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A tres días de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, la nueva mandataria ha comenzado a marcar el rumbo del gobierno chavista con un objetivo inmediato: garantizar la gobernabilidad. Sus primeros movimientos ofrecen claves claras sobre la orientación de esta nueva etapa, al apostar por nombramientos de perfil tecnocrático y de máxima confianza, diseñados para asegurar el funcionamiento inmediato del Estado y proyectar una imagen de continuidad y estabilidad en un momento de extrema fragilidad política, institucional y económica.

“La prioridad absoluta es continuar ejerciendo un control eficaz sobre el país”, aseguran fuentes gubernamentales. Bajo esa premisa, el Ejecutivo ha optado por movimientos rápidos y quirúrgicos, orientados a blindar la seguridad del poder y a estabilizar la gestión económica en un momento de máxima tensión.

La nueva presidenta del país se encuentra bajo una presión cruzada difícilmente conciliable: por un lado, la de Estados Unidos, cuyo presidente ha llegado a afirmar que “somos nosotros quienes controlamos el país” y ha advertido a Delcy Rodríguez de que podría “terminar peor que Maduro” si no acata sus exigencias; por otro, la aspiración del chavismo de mantenerse en el poder y no claudicar ante la agresión externa. A ese dilema político se suma un ambiente interno aún enrarecido por la infiltración de seguridad que hizo posible la operación estadounidense, un factor que condiciona cada decisión.

En este contexto, cobra especial relevancia leer la letra pequeña de los primeros movimientos de Rodríguez. Sus gestos públicos y su discurso buscan reafirmar y cohesionar al chavismo, con señales claras hacia su base política —como la exigencia de la excarcelación de Nicolás Maduro o la visita a la tumba de Hugo Chávez—, mientras en paralelo avanza con decisiones más silenciosas pero decisivas: nombramientos estratégicos en áreas clave confiados a perfiles de lealtad probada y marcado pragmatismo, pensados para sostener el poder en el corto plazo y gestionar una coyuntura extraordinariamente volátil.  

El primer nombramiento clave ha sido el del general Gustavo Enrique González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial, la unidad de élite encargada de la seguridad directa del jefe del Estado, del Palacio de Miraflores y de las principales instalaciones estratégicas del poder Ejecutivo.  Este cuerpo de élite se encontraba en el centro de la polémica tras su incapacidad para prevenir el secuestro de Nicolás Maduro. El hasta ahora general a cargo, el mayor general Javier Marcano Tábata, ha sido apartado de sus funciones de manera inmediata. En un escueto comunicado, la presidencia interina ha evitado cargar contra Tábata y habla de una “decisión orientada a garantizar la estabilidad institucional y el funcionamiento continuo del Estado venezolano”.

Al frente de la Guardia de Honor presidencial, que debe velar por la seguridad de la propia Delcy Rodríguez, pasa a situarse González López, un militar discreto y de la máxima confianza del núcleo chavista. Su probada trayectoria y el hecho de que se encuentre sancionado por EEUU han servido de credenciales para confiarle la seguridad del ejecutivo interino. González López fue director en dos periodos (2014-2018 y 2019-2024) del servicio de inteligencia venezolano –el SEBIN–, además de ministro de Relaciones Interiores entre 2015 y 2016 y consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia. Su designación parece responder a un criterio de lealtad, discreción y control; elementos clave para que Rodríguez se sienta protegida en una coyuntura marcada por el temor a posibles nuevos ataques estadounidense.

En el frente económico, Rodríguez ha nombrado a Calixto Ortega como vicepresidente sectorial de Economía, un cargo central desde el que se coordinan las políticas financieras y monetarias. “La economía no debe parar”, sintetizan desde el Ejecutivo, que ha fijado como prioritario garantizar que la actividad económica venezolana continúe funcionando. Todo ello en un contexto especialmente adverso, marcado por el bloqueo aéreo impuesto de facto por Estados Unidos hace más de un mes y la intercepción de buques petroleros, factores que están asfixiando la economía nacional y obligan al Gobierno a concentrarse en la gestión inmediata de divisas, suministros y estabilidad cambiaria. Todo con el objetivo de evitar un colapso económico total y un eventual estallido social.

Ortega, ingeniero con formación en Finanzas y Política Económica en las universidades estadounidenses de Rice y Columbia, presidió el Banco Central de Venezuela (BCV) entre 2018 y 2025, periodo en el que se consolidó la actual tasa oficial, se ejecutó la reconversión monetaria de 2021 y se diseñaron mecanismos de intervención bancaria mediante inyecciones de divisas. Bajo su mandato, la economía venezolana dejó atrás los peores años de la hiperinflación y consiguió estabilizar las maltrechas arcas del Estado.

Con experiencia previa como vicepresidente financiero de Citgo –la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana– y como cónsul en Houston y Nueva York, es visto como un perfil técnico y pragmático, con conocimiento directo del funcionamiento financiero y político estadounidense. Su regreso a un cargo de primera línea sugiere una apuesta por la gestión pragmática de la crisis, con un interlocutor que conoce los márgenes técnicos del sistema y los códigos de Washington, habiendo estudiado y trabajado como diplomático y gestor empresarial en el país que hoy amenaza con volver a golpearlos.

En Venezuela, la arquitectura del poder chavista se reorganiza para resistir. Los últimos movimientos de Miraflores y de la Casa Blanca apuntan que una resolución de la crisis venezolana en el corto plazo no parece viable. Siendo las negociaciones debajo de la mesa, opacas y a varias bandas, las que determinarán la evolución del país en los próximos días y semanas.