La legislatura en España ha explotado después de que salió a la luz un escándalo de espionaje masivo de colosales dimensiones. Las medidas para frenar los efectos económicos del conflicto en Ucrania, las reformas legislativas, los adelantos electorales y cualquier otro elemento ha quedado oscurecido por las revelaciones que se han conocido durante las tres últimas semanas. Primero fue Citizen Lab, un laboratorio canadiense independiente especialista en ataques informáticos, que alertó que 65 políticos y líderes independentistas catalanes habían sido espiados con el programa israelí Pegasus. Después, el Gobierno confirmó que el mismo software había infectado hace un año los terminales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ayer, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) confirmó que estaba detrás del espionaje de al menos 18 figuras catalanas. La crisis abierta es de tal dimensión que sus consecuencias todavía son imprevisibles, pero podría conllevar un conflicto diplomático de altura con Marruecos o poner en riesgo la legislatura cuando todavía se encuentra a la mitad.
AragonésSánchez
El escándalo se destapó el 18 de abril cuando Citizen Lab hizo público su informe. Recogía que entre los líderes independentistas espiados por el programa israelí se encontraban todos los presidentes de Cataluña desde 2010, incluido el actual, Pere Aragonés. Además, relataba que entre los móviles infectados estaban los de periodistas, eurodiputados, líderes de la sociedad civil, abogados y también familiares de estos. Aunque no señalaba con nombres y apellidos a un responsable, sí mencionaba que los indicios apuntaban al Estado español. El espionaje se había producido entre 2017, año en que se produjo el referéndum de autodeterminación ilegal, y 2019. En el ámbito de Cataluña la reacción fue de absoluta indignación. Aragonés afirmó que “la operación de espionaje masivo contra el independentismo catalán es una vergüenza injustificable” y que se trata de “un ataque a los derechos fundamentales y a la democracia extremadamente grave”. Por su parte, el Gobierno español negó las acusaciones por boca de su portavoz y ministra de Política Territorial, Raquel Sánchez, que al día siguiente afirmó que la administración actual “no tiene nada que ocultar” y la ley de seguridad nacional establece “asuntos que tienen que ser tratados de forma secreta”. “No se intervienen conversaciones si no es al amparo de la ley”, sostuvo la portavoz.
El escándalo dio una vuelta de tuerca el último domingo, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informó a los medios que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con Pegasus en mayo de 2021. Desde Moncloa señalaron que las intervenciones son “ilícitas”, “externas”, “ajenas a los organismos estatales” y “no cuentan con autorización judicial”. El caso se ha judicializado y se encuentra bajo secreto de sumario, además, el juez ha ofrecido a Sánchez y Robles la posibilidad de estar presentes en el proceso. Pero Sánchez y la titular de Defensa no han sido los únicos miembros del Ejecutivo que han sido objeto de ataques informáticos. Así, a comienzos de esta semana también trascendió que la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, había sido el blanco de un ataque de estas características en mayo de 2021, cuando todavía estaba en el cargo. En este caso no se ha confirmado que el malware fuera Pegasus. El jueves fue el turno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras el hallazgo en los terminales de Sánchez y Robles, todos los miembros del Ejecutivo entregaron sus terminales al CNI para que fueran meticulosamente revisados. Grande-Marlaska entregó dos, el que utiliza actualmente para sus comunicaciones oficiales y el que usó con anterioridad. Ha sido en este último en el que se han hallado rastros de Pegasus.
Ante el escándalo que está viviendo el país, varios grupos parlamentarios pidieron el establecimiento de una comisión de investigación en el seno del Congreso de los Diputados para esclarecer el espionaje a los líderes independentistas catalanes. Sin embargo, esa comisión no verá la luz después de que la Junta de Portavoces del Congreso rechazara su creación el pasado martes, gracisa a la negativa del Partido Socialista y de las derechas representadas en la Cámara, el Partido Popular, la ultraderecha de Vox y Ciudadanos. La Comisión que sí ha salido adelante ha sido la Comisión de Secretos Oficiales, que llevaba desde 2018 sin constituirse por el veto que el Partido Popular había establecido sobre algunos partidos independentistas vascos y catalanes. Para ello, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tuvo que modificar antes el reglamento, reduciendo la mayoría necesaria para aprobar su constitución y sus participantes de dos tercios del Hemiciclo a una mayoría simple.
El jueves se produjo por fin el encuentro que reunió a la presidenta del Congreso, a los diez diputados elegidos para integrarla (representantes del Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya y Candidatura d’Unitat Popular), además de la compareciente, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban.
Esteban informó que 18 personas relacionadas con el independentismo catalán habían sido espiadas por el CNI, entre ellas el actual presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, cuando era vicepresidente. Además, otras 10 personas fueron espiadas, pero sus nombres aparecían tachados en la documentación que se ofreció a la decena de diputados presentes. Además, la directora de la Inteligencia española ilustró sobre la normativa que rige el organismo que lidera. Según lo expuesto, el CNI decide a quién espiar siguiendo unas pautas recibidas del Gobierno, mientras que un juez del Tribunal Supremo debe aprobar esas operaciones, por lo que las intervenciones de los móviles de los 18 líderes catalanes contaban con aval judicial. Durante todo este periplo un nombre ha estado en el foco de la polémica, el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Muchas son las voces que han pedido su dimisión como máxima responsable del CNI, entre las que se incluyen algunas provenientes del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos.
Además, Robles ha dado polémicas declaraciones en medio de las suspicacias. Una de las más escandalosas fue aquella en la que cuestionó de manera retórica: “¿qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien declara la independencia?”, dejando traslucir que el espionaje se había producido. Por otro lado, el espionaje a los miembros del Gobierno español apunta a un elemento exterior. Aunque ningún miembro del Ejecutivo de Sánchez se ha atrevido a nombrarlo y hablan de prudencia, los ojos se vuelven hacia Marruecos.
RoblesEsteban
Pegasus infectó los móviles del presidente y de los ministros en mayo del año pasado, en un momento de máxima crisis diplomática entre España y el reino alauí, después de que el primero acogiera por razones humanitarias al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que apuesta por la autodeterminación e independencia del Sáhara Occidental, territorio sobre el que Marruecos reclama la soberanía. Además, Marruecos ya ha sido señalado en ocasiones anteriores como uno de los clientes de Pegasus, incluso se especuló con que lo hubiera utilizado para espiar a objetivos franceses, incluido el presidente de la República, Emmanuel Macron. Sin embargo, no hay ningún indicio que apunte a que ese país pudiera tener algún interés en vigilar el entorno catalán. Sin embargo, a nivel interno el escándalo y las mayores consecuencias radican en el espionaje llevado a cabo en el ámbito catalán.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha calificado de mayúsculo escándalo lo sucedido. De hecho, la semana pasada votaron en contra de convalidar en el Congreso el paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno para paliar los efectos económicos del conflicto de Ucrania, y de la subida de los precios energéticos, como reacción a la falta de explicaciones por el caso de espionaje. Aunque ese paquete consiguió salir adelante gracias a la suma de EH-Bildu e incluso se barajó la abstención del Partido Popular si hubiera sido necesario, el apoyo de ERC ha sido fundamental hasta la fecha para que el Ejecutivo de Sánchez sacara adelante sus propuestas legislativas. Si el bloque de la investidura se rompe y los apoyos de Sánchez continúan menguando, el presidente podría verse abocado a la convocatoria de elecciones anticipadas a mitad de legislatura, en un escenario que no le es propicio. Mientras que el espionaje a miembros del Gobierno aún no está resuelto, las explicaciones de la directora del CNI sobre el caso catalán tampoco han despejado la mayoría de las incógnitas y un buen número de interrogantes planean sobre la ciudadanía española.
Si el CNI admite que espió a 18 personalidades independentistas catalanes, ¿quién espió a las otras 47 personas hasta llegar a las 65 que denunció Citizen Lab? Las explicaciones de Esteban dejan abiertas hasta cuatro hipótesis: que no ofreciera toda la información de que dispone; que otros organismos del Estado estén haciendo uso del programa espía; que haya fuerzas del Estado descontroladas que operen sin control judicial; y la menos probable de las tres, que el espionaje provenga de otro país. Además, entre la documentación que Esteban entregó a los diez diputados parte de la Comisión de Secreto se encontraban 10 nombres tachados. ¿Quiénes son? ¿Corresponden con algunos de los otros 47 denunciados por el laboratorio canadiense?
Igualmente cabe la duda de si entre esos nombres estarían los de algunas personas que podrían reportar más problemas legales, como es el caso de diputados, eurodiputados o personas residentes en el extranjero, como el propio expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. El actual presidente de Cataluña, Pere Aragonés, fue espiado cuando era vicepresidente y por lo tanto ya se encontraba aforado. En España, para investigar a un aforado hace falta que la Cámara a la que pertenece lo autorice. Se trata de un formalismo porque siempre se aprueba la autorización, pero en este caso no se llevó a cabo. Así que surge la cuestión de si un aforado puede ser investigado, en este caso espiado como sinónimo, sin la aprobación del Parlamento correspondiente, o de si se trataría de una acción ilegal.
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La legislatura en España ha explotado después de que salió a la luz un escándalo de espionaje masivo de colosales dimensiones. Las medidas para frenar los efectos económicos del conflicto en Ucrania, las reformas legislativas, los adelantos electorales y cualquier otro elemento ha quedado oscurecido por las revelaciones que se han conocido durante las tres últimas semanas. Primero fue Citizen Lab, un laboratorio canadiense independiente especialista en ataques informáticos, que alertó que 65 políticos y líderes independentistas catalanes habían sido espiados con el programa israelí Pegasus. Después, el Gobierno confirmó que el mismo software había infectado hace un año los terminales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ayer, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) confirmó que estaba detrás del espionaje de al menos 18 figuras catalanas. La crisis abierta es de tal dimensión que sus consecuencias todavía son imprevisibles, pero podría conllevar un conflicto diplomático de altura con Marruecos o poner en riesgo la legislatura cuando todavía se encuentra a la mitad.
El escándalo se destapó el 18 de abril cuando Citizen Lab hizo público su informe. Recogía que entre los líderes independentistas espiados por el programa israelí se encontraban todos los presidentes de Cataluña desde 2010, incluido el actual, Pere Aragonés. Además, relataba que entre los móviles infectados estaban los de periodistas, eurodiputados, líderes de la sociedad civil, abogados y también familiares de estos. Aunque no señalaba con nombres y apellidos a un responsable, sí mencionaba que los indicios apuntaban al Estado español. El espionaje se había producido entre 2017, año en que se produjo el referéndum de autodeterminación ilegal, y 2019. En el ámbito de Cataluña la reacción fue de absoluta indignación. Aragonés afirmó que “la operación de espionaje masivo contra el independentismo catalán es una vergüenza injustificable” y que se trata de “un ataque a los derechos fundamentales y a la democracia extremadamente grave”. Por su parte, el Gobierno español negó las acusaciones por boca de su portavoz y ministra de Política Territorial, Raquel Sánchez, que al día siguiente afirmó que la administración actual “no tiene nada que ocultar” y la ley de seguridad nacional establece “asuntos que tienen que ser tratados de forma secreta”. “No se intervienen conversaciones si no es al amparo de la ley”, sostuvo la portavoz.
El escándalo dio una vuelta de tuerca el último domingo, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informó a los medios que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con Pegasus en mayo de 2021. Desde Moncloa señalaron que las intervenciones son “ilícitas”, “externas”, “ajenas a los organismos estatales” y “no cuentan con autorización judicial”. El caso se ha judicializado y se encuentra bajo secreto de sumario, además, el juez ha ofrecido a Sánchez y Robles la posibilidad de estar presentes en el proceso. Pero Sánchez y la titular de Defensa no han sido los únicos miembros del Ejecutivo que han sido objeto de ataques informáticos. Así, a comienzos de esta semana también trascendió que la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, había sido el blanco de un ataque de estas características en mayo de 2021, cuando todavía estaba en el cargo. En este caso no se ha confirmado que el malware fuera Pegasus. El jueves fue el turno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras el hallazgo en los terminales de Sánchez y Robles, todos los miembros del Ejecutivo entregaron sus terminales al CNI para que fueran meticulosamente revisados. Grande-Marlaska entregó dos, el que utiliza actualmente para sus comunicaciones oficiales y el que usó con anterioridad. Ha sido en este último en el que se han hallado rastros de Pegasus.
Ante el escándalo que está viviendo el país, varios grupos parlamentarios pidieron el establecimiento de una comisión de investigación en el seno del Congreso de los Diputados para esclarecer el espionaje a los líderes independentistas catalanes. Sin embargo, esa comisión no verá la luz después de que la Junta de Portavoces del Congreso rechazara su creación el pasado martes, gracisa a la negativa del Partido Socialista y de las derechas representadas en la Cámara, el Partido Popular, la ultraderecha de Vox y Ciudadanos. La Comisión que sí ha salido adelante ha sido la Comisión de Secretos Oficiales, que llevaba desde 2018 sin constituirse por el veto que el Partido Popular había establecido sobre algunos partidos independentistas vascos y catalanes. Para ello, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tuvo que modificar antes el reglamento, reduciendo la mayoría necesaria para aprobar su constitución y sus participantes de dos tercios del Hemiciclo a una mayoría simple.
El jueves se produjo por fin el encuentro que reunió a la presidenta del Congreso, a los diez diputados elegidos para integrarla (representantes del Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya y Candidatura d’Unitat Popular), además de la compareciente, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban.
Esteban informó que 18 personas relacionadas con el independentismo catalán habían sido espiadas por el CNI, entre ellas el actual presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, cuando era vicepresidente. Además, otras 10 personas fueron espiadas, pero sus nombres aparecían tachados en la documentación que se ofreció a la decena de diputados presentes. Además, la directora de la Inteligencia española ilustró sobre la normativa que rige el organismo que lidera. Según lo expuesto, el CNI decide a quién espiar siguiendo unas pautas recibidas del Gobierno, mientras que un juez del Tribunal Supremo debe aprobar esas operaciones, por lo que las intervenciones de los móviles de los 18 líderes catalanes contaban con aval judicial. Durante todo este periplo un nombre ha estado en el foco de la polémica, el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Muchas son las voces que han pedido su dimisión como máxima responsable del CNI, entre las que se incluyen algunas provenientes del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos.
Además, Robles ha dado polémicas declaraciones en medio de las suspicacias. Una de las más escandalosas fue aquella en la que cuestionó de manera retórica: “¿qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien declara la independencia?”, dejando traslucir que el espionaje se había producido. Por otro lado, el espionaje a los miembros del Gobierno español apunta a un elemento exterior. Aunque ningún miembro del Ejecutivo de Sánchez se ha atrevido a nombrarlo y hablan de prudencia, los ojos se vuelven hacia Marruecos.
Pegasus infectó los móviles del presidente y de los ministros en mayo del año pasado, en un momento de máxima crisis diplomática entre España y el reino alauí, después de que el primero acogiera por razones humanitarias al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que apuesta por la autodeterminación e independencia del Sáhara Occidental, territorio sobre el que Marruecos reclama la soberanía. Además, Marruecos ya ha sido señalado en ocasiones anteriores como uno de los clientes de Pegasus, incluso se especuló con que lo hubiera utilizado para espiar a objetivos franceses, incluido el presidente de la República, Emmanuel Macron. Sin embargo, no hay ningún indicio que apunte a que ese país pudiera tener algún interés en vigilar el entorno catalán. Sin embargo, a nivel interno el escándalo y las mayores consecuencias radican en el espionaje llevado a cabo en el ámbito catalán.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha calificado de mayúsculo escándalo lo sucedido. De hecho, la semana pasada votaron en contra de convalidar en el Congreso el paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno para paliar los efectos económicos del conflicto de Ucrania, y de la subida de los precios energéticos, como reacción a la falta de explicaciones por el caso de espionaje. Aunque ese paquete consiguió salir adelante gracias a la suma de EH-Bildu e incluso se barajó la abstención del Partido Popular si hubiera sido necesario, el apoyo de ERC ha sido fundamental hasta la fecha para que el Ejecutivo de Sánchez sacara adelante sus propuestas legislativas. Si el bloque de la investidura se rompe y los apoyos de Sánchez continúan menguando, el presidente podría verse abocado a la convocatoria de elecciones anticipadas a mitad de legislatura, en un escenario que no le es propicio. Mientras que el espionaje a miembros del Gobierno aún no está resuelto, las explicaciones de la directora del CNI sobre el caso catalán tampoco han despejado la mayoría de las incógnitas y un buen número de interrogantes planean sobre la ciudadanía española.
Si el CNI admite que espió a 18 personalidades independentistas catalanes, ¿quién espió a las otras 47 personas hasta llegar a las 65 que denunció Citizen Lab? Las explicaciones de Esteban dejan abiertas hasta cuatro hipótesis: que no ofreciera toda la información de que dispone; que otros organismos del Estado estén haciendo uso del programa espía; que haya fuerzas del Estado descontroladas que operen sin control judicial; y la menos probable de las tres, que el espionaje provenga de otro país. Además, entre la documentación que Esteban entregó a los diez diputados parte de la Comisión de Secreto se encontraban 10 nombres tachados. ¿Quiénes son? ¿Corresponden con algunos de los otros 47 denunciados por el laboratorio canadiense?
Igualmente cabe la duda de si entre esos nombres estarían los de algunas personas que podrían reportar más problemas legales, como es el caso de diputados, eurodiputados o personas residentes en el extranjero, como el propio expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. El actual presidente de Cataluña, Pere Aragonés, fue espiado cuando era vicepresidente y por lo tanto ya se encontraba aforado. En España, para investigar a un aforado hace falta que la Cámara a la que pertenece lo autorice. Se trata de un formalismo porque siempre se aprueba la autorización, pero en este caso no se llevó a cabo. Así que surge la cuestión de si un aforado puede ser investigado, en este caso espiado como sinónimo, sin la aprobación del Parlamento correspondiente, o de si se trataría de una acción ilegal.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 8, 2022
Tags: España, Espías, Pedro Sánchez, Pere AragonésRelated Posts
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