, siguen las informaciones que afirman que el exmandatario sufriría un cáncer terminal.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 16, 2020