La Policía Nacional de Nicaragua detuvo este sábado a la activista de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Tamara Dávila Rivas, en su vivienda en Managua por, según un comunicado de prensa de la institución, investigación de conformidad al artículo 1 de la ley N°. 1055 Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz.
Según el comunicado, se investiga a Dávila por realizar supuestos actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país.
El Centro Nicaragüense de derechos Humanos a través de su cuenta de Twitter condenó este sábado la detención y allanamiento en la vivienda de Dávila.
“La Policía irrumpió violentamente en su casa sin importarles la presencia de una niña de 4 años. Exigimos al régimen Ortega-Murillo respete su integridad personal”, dijo el organismo.
Dávila se convierte en la octava dirigente opositora detenida y la séptima por investigación bajo la Ley 1.055, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista en diciembre pasado.
Los otros detenidos, investigados bajo esta legislación son los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Felix Maradiaga, y los dirigentes opositores José Adán Aguerri, José Pallais y Violeta Granera, mientras que la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, permanece detenida bajo la acusación de presuntos delitos de «gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua» durante su gestión al frente de la fundación Violeta Barrios.
La detención de Tamara Dávila ocurre a solo unas horas que la activista denunciara a través de sus redes sociales el presunto traslado de Violeta Granera, desde su casa – donde estaba detenida- a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial.
“Nos están informando en este momento que Violeta Granera fue secuestrada de su casa, presumimos que trasladada a las cárceles del Chipote. En este momento, Violeta Granera, lideresa de las causas sociales, una guía y líder por la justicia y la democracia, en este país, desde la Unidad Nacional, desde la unidad nacional, exigimos su integridad física, exigimos su liberación”, expresó Dávila la noche del viernes en su cuenta de Twitter.
El Mecanismo de seguimiento a Nicaragua, MESENI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó a través de redes sociales su preocupación sobre la situación de Granera, quien, según el MESENI, permanecía bajo “casa por cárcel” en su domicilio desde el 8 de junio. “El 11 junio habría sido trasladada por la policía sin informar a sus familiares y abogados sobre su ubicación actual”, expresó la CIDH a través de su cuenta de Twitter.
La Unidad Nacional Azul y Blanco, a través de un comunicado publicado el viernes en sus redes sociales, exigió a la policía que revele el paradero de Violeta Granera.
“Nos informan que a las 7:00 pm de este viernes 11 de junio la policía se ha llevado a Violeta Granera de su casa en un vehículo no oficial, la policía no informó a donde la trasladaría y si sería para interrogarla, por lo que se considera una persona desaparecida. Su abogado defensor no fue informado de esta acción, que violenta el régimen de arresto domiciliar que le fue impuesto el día de ayer”.
La prensa ha solicitado información a la Policía Nacional de Nicaragua sobre el traslado de Granera, pero hasta el momento no responden a nuestras consultas. También se consultó al Consejo de comunicación y ciudadanía que coordina la vicepresidenta Rosario Murillo, pero no responden a ninguna solicitud.
En un segundo mensaje, la CIDH recordó que Granera cuenta con medidas cautelares desde otorgadas por el organismo desde el 2019. «En tal sentido, la CIDH urge al Estado de Nicaragua informar sobre su ubicación y estado de salud; y le recuerda su deber proteger la vida e integridad de personas bajo su custodia».
La CIDH reiteró su llamado urgente a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, y a restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos, en particular, de quienes aspiran concurrir a cargos de elección pública.
♦
La Policía Nacional de Nicaragua detuvo este sábado a la activista de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Tamara Dávila Rivas, en su vivienda en Managua por, según un comunicado de prensa de la institución, investigación de conformidad al artículo 1 de la ley N°. 1055 Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz.
Según el comunicado, se investiga a Dávila por realizar supuestos actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país.
El Centro Nicaragüense de derechos Humanos a través de su cuenta de Twitter condenó este sábado la detención y allanamiento en la vivienda de Dávila.
“La Policía irrumpió violentamente en su casa sin importarles la presencia de una niña de 4 años. Exigimos al régimen Ortega-Murillo respete su integridad personal”, dijo el organismo.
Dávila se convierte en la octava dirigente opositora detenida y la séptima por investigación bajo la Ley 1.055, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista en diciembre pasado.
Los otros detenidos, investigados bajo esta legislación son los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Felix Maradiaga, y los dirigentes opositores José Adán Aguerri, José Pallais y Violeta Granera, mientras que la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, permanece detenida bajo la acusación de presuntos delitos de «gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua» durante su gestión al frente de la fundación Violeta Barrios.
La detención de Tamara Dávila ocurre a solo unas horas que la activista denunciara a través de sus redes sociales el presunto traslado de Violeta Granera, desde su casa – donde estaba detenida- a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial.
“Nos están informando en este momento que Violeta Granera fue secuestrada de su casa, presumimos que trasladada a las cárceles del Chipote. En este momento, Violeta Granera, lideresa de las causas sociales, una guía y líder por la justicia y la democracia, en este país, desde la Unidad Nacional, desde la unidad nacional, exigimos su integridad física, exigimos su liberación”, expresó Dávila la noche del viernes en su cuenta de Twitter.
El Mecanismo de seguimiento a Nicaragua, MESENI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó a través de redes sociales su preocupación sobre la situación de Granera, quien, según el MESENI, permanecía bajo “casa por cárcel” en su domicilio desde el 8 de junio. “El 11 junio habría sido trasladada por la policía sin informar a sus familiares y abogados sobre su ubicación actual”, expresó la CIDH a través de su cuenta de Twitter.
La Unidad Nacional Azul y Blanco, a través de un comunicado publicado el viernes en sus redes sociales, exigió a la policía que revele el paradero de Violeta Granera.
“Nos informan que a las 7:00 pm de este viernes 11 de junio la policía se ha llevado a Violeta Granera de su casa en un vehículo no oficial, la policía no informó a donde la trasladaría y si sería para interrogarla, por lo que se considera una persona desaparecida. Su abogado defensor no fue informado de esta acción, que violenta el régimen de arresto domiciliar que le fue impuesto el día de ayer”.
La prensa ha solicitado información a la Policía Nacional de Nicaragua sobre el traslado de Granera, pero hasta el momento no responden a nuestras consultas. También se consultó al Consejo de comunicación y ciudadanía que coordina la vicepresidenta Rosario Murillo, pero no responden a ninguna solicitud.
En un segundo mensaje, la CIDH recordó que Granera cuenta con medidas cautelares desde otorgadas por el organismo desde el 2019. «En tal sentido, la CIDH urge al Estado de Nicaragua informar sobre su ubicación y estado de salud; y le recuerda su deber proteger la vida e integridad de personas bajo su custodia».
La CIDH reiteró su llamado urgente a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, y a restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos, en particular, de quienes aspiran concurrir a cargos de elección pública.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 14, 2021