El caso “Dina” es llamado de esta manera por la protagonista, la marroquí Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias, cabeza del partido español Unidas Podemos.
El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional actuante en la causa es Manuel García Castellón, quien ha estado merodeando los testimonios y evidencias y se ha dado cuenta de que una “verdad” proclamada por el dirigente de Podemos no se correspondía con la otra verdad, la que ha emergido de la instrucción.
BusselhamIglesias
García Castellón abrió una pieza secreta en marzo de 2019 para investigar si el comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva por el llamado “caso Tándem” –que está dividido en 25 asuntos diferentes; este es el 10–, había espiado a Podemos y conspirado contra la formación morada.
Aquella decisión le dio alas a Pablo Iglesias para caratularse como “perjudicado”, y a su partido para armar el relato electoral, en las elecciones generales del 28 de abril, y en las elecciones autonómicas, locales y al europarlamento del 26 de mayo del año pasado de que las “cloacas del Estado” y la “policía patriótica” –encarnadas en Villarejo– habían estado conspirando para hundir a Podemos, potenciando de esa manera el victimismo y el carácter de resistencia de la formación para captar votos.
Pero el verdadero problema de este caso comenzó cuando a la asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, le robaron su teléfono móvil, el 1 de noviembre de 2015, en el Ikea de Alcorcón, una localidad al suroeste de Madrid, cuando iba con su pareja. Ella denunció el robo ante la Policía Nacional.
Según Iglesias y Podemos, la “prueba definitiva” de que la “policía patriótica” estaba detrás de “esta conspiración” fue el descubrimiento, en poder de Villarejo, de un disco duro y dos memorias USB que contenían dos carpetas, DINA 1 y DINA 2, con la información de la tarjeta de memoria del móvil sustraído.
VillarejoGarcía Castellón
Fue durante un registro y en el marco de la “operación Tándem”, tras su detención, en noviembre de 2017.
Ambas carpetas fueron creadas el 14 de abril y el 11 de julio de 2016.
Algunas de esas imágenes fueron después publicadas por la prensa española (Ok Diario) en julio de ese año.
La abogada de la formación morada, Marta Flor, cuenta a los miembros de la dirección de Podemos, a través de un chat de la aplicación Telegram, que los fiscales le habían propuesto que denunciaran la publicación de Ok Diario de 2016 y que todos los que aparecieran en las mismas, se personaran como perjudicados.
En febrero, la misma abogada fue informada por sus fuentes de la fiscalía que se proponían pedir a García Castellón un registro de la redacción de Ok Diario cuando era una diligencia confidencial. Y en marzo el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tras conocer que García Castellón acababa de abrir una pieza secreta sobre el “caso Dina”, se personaba como “perjudicado”, lo que recogieron la mayor parte de los medios. Repitiendo la teoría de la conspiración contra Podemos.
Como se suele decir, el tiempo pone siempre a cada uno en su sitio. Y eso es lo que ha pasado con Pablo Iglesias.
Porque a lo largo de la instrucción del magistrado ha emergido información que ha cambiado por completo el criterio de García Castellón y que le ha llevado a despojar a Iglesias de su condición de “perjudicado”.
Marilo Montero
El líder de Unidas Podemos no contó que el 20 de enero de 2016, apenas dos meses y medio después de que le fuera sustraído el móvil a su asesora Bousselham, fue citado por el presidente del Grupo Zeta y de la desaparecida revista Interviú, Antonio Asensio Mosbah, en su edificio. Y que en ese encuentro, el empresario le devolvió la tarjeta de memoria del teléfono. Además, pudo comprobar su contenido mediante un lector. Es decir, Iglesias tenía el celular desde el minuto dos. La tarjeta de Bousselham estaba perfecta.
¿Cómo le había llegado a Asensio? Esa es una pregunta por responder todavía.
Iglesias no le devolvió la tarjeta de memoria a Bousselham de inmediato, como era de esperar. Ni le dijo que la tenía. La guardó durante al menos un año y se la restituyó inutilizada, parcialmente quemada.
Pablo Iglesias Turrión confirmó el 27 de marzo de 2019 su convicción personal sobre la ilicitud de la procedencia de la tarjeta. (…) Precisamente este convencimiento es el que le permite asociar la sustracción al plan criminal en el que interviene el señor Villarejo para desprestigiarle políticamente”, afirma el magistrado en su último auto, de 18 de junio pasado.
El juez subraya en su último expediente, desestimando el recurso de reforma interpuesto por Iglesias, tres puntos fundamentales:
1.- Pablo Iglesias Turrión tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo Perez.
2.- Pablo Iglesias Turrión ocultó a Dina Bousselham la posesión de la tarjeta de memoria.
3.- Pablo Iglesias Turrión devolvió dañada a Dina Bousselham su tarjeta de memoria.
Bousselham reconoció, durante su declaración ante el magistrado, que había enviado a terceras personas no identificadas las imágenes de las conversaciones mantenidas en los grupos de mensajería de los que formaba parte. Por lo que no puede probarse que la fuente de OK Diario fuese Villarejo. La fuente pudo haber sido alguien del entorno de la asesora.
Dichas imágenes, contenidas en las tarjeta incluían capturas de intervenciones de Iglesias como la referida a Mariló Montero: “la azotaría hasta que sangrase… esta es la cara B de lo nacional popular… Un marxista algo perverso convertido en un psicópata…”; “vas a ver lo que es un macho alfa cuando acosan a alguien de su grupo”; o (en referencia a una intervención televisiva de Irene Montero) “estoy gozando”.
StampaFlorCalvante
“Resulta acreditado que cuando Pablo Iglesias Turrión accedió al contenido de la tarjeta de memoria, el 20 de enero de 2016, pudo ver que estas imágenes estaban allí, como él mismo reconoció, admitiendo que examinó la tarjeta en un ordenador de la sede del grupo editorial del Sr. Asensio”, recalca García Castellón. Pablo Iglesias sabía lo que había dentro de la tarjeta.
“Es probable que este último apunte pueda ser la clave para entender no solo por qué Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta a la Sra. Bousselham, sino lo más relevante; el estado en que se la devolvió“, remarca García Castellón. En pocas palabras, García Castellón ha desmontado lo de la “policía patriótica” y la conspiración urdida por Villarejo. Esta conspiración nunca existió.
Lo que sí le pasó al magistrado es que la Fiscalía planteara que se interrogara a Bousselham que se preguntara a la víctima si perdonaba a quien hubiera podido apropiarse de su tarjeta de memoria.
Lo que le hizo sonar las alarmas y plantear quién dañó la tarjeta y por qué razón lo hizo. Una cuestión que él mismo se había respondido en su segundo auto, lo que le deja a Iglesias a las puertas de poder ser investigado por un delito de daño informático.
Lo otro era el fondo de la cuestión y esta ha sido la forma. Según el que fuera coordinador del servicio jurídico de Podemos, el abogado José Manuel Calvente, la abogada Marta Flor y el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, asignado a la investigación de las 25 piezas que conforman el caso Tándem –todas las de Villarejo– cruzaron la línea y mantuvieron “relaciones íntimas”.
Como bien explica María Montero, directora de un programa de Radio Las Palmas, autora de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado del pasado mes de febrero, “Calvente nunca manifestó en su burofax remitido a su superior Alberto Rodríguez que existiera una relación sentimental, sino que se refirió literalmente a ‘relaciones íntimas’, con lo cual se estaba refiriendo a cualquier otro tipo de relación fuera de lo estrictamente profesional, y estaría incluyendo al menos una relación de ‘amistad íntima’ con el fiscal que le hubiera obligado a apartarse del caso”.
Dina Bousselham
Los dos, de verificarse finalmente esto, tenían que haberse apartado del caso. Pero no lo hicieron, lo cual podría tener graves consecuencias penales.
La existencia de esa relación es lo que hizo hervir la sangre de Calvente, un abogado honrado y serio que se había subido al carro de Podemos en 2014 para combatir lo que no le gustaba de la sociedad, pero se encontró dentro de su formación con más de lo mismo.
Calvente denunció la situación Marta Flor-Ignacio Stampa a Rodríguez. La abogada respondió, defendiéndose, acusándole de acoso sexual. El entonces coordinador legal intuyó, en octubre de 2019, que iba a ser “sacrificado”. Y, como se dice en derecho, a la vista de que iba a ser cesado, preconstituyó la prueba, como un escudo de protección que, de seguro, utilizará en la demanda por despido improcedente que ha interpuesto y en la denuncia contra Podemos, presentada en un Juzgado de Cataluña, enviando al diputado canario de Podemos el mencionado burofax en octubre de 2019.
Dos meses después Calvente sería cesado por Podemos.
El último giro de la trama que parece un culebrón venezolano ha sido lo del chat interno de Podemos. Y que los fiscales anticorrupción permitieran que Iglesias fuera el único dirigente de la formación morada que figuraba como perjudicado, lo que le posibilitó poner en circulación el relato victimista de la persecución a Podemos en los dos comicios electorales convocados en 2019.
Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía General del Estado que, después de cerrar la denuncia interpuesta por Montero, que ha abierto una investigación para verificar si Flor y Stampa, primero, tuvieron esas relaciones íntimas de las que habla Calvente, y si se produjeron las filtraciones que desde los medios hemos denunciado.
Montero ha preguntado en el recurso de su denuncia sobre la existencia de un supuesto correo electrónico enviado, al parecer, por Marta Flor a Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que le propone decir que ha exagerado su relación con Stampa a cambio de no investigar a Iglesias. Esto es algo que también tendrá que aclarar la Fiscalía.
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El caso “Dina” es llamado de esta manera por la protagonista, la marroquí Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias, cabeza del partido español Unidas Podemos.
El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional actuante en la causa es Manuel García Castellón, quien ha estado merodeando los testimonios y evidencias y se ha dado cuenta de que una “verdad” proclamada por el dirigente de Podemos no se correspondía con la otra verdad, la que ha emergido de la instrucción.
García Castellón abrió una pieza secreta en marzo de 2019 para investigar si el comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva por el llamado “caso Tándem” –que está dividido en 25 asuntos diferentes; este es el 10–, había espiado a Podemos y conspirado contra la formación morada.
Aquella decisión le dio alas a Pablo Iglesias para caratularse como “perjudicado”, y a su partido para armar el relato electoral, en las elecciones generales del 28 de abril, y en las elecciones autonómicas, locales y al europarlamento del 26 de mayo del año pasado de que las “cloacas del Estado” y la “policía patriótica” –encarnadas en Villarejo– habían estado conspirando para hundir a Podemos, potenciando de esa manera el victimismo y el carácter de resistencia de la formación para captar votos.
Pero el verdadero problema de este caso comenzó cuando a la asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, le robaron su teléfono móvil, el 1 de noviembre de 2015, en el Ikea de Alcorcón, una localidad al suroeste de Madrid, cuando iba con su pareja. Ella denunció el robo ante la Policía Nacional.
Según Iglesias y Podemos, la “prueba definitiva” de que la “policía patriótica” estaba detrás de “esta conspiración” fue el descubrimiento, en poder de Villarejo, de un disco duro y dos memorias USB que contenían dos carpetas, DINA 1 y DINA 2, con la información de la tarjeta de memoria del móvil sustraído.
Fue durante un registro y en el marco de la “operación Tándem”, tras su detención, en noviembre de 2017.
Ambas carpetas fueron creadas el 14 de abril y el 11 de julio de 2016.
Algunas de esas imágenes fueron después publicadas por la prensa española (Ok Diario) en julio de ese año.
La abogada de la formación morada, Marta Flor, cuenta a los miembros de la dirección de Podemos, a través de un chat de la aplicación Telegram, que los fiscales le habían propuesto que denunciaran la publicación de Ok Diario de 2016 y que todos los que aparecieran en las mismas, se personaran como perjudicados.
En febrero, la misma abogada fue informada por sus fuentes de la fiscalía que se proponían pedir a García Castellón un registro de la redacción de Ok Diario cuando era una diligencia confidencial. Y en marzo el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tras conocer que García Castellón acababa de abrir una pieza secreta sobre el “caso Dina”, se personaba como “perjudicado”, lo que recogieron la mayor parte de los medios. Repitiendo la teoría de la conspiración contra Podemos.
Como se suele decir, el tiempo pone siempre a cada uno en su sitio. Y eso es lo que ha pasado con Pablo Iglesias.
Porque a lo largo de la instrucción del magistrado ha emergido información que ha cambiado por completo el criterio de García Castellón y que le ha llevado a despojar a Iglesias de su condición de “perjudicado”.
El líder de Unidas Podemos no contó que el 20 de enero de 2016, apenas dos meses y medio después de que le fuera sustraído el móvil a su asesora Bousselham, fue citado por el presidente del Grupo Zeta y de la desaparecida revista Interviú, Antonio Asensio Mosbah, en su edificio. Y que en ese encuentro, el empresario le devolvió la tarjeta de memoria del teléfono. Además, pudo comprobar su contenido mediante un lector. Es decir, Iglesias tenía el celular desde el minuto dos. La tarjeta de Bousselham estaba perfecta.
¿Cómo le había llegado a Asensio? Esa es una pregunta por responder todavía.
Iglesias no le devolvió la tarjeta de memoria a Bousselham de inmediato, como era de esperar. Ni le dijo que la tenía. La guardó durante al menos un año y se la restituyó inutilizada, parcialmente quemada.
Pablo Iglesias Turrión confirmó el 27 de marzo de 2019 su convicción personal sobre la ilicitud de la procedencia de la tarjeta. (…) Precisamente este convencimiento es el que le permite asociar la sustracción al plan criminal en el que interviene el señor Villarejo para desprestigiarle políticamente”, afirma el magistrado en su último auto, de 18 de junio pasado.
El juez subraya en su último expediente, desestimando el recurso de reforma interpuesto por Iglesias, tres puntos fundamentales:
1.- Pablo Iglesias Turrión tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo Perez.
2.- Pablo Iglesias Turrión ocultó a Dina Bousselham la posesión de la tarjeta de memoria.
3.- Pablo Iglesias Turrión devolvió dañada a Dina Bousselham su tarjeta de memoria.
Bousselham reconoció, durante su declaración ante el magistrado, que había enviado a terceras personas no identificadas las imágenes de las conversaciones mantenidas en los grupos de mensajería de los que formaba parte. Por lo que no puede probarse que la fuente de OK Diario fuese Villarejo. La fuente pudo haber sido alguien del entorno de la asesora.
Dichas imágenes, contenidas en las tarjeta incluían capturas de intervenciones de Iglesias como la referida a Mariló Montero: “la azotaría hasta que sangrase… esta es la cara B de lo nacional popular… Un marxista algo perverso convertido en un psicópata…”; “vas a ver lo que es un macho alfa cuando acosan a alguien de su grupo”; o (en referencia a una intervención televisiva de Irene Montero) “estoy gozando”.
“Resulta acreditado que cuando Pablo Iglesias Turrión accedió al contenido de la tarjeta de memoria, el 20 de enero de 2016, pudo ver que estas imágenes estaban allí, como él mismo reconoció, admitiendo que examinó la tarjeta en un ordenador de la sede del grupo editorial del Sr. Asensio”, recalca García Castellón. Pablo Iglesias sabía lo que había dentro de la tarjeta.
“Es probable que este último apunte pueda ser la clave para entender no solo por qué Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta a la Sra. Bousselham, sino lo más relevante; el estado en que se la devolvió“, remarca García Castellón. En pocas palabras, García Castellón ha desmontado lo de la “policía patriótica” y la conspiración urdida por Villarejo. Esta conspiración nunca existió.
Lo que sí le pasó al magistrado es que la Fiscalía planteara que se interrogara a Bousselham que se preguntara a la víctima si perdonaba a quien hubiera podido apropiarse de su tarjeta de memoria.
Lo que le hizo sonar las alarmas y plantear quién dañó la tarjeta y por qué razón lo hizo. Una cuestión que él mismo se había respondido en su segundo auto, lo que le deja a Iglesias a las puertas de poder ser investigado por un delito de daño informático.
Lo otro era el fondo de la cuestión y esta ha sido la forma. Según el que fuera coordinador del servicio jurídico de Podemos, el abogado José Manuel Calvente, la abogada Marta Flor y el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, asignado a la investigación de las 25 piezas que conforman el caso Tándem –todas las de Villarejo– cruzaron la línea y mantuvieron “relaciones íntimas”.
Como bien explica María Montero, directora de un programa de Radio Las Palmas, autora de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado del pasado mes de febrero, “Calvente nunca manifestó en su burofax remitido a su superior Alberto Rodríguez que existiera una relación sentimental, sino que se refirió literalmente a ‘relaciones íntimas’, con lo cual se estaba refiriendo a cualquier otro tipo de relación fuera de lo estrictamente profesional, y estaría incluyendo al menos una relación de ‘amistad íntima’ con el fiscal que le hubiera obligado a apartarse del caso”.
Los dos, de verificarse finalmente esto, tenían que haberse apartado del caso. Pero no lo hicieron, lo cual podría tener graves consecuencias penales.
La existencia de esa relación es lo que hizo hervir la sangre de Calvente, un abogado honrado y serio que se había subido al carro de Podemos en 2014 para combatir lo que no le gustaba de la sociedad, pero se encontró dentro de su formación con más de lo mismo.
Calvente denunció la situación Marta Flor-Ignacio Stampa a Rodríguez. La abogada respondió, defendiéndose, acusándole de acoso sexual. El entonces coordinador legal intuyó, en octubre de 2019, que iba a ser “sacrificado”. Y, como se dice en derecho, a la vista de que iba a ser cesado, preconstituyó la prueba, como un escudo de protección que, de seguro, utilizará en la demanda por despido improcedente que ha interpuesto y en la denuncia contra Podemos, presentada en un Juzgado de Cataluña, enviando al diputado canario de Podemos el mencionado burofax en octubre de 2019.
Dos meses después Calvente sería cesado por Podemos.
El último giro de la trama que parece un culebrón venezolano ha sido lo del chat interno de Podemos. Y que los fiscales anticorrupción permitieran que Iglesias fuera el único dirigente de la formación morada que figuraba como perjudicado, lo que le posibilitó poner en circulación el relato victimista de la persecución a Podemos en los dos comicios electorales convocados en 2019.
Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía General del Estado que, después de cerrar la denuncia interpuesta por Montero, que ha abierto una investigación para verificar si Flor y Stampa, primero, tuvieron esas relaciones íntimas de las que habla Calvente, y si se produjeron las filtraciones que desde los medios hemos denunciado.
Montero ha preguntado en el recurso de su denuncia sobre la existencia de un supuesto correo electrónico enviado, al parecer, por Marta Flor a Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que le propone decir que ha exagerado su relación con Stampa a cambio de no investigar a Iglesias. Esto es algo que también tendrá que aclarar la Fiscalía.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 17, 2020