Por Mauricio Ortín en Cartas de lectores del diario La Nación.
¿Se respetan en la Argentina los derechos humanos de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad? La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al presentarse como querellante en los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿acaso no se autoexcluye de velar por los derechos humanos de los acusados? Desde hace más de una década que casi todo el presupuesto y el aparato de ese organismo están al servicio de perseguir, procesar y condenar a los civiles y militares que pueden o no haber participado en la lucha contra la subversión en los años setenta. Los letrados, representantes de la secretaría en las querellas, parecen haber sido elegidos por su impiedad. En sus alegatos exigen las condenas más duras y durante el proceso se oponen a casi todas las demandas básicas de respeto de los derechos humanos de los procesados. Entre otras, un juicio en el cual se garantice el principio de inocencia. De toda esa legión de abogados pagados por los contribuyentes ni uno solo está a disposición de los presos políticos. La política del presidente de la Nación, en esta materia y contra estas personas, parece ser la de seguir negando los derechos humanos en nombre de los derechos humanos.
Por Mauricio Ortín en Cartas de lectores del diario La Nación.
¿Se respetan en la Argentina los derechos humanos de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad? La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al presentarse como querellante en los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿acaso no se autoexcluye de velar por los derechos humanos de los acusados? Desde hace más de una década que casi todo el presupuesto y el aparato de ese organismo están al servicio de perseguir, procesar y condenar a los civiles y militares que pueden o no haber participado en la lucha contra la subversión en los años setenta. Los letrados, representantes de la secretaría en las querellas, parecen haber sido elegidos por su impiedad. En sus alegatos exigen las condenas más duras y durante el proceso se oponen a casi todas las demandas básicas de respeto de los derechos humanos de los procesados. Entre otras, un juicio en el cual se garantice el principio de inocencia. De toda esa legión de abogados pagados por los contribuyentes ni uno solo está a disposición de los presos políticos. La política del presidente de la Nación, en esta materia y contra estas personas, parece ser la de seguir negando los derechos humanos en nombre de los derechos humanos.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 3, 2017
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