No sé quiénes son, ni a quiénes responden los que protagonizaron los actos de vandalismo en Plaza de Mayo durante la marcha por Santiago Maldonado. Lo que sí me parece pertinente es que, a los que arrojaron cascotes contra peatones y policías, antes que de “intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad” debe imputárselos por “homicidio en grado de tentativa”.

Cuando el sujeto activo, aun sin quererla expresamente, contempla la muerte del pasivo como probable resultado de su acción y, pese a lo cual, no desiste de su obrar, está aceptando aquel eventual resultado. Los cuarenta o más delincuentes que, de manera premeditada, encapuchados, arrojando piedras que portaban en sus mochilas y esgrimiendo palos atacaron por sorpresa a una señora y a un policía que se encontraban en la sede de Gendarmería Nacional procedieron conscientes del potencial resultado letal de sus acciones.

Lo mismo vale para los que lanzaron bombas molotov en la localidad de El Bolsón dejando un saldo de diez gendarmes heridos.

Y no es que haya mucho que investigar; a través de la televisión, millones fuimos testigos de los hechos en vivo y en directo.

Ni Pérez Esquivel, ni Estela Carlotto, ni Horacio Verbitsky, ni a las organizaciones que integran exigieron al juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, el cambio de carátula por “homicidio en grado de tentativa” ¿Es que los derechos humanos valen solo para los que militan en la izquierda? El esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado es imprescindible; mas, el camino hacia la verdad no pasa por cometer delitos en su nombre. Tampoco por la criminalización sistemática de las fuerzas legales lleva a buen puerto. Por el contrario, obra como eficiente estímulo para repetir viejas y sangrientas épocas que, por lo visto, no terminan de ser superadas.