El gobierno hondureño que encabeza la presidenta Xiomara Castro está haciendo frente a las pandillas que operan en la nación centroamericana.
El pasado 31 de marzo, Castro aprobó en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) la “II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen” y volvió a prorrogar el estado de excepción decretado a finales de 2022, que rige parcialmente en el país.
Las decisiones tomadas por Castro en Honduras han sido compradas con las medidas adoptadas por el Nayib Bukele en El Salvador, donde se declaró estado de excepción en marzo de 2022 y la medida se ha prorrogado hasta la actualidad. En ese período, las fuerzas salvadoreñas han capturado a más de 65.000 presuntos pandilleros y se ha construido una megacárcel para su reclusión.
Sin embargo, las acciones que se han ido aplicando en Honduras tienen más que ver con en el Plan de Gobierno para la Refundación y Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, presentado por Castro durante su candidatura a la Presidencia en 2021, que con una suerte de remedo de las políticas de Bukele.
En el Plan de Gobierno para la Refundación 2022-2026 se propuso el combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos, consideradas actividades que retroalimentan a las organizaciones criminales.
“Desarrollar un sistema de inteligencia económica para el rastreo, detección y desactivación del lavado de capitales provenientes del crimen organizado transnacional y nacional, ligado al narcotráfico, a la minería clandestina, al tráfico de personas, a tala ilegal de madera, a la trata de inmuebles asaltados y financiamientos dudosos”, dice el documento.
Castro
También se propuso la recuperación de los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, pero combinando “el uso proporcionado y responsable de la fuerza, el sistema de inteligencia e investigación, y la ampliación de la red estatal de servicios de apoyo para las víctimas y la prevención del delito, incluyendo la presencia suficiente de protección en el transporte, el sistema educativo y las actividades económicas lícitas”, añade el texto.
Ese enfoque de uso proporcionado y diferenciado de la fuerza, aunado al dispositivo de apoyo a las víctimas, dista de la perspectiva más punitiva de El Salvador, que se ha centrado en la llamada “guerra contra las pandillas”.
Asimismo, en Honduras se plantea el fortalecimiento de los controles para resguardar el territorio de las amenazas del crimen organizado que se aprovechan de la porosidad de las fronteras nacionales.
En concordancia con ese proyecto, como explicó en noviembre pasado Héctor Gustavo Sánchez, director de la Policía de Honduras, Castro lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos.
“Mi compromiso es brindarle la seguridad que demanda el pueblo hondureño y vamos a erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria”, dijo Castro en esa oportunidad.
Para la mandataria, la extorsión es “el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras” y “una de las principales causas de inseguridad, migración, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios”.
Pero el problema no es nuevo. Castro ha insistido en que durante los 12 años previos a su mandato, Honduras “fue víctima de la imposición de un cártel de narcotráfico desde el Estado mismo”, organización que habría permeado las instituciones y elevado la violencia en el país.
Durante el lanzamiento de ese Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, la mandataria hondureña declaró emergencia nacional en materia de seguridad.
Unos días después, el 6 de diciembre, entró en vigor, por un lapso de 30 días, un estado de excepción en zonas focalizadas del país para combatir a las pandillas. La medida fue renovada en enero por 45 días más, luego en febrero por otros 45 días y la semana pasada por un lapso similar, hasta el 21 de mayo.
Recientemente la Policía Nacional de Honduras dijo que la primera etapa del plan de seguridad “ha obtenido importantes resultados”, aunque no ofreció cifras al respecto.
El lunes, la Secretaría de Prensa publicó un gráfico en el que se evidenció una importante disminución de los homicidios en el país en el primer trimestre de este año. Mientras que entre enero y marzo de 2022 hubo 957 asesinatos, en el mismo período de 2023 se registraron 704, es decir, 253 menos.
Para reforzar lo que ya se venía haciendo, el 31 de marzo Castro aprobó lo que fue denominado como la “II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen”, que contiene nueve medidas para aplicarse durante los próximos seis meses.
Entre otras cuestiones, se establece la prórroga del estado de excepción por unos seis meses más, que la mandataria irá renovando cada 45 días; se instruye a las Fuerzas Armadas de Honduras a colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como Centros de Reclusión de Emergencia; se reactiva el 911; y se le pide al Poder Judicial asignar jueces y al Ministerio Público fiscales especiales para acompañar las acciones del plan.
Asimismo, se instruyó a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia para que elabore un Programa de Análisis Criminal en el que se compile y sistematice toda la información que exista sobre denuncias, investigaciones, detenciones, órdenes de captura, requerimientos fiscales, sentencias, para efectos de identificar las personas con mayor incidencia en la comisión de delitos.
También se dispuso en el plan la emisión de un decreto de emergencia por parte de la mandataria para la construcción, reforma y equipamiento de instalaciones y centros penales de seguridad en cualquier sitio del territorio nacional, otra de las comparaciones que han surgido respecto a lo que ha hecho Bukele en El Salvador.
Desde el lunes 3 de abril, como parte del plan, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras se desplegaron en siete departamentos del país: Colón, Olancho, El Paraíso, Gracias a Dios, Atlántida, Yoro y Copán.
“Han movilizado más de 3.000 hombres en siete departamentos para darle cumplimiento a la orden superior y en apoyo a la Policía Nacional para contrarrestar el crimen organizado”, dijo César Rosales Zapata, director de Organización, Operaciones y Adiestramiento del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Este despliegue sí contradice un poco lo establecido en el Plan de Gobierno que presentó Castro en campaña, en el que proponía “desmilitarizar la seguridad ciudadana”.
Por otro lado, un día antes de darse a conocer la II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen, el Ministerio Público hondureño informó que lleva adelante, en diferentes partes del país, la Operación Poseidón III, “para no dar tregua al delito y darle una respuesta a las denuncias de la población”.
La operación incluye acusaciones ante los juzgados, detenciones infraganti, cumplimiento a órdenes de captura, inspecciones, registros y operativos fijos.
Además de ello, la mandataria hondureña anunció el domingo la intervención de los centros penales del país, tras una serie de tiroteos protagonizados por integrantes de las bandas rivales Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en cuatro cárceles.
“La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo”, dijo Castro.
“Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado”, prometió.
El lunes, la mandataria designó a Semma Julissa Villanueva, actual viceministra de Seguridad, para la ejecución del plan de desmontar las estructuras criminales qué operan dentro de las cárceles.
Aunque las medidas puestas en marcha en Honduras se enmarcarían en el Plan de Gobierno presentado previamente por Castro, lo ocurrido en El Salvador parece haber influido.
Ambos países comparten cerca de unos 400 kilómetros de frontera. Entonces, apenas comenzó la guerra contra las pandillas en El Salvador, las autoridades hondureñas incrementaron el patrullaje policial en la zona fronteriza con ese país.
A finales de noviembre, 600 elementos de la Policía Militar del Orden Público fueron enviados a las zonas fronterizas para combatir a grupos criminales.
A principios del mes pasado, Castro invitó a Bukela a Honduras, según informó entonces el oficialista Partido Libre hondureño.
Esa invitación la entregaron Manuel Zelaya, coordinador general del Partido Libre, y Héctor Zelaya, secretario privado de Castro, en un encuentro que sostuvieron con Bukele.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó su preocupación porque se siga extendiendo el estado de excepción en el país centroamericano.
“Ante las medidas anunciadas por el CNDS en el Plan de Seguridad II, OACNUDH expresa su preocupación por la recurrencia al estado de excepción y reitera su llamado a implementar una política integral de seguridad ciudadana con énfasis en la prevención e investigación”, expresó la oficina a través de su cuenta en Twitter.
Añade que las medidas adoptadas, como la asignación de nuevas tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas, podrían comprometer “los esfuerzos de desmilitarización” y “afectar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público en su función de dirección y control de las detenciones”.
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El gobierno hondureño que encabeza la presidenta Xiomara Castro está haciendo frente a las pandillas que operan en la nación centroamericana.
El pasado 31 de marzo, Castro aprobó en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) la “II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen” y volvió a prorrogar el estado de excepción decretado a finales de 2022, que rige parcialmente en el país.
Las decisiones tomadas por Castro en Honduras han sido compradas con las medidas adoptadas por el Nayib Bukele en El Salvador, donde se declaró estado de excepción en marzo de 2022 y la medida se ha prorrogado hasta la actualidad. En ese período, las fuerzas salvadoreñas han capturado a más de 65.000 presuntos pandilleros y se ha construido una megacárcel para su reclusión.
Sin embargo, las acciones que se han ido aplicando en Honduras tienen más que ver con en el Plan de Gobierno para la Refundación y Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, presentado por Castro durante su candidatura a la Presidencia en 2021, que con una suerte de remedo de las políticas de Bukele.
En el Plan de Gobierno para la Refundación 2022-2026 se propuso el combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos, consideradas actividades que retroalimentan a las organizaciones criminales.
“Desarrollar un sistema de inteligencia económica para el rastreo, detección y desactivación del lavado de capitales provenientes del crimen organizado transnacional y nacional, ligado al narcotráfico, a la minería clandestina, al tráfico de personas, a tala ilegal de madera, a la trata de inmuebles asaltados y financiamientos dudosos”, dice el documento.
También se propuso la recuperación de los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, pero combinando “el uso proporcionado y responsable de la fuerza, el sistema de inteligencia e investigación, y la ampliación de la red estatal de servicios de apoyo para las víctimas y la prevención del delito, incluyendo la presencia suficiente de protección en el transporte, el sistema educativo y las actividades económicas lícitas”, añade el texto.
Ese enfoque de uso proporcionado y diferenciado de la fuerza, aunado al dispositivo de apoyo a las víctimas, dista de la perspectiva más punitiva de El Salvador, que se ha centrado en la llamada “guerra contra las pandillas”.
Asimismo, en Honduras se plantea el fortalecimiento de los controles para resguardar el territorio de las amenazas del crimen organizado que se aprovechan de la porosidad de las fronteras nacionales.
En concordancia con ese proyecto, como explicó en noviembre pasado Héctor Gustavo Sánchez, director de la Policía de Honduras, Castro lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos.
“Mi compromiso es brindarle la seguridad que demanda el pueblo hondureño y vamos a erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria”, dijo Castro en esa oportunidad.
Para la mandataria, la extorsión es “el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras” y “una de las principales causas de inseguridad, migración, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios”.
Pero el problema no es nuevo. Castro ha insistido en que durante los 12 años previos a su mandato, Honduras “fue víctima de la imposición de un cártel de narcotráfico desde el Estado mismo”, organización que habría permeado las instituciones y elevado la violencia en el país.
Durante el lanzamiento de ese Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, la mandataria hondureña declaró emergencia nacional en materia de seguridad.
Unos días después, el 6 de diciembre, entró en vigor, por un lapso de 30 días, un estado de excepción en zonas focalizadas del país para combatir a las pandillas. La medida fue renovada en enero por 45 días más, luego en febrero por otros 45 días y la semana pasada por un lapso similar, hasta el 21 de mayo.
Recientemente la Policía Nacional de Honduras dijo que la primera etapa del plan de seguridad “ha obtenido importantes resultados”, aunque no ofreció cifras al respecto.
El lunes, la Secretaría de Prensa publicó un gráfico en el que se evidenció una importante disminución de los homicidios en el país en el primer trimestre de este año. Mientras que entre enero y marzo de 2022 hubo 957 asesinatos, en el mismo período de 2023 se registraron 704, es decir, 253 menos.
Para reforzar lo que ya se venía haciendo, el 31 de marzo Castro aprobó lo que fue denominado como la “II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen”, que contiene nueve medidas para aplicarse durante los próximos seis meses.
Entre otras cuestiones, se establece la prórroga del estado de excepción por unos seis meses más, que la mandataria irá renovando cada 45 días; se instruye a las Fuerzas Armadas de Honduras a colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como Centros de Reclusión de Emergencia; se reactiva el 911; y se le pide al Poder Judicial asignar jueces y al Ministerio Público fiscales especiales para acompañar las acciones del plan.
Asimismo, se instruyó a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia para que elabore un Programa de Análisis Criminal en el que se compile y sistematice toda la información que exista sobre denuncias, investigaciones, detenciones, órdenes de captura, requerimientos fiscales, sentencias, para efectos de identificar las personas con mayor incidencia en la comisión de delitos.
También se dispuso en el plan la emisión de un decreto de emergencia por parte de la mandataria para la construcción, reforma y equipamiento de instalaciones y centros penales de seguridad en cualquier sitio del territorio nacional, otra de las comparaciones que han surgido respecto a lo que ha hecho Bukele en El Salvador.
Desde el lunes 3 de abril, como parte del plan, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras se desplegaron en siete departamentos del país: Colón, Olancho, El Paraíso, Gracias a Dios, Atlántida, Yoro y Copán.
“Han movilizado más de 3.000 hombres en siete departamentos para darle cumplimiento a la orden superior y en apoyo a la Policía Nacional para contrarrestar el crimen organizado”, dijo César Rosales Zapata, director de Organización, Operaciones y Adiestramiento del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Este despliegue sí contradice un poco lo establecido en el Plan de Gobierno que presentó Castro en campaña, en el que proponía “desmilitarizar la seguridad ciudadana”.
Por otro lado, un día antes de darse a conocer la II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen, el Ministerio Público hondureño informó que lleva adelante, en diferentes partes del país, la Operación Poseidón III, “para no dar tregua al delito y darle una respuesta a las denuncias de la población”.
La operación incluye acusaciones ante los juzgados, detenciones infraganti, cumplimiento a órdenes de captura, inspecciones, registros y operativos fijos.
Además de ello, la mandataria hondureña anunció el domingo la intervención de los centros penales del país, tras una serie de tiroteos protagonizados por integrantes de las bandas rivales Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en cuatro cárceles.
“La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo”, dijo Castro.
“Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado”, prometió.
El lunes, la mandataria designó a Semma Julissa Villanueva, actual viceministra de Seguridad, para la ejecución del plan de desmontar las estructuras criminales qué operan dentro de las cárceles.
Aunque las medidas puestas en marcha en Honduras se enmarcarían en el Plan de Gobierno presentado previamente por Castro, lo ocurrido en El Salvador parece haber influido.
Ambos países comparten cerca de unos 400 kilómetros de frontera. Entonces, apenas comenzó la guerra contra las pandillas en El Salvador, las autoridades hondureñas incrementaron el patrullaje policial en la zona fronteriza con ese país.
A finales de noviembre, 600 elementos de la Policía Militar del Orden Público fueron enviados a las zonas fronterizas para combatir a grupos criminales.
A principios del mes pasado, Castro invitó a Bukela a Honduras, según informó entonces el oficialista Partido Libre hondureño.
Esa invitación la entregaron Manuel Zelaya, coordinador general del Partido Libre, y Héctor Zelaya, secretario privado de Castro, en un encuentro que sostuvieron con Bukele.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó su preocupación porque se siga extendiendo el estado de excepción en el país centroamericano.
“Ante las medidas anunciadas por el CNDS en el Plan de Seguridad II, OACNUDH expresa su preocupación por la recurrencia al estado de excepción y reitera su llamado a implementar una política integral de seguridad ciudadana con énfasis en la prevención e investigación”, expresó la oficina a través de su cuenta en Twitter.
Añade que las medidas adoptadas, como la asignación de nuevas tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas, podrían comprometer “los esfuerzos de desmilitarización” y “afectar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público en su función de dirección y control de las detenciones”.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 15, 2023