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El dirigente social Juan Grabois enfrenta una nueva denuncia radicada en su contra en Comodoro Py por malversación de fondos públicos, en esta ocasión, en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Se lo acusa, junto a otros funcionarios, de haber comenzado la construcción de viviendas en un terreno que había sido donado originalmente para la edificación de escuelas que no fueron finalizadas.

“Hay una defraudación al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que creó el expresidente Mauricio Macri destinado para urbanizar barrios populares, porque no se dotó en nada de infraestructura al barrio, y al programa Casa Propia, que está destinado a facilitar la construcción de casas por parte de particulares”, explicó el fiscal general Juan Manuel Pettigiani en declaraciones radiales. De acuerdo a los cálculos preliminares, se habrían malversado más de 700 millones de pesos.

Este lunes, el funcionario judicial solicitó en Comodoro Py, en una causa que quedó sorteada en el juzgado de Julián Ercolini, que se investigue “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y defraudación al FISU” y habló también de las “cajas negras de la política”.

“Acá hay una responsabilidad ineludible por parte de quien resulta responsable de todo esto. En materia penal hablamos del dominio del hecho y el responsables es Grabois, que es quien puso a la secretaria de integración urbana y quien gestionó el otorgamiento de estos fondos “, indicó el fiscal Pettigiani. 

El funcionario judicial señaló que la investigación se suscitó tras la avanzada que hizo el presidente Javier Milei sobre “las cajas negras de la política y la utilización indebida de los fondos fiduciarios”. “Nos llevó a analizar lo que sucedía en la jurisdicción de Mar del Plata y nos encontramos que sobre terrenos que habían sido donados con el cargo de construir escuelas en realidad se habían generado allí viviendas”. Agregó que “en una simple recorrida” por el barrio en cuestión “se da cuenta el abandono en la que está la obra”.

Pettigiani aclaró que la denuncia fue radicada en la ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Py, y no en la Cámara Federal de Mar del Plata porque esos fondos desviados “fueron tomados desde dos ministerios nacionales que tienen sede en Capital”, y por ende, “ese es el ámbito donde se tomaron la decisiones delictivas”.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la fiscalía, fue quien era entonces la ministra de Educación bonaerense, Daniela Vila, la persona que permitió la cesión de esos terrenos al FISU “en una clara violación de lo que había sido la voluntad de quien donó esas parcelas en su momento”.

“Y, encima, cuando usted analiza las actuaciones que con las que se llevó adelante esta sesión de uso se encuentra con que lamentablemente se afirman cuestiones que son sumamente preocupantes, como, por ejemplo, que las parcelas que estaban alrededor de los únicos tres establecimientos educativos que se construyeron no tenían interés educativo y podían ser desafectadas de esta función”, prosiguió el fiscal.

Para Pettigiani, “perfectamente podemos hablar” de que existe una asociación ilícita. “El dominio del hecho es claramente Grabois. Encima, sus organizaciones son las que llevaban adelante las obras. Fíjense si no tiene un poder de conducción absolutos sobre los hechos que pedimos que se investigue”, cerró el fiscal.