El magistrado José Luis Ares, a cargo del Juzgado en lo Correccional N.º 1 de Bahía Blanca, sentenció a dos años de prisión (no cumplirá arresto alguno) Gabriela Bustos Arnst, ex concejal kirchnerista y relacionada sentimentalmente con el ex fiscal militante Abel Córdoba, ex titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, uno de los protegidos dilectos de Alejandra Gils Carbó.
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La ex concejal del Frente Para La Victoria Gabriela Bustos Arnst, fue imputada y condenada por el robo de pasajes de autobuses de larga distancia que el hospital Inter zonal de Bahía Blanca, Doctor José Penna destinaba a enfermos y necesitados.
La Fiscalía probó que Gabriela Bustos Arnst cometió los delitos de falsificación de documento público y fraude a la administración pública, además del uso de instrumento público y fraude a la administración pública. También (La fiscalía) logró comprobar el robo de una docena de boletos de colectivos entre enero y diciembre del año 2011.
El doctor José Luis Ares indicó que se condenó a Bustos a la pena de prisión en suspenso debido a la falta de antecedentes.
La gravedad del hecho -en torno a la aplicación de justicia- reside en la estructura de que, en este tipo de delitos, no hay realmente una pena efectiva, teniendo en cuenta no solo el robo de dinero, o pasajes, sino la defraudación a los ciudadanos depositarios de su confianza en una ‘’servidora pública’’. Estos boletos eran sustraídos a gente de bajos recursos y con enfermedades graves.
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Bajo investigación quedaron los padres y la hermana de la delincuente, quienes habrían hecho uso de los boletos robados. Digno de destacar es que varios miembros de esta familia (militantes peronistas), habrían estado varios años en prisión durante los años 70, figurando así como víctimas de la “represión de estado”.
El nombre de Gabriela Bustos tomó estado público en el año 2012, cuando su pareja, Abel Córdoba (lo conoció a raíz de los juicios en los que este actuaba como fiscal y la familia de Bustos cómo denunciantes) manifestó que mantuvo “una relación pública, de carácter intermitente e informal” y “sin compromisos morales” con la ex concejal ahora devenida en delincuente condenada. En ese entonces, las declaraciones de Abel Córdoba despertaron el enojo de las mujeres concejales para, más tarde, recibir la misma actitud del brazo masculino entre los concejales. De hecho, muchas no dudaron en catalogar a las palabras entrecomilladas como violencia de género. Esto, una tibia protesta, deja en claro el nivel de hipocresía cuando se trata de manejos políticos, tanto así, como la blanda espada de la justicia cuando se procede sobre delitos económicos. Más aún cuando esta justicia levanta su venda dirigiendo su mirada hacia políticos. El doctor Córdoba fue premiado por la Universidad de La Plata con el premio Rodolfo Walsh. Es entendible la razón…
En el año 2012, Barry Wells -miembro del Departamento de Transporte de Victoria, Australia- fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva por alteración de contratos de transporte público. La Corte Suprema de Victoria estableció que Wells, de 51 años, había violado la confianza en el depositada por los contribuyentes, además del delito en sí. Este servidor público tendrá la posibilidad de dejar de portar el traje a rayas solicitando libertad bajo palabra luego de cumplir seis años y tres meses tras las rejas de cárceles australianas.
El magistrado José Luis Ares, a cargo del Juzgado en lo Correccional N.º 1 de Bahía Blanca, sentenció a dos años de prisión (no cumplirá arresto alguno) Gabriela Bustos Arnst, ex concejal kirchnerista y relacionada sentimentalmente con el ex fiscal militante Abel Córdoba, ex titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, uno de los protegidos dilectos de Alejandra Gils Carbó.
[ezcol_1half]La Fiscalía probó que Gabriela Bustos Arnst cometió los delitos de falsificación de documento público y fraude a la administración pública, además del uso de instrumento público y fraude a la administración pública. También (La fiscalía) logró comprobar el robo de una docena de boletos de colectivos entre enero y diciembre del año 2011.
El doctor José Luis Ares indicó que se condenó a Bustos a la pena de prisión en suspenso debido a la falta de antecedentes.
La gravedad del hecho -en torno a la aplicación de justicia- reside en la estructura de que, en este tipo de delitos, no hay realmente una pena efectiva, teniendo en cuenta no solo el robo de dinero, o pasajes, sino la defraudación a los ciudadanos depositarios de su confianza en una ‘’servidora pública’’. Estos boletos eran sustraídos a gente de bajos recursos y con enfermedades graves.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Bajo investigación quedaron los padres y la hermana de la delincuente, quienes habrían hecho uso de los boletos robados. Digno de destacar es que varios miembros de esta familia (militantes peronistas), habrían estado varios años en prisión durante los años 70, figurando así como víctimas de la “represión de estado”.
El nombre de Gabriela Bustos tomó estado público en el año 2012, cuando su pareja, Abel Córdoba (lo conoció a raíz de los juicios en los que este actuaba como fiscal y la familia de Bustos cómo denunciantes) manifestó que mantuvo “una relación pública, de carácter intermitente e informal” y “sin compromisos morales” con la ex concejal ahora devenida en delincuente condenada. En ese entonces, las declaraciones de Abel Córdoba despertaron el enojo de las mujeres concejales para, más tarde, recibir la misma actitud del brazo masculino entre los concejales. De hecho, muchas no dudaron en catalogar a las palabras entrecomilladas como violencia de género. Esto, una tibia protesta, deja en claro el nivel de hipocresía cuando se trata de manejos políticos, tanto así, como la blanda espada de la justicia cuando se procede sobre delitos económicos. Más aún cuando esta justicia levanta su venda dirigiendo su mirada hacia políticos. El doctor Córdoba fue premiado por la Universidad de La Plata con el premio Rodolfo Walsh. Es entendible la razón…
En el año 2012, Barry Wells -miembro del Departamento de Transporte de Victoria, Australia- fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva por alteración de contratos de transporte público. La Corte Suprema de Victoria estableció que Wells, de 51 años, había violado la confianza en el depositada por los contribuyentes, además del delito en sí. Este servidor público tendrá la posibilidad de dejar de portar el traje a rayas solicitando libertad bajo palabra luego de cumplir seis años y tres meses tras las rejas de cárceles australianas.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 18, 2018
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Tags: Abél Córdoba, Fabian Kussman, Gabriela Bustos ArnstRelated Posts
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