Las Fuerzas Armadas deben estar preparadas y adecuadas solo para actuar en caso de un ataque externo, dando tan solo apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para la seguridad interna, nada más.
A raíz del crecimiento exponencial de la inseguridad que vive nuestro país, la cual no parece tener límite, a la que debemos añadir el floreciente auge de la narco criminalidad; y ante la inacción que está demostrado el gobierno con este flagelo, algunos políticos intentan instalar el debate sobre la necesidad de la intervención del Ejército, dícese Fuerzas Armadas, en el combate contra estos delitos.
Para quienes sostienen esta idea, piensan que poniendo varios unimogs con decenas soldados fuertemente armados en las calles de las ciudades, se resolverá este problema y volveremos a ser la Nación segura y tranquila que alguna vez supimos ser.
Quien suscribe esta columna, en su humilde entender, se presenta como un férreo opositor a tal desatinada idea.
En primer lugar, no entiendo a que Ejército o Fuerzas Armadas pretenden sacar a la calle. Las mismas no solo fueron humilladas y sojuzgadas, sino que carecen de los más mínimos elementos indispensables, para tan siguiera pensar en dicha posibilidad. Ya en el año 2014, recuerdo que un General en actividad, me reconoció que en caso de un conflicto armado con un país extranjero, solo tenían munición y armamento para tres (3) días de combate. Imaginemos que si eso fue hace casi diez años, lo que debe ser ahora. Quizás, con suerte, lleguen a diez (10) minutos de combate. Ni siquiera tenemos aviones de combate o barcos de guerra para controlar el espacio aéreo nacional o nuestro mar territorial. Antes de sugerir sacarlas a la calle, primero deberían equiparlas y modernizarlas debidamente.
No olvidemos lo que dijo en Diciembre del año pasado nuestro Presidente, en una entrevista a The Financial Times: “Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día…. para nosotros hay otras prioridades, antes de comprar armas”.
En segundo lugar, ¿quien les asegura a quienes reciban la orden de combatir el delito, no van a ser juzgados en diez años por delitos de lesa humanidad? Ya tuvimos la experiencia de lo sucedido en los años 70, donde un gobierno constitucional le ordenó a las Fuerzas Armadas combatir a las organizaciones terroristas que asolaban la Nación y cuarenta años después terminaron todos presos, desde los Generales hasta el último de los cabos. Los mismos políticos que arengaron con exterminar el terrorismo, son los mismos que años después levantaron el dedo acusador contra las Fuerzas Armadas y las condenaron al oprobio. ¿Quien asegura entonces que los políticos que hoy claman por la intervención de las Fuerzas Armadas, en unos años no clamen por juzgarlos y encarcelarlos?
El caso Maldonado es un claro ejemplo de ello. A la Gendarmería Nacional se le ordenó desalojar una ruta, cumplieron con la orden y terminaron siendo acusados por infames delitos, con testigos falsos, instalando un relato de desaparición forzada cuando cincuenta dos (52) peritos médicos dijeron que Maldonado se ahogó.
Si son coherentes, estos mismos políticos que vociferan por la intervención de las Fuerzas Armadas, deberían primero dictar una amnistía para los miles de militares, policías y civiles que se pudren en detención por haber combatido el terrorismo en los años 70. Y es que, si reclaman la intervención de la Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico por estos delitos ponen un peligro a la Nación; con más razón deben reclamar el fin de los circos judiciales y las infames condenas de quienes si combatieron un real calamidad como fue el terrorismo de los años 70; que puso en verdadero peligro a las instituciones de este país.
En tercer lugar, las Fuerzas Armadas, están o por lo menos deberían estarlo, para un combate contra una fuerza de un país extranjero no para tareas de prevención o de seguridad ciudadana. Si se las empleara para ello sería como poner un elefante en un bazar. Para ello están las fuerzas policiales o de seguridad.
En cuarto y último lugar, la sociedad se mueve con pensamientos espasmódicos, es bifronte y contradictoria. Lo que hoy quiere, mañana lo desprecia. Hoy demandan la intervención de la Fuerzas Armadas, mañana las denostarán por haber actuado. Lo mismo hicieron con la intervención contra el terrorismo, en los años 70 las aplaudieron y vitorearon, años después las deshonraron y ultrajaron.
Se debe entender que el problema de la delincuencia y la inseguridad es tarea de las fuerzas policías y de seguridad, así como que no es un problema ideológico de derecha o izquierda, sino de sentido común.
Las Fuerzas Armadas deben estar preparadas y adecuadas solo para actuar en caso de un ataque externo, dando tan solo apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para la seguridad interna, nada más.
El problema no es emplear a las Fuerzas Armadas en este tipo de delitos, sino que el poder político asuma su responsabilidad y dicte una verdadera política de combate contra la inseguridad y el narcotráfico. Se puede traer a los boinas verdes, los SEALS o los Rangers, que mientras no se asuma que el narcotráfico ha cruzado a la clase política, a sectores del Poder Judicial y a sectores de la Policía y no se actué en consecuencia, todo seguirá igual y solo será “cosmético” y “zaraza” para la campaña electoral y “un pancho” para los grupos progres.
Por lo que, si después de haber “destruido” a las Fuerzas Armadas y denigrarlas a más no poder, se sigue el mismo camino con la policía y las fuerzas de seguridad; sino se las capacita adecuadamente; sino se les paga sueldos decorosos; sino se las nutre de los esenciales elementos para el combate de la delincuencia y se las sigue estigmatizando cada vez que actúan; a la par que se siga usando a la inteligencia del Estado para espiar opositores; nombrando jueces por afinidad ideológica y no por capacidad; dándole privilegios a los delincuentes y la clase política no asuma la responsabilidad que le cabe por acción u omisión, el delito y por ende la inseguridad seguirá gozando de buena salud por estas tierras.
GONZALO PABLO MIÑO es abogado (recibido UNR) Mediador (Colegio de Abogados de Rosario) Vocal Titular del Directorio del Colegio de Abogados de Rosario (Año 2007. 2009) Docente Adscripto a la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. Año 1997.2016 Docente de la materia. Derecho Procesal Penal. Centro de Instrucción en Destino. Unidad Regional. Policía de la Provincia de Santa Fé. Año 1999. Docente de las Materias. Derecho Procesal Penal y Derecho Penal II. Facultad de Derecho, Universidad Abierta Interamericana, Rosario. Año 2001.2002. El Doctor Miño es Presidente de la Unión de Promociones. Delegación Rosario.
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A raíz del crecimiento exponencial de la inseguridad que vive nuestro país, la cual no parece tener límite, a la que debemos añadir el floreciente auge de la narco criminalidad; y ante la inacción que está demostrado el gobierno con este flagelo, algunos políticos intentan instalar el debate sobre la necesidad de la intervención del Ejército, dícese Fuerzas Armadas, en el combate contra estos delitos.
Para quienes sostienen esta idea, piensan que poniendo varios unimogs con decenas soldados fuertemente armados en las calles de las ciudades, se resolverá este problema y volveremos a ser la Nación segura y tranquila que alguna vez supimos ser.
Quien suscribe esta columna, en su humilde entender, se presenta como un férreo opositor a tal desatinada idea.
En primer lugar, no entiendo a que Ejército o Fuerzas Armadas pretenden sacar a la calle. Las mismas no solo fueron humilladas y sojuzgadas, sino que carecen de los más mínimos elementos indispensables, para tan siguiera pensar en dicha posibilidad. Ya en el año 2014, recuerdo que un General en actividad, me reconoció que en caso de un conflicto armado con un país extranjero, solo tenían munición y armamento para tres (3) días de combate. Imaginemos que si eso fue hace casi diez años, lo que debe ser ahora. Quizás, con suerte, lleguen a diez (10) minutos de combate. Ni siquiera tenemos aviones de combate o barcos de guerra
para controlar el espacio aéreo nacional o nuestro mar territorial. Antes de sugerir sacarlas a la calle, primero deberían equiparlas y modernizarlas debidamente.
No olvidemos lo que dijo en Diciembre del año pasado nuestro Presidente, en una entrevista a The Financial Times: “Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día…. para nosotros hay otras prioridades, antes de comprar armas”.
En segundo lugar, ¿quien les asegura a quienes reciban la orden de combatir el delito, no van a ser juzgados en diez años por delitos de lesa humanidad? Ya tuvimos la experiencia de lo sucedido en los años 70, donde un gobierno constitucional le ordenó a las Fuerzas Armadas combatir a las organizaciones terroristas que asolaban la Nación y cuarenta años después terminaron todos presos, desde los Generales hasta el último de los cabos. Los mismos políticos que arengaron con exterminar el terrorismo, son los mismos que años después levantaron el dedo acusador contra las Fuerzas Armadas y las condenaron al oprobio. ¿Quien asegura entonces que los políticos que hoy claman por la intervención de las Fuerzas Armadas, en unos años no clamen por juzgarlos y encarcelarlos?
El caso Maldonado es un claro ejemplo de ello. A la Gendarmería Nacional se le ordenó desalojar una ruta, cumplieron con la orden y terminaron siendo acusados por infames delitos, con testigos falsos, instalando un relato de desaparición forzada cuando cincuenta dos (52) peritos médicos dijeron que Maldonado se ahogó.
Si son coherentes, estos mismos políticos que vociferan por la intervención de las Fuerzas Armadas, deberían primero dictar una amnistía para los miles de militares, policías y civiles que se pudren en detención por haber combatido el terrorismo en los años 70. Y es que, si reclaman la intervención de la Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico por estos delitos ponen un peligro a la Nación; con más razón deben reclamar el fin de los circos judiciales y las infames condenas de quienes si combatieron un real calamidad como fue el terrorismo de los años 70; que puso en verdadero peligro a las instituciones de este país.
En tercer lugar, las Fuerzas Armadas, están o por lo menos deberían estarlo, para un combate contra una fuerza de un país extranjero no para tareas de prevención o de seguridad ciudadana. Si se las empleara para ello sería como poner un elefante en un bazar. Para ello están las fuerzas policiales o de seguridad.
En cuarto y último lugar, la sociedad se mueve con pensamientos espasmódicos, es bifronte y contradictoria. Lo que hoy quiere, mañana lo desprecia. Hoy demandan la intervención de la Fuerzas Armadas, mañana las denostarán por haber actuado. Lo mismo hicieron con la intervención contra el terrorismo, en los años 70 las aplaudieron y vitorearon, años después las deshonraron y ultrajaron.
Se debe entender que el problema de la delincuencia y la inseguridad es tarea de las fuerzas policías y de seguridad, así como que no es un problema ideológico de derecha o izquierda, sino de sentido común.
Las Fuerzas Armadas deben estar preparadas y adecuadas solo para actuar en caso de un ataque externo, dando tan solo apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para la seguridad interna, nada más.
El problema no es emplear a las Fuerzas Armadas en este tipo de delitos, sino que el poder político asuma su responsabilidad y dicte una verdadera política de combate contra la inseguridad y el narcotráfico. Se puede traer a los boinas verdes, los SEALS o los Rangers, que mientras no se asuma que el narcotráfico ha cruzado a la clase política, a sectores del Poder Judicial y a sectores de la Policía y no se actué en consecuencia, todo seguirá igual y solo será “cosmético” y “zaraza” para la campaña electoral y “un pancho” para los grupos progres.
Por lo que, si después de haber “destruido” a las Fuerzas Armadas y denigrarlas a más no poder, se sigue el mismo camino con la policía y las fuerzas de seguridad; sino se las capacita adecuadamente; sino se les paga sueldos decorosos; sino se las nutre de los esenciales elementos para el combate de la delincuencia y se las sigue estigmatizando cada vez que actúan; a la par que se siga usando a la inteligencia del Estado para espiar opositores; nombrando jueces por afinidad ideológica y no por capacidad; dándole privilegios a los delincuentes y la clase política no asuma la responsabilidad que le cabe por acción u omisión, el delito y por ende la inseguridad seguirá gozando de buena salud por estas tierras.
GONZALO PABLO MIÑO es abogado (recibido UNR) Mediador (Colegio de Abogados de Rosario) Vocal Titular del Directorio del Colegio de Abogados de Rosario (Año 2007. 2009) Docente Adscripto a la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. Año 1997.2016 Docente de la materia. Derecho Procesal Penal. Centro de Instrucción en Destino. Unidad Regional. Policía de la Provincia de Santa Fé. Año 1999. Docente de las Materias. Derecho Procesal Penal y Derecho Penal II. Facultad de Derecho, Universidad Abierta Interamericana, Rosario. Año 2001.2002. El Doctor Miño es Presidente de la Unión de Promociones. Delegación Rosario.
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Febrero 13, 2023