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Esta semana será clave en la deriva judicial del caso en el que está imputada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente los recursos presentados por Gómez y por la Fiscalía y ha ordenado al juez instructor, Juan Carlos Peinado, que limite las investigaciones.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidirá si admite a trámite alguna de las tres querellas presentadas contra Peinado por la instrucción de este caso.

La Audiencia Provincial ha decidido este lunes sobre dos recursos. La deliberación estaba fijada para la semana pasada, pero un error del juzgado de Peinado, que no remitió la documentación sobre uno de ellos, lo pospuso.

El primero fue presentado por la defensa de Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, solicitando el archivo de la causa al considerar que el juez lleva a cabo una investigación universal, algo prohibido por la legislación española. La razón de este argumento es un auto de Peinado en el que afirma que se investigan todas las acciones de la esposa del presidente, desde que Sánchez asumió el cargo.

El segundo lo interpuso la Fiscalía, que pidió acotar el objeto de la investigación, al entender que Peinado está instruyendo una causa general.

La Audiencia Provincial ha reiterado los argumentos de una resolución que emitió el pasado mes de mayo, al ordenar al juez instructor que acotara las investigaciones.

En esa oportunidad, la Audiencia indicó que las indagaciones se debían centrar en los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés y en la relación del empresario con Gómez, al recalcar que el resto de la querella se basaba en bulos o no había indicio de delito.

El tribunal avala así la tesis del Ministerio Público y reprocha a Peinado que haya dado una explicación “de forma genérica e imprecisa” de los motivos por los que investiga a Gómez.

Mañana será el turno del TSJM, que deberá decidir si admite a trámite la querella contra Peinado por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado, en nombre del presidente.

Sánchez le acusa a Peinado de dictar de manera deliberada varias resoluciones injustas, entre ellas, la citación al propio presidente para declarar como testigo, impidiéndole hacerlo por escrito.

Más adelante, este órgano deberá pronunciarse sobre una querella contra el magistrado en términos similares, interpuesta por Begoña Gómez.

La semana pasada, el tribunal se reunió para estudiar una tercera querella, presentación por el periodista Máximo Pradera por vulneración de secretos, que fue inadmitida a trámite.

Peinado mantiene como imputados a Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, sobre la base de una denuncia inicial del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias y sustentada en recortes de prensa.

En el punto de mira están dos cartas proforma que Gómez firmó a una empresa de Barrabés, que consiguió varios contratos públicos. El foco también apunta al trabajo de la esposa del presidente, quien se acompaña como directora de un máster en la UCM .

Sobre el último punto, se cuestiona si Gómez hubiera logrado la plaza por tráfico de influencias, a pesar de que la esposa de Sánchez tiene más de dos décadas de experiencia en el campo sobre el que versan los estudios del máster.

Además, Gómez tiene otro frente abierto en los juzgados, pero con la UCM. Se trata de una querella en la que se le acusa de haberse apropiado de un software desarrollado por la cátedra de la Universidad que codirige y que se instaló en una página web registrada por ella a su nombre.

También se trata de un caso inusual, ya que existen correos electrónicos en los que, desde un departamento de la universidad, se le dieron instrucciones a Gómez para que registrara la web a su nombre.

Además, hace alrededor de un mes, la esposa de Sánchez avisó a la UCM de que el dominio caducaría y la entidad educativa le respondió que no tenía intención de renovarlo a su nombre.