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Irina Montoya y María Dolores Sánchez viajaban hacia la Patagonia cuando aceptaron que un hombre las llevara en su automóvil. Horas después, ambas habían sido baleadas. El responsable fue condenado a prisión perpetua, pero la historia judicial del caso continuó durante décadas.

Dos jóvenes rumbo a la Patagonia

En febrero de 1998, dos jóvenes argentinas emprendieron un viaje que debía ser una aventura. Irina Laura Montoya, de 25 años, y María Dolores Sánchez, de 18, habían salido desde la provincia de Santa Fe con destino a Puerto Madryn, en la Patagonia. Como tantos otros viajeros jóvenes de aquella época, recorrían las rutas haciendo dedo, confiando en la solidaridad de los automovilistas.

El viaje las llevó hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Durante la madrugada del 18 de febrero, ambas fueron encontradas gravemente heridas junto a la ruta nacional 33, cerca del paraje García del Río, a unos 36 kilómetros de Bahía Blanca.

María Dolores había recibido dos disparos y ya estaba muerta cuando la encontraron. Irina todavía presentaba signos vitales, pero falleció al día siguiente en el Hospital Penna de Bahía Blanca.

La noticia provocó conmoción. Dos jóvenes que viajaban para conocer nuevos lugares habían sido asesinadas durante un trayecto que debía conducirlas a sus vacaciones. La investigación policial comenzó de inmediato y pronto se concentró en un hombre que las había transportado poco antes del crimen.

El hombre que les ofreció llevarlas

El sospechoso era Eduardo Fermín Eliçabe, quien trabajaba como custodio privado para una empresa dedicada a la vigilancia de transportes de carga. Según la reconstrucción judicial, había recogido a las jóvenes cuando viajaban haciendo autostop.

Eliçabe no era un conductor ocasional completamente desconocido para el mundo del transporte: su trabajo estaba relacionado con la seguridad de camiones que circulaban por las rutas. Esa circunstancia adquiriría importancia años después, cuando los tribunales analizaran el papel de su actividad profesional en el acercamiento a las víctimas.

Las jóvenes aceptaron subir a su automóvil con la expectativa de avanzar hacia su destino. Sin embargo, el recorrido terminó desviándose hacia una zona próxima a García del Río.

Los investigadores reconstruyeron los movimientos del vehículo, examinaron testimonios y buscaron establecer qué había ocurrido durante las últimas horas de vida de las muchachas.

Desde el comienzo, el caso presentó una dificultad fundamental: había que transformar las sospechas sobre un hombre que había estado con ellas en pruebas capaces de sostener una acusación penal.

Las pruebas que orientaron la investigación

Uno de los elementos decisivos fue el arma encontrada por la Policía en el departamento de Eliçabe: una pistola Beretta calibre 6,35 milímetros.

El peritaje balístico estableció que los proyectiles recuperados en relación con el doble homicidio correspondían al arma secuestrada. Esa coincidencia constituyó una prueba de enorme importancia para la investigación y complicó seriamente la situación del sospechoso.

También se realizaron estudios médicos y biológicos. Las pruebas de ADN permitieron establecer que María Dolores había sido víctima de una agresión sexual vinculada con Eliçabe.

El acusado negó inicialmente los hechos y sostuvo que era inocente. En distintas declaraciones ofreció explicaciones sobre el recorrido y las circunstancias en las que había estado con las jóvenes. Una de sus versiones fue que había mantenido relaciones sexuales consentidas con María Dolores.

La investigación judicial, sin embargo, reunió elementos que contradijeron esa explicación. Los peritajes, las pruebas balísticas y los testimonios fueron examinados en conjunto para reconstruir lo sucedido.

En febrero de 1998, pocos días después del crimen, La Nación informó que los resultados balísticos comprometían seriamente a Eliçabe. El caso, que inicialmente había generado numerosas preguntas, comenzó a adquirir una dirección concreta.

Un testigo y nuevas inquietudes

La investigación también quedó rodeada de preocupación por la situación de algunos testigos. Uno de ellos fue Ricardo Acuña, un camionero que había transportado a las jóvenes durante parte de su viaje y podía aportar información sobre sus últimos movimientos.

Acuña había denunciado que recibía amenazas telefónicas. En febrero de 1999, un año después del doble crimen, La Nación informó que el camionero había aparecido muerto por ahorcamiento en las afueras de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa.

La noticia alimentó interrogantes y especulaciones alrededor del expediente. Sin embargo, la existencia de amenazas denunciadas no demuestra por sí sola que su muerte estuviera vinculada con los asesinatos de las mochileras. Para sostener esa conclusión serían necesarias pruebas específicas.

El caso de Acuña se convirtió en uno de los aspectos más inquietantes de la historia, pero no debe confundirse con las pruebas que finalmente sustentaron la condena de Eliçabe.

El juicio y la condena a perpetua

En marzo de 2000 comenzó el juicio oral y público contra Eliçabe. El proceso reunió a familiares de las víctimas, testigos, peritos y representantes de la acusación y la defensa.

La fiscalía y los abogados de las familias sostuvieron que el acusado había violado a María Dolores y asesinado a ambas jóvenes para ocultar ese delito. La defensa cuestionó la acusación y Eliçabe mantuvo su versión de inocencia.

El 31 de marzo de 2000 se conoció la sentencia, difundida por los medios el 1 de abril. Los jueces lo declararon culpable de los homicidios doblemente agravados de Irina Montoya y María Dolores Sánchez, de la violación de María Dolores y de la tenencia de municiones de armas de guerra.

La condena fue de reclusión perpetua, acompañada por la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. El fallo representó un momento decisivo para las familias, que habían esperado más de dos años para obtener una respuesta judicial.

La sentencia estableció la responsabilidad penal de Eliçabe por el doble crimen. No se trató de una condena por una serie de asesinatos: fue un caso de dos homicidios que conmocionó al país por sus circunstancias y por la vulnerabilidad de las víctimas.

La libertad y la controversia del «dos por uno»

La historia no terminó con la sentencia. Eliçabe obtuvo posteriormente la libertad tras beneficiarse de la aplicación de la ley conocida como «dos por uno», que permitía computar de manera más favorable determinados períodos de prisión preventiva bajo las condiciones legales vigentes en ese momento.

La salida de prisión de una persona condenada a perpetua por un doble homicidio generó indignación y reabrió el debate sobre la aplicación de beneficios penitenciarios, el tiempo de detención preventiva y los derechos de las víctimas.

Para las familias, la condena no borró el daño ni puso fin a la búsqueda de respuestas. El paso del tiempo tampoco eliminó las consecuencias del crimen. Las personas asesinadas no podían recuperar sus proyectos, y sus allegados debieron continuar viviendo con una pérdida irreversible.

El caso quedó como un ejemplo de la distancia que puede existir entre la gravedad de una condena y la percepción pública sobre la duración efectiva del encarcelamiento.

Casi tres décadas después, otra decisión judicial

En septiembre de 2026, el caso volvió a la actualidad por una resolución de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca.

La Justicia confirmó parcialmente una decisión que ordenaba indemnizar a la familia de Irina Montoya y extendió la responsabilidad civil a Leónidas Hugo Soria, excomisario y propietario de la empresa de seguridad para la que trabajaba Eliçabe.

El tribunal consideró relevante la función de custodio que desempeñaba el condenado y la confianza que esa actividad pudo generar cuando las jóvenes aceptaron subir a su automóvil. La resolución fijó una indemnización de 21.060.000 pesos, más intereses, para la familia de Irina, según los informes periodísticos publicados en septiembre.

Esta decisión no significó una nueva condena penal por los asesinatos. Se trató de una cuestión civil: determinar quiénes debían responder económicamente por los daños causados.

La novedad amplió el debate sobre la responsabilidad de las empresas y de quienes organizan actividades de seguridad privada. La discusión ya no se limitaba exclusivamente al autor material, sino que incluía las circunstancias laborales que habían facilitado el contacto con las víctimas.

La memoria de Irina y María Dolores

El crimen de las mochileras permanece en la memoria policial argentina porque reúne una serie de elementos que impactaron profundamente en la sociedad: dos jóvenes que viajaban confiadas, un hombre que les ofreció transporte, una agresión sexual, dos homicidios y una investigación que concluyó con una condena a perpetua.

Pero la historia no debe reducirse a la identidad del asesino ni a los detalles del expediente. Irina Montoya y María Dolores Sánchez tenían vidas, familias y proyectos que fueron interrumpidos violentamente. Su recuerdo es el centro humano de este caso.

La condena de 2000 estableció la responsabilidad penal de Eliçabe. La resolución civil de 2026 volvió a examinar las consecuencias del crimen y las obligaciones de otros actores vinculados con el contexto en que ocurrió.

Casi treinta años después, el caso sigue recordando la importancia de investigar con rigor, proteger a los testigos, exigir responsabilidad cuando corresponda y evitar que la atención pública se aparte de quienes sufrieron la violencia.

La ruta 33 quedó asociada para siempre con una tragedia que pudo haber sido un viaje más hacia la Patagonia. En lugar de llegar a destino, Irina y María Dolores se convirtieron en protagonistas involuntarias de uno de los casos criminales más recordados de Bahía Blanca.

 

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 22, 2026