Mucho se ha escrito desde esta página y muchas otras sobre el llamado “curro de los derechos humanos” en Argentina. Se ha hablado de la complacencia del Poder Judicial, de los fiscales militantes, de la utilización que hace el gobierno de este tema, de la cobardía de la oposición; en fin, todo lo que lleva a la eternización de estos juicios.
Ahora, hay un aspecto en el cual no se ha reparado aún, cual es el conchabo de la mayoría de los abogados querellantes en las causas de derechos humanos como de algunas víctimas-testigos con la política, cualquiera sea el tinte o color de los gobiernos nacionales o provinciales.
En efecto, vemos con perplejidad, como basta con sentarse en estos juicios como abogado por la querella para ser eyectado automáticamente a un cargo en la política o en el Ministerio Publico Fiscal, quedando más atónitos al ver que a la par de asumir ese cargo público continúan asistiendo a los juicios como letrados por las querellas; o que habiendo sido querellantes diez minutos, después se presentan como Fiscales. Todo sin pestañear ni sonrojarse.
Como dijimos, sin abandonar su rol de abogados de las querellas, aparecen con cargos en el Ministerio de Justicia de la Nación o de una Provincia, en el Ministerio de Seguridad de la Nación o de una provincia, en los Museos de la Memoria y hasta en la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación o de una Provincia. Incluso hasta en cargos en las justicias provinciales; o como Fiscales Adjuntos de la Unidad de Derechos Humanos, algunos con nombramientos por los propios titulares de dicha Unidad, salteando al mismísimo Procurador General, que es quien los debería nombrar; o como Fiscales titulares, alterándose en muchos casos las ternas para su nombramiento, pasando sorprendentemente de suplentes o un cuarto lugar al primero; o lo más insólito, concursan para una jurisdicción, ganan, pero se los tele transporta a otra.
Mas inaudito es el caso de las supuestas víctimas-testigos que acceden también a cargos oficiales, sobre todo en los Ministerios de Seguridad sea nacionales o provinciales, amén de las suculentas indemnizaciones que cobraron y que algunos pidieron que se las actualicen por la depreciación de la moneda. De no creer, verdad?
Parece ser que la idoneidad para estos cargos oficiales, solo se sustenta en la condición de abogado querellante en los juicios o la pertenencia a la organización terrorista Montoneros en los años 70 de las supuestas víctimas-testigos. Ninguna otra condición. Solo ello los catapulta a un sillón gubernamental.
De anverso, del lado de enfrente, son literalmente muertos civiles, y por el solo hecho de haber ejercido la defensa de militares o policías en esos juicios o simplemente por haber emitido algún comentario critico a estos juicios, no pueden presentarse ni para ordenanza de una oficina de una junta barrial.
Mas allá de esta pequeña disquisición, la maquinaria política montada sobre estos juicios funciona con la precisión de un reloj suizo, fría y estratégicamente diseñada y ejecutada desde hace larguísimos años. Maquinaria que ningún gobierno se ha animado a desmontar, ni siquiera el que proclamaba el “fin del curro de los derechos humanos”. Recordando que esos sueldos se “garpan” (pagan) con nuestro dinero, cuando al mismo tiempo nos dicen que no hay plata para los jubilados, la salud o la seguridad.
Cuesta creer pero verdaderamente las Secretarias, Subsecretarias, asesorías de los Ministerios sean nacionales o provinciales, las Fiscalías y hasta algún cargo judicial se han convertido en verdaderos “sitios de ocupación por cuadros políticos” para desde allí diseñar y hacer cumplir las tácticas, para seguir y seguir realizando juicios sobre ancianos que ya no pueden ni asistir a las audiencias. Por supuesto con la convivencia de un Poder Judicial, muchas veces por comodidad, otras por temor; y el estímulo de un gobierno que solo piensa en sus espurios intereses y la timorata actitud de la principal oposición.
El poder que han adquirido es realmente escalofriante. Un Defensor Oficial me digo una vez: “claro así es fácil ganar los juicios, los quiero ver en un mano a mano, sin poder y desde el llano”.
¿Convicción o un gran negocio con poder que no están dispuestos a perder?
Habrá abogados que querellan por ideología y convicción sin haber aceptado cargo público alguno. A ellos nuestro mayor respeto. Pero, por lo que sabemos, son una muy pequeña minoría.
Ahora estamos en condiciones de entender realmente lo que significa, cuando desde el poder se proclama que los derechos humanos son una política de estado. Y vaya que si lo es. Tanto que el día que un gobierno serio y corajudo termine con este “relato” (que solo ha servido para silenciar una corrupción política sin precedentes en el país), estos “kumpas” (compañeros) tendrán que salir a ganarse el pan como cualquier mortal de estas tierras y litigar como un abogado más; cuando no, desfilar por los Tribunales dando explicaciones como “la Jefa” o muchos de sus secuaces.
Seguramente la gran mayoría de los argentinos no saben este trasfondo de los juicios denominados de lesa humanidad y es bueno que se enteren, que lo sepan, no tiene nada de malo ello. Justamente al tratarse claramente de una cuestión de relevancia e interés público y que solo busca promocionar un debate público robusto y serio sobre el particular, sería saludable para la Republica, en función de la transparencia de la ética pública, que exigimos a los gobiernos (nacionales, provinciales y municipales) que den a conocer el listado de los funcionarios públicos que son o fueron abogados querellantes o victimas-testigos en los juicios denominados de lesa humanidad y que cargos ocupan; dado que ello hace al principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública, como a conocer en que se gasta el erario público.
Un país que atraviesa la peor crisis económica y social de su historia necesita saber quiénes forman parte realmente del gobierno y en que se gasta la plata que no llega al pueblo.
◘
Mucho se ha escrito desde esta página y muchas otras sobre el llamado “curro de los derechos humanos” en Argentina. Se ha hablado de la complacencia del Poder Judicial, de los fiscales militantes, de la utilización que hace el gobierno de este tema, de la cobardía de la oposición; en fin, todo lo que lleva a la eternización de estos juicios.
Ahora, hay un aspecto en el cual no se ha reparado aún, cual es el conchabo de la mayoría de los abogados querellantes en las causas de derechos humanos como de algunas víctimas-testigos con la política, cualquiera sea el tinte o color de los gobiernos nacionales o provinciales.
En efecto, vemos con perplejidad, como basta con sentarse en estos juicios como abogado por la querella para ser eyectado automáticamente a un cargo en la política o en el Ministerio Publico Fiscal, quedando más atónitos al ver que a la par de asumir ese cargo público continúan asistiendo a los juicios como letrados por las querellas; o que habiendo sido querellantes diez minutos, después se presentan como Fiscales. Todo sin pestañear ni sonrojarse.
Como dijimos, sin abandonar su rol de abogados de las querellas, aparecen con cargos en el Ministerio de Justicia de la Nación o de una Provincia, en el Ministerio de Seguridad de la Nación o de una provincia, en los Museos de la Memoria y hasta en la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación o de una Provincia. Incluso hasta en cargos en las justicias provinciales; o como Fiscales Adjuntos de la Unidad de Derechos Humanos, algunos con nombramientos por los propios titulares de dicha Unidad, salteando al mismísimo Procurador General, que es quien los debería nombrar; o como Fiscales titulares, alterándose en muchos casos las ternas para
su nombramiento, pasando sorprendentemente de suplentes o un cuarto lugar al primero; o lo más insólito, concursan para una jurisdicción, ganan, pero se los tele transporta a otra.
Mas inaudito es el caso de las supuestas víctimas-testigos que acceden también a cargos oficiales, sobre todo en los Ministerios de Seguridad sea nacionales o provinciales, amén de las suculentas indemnizaciones que cobraron y que algunos pidieron que se las actualicen por la depreciación de la moneda. De no creer, verdad?
Parece ser que la idoneidad para estos cargos oficiales, solo se sustenta en la condición de abogado querellante en los juicios o la pertenencia a la organización terrorista Montoneros en los años 70 de las supuestas víctimas-testigos. Ninguna otra condición. Solo ello los catapulta a un sillón gubernamental.
De anverso, del lado de enfrente, son literalmente muertos civiles, y por el solo hecho de haber ejercido la defensa de militares o policías en esos juicios o simplemente por haber emitido algún comentario critico a estos juicios, no pueden presentarse ni para ordenanza de una oficina de una junta barrial.
Mas allá de esta pequeña disquisición, la maquinaria política montada sobre estos juicios funciona con la precisión de un reloj suizo, fría y estratégicamente diseñada y ejecutada desde hace larguísimos años. Maquinaria que ningún gobierno se ha animado a desmontar, ni siquiera el que proclamaba el “fin del curro de los derechos humanos”. Recordando que esos sueldos se “garpan” (pagan) con nuestro dinero, cuando al mismo tiempo nos dicen que no hay plata para los jubilados, la salud o la seguridad.
Cuesta creer pero verdaderamente las Secretarias, Subsecretarias, asesorías de los Ministerios sean nacionales o provinciales, las Fiscalías y hasta algún cargo judicial se han convertido en verdaderos “sitios de ocupación por cuadros políticos” para desde allí diseñar y hacer cumplir las tácticas, para seguir y seguir realizando juicios sobre ancianos que ya no pueden ni asistir a las audiencias. Por supuesto con la convivencia de un Poder Judicial, muchas veces por comodidad, otras por temor; y el estímulo de un gobierno que solo piensa en sus espurios intereses y la timorata actitud de la principal oposición.
El poder que han adquirido es realmente escalofriante. Un Defensor Oficial me digo una vez: “claro así es fácil ganar los juicios, los quiero ver en un mano a mano, sin poder y desde el llano”.
¿Convicción o un gran negocio con poder que no están dispuestos a perder?
Habrá abogados que querellan por ideología y convicción sin haber aceptado cargo público alguno. A ellos nuestro mayor respeto. Pero, por lo que sabemos, son una muy pequeña minoría.
Ahora estamos en condiciones de entender realmente lo que significa, cuando desde el poder se proclama que los derechos humanos son una política de estado. Y vaya que si lo es. Tanto que el día que un gobierno serio y corajudo termine con este “relato” (que solo ha servido para silenciar una corrupción política sin precedentes en el país), estos “kumpas” (compañeros) tendrán que salir a ganarse el pan como cualquier mortal de estas tierras y litigar como un abogado más; cuando no, desfilar por los Tribunales dando explicaciones como “la Jefa” o muchos de sus secuaces.
Seguramente la gran mayoría de los argentinos no saben este trasfondo de los juicios denominados de lesa humanidad y es bueno que se enteren, que lo sepan, no tiene nada de malo ello. Justamente al tratarse claramente de una cuestión de relevancia e interés público y que solo busca promocionar un debate público robusto y serio sobre el particular, sería saludable para la Republica, en función de la transparencia de la ética pública, que exigimos a los gobiernos (nacionales, provinciales y municipales) que den a conocer el listado de los funcionarios públicos que son o fueron abogados querellantes o victimas-testigos en los juicios denominados de lesa humanidad y que cargos ocupan; dado que ello hace al principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública, como a conocer en que se gasta el erario público.
Un país que atraviesa la peor crisis económica y social de su historia necesita saber quiénes forman parte realmente del gobierno y en que se gasta la plata que no llega al pueblo.
[ezcol_1half] [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] [/ezcol_1half_end]PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 1, 2023