Una precisión histórica importante: Sabino Augusto Montanaro no fue un “asesino en serie” en el sentido criminal habitual del término. Fue un alto funcionario de Alfredo Stroessner, ministro del Interior entre 1966 y 1989, y quedó vinculado judicialmente a numerosos casos de tortura, detención arbitraria, desaparición forzada y homicidios políticos. La Justicia paraguaya y organismos internacionales documentaron la responsabilidad del aparato represivo del régimen, pero Montanaro murió sin recibir una condena definitiva por esos hechos.
Sabino Augusto Montanaro: el hombre detrás del aparato represivo de Stroessner
El ministro del terror
Durante 35 años, Paraguay estuvo gobernado por Alfredo Stroessner, uno de los dictadores más longevos de América Latina. Su régimen, instalado en 1954, sobrevivió gracias a una combinación de control político, apoyo militar, Partido Colorado, inteligencia policial y una extensa red de vigilancia y represión.
Dentro de esa estructura hubo hombres que adquirieron un enorme poder.
Uno de ellos fue Sabino Augusto Montanaro.
Montanaro ocupó el Ministerio del Interior desde 1966 hasta la caída de Stroessner, en febrero de 1989. Durante casi un cuarto de siglo estuvo al frente de uno de los principales organismos encargados de la seguridad interna. La documentación oficial paraguaya señala que dependencias bajo el Ministerio del Interior, especialmente el Departamento de Investigaciones y la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, tuvieron papeles centrales en la vigilancia, detención, represión y, en determinados casos, desaparición forzada de personas.
Por eso, para comprender quién fue Montanaro hay que dejar de imaginarlo como un asesino individual que actuaba clandestinamente.
Su importancia histórica fue diferente.
Fue una figura política situada en la cúspide de un aparato estatal de represión.
El Paraguay de Stroessner
Cuando Montanaro llegó al Ministerio del Interior, Paraguay ya llevaba una década bajo el régimen de Stroessner.
El gobierno consideraba que prácticamente cualquier movimiento opositor podía constituir una amenaza.
Liberales.
Comunistas.
Estudiantes.
Campesinos.
Dirigentes sindicales.
Exiliados.
Militantes políticos.
Incluso personas acusadas simplemente de simpatizar con la oposición.
El régimen utilizaba la policía y los servicios de inteligencia para localizar a sus adversarios.
Las detenciones podían realizarse sin las garantías judiciales que caracterizan a un Estado democrático.
Los interrogatorios podían convertirse en torturas.
Y algunas personas nunca regresaban.
La documentación conservada en el Archivo del Terror permitió posteriormente reconstruir buena parte de este sistema. El propio Museo de la Justicia paraguayo describe cómo las dictaduras del Cono Sur desarrollaron mecanismos clandestinos para compartir información, detener opositores, realizar interrogatorios e intercambiar prisioneros.
El poder de Montanaro
Montanaro no era simplemente un funcionario administrativo.
Era uno de los hombres más importantes del régimen.
Como ministro del Interior, tenía bajo su órbita estructuras policiales fundamentales para el control interno.
La Corte Suprema de Justicia paraguaya ha señalado que Montanaro aparece en diversos procesos por tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, junto con otras autoridades de la época, incluido Stroessner.
Eso explica por qué, después de la caída de la dictadura, su nombre apareció repetidamente en causas judiciales.
Los familiares de las víctimas querían saber qué había ocurrido con sus seres queridos.
¿Quién había ordenado las detenciones?
¿Dónde habían sido llevados?
¿Quién había autorizado los interrogatorios?
¿Quién había participado en las desapariciones?
Y, sobre todo:
¿Quién había dado las órdenes?
El caso de Mario Schaerer Prono
Uno de los casos más importantes relacionados con Montanaro fue el del dirigente estudiantil y militante político Mario Schaerer Prono.
Schaerer Prono fue detenido durante la dictadura.
Según testimonios incorporados al proceso judicial, fue sometido a torturas en dependencias policiales.
Una de las declaraciones más importantes fue la de Miguel Ángel López Perito, quien afirmó haber visto a Schaerer Prono mientras era torturado.
El testimonio describió una situación extremadamente violenta: la víctima estaba atada de manos y pies y era golpeada sistemáticamente.
Schaerer Prono murió en abril de 1976.
Décadas después, la Justicia paraguaya inició un proceso contra Montanaro por su presunta responsabilidad en aquel crimen.
En 2009, el juez Andrés Casati procesó al exministro y sostuvo que delitos como tortura, desaparición forzada y homicidio por razones políticas eran imprescriptibles.
La causa se convirtió en uno de los intentos más importantes de llevar ante la Justicia a una figura central de la dictadura.
Los hermanos Ramírez Villalba
Otro conjunto de casos particularmente grave fue el de Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba.
Ambos fueron perseguidos por el régimen y terminaron relacionados con operaciones represivas que posteriormente fueron investigadas en Paraguay y en el sistema interamericano de derechos humanos.
Amnistía Internacional señaló que Montanaro estaba siendo investigado por su presunta responsabilidad en diversos delitos, incluidos torturas, detenciones ilegales y desapariciones forzadas, entre ellos los homicidios de los hermanos Ramírez Villalba.
Estos casos demostraron que la represión paraguaya no consistía solamente en encarcelar opositores.
Existían denuncias de tortura, ejecuciones y desapariciones.
Agustín Goiburú
Uno de los nombres más importantes de la represión stronista fue Agustín Goiburú.
Goiburú era un opositor político que fue perseguido por el régimen.
Su desaparición se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la represión paraguaya.
La investigación llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte determinó la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por violaciones graves de derechos humanos relacionadas con los casos de Goiburú y otras víctimas.
La documentación judicial señala que el proceso involucró a altos funcionarios de la época, entre ellos Stroessner y Montanaro.
El caso es especialmente importante porque demuestra que la represión paraguaya tenía conexiones internacionales.
La Operación Cóndor
Montanaro también debe ser estudiado dentro del contexto de la Operación Cóndor.
Durante la década de 1970, las dictaduras militares y civiles-militares de América del Sur comenzaron a cooperar para perseguir a opositores que escapaban de un país a otro.
Argentina.
Chile.
Uruguay.
Paraguay.
Bolivia.
Brasil.
Los servicios de inteligencia compartían información y coordinaban operaciones.
El objetivo era impedir que los opositores pudieran encontrar refugio cruzando una frontera.
El Museo de la Justicia de Paraguay describe la Operación Cóndor como una alianza clandestina que permitió compartir información, códigos de comunicación, realizar operaciones conjuntas, interrogatorios e intercambio de prisioneros políticos.
La Corte Suprema paraguaya también ha señalado que los casos de Goiburú y otros formaron parte del contexto de esta cooperación represiva regional.
La caída de Stroessner
El 3 de febrero de 1989, el general Andrés Rodríguez encabezó un golpe militar que terminó con la dictadura de Stroessner.
Stroessner huyó a Brasil.
Montanaro también abandonó Paraguay.
Se refugió en Honduras, donde permaneció aproximadamente dos décadas.
Mientras tanto, en Paraguay comenzaban lentamente las investigaciones judiciales sobre los crímenes de la dictadura.
El nombre de Montanaro aparecía constantemente.
Pero no estaba en Paraguay.
Su ausencia dificultaba enormemente cualquier proceso.
Veinte años fuera de Paraguay
Montanaro permaneció en Honduras durante unos veinte años.
Había sido declarado rebelde y contumaz por la Justicia paraguaya.
Las autoridades paraguayas intentaron avanzar con pedidos relacionados con su regreso, pero durante años permaneció fuera del alcance de los tribunales.
Amnistía Internacional señaló en 2009 que las causas por torturas, homicidios y desapariciones forzadas no habían podido avanzar plenamente debido a que Montanaro permanecía fuera del país.
Pero en 2009 ocurrió algo inesperado.
Montanaro decidió regresar voluntariamente a Paraguay.
Tenía entonces una edad avanzada y problemas de salud.
Su regreso produjo una enorme conmoción.
Las familias de las víctimas reclamaron que finalmente respondiera ante la Justicia.
La prisión de Tacumbú
El 1 de mayo de 2009, Montanaro regresó a Paraguay.
Fue detenido y posteriormente trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en relación con las causas abiertas.
El juez Andrés Casati ordenó su prisión preventiva en el marco de la investigación por el caso Schaerer Prono.
Pero su delicado estado de salud provocó que posteriormente se dispusieran medidas especiales.
Finalmente permaneció bajo arresto domiciliario.
Para los familiares de las víctimas, el regreso representaba una oportunidad histórica.
Después de veinte años de exilio, uno de los principales dirigentes del aparato represivo finalmente estaba en Paraguay.
Pero el tiempo jugaba en contra de la Justicia.
Montanaro era ya un hombre de edad avanzada.
La muerte de Montanaro
Sabino Augusto Montanaro murió en Asunción el 10 de septiembre de 2011, a los 89 años.
Su muerte tuvo una consecuencia jurídica decisiva.
Los procesos penales en su contra se extinguieron por fallecimiento.
En el caso de Mario Schaerer Prono, la Corte Suprema posteriormente declaró extinguida la acción penal y sobreseyó definitivamente al fallecido exministro respecto de ese proceso.
Por lo tanto, Montanaro murió sin recibir una condena penal definitiva por los crímenes de los que había sido acusado.
Esto es fundamental para cualquier reconstrucción histórica seria.
No debe afirmarse que fue judicialmente condenado por todos esos asesinatos.
Lo correcto es señalar que fue imputado y procesado en diferentes causas, acusado de graves violaciones de derechos humanos y señalado por víctimas y organismos de derechos humanos como una figura central del aparato represivo.
¿Fue un “asesino serial”?
Aquí aparece una distinción fundamental.
Llamar a Montanaro “asesino serial” puede ser atractivo desde el punto de vista periodístico, pero históricamente resulta impreciso.
Un asesino serial normalmente es entendido como un individuo que mata a varias personas en hechos separados, generalmente actuando por motivaciones personales.
Montanaro representa otra cosa.
Su importancia está relacionada con la represión estatal.
Los crímenes atribuidos a estructuras bajo su autoridad fueron cometidos dentro de un sistema político organizado.
No era un criminal aislado.
Era un funcionario de alto nivel.
Por eso resulta más preciso hablar de represor, funcionario de una dictadura y presunto responsable de graves crímenes de lesa humanidad, según las acusaciones y procesos existentes.
El Archivo del Terror
Una de las grandes fuentes para comprender el régimen stronista es el Archivo del Terror, descubierto en 1992.
Los documentos permitieron conocer la dimensión de la vigilancia política.
Fichas.
Informes.
Fotografías.
Registros policiales.
Correspondencia.
Documentos de inteligencia.
Todo ello permitió reconstruir cómo funcionaba el aparato represivo.
La documentación demostró que la persecución política no era simplemente producto de excesos individuales.
Existía una estructura.
Había información recopilada.
Había organismos especializados.
Había cooperación internacional.
Y había una cadena de autoridades.
Una deuda histórica
La muerte de Montanaro dejó una pregunta sin respuesta completa:
¿Quién fue responsable de cada desaparición, cada tortura y cada asesinato?
En muchos casos, los ejecutores directos pudieron ser identificados.
Pero determinar quién impartió las órdenes superiores resultó mucho más difícil.
Las dictaduras suelen proteger a sus responsables mediante el secreto.
Los documentos desaparecen.
Los testigos mueren.
Las víctimas son silenciadas.
Y pasan décadas antes de que una sociedad pueda reconstruir lo sucedido.
El caso Montanaro es precisamente un ejemplo de esa dificultad.
Conclusión
Sabino Augusto Montanaro fue uno de los hombres más poderosos de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Durante 23 años, ocupó el Ministerio del Interior y estuvo relacionado con un aparato estatal que persiguió a miles de opositores.
Las investigaciones posteriores lo vincularon con torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidios políticos. La Corte Suprema paraguaya y el sistema interamericano documentaron graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen.
Sin embargo, es importante no convertirlo artificialmente en un “asesino serial”.
Montanaro representa algo históricamente más amplio y, en cierto sentido, más inquietante: la utilización del Estado para perseguir y destruir a los adversarios políticos.
No era un asesino que actuaba escondido.
Era un ministro.
Tenía una oficina.
Tenía subordinados.
Tenía instituciones bajo su influencia.
Y pertenecía a un gobierno que permaneció en el poder durante 35 años.
Murió en 2011 sin una condena penal definitiva por los crímenes por los que había sido procesado.
Pero su nombre quedó ligado para siempre a uno de los períodos más oscuros de la historia paraguaya.
La verdadera tragedia del caso Montanaro no es solamente la historia de un hombre acusado de graves crímenes. Es la historia de un Estado que durante décadas convirtió la persecución política, la tortura y la desaparición en instrumentos de gobierno.
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Una precisión histórica importante: Sabino Augusto Montanaro no fue un “asesino en serie” en el sentido criminal habitual del término. Fue un alto funcionario de Alfredo Stroessner, ministro del Interior entre 1966 y 1989, y quedó vinculado judicialmente a numerosos casos de tortura, detención arbitraria, desaparición forzada y homicidios políticos. La Justicia paraguaya y organismos internacionales documentaron la responsabilidad del aparato represivo del régimen, pero Montanaro murió sin recibir una condena definitiva por esos hechos.
Sabino Augusto Montanaro: el hombre detrás del aparato represivo de Stroessner
El ministro del terror
Durante 35 años, Paraguay estuvo gobernado por Alfredo Stroessner, uno de los dictadores más longevos de América Latina. Su régimen, instalado en 1954, sobrevivió gracias a una combinación de control político, apoyo militar, Partido Colorado, inteligencia policial y una extensa red de vigilancia y represión.
Dentro de esa estructura hubo hombres que adquirieron un enorme poder.
Uno de ellos fue Sabino Augusto Montanaro.
Montanaro ocupó el Ministerio del Interior desde 1966 hasta la caída de Stroessner, en febrero de 1989. Durante casi un cuarto de siglo estuvo al frente de uno de los principales organismos encargados de la seguridad interna. La documentación oficial paraguaya señala que dependencias bajo el Ministerio del Interior, especialmente el Departamento de Investigaciones y la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, tuvieron papeles centrales en la vigilancia, detención, represión y, en determinados casos, desaparición forzada de personas.
Por eso, para comprender quién fue Montanaro hay que dejar de imaginarlo como un asesino individual que actuaba clandestinamente.
Su importancia histórica fue diferente.
Fue una figura política situada en la cúspide de un aparato estatal de represión.
El Paraguay de Stroessner
El gobierno consideraba que prácticamente cualquier movimiento opositor podía constituir una amenaza.
Liberales.
Comunistas.
Estudiantes.
Campesinos.
Dirigentes sindicales.
Exiliados.
Militantes políticos.
Incluso personas acusadas simplemente de simpatizar con la oposición.
El régimen utilizaba la policía y los servicios de inteligencia para localizar a sus adversarios.
Las detenciones podían realizarse sin las garantías judiciales que caracterizan a un Estado democrático.
Los interrogatorios podían convertirse en torturas.
Y algunas personas nunca regresaban.
La documentación conservada en el Archivo del Terror permitió posteriormente reconstruir buena parte de este sistema. El propio Museo de la Justicia paraguayo describe cómo las dictaduras del Cono Sur desarrollaron mecanismos clandestinos para compartir información, detener opositores, realizar interrogatorios e intercambiar prisioneros.
El poder de Montanaro
Montanaro no era simplemente un funcionario administrativo.
Era uno de los hombres más importantes del régimen.
Como ministro del Interior, tenía bajo su órbita estructuras policiales fundamentales para el control interno.
La Corte Suprema de Justicia paraguaya ha señalado que Montanaro aparece en diversos procesos por tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, junto con otras autoridades de la época, incluido Stroessner.
Eso explica por qué, después de la caída de la dictadura, su nombre apareció repetidamente en causas judiciales.
Los familiares de las víctimas querían saber qué había ocurrido con sus seres queridos.
¿Quién había ordenado las detenciones?
¿Dónde habían sido llevados?
¿Quién había autorizado los interrogatorios?
¿Quién había participado en las desapariciones?
Y, sobre todo:
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El caso de Mario Schaerer Prono
Uno de los casos más importantes relacionados con Montanaro fue el del dirigente estudiantil y militante político Mario Schaerer Prono.
Schaerer Prono fue detenido durante la dictadura.
Según testimonios incorporados al proceso judicial, fue sometido a torturas en dependencias policiales.
Una de las declaraciones más importantes fue la de Miguel Ángel López Perito, quien afirmó haber visto a Schaerer Prono mientras era torturado.
El testimonio describió una situación extremadamente violenta: la víctima estaba atada de manos y pies y era golpeada sistemáticamente.
Schaerer Prono murió en abril de 1976.
Décadas después, la Justicia paraguaya inició un proceso contra Montanaro por su presunta responsabilidad en aquel crimen.
En 2009, el juez Andrés Casati procesó al exministro y sostuvo que delitos como tortura, desaparición forzada y homicidio por razones políticas eran imprescriptibles.
La causa se convirtió en uno de los intentos más importantes de llevar ante la Justicia a una figura central de la dictadura.
Los hermanos Ramírez Villalba
Otro conjunto de casos particularmente grave fue el de Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba.
Ambos fueron perseguidos por el régimen y terminaron relacionados con operaciones represivas que posteriormente fueron investigadas en Paraguay y en el sistema interamericano de derechos humanos.
Amnistía Internacional señaló que Montanaro estaba siendo investigado por su presunta responsabilidad en diversos delitos, incluidos torturas, detenciones ilegales y desapariciones forzadas, entre ellos los homicidios de los hermanos Ramírez Villalba.
Estos casos demostraron que la represión paraguaya no consistía solamente en encarcelar opositores.
Existían denuncias de tortura, ejecuciones y desapariciones.
Agustín Goiburú
Uno de los nombres más importantes de la represión stronista fue Agustín Goiburú.
Goiburú era un opositor político que fue perseguido por el régimen.
Su desaparición se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la represión paraguaya.
La investigación llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte determinó la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por violaciones graves de derechos humanos relacionadas con los casos de Goiburú y otras víctimas.
La documentación judicial señala que el proceso involucró a altos funcionarios de la época, entre ellos Stroessner y Montanaro.
El caso es especialmente importante porque demuestra que la represión paraguaya tenía conexiones internacionales.
La Operación Cóndor
Montanaro también debe ser estudiado dentro del contexto de la Operación Cóndor.
Durante la década de 1970, las dictaduras militares y civiles-militares de América del Sur comenzaron a cooperar para perseguir a opositores que escapaban de un país a otro.
Argentina.
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Los servicios de inteligencia compartían información y coordinaban operaciones.
El objetivo era impedir que los opositores pudieran encontrar refugio cruzando una frontera.
El Museo de la Justicia de Paraguay describe la Operación Cóndor como una alianza clandestina que permitió compartir información, códigos de comunicación, realizar operaciones conjuntas, interrogatorios e intercambio de prisioneros políticos.
La Corte Suprema paraguaya también ha señalado que los casos de Goiburú y otros formaron parte del contexto de esta cooperación represiva regional.
La caída de Stroessner
El 3 de febrero de 1989, el general Andrés Rodríguez encabezó un golpe militar que terminó con la dictadura de Stroessner.
Stroessner huyó a Brasil.
Montanaro también abandonó Paraguay.
Se refugió en Honduras, donde permaneció aproximadamente dos décadas.
Mientras tanto, en Paraguay comenzaban lentamente las investigaciones judiciales sobre los crímenes de la dictadura.
El nombre de Montanaro aparecía constantemente.
Pero no estaba en Paraguay.
Su ausencia dificultaba enormemente cualquier proceso.
Veinte años fuera de Paraguay
Montanaro permaneció en Honduras durante unos veinte años.
Había sido declarado rebelde y contumaz por la Justicia paraguaya.
Las autoridades paraguayas intentaron avanzar con pedidos relacionados con su regreso, pero durante años permaneció fuera del alcance de los tribunales.
Amnistía Internacional señaló en 2009 que las causas por torturas, homicidios y desapariciones forzadas no habían podido avanzar plenamente debido a que Montanaro permanecía fuera del país.
Pero en 2009 ocurrió algo inesperado.
Montanaro decidió regresar voluntariamente a Paraguay.
Tenía entonces una edad avanzada y problemas de salud.
Su regreso produjo una enorme conmoción.
Las familias de las víctimas reclamaron que finalmente respondiera ante la Justicia.
La prisión de Tacumbú
El 1 de mayo de 2009, Montanaro regresó a Paraguay.
Fue detenido y posteriormente trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en relación con las causas abiertas.
El juez Andrés Casati ordenó su prisión preventiva en el marco de la investigación por el caso Schaerer Prono.
Pero su delicado estado de salud provocó que posteriormente se dispusieran medidas especiales.
Finalmente permaneció bajo arresto domiciliario.
Para los familiares de las víctimas, el regreso representaba una oportunidad histórica.
Después de veinte años de exilio, uno de los principales dirigentes del aparato represivo finalmente estaba en Paraguay.
Pero el tiempo jugaba en contra de la Justicia.
Montanaro era ya un hombre de edad avanzada.
La muerte de Montanaro
Sabino Augusto Montanaro murió en Asunción el 10 de septiembre de 2011, a los 89 años.
Su muerte tuvo una consecuencia jurídica decisiva.
Los procesos penales en su contra se extinguieron por fallecimiento.
En el caso de Mario Schaerer Prono, la Corte Suprema posteriormente declaró extinguida la acción penal y sobreseyó definitivamente al fallecido exministro respecto de ese proceso.
Por lo tanto, Montanaro murió sin recibir una condena penal definitiva por los crímenes de los que había sido acusado.
Esto es fundamental para cualquier reconstrucción histórica seria.
No debe afirmarse que fue judicialmente condenado por todos esos asesinatos.
Lo correcto es señalar que fue imputado y procesado en diferentes causas, acusado de graves violaciones de derechos humanos y señalado por víctimas y organismos de derechos humanos como una figura central del aparato represivo.
¿Fue un “asesino serial”?
Aquí aparece una distinción fundamental.
Llamar a Montanaro “asesino serial” puede ser atractivo desde el punto de vista periodístico, pero históricamente resulta impreciso.
Un asesino serial normalmente es entendido como un individuo que mata a varias personas en hechos separados, generalmente actuando por motivaciones personales.
Montanaro representa otra cosa.
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Los crímenes atribuidos a estructuras bajo su autoridad fueron cometidos dentro de un sistema político organizado.
No era un criminal aislado.
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Por eso resulta más preciso hablar de represor, funcionario de una dictadura y presunto responsable de graves crímenes de lesa humanidad, según las acusaciones y procesos existentes.
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La documentación demostró que la persecución política no era simplemente producto de excesos individuales.
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¿Quién fue responsable de cada desaparición, cada tortura y cada asesinato?
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Pero determinar quién impartió las órdenes superiores resultó mucho más difícil.
Las dictaduras suelen proteger a sus responsables mediante el secreto.
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Y pasan décadas antes de que una sociedad pueda reconstruir lo sucedido.
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Sabino Augusto Montanaro fue uno de los hombres más poderosos de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Durante 23 años, ocupó el Ministerio del Interior y estuvo relacionado con un aparato estatal que persiguió a miles de opositores.
Las investigaciones posteriores lo vincularon con torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidios políticos. La Corte Suprema paraguaya y el sistema interamericano documentaron graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen.
Sin embargo, es importante no convertirlo artificialmente en un “asesino serial”.
Montanaro representa algo históricamente más amplio y, en cierto sentido, más inquietante: la utilización del Estado para perseguir y destruir a los adversarios políticos.
No era un asesino que actuaba escondido.
Era un ministro.
Tenía una oficina.
Tenía subordinados.
Tenía instituciones bajo su influencia.
Y pertenecía a un gobierno que permaneció en el poder durante 35 años.
Murió en 2011 sin una condena penal definitiva por los crímenes por los que había sido procesado.
Pero su nombre quedó ligado para siempre a uno de los períodos más oscuros de la historia paraguaya.
La verdadera tragedia del caso Montanaro no es solamente la historia de un hombre acusado de graves crímenes. Es la historia de un Estado que durante décadas convirtió la persecución política, la tortura y la desaparición en instrumentos de gobierno.
2 thoughts on “El ministro del terror”
-
- Eve Sloan
- posted on October 2, 2026
-
- Candida Hall
- posted on October 1, 2026
CommentI make over $220 an hour while working from home and looking after my two kids. I was hesitant at first, but when my friend, who earns more than $35,000 a month, encouraged me to try it, I went for it. It’s been amazing! I have more time and money than I ever thought possible. Want to see how?
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