Amigos, seré breve para dar la palabra a nuestro abogado insignia, el Dr. Ricardo Saint Jean.
Hace quince años un numeroso grupo de abogados nos agrupamos y fundamos la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que tengo el honor de presidir. Lo hicimos para enfrentar la brutal violación del orden jurídico, fruto del más gigantesco prevaricato que registra la historia judicial argentina, cometido por la Corte Suprema instalada por el régimen kirchnerista. Esa Corte rompió el principio de legalidad, cimiento del derecho que rige en todas las comunidades civilizadas desde hace siglos. Su inexistencia nos pone a todos los ciudadanos en libertad condicional, a merced de los poderes de turno. Esta ruptura fue patética. Hago un racconto histórico .Mediante las leyes de punto final y obediencia debida, verdaderas leyes de amnistía, sancionadas bajo el gobierno de Alfonsín, más los indultos presidenciales, de los gobiernos posteriores de Menem y de la Rua, se puso punto final a los procesos derivados de la guerra de los setenta, y del ataque al cuartel de la Tablada. Todos los involucrados incluso las cúpulas del terrorismo guerrillero, quedaron en libertad. Las leyes de amnistía fueron sancionadas por el Congreso en un gobierno democrático y fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema de entonces, lo mismo que los indultos presidenciales. Cabe agregar que el primer apartamiento del derecho se produjo con el juzgamiento de las Juntas militares, la conocida causa 13, bajo un Tribunal Civil y no bajo los jueces naturales, de acuerdo al Código de Justicia Militar entonces vigente, luego derogado bajo ese mismo gobierno.
El Congreso, apenas iniciado el gobierno de Kirchner, sumiso al poder político, casi por unanimidad, resolvió anular las leyes de amnistía en un acto tan infame como absurdo, ya que las leyes no se anulan sino que se derogan. Pero este esperpento tuvo como propósito declarar la inexistencia de esas leyes, con lo que se obviaba la aplicación de la ley más benigna, la cosa juzgada, y en definitiva el principio de legalidad. A su vez la nueva Corte dio la puntada final aprobando las nulidades de las leyes que tiempo atrás habían sido declaradas constitucionales por la propia Corte, consumando así el más brutal prevaricato.
Así se inició en la Argentina la etapa más oscura de la historia reciente, en la que la justicia desapareció, y dio comienzo a la persecución feroz, implacable y vengativa contra quienes habían combatido contra el terrorismo marxista. Se reabrieron las causas contra aquellos, no así para los terroristas. Se inauguró en la Argentina un derecho de dos velocidades, una incalificable discriminación. Por una parte quienes son indefectiblemente calificados como genocidas, mientras que los terroristas son castos y puros idealistas. Muchos jueces, por miedo o fuertemente ideologizados, -cualquier caso, todos corruptos-, se pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos” que sustituyó al derecho y, mediante procesos viciados, violatorios de todas las garantías constitucionales, mantienen aún en las cárceles a cientos de presos, cuyo promedio de edad supera los 78 años, soportando ilegales y prolongadísimas prisiones preventivas, algunos con más de 16 años en esa situación, 864 ya han muerto en cautiverio, la mayoría sin condena, es decir inocentes.
Para los ojos de cualquier argentino de bien, que no esté fanatizado ni corrompido, la demostración más contundente de la barbarie y estado de indefensión jurídica y política en que nos encontramos, la tienen en los llamados juicios de lesa humanidad, promovidos contra militares, miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios, jueces, clérigos y otros, en nombre de los ‘derechos humanos’.
La afirmación de que el derecho desapareció y fue sustituido por una difusa política de derechos humanos no es retórica. Lorenzetti, siendo Presidente de la Corte Suprema, presentó un libro sobre esta materia, en la Facultad de Derecho de la UBA, en presencia de las Madres de Plaza de Mayo, Las Abuelas, el CELS, y como invitado especial el ex Juez Garzón, expulsado por el Tribunal Supremo de España por corrupto. En esa oportunidad dijo Lorenzetti que “la política de derechos humanos es política de estado”. Días pasados, lo escuche decir a este personaje, en un reportaje radial, evidenciando un cinismo insoportable, que “un juez de la Corte debe ser coherente con sus opiniones y no debe modificar las conclusiones de sus fallos, debe ser una garantía en el apego a la Constitución”. Otro impresentable, el doctor Rozanski, , afirmó que un Juez debe ser militante, recibió el doctorado honoris causae por la facultad de Facultad de Periodismo y Comunicación Social , una conocida cueva de marxistas, de la Universidad de La Plata, “reconocido por su trayectoria y por su integridad ética y moral en el desempeño de sus tareas como Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, al frente del
cual protagonizó, junto a sus equipos de trabajo, los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, realizando un aporte indiscutible a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se desarrollan en nuestro país desde el año 2003.”
Durante estos 15 años hemos visitado las cárceles de aquí y del interior, resulta lacerante ver a quienes permanecen encerrados, conscientes de que son como muertos civiles, marcados como los esclavos de antaño, con el sello de “lesa humanidad” y que están condenados a muerte, una muerte lenta. No merecen la menor compasión. Hace pocos días la visita de los diputados a los presos acusados de crímenes llamados de lesa humanidad, levantó una insólita polvareda y sigue recibiendo diatribas desde distintos sectores, aquí y en el mundo, incluso eclesiásticos. Como muestra del odio y sed de venganza, un personaje que destila la mayor dosis de odio es la señora Estela de Carlotto que en un reportaje en Pagina 12, dijo “que estos diputados que fueron a ver a ver a esos criminales, que merecen estar eternamente en la cárcel por que no son humanos, no pueden quedar sin sanción.”
A lo largo de estos años, estos jueces corruptos han cometido verdaderos asesinatos, cuya lista no puedo citar por cuanto excedería el espacio de esta exposición. Voy a citar solo dos de los muchos casos de asesinatos, tratos crueles e inhumanos por parte de la justicia federal a personas juzgadas por los llamados delitos de lesa humanidad:
Hoy se cumplen 12 años del asesinato del General Ibérico Saint Jean por parte de tres jueces de La Plata y la inacción de muchos otros. Detenido en domiciliaria a los 85 años, era cardíaco, había sido operado de cáncer, padecía Alzhaimer y se desplazaba en silla de ruedas. Tenía diez informes médicos tanto privados como forenses que le indicaron al Tribunal que no estaba capacitado para estar en juicio y que esa situación pondría en riesgo su vida. Lo llevaron igual a juicio oral y público y no sólo eso, sino que poco antes de cumplir 91 años y sin que incumpliera ninguna de las condiciones establecidas para su detención, se le revocó la domiciliaria y fue enviado a la cárcel de Ezeiza. A los cinco días se descompensó, fue trasladado a un hospital y, tal como lo habían predicho los médicos, pocos días después falleció.
La causa iniciada contra los tres jueces asesinos fue sobreseída por sus pares.
La crueldad alcanza todos los niveles. El señor Juan Carlos Cociña, de 77 años de edad, fue detenido el 1 de diciembre de 2021 por orden del impúdico Juez Rafecas, imputado de participar en supuestos delitos de lesa humanidad que habrían ocurrido hace 45 años cuando era Ayudante de Cuarta del Servicio Penitenciario Federal. Padecía graves problemas de salud. Entre otras, hipertensión, EPOC, cardíaco sometido a varias intervenciones y antecedentes de ACV.
Juez Rafecas
Su defensor solicitó la detención domiciliaria provisoria, la que fue denegada por Rafecas. La víctima fue encerrada en una unidad carcelaria en medio de la nueva ola de Covid que padecía el país. El Sr. Cociña, contrajo COVID 19 en la U 34 y falleció el 8 de enero de 2022 en la unidad de terapia intensiva del hospital Muñiz.
El art. 18 de la CN señala que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. No obstante, la denuncia contra Rafecas por su evidente delito de homicidio, fue desestimada en forma inmediata.
Podemos afirmar que hoy no existe en la Argentina un sistema de justicia, los últimos gobiernos, los medios y la mayor parte de la dirigencia política, es responsable de lo ocurrido. Avalaron el prevaricato de los jueces federales y de la mayoría de los integrantes de la Corte, como consintieron la infamia de hacer héroes nacionales a terroristas y asesinos. Consintieron que jueces de todas las instancias y miembros del ministerio público se convirtieran en títeres del poder ejecutivo. Todo lo cual, para mayor sarcasmo, en nombre de una ideología llamada de los derechos humanos, que impide discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. El P. Leonardo Castellani decía que la corrupción de la justicia legal es el mal más grande que puede caer sobre una Nación. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo.
Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar, de restablecer la justicia verdadera y poner punto final a esta ignominia, que denigra a nuestra generación. Sin su plena vigencia es imposible e inviable la República. Queda claro que esta tragedia es de orden político, fue una decisión política la que derrumbó a la Justicia para impulsar la más terrible y odiosa persecución contra un solo sector de la contienda, por
hechos ocurridos 50 años atrás. A partir de esa decisión, salvo excepciones, la Corte, los jueces, el Ministerio Público, empezando por el Procurador General, todos se encolumnaron para llevar adelante ese escabroso proyecto delineado por Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky
El actual gobierno debe saber que sanear la economía, si bien es indispensable y urgente, no es suficiente. Sin el restablecimiento de la Justicia verdadera la Republica no es viable. Cualquier “cambio” que se produzca en lo económico y político, sin justicia verdadera, será como fuego de artificio. El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y del instrumento político del odio que caracterizaron a los años precedentes, constituye una esperanza y es indispensable que restaure la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del Estado de Derecho. Esa demolición del derecho es origen de la tragedia que hoy padece la Argentina. De aquellos polvos, estos lodos.
Javier Milei y Victoria Villarruel
El Presidente como distintos funcionarios, ante cualquier requerimiento vinculado a la necesaria solución de esta tragedia, contestan “que no es su agenda”, no está entre sus prioridades, prefiero decir. Acaso ignora el Señor Presidente que hay cientos de ancianos con gravísimas dolencias, que esperan la muerte en medio del silencio cómplice de la política y una sociedad que ha optado por olvidarlos, después de haber clamado por su intervención cuando el terrorismo asolaba la Republica? Ignora acaso el Señor Presidente que esos jueces corruptos siguen abriendo causas y procesando a quienes ostentaban los grados más subalternos por los hechos ocurridos hace más de cincuenta años? Ignora el Señor Presidente que la Secretaria de Derechos Humanos sigue presentándose como querellante en las falsas causas que los fiscales y jueces corruptos inician permanentemente, para que este circo no acabe nunca? Es decir no se trata de hechos y discusiones que ya no existen. Siguen en plena vigencia.
Es condición esencial superar esa distorsionada mirada hacia el pasado, teñida de una interpretación sesgada, asimétrica y vengativa. Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color de un dogmatismo faccioso del presente, que interpreta los hechos según su particular ideología e intereses. Menos aún podrá cultivarse la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios, se introduce en las aulas escolares, en las universidades, en el cine, en los medios masivos de comunicación, hasta el hartazgo.
El Presidente se ha enfrentado a los poderosos que impulsan la revolución cultural que infecta a occidente, en sus propias madrigueras, Davos y las Naciones Unidas. Con el mismo coraje y claridad debe promover el cierre definitivo de esta tragedia para posibilitar la concordia política entre los argentinos.
Dios nos ayude
1)Fue un evento que se llevó a cabo el 5 de octubre pasado en el Auditorio Belgrano, ubicado en Virrey Loreto 2348, CABA, reuniendo a numerosos personajes que en el ámbito político y social, defiende a todas las personas que luchan por un pensamiento tradicional y conservador.
Nota 79 de ALBERTO SOLANET en este portal (Hacer Clic)
Enviado por la Doctora Andrea Palomas Alarcón, miembro de la asociación de abogados “Justicia y Concordia”.
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Amigos, seré breve para dar la palabra a nuestro abogado insignia, el Dr. Ricardo Saint Jean.
Hace quince años un numeroso grupo de abogados nos agrupamos y fundamos la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que tengo el honor de presidir. Lo hicimos para enfrentar la brutal violación del orden jurídico, fruto del más gigantesco prevaricato que registra la historia judicial argentina, cometido por la Corte Suprema instalada por el régimen
kirchnerista. Esa Corte rompió el principio de legalidad, cimiento del derecho que rige en todas las comunidades civilizadas desde hace siglos. Su inexistencia nos pone a todos los ciudadanos en libertad condicional, a merced de los poderes de turno. Esta ruptura fue patética. Hago un racconto histórico .Mediante las leyes de punto final y obediencia debida, verdaderas leyes de amnistía, sancionadas bajo el gobierno de Alfonsín, más los indultos presidenciales, de los gobiernos posteriores de Menem y de la Rua, se puso punto final a los procesos derivados de la guerra de los setenta, y del ataque al cuartel de la Tablada. Todos los involucrados incluso las cúpulas del terrorismo guerrillero, quedaron en libertad. Las leyes de amnistía fueron sancionadas por el Congreso en un gobierno democrático y fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema de entonces, lo mismo que los indultos presidenciales. Cabe agregar que el primer apartamiento del derecho se produjo con el juzgamiento de las Juntas militares, la conocida causa 13, bajo un Tribunal Civil y no bajo los jueces naturales, de acuerdo al Código de Justicia Militar entonces vigente, luego derogado bajo ese mismo gobierno.
El Congreso, apenas iniciado el gobierno de Kirchner, sumiso al poder político, casi por unanimidad, resolvió anular las leyes de amnistía en un acto tan infame como absurdo, ya que las leyes no se anulan sino que se derogan. Pero este esperpento tuvo como propósito declarar la inexistencia de esas leyes, con lo que se obviaba la aplicación de la ley más benigna, la cosa juzgada, y en definitiva el principio de legalidad. A su vez la nueva Corte dio la puntada final aprobando las nulidades de las leyes que tiempo atrás habían sido declaradas constitucionales por la propia Corte, consumando así el más brutal prevaricato.
Para los ojos de cualquier argentino de bien, que no esté fanatizado ni corrompido, la demostración más contundente de la barbarie y estado de indefensión jurídica y política en que nos encontramos, la tienen en los llamados juicios de lesa humanidad, promovidos contra militares, miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios, jueces, clérigos y otros, en nombre de los ‘derechos humanos’.
La afirmación de que el derecho desapareció y fue sustituido por una difusa política de derechos humanos no es retórica. Lorenzetti, siendo Presidente de la Corte Suprema, presentó un libro sobre esta materia, en la Facultad de Derecho de la UBA, en presencia de las Madres de Plaza de Mayo, Las Abuelas, el CELS, y como invitado especial el ex Juez Garzón, expulsado por el Tribunal Supremo de España por corrupto. En esa oportunidad dijo Lorenzetti que “la política de derechos humanos es política de estado”. Días pasados, lo escuche decir a este personaje, en un reportaje radial, evidenciando un cinismo insoportable, que “un juez de la Corte debe ser coherente con sus opiniones y no debe modificar las conclusiones de sus fallos, debe ser una garantía en el apego a la Constitución”. Otro impresentable, el doctor Rozanski, , afirmó que un Juez debe ser militante, recibió el doctorado honoris causae por la facultad de Facultad de Periodismo y Comunicación Social , una conocida cueva de marxistas, de la Universidad de La Plata, “reconocido por su trayectoria y por su integridad ética y moral en el desempeño de sus tareas como Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, al frente del
cual protagonizó, junto a sus equipos de trabajo, los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, realizando un aporte indiscutible a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se desarrollan en nuestro país desde el año 2003.”
Durante estos 15 años hemos visitado las cárceles de aquí y del interior, resulta lacerante ver a quienes permanecen encerrados, conscientes de que son como muertos civiles, marcados como los esclavos de antaño, con el sello de “lesa humanidad” y que están condenados a muerte, una muerte lenta. No merecen la menor compasión. Hace pocos días la visita de los diputados a los presos acusados de crímenes llamados de lesa humanidad, levantó una insólita polvareda y sigue recibiendo diatribas desde distintos sectores, aquí y en el mundo, incluso eclesiásticos. Como muestra del odio y sed de venganza, un personaje que destila la mayor dosis de odio es la señora Estela de Carlotto que en un reportaje en Pagina 12, dijo “que estos diputados que fueron a ver a ver a esos criminales, que merecen estar eternamente en la cárcel por que no son humanos, no pueden quedar sin sanción.”
A lo largo de estos años, estos jueces corruptos han cometido verdaderos asesinatos, cuya lista no puedo citar por cuanto excedería el espacio de esta exposición. Voy a citar solo dos de los muchos casos de asesinatos, tratos crueles e inhumanos por parte de la justicia federal a personas juzgadas por los llamados delitos de lesa humanidad:
Hoy se cumplen 12 años del asesinato del General Ibérico Saint Jean por parte de tres jueces de La Plata y la inacción de muchos otros. Detenido en domiciliaria a los 85 años, era cardíaco, había sido operado de cáncer, padecía Alzhaimer y se desplazaba en silla de ruedas. Tenía diez informes médicos tanto privados como forenses que le indicaron al Tribunal que no estaba capacitado para estar en juicio y que esa situación pondría en riesgo su vida. Lo llevaron igual a juicio oral y público y no sólo eso, sino que poco antes de cumplir 91 años y sin que incumpliera ninguna de las condiciones establecidas para su detención, se le revocó la domiciliaria y fue enviado a la cárcel de Ezeiza. A los cinco días se descompensó, fue trasladado a un hospital y, tal como lo habían predicho los médicos, pocos días después falleció.
La causa iniciada contra los tres jueces asesinos fue sobreseída por sus pares.
La crueldad alcanza todos los niveles. El señor Juan Carlos Cociña, de 77 años de edad, fue detenido el 1 de diciembre de 2021 por orden del impúdico Juez Rafecas, imputado de participar en supuestos delitos de lesa humanidad que habrían ocurrido hace 45 años cuando era Ayudante de Cuarta del Servicio Penitenciario Federal. Padecía graves problemas de salud. Entre otras, hipertensión, EPOC, cardíaco sometido a varias intervenciones y antecedentes de ACV.
Su defensor solicitó la detención domiciliaria provisoria, la que fue denegada por Rafecas. La víctima fue encerrada en una unidad carcelaria en medio de la nueva ola de Covid que padecía el país. El Sr. Cociña, contrajo COVID 19 en la U 34 y falleció el 8 de enero de 2022 en la unidad de terapia intensiva del hospital Muñiz.
El art. 18 de la CN señala que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. No obstante, la denuncia contra Rafecas por su evidente delito de homicidio, fue desestimada en forma inmediata.
Podemos afirmar que hoy no existe en la Argentina un sistema de justicia, los últimos gobiernos, los medios y la mayor parte de la dirigencia política, es responsable de lo ocurrido. Avalaron el prevaricato de los jueces federales y de la mayoría de los integrantes de la Corte, como consintieron la infamia de hacer héroes nacionales a terroristas y asesinos. Consintieron que jueces de todas las instancias y miembros del ministerio público se convirtieran en títeres del poder ejecutivo. Todo lo cual, para mayor sarcasmo, en nombre de una ideología llamada de los derechos humanos, que impide discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. El P. Leonardo Castellani decía que la corrupción de la justicia legal es el mal más grande que puede caer sobre una Nación. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo.
Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar, de restablecer la justicia verdadera y poner punto final a esta ignominia, que denigra a nuestra generación. Sin su plena vigencia es imposible e inviable la República. Queda claro que esta tragedia es de orden político, fue una decisión política la que derrumbó a la Justicia para impulsar la más terrible y odiosa persecución contra un solo sector de la contienda, por
hechos ocurridos 50 años atrás. A partir de esa decisión, salvo excepciones, la Corte, los jueces, el Ministerio Público, empezando por el Procurador General, todos se encolumnaron para llevar adelante ese escabroso proyecto delineado por Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky
El actual gobierno debe saber que sanear la economía, si bien es indispensable y urgente, no es suficiente. Sin el restablecimiento de la Justicia verdadera la Republica no es viable. Cualquier “cambio” que se produzca en lo económico y político, sin justicia verdadera, será como fuego de artificio. El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y del instrumento político del odio que caracterizaron a los años precedentes, constituye una esperanza y es indispensable que restaure la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del Estado de Derecho. Esa demolición del derecho es origen de la tragedia que hoy padece la Argentina. De aquellos polvos, estos lodos.
El Presidente como distintos funcionarios, ante cualquier requerimiento vinculado a la necesaria solución de esta tragedia, contestan “que no es su agenda”, no está entre sus prioridades, prefiero decir. Acaso ignora el Señor Presidente que hay cientos de ancianos con gravísimas dolencias, que esperan la muerte en medio del silencio cómplice de la política y una sociedad que ha optado por olvidarlos, después de haber clamado por su intervención cuando el terrorismo asolaba la Republica? Ignora acaso el Señor Presidente que esos jueces corruptos siguen abriendo causas y procesando a quienes ostentaban los grados más subalternos por los hechos ocurridos hace más de cincuenta años? Ignora el Señor Presidente que la Secretaria de Derechos Humanos sigue presentándose como querellante en las falsas causas que los fiscales y jueces corruptos inician permanentemente, para que este circo no acabe nunca? Es decir no se trata de hechos y discusiones que ya no existen. Siguen en plena vigencia.
Es condición esencial superar esa distorsionada mirada hacia el pasado, teñida de una interpretación sesgada, asimétrica y vengativa. Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color de un dogmatismo faccioso del presente, que interpreta los hechos según su particular ideología e intereses. Menos aún podrá cultivarse la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios, se introduce en las aulas escolares, en las universidades, en el cine, en los medios masivos de comunicación, hasta el hartazgo.
El Presidente se ha enfrentado a los poderosos que impulsan la revolución cultural que infecta a occidente, en sus propias madrigueras, Davos y las Naciones Unidas. Con el mismo coraje y claridad debe promover el cierre definitivo de esta tragedia para posibilitar la concordia política entre los argentinos.
Dios nos ayude
Nota 79 de ALBERTO SOLANET en este portal (Hacer Clic)
Enviado por la Doctora Andrea Palomas Alarcón, miembro de la asociación de abogados “Justicia y Concordia”.
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Tags: Alberto Solanet, Daniel Rafecas, Horacio Verbitsky, Néstor Carlos KirchnerRelated Posts
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