Existen las mentiras a secas, las mentiras piadosas y las mentiras en los fallos judiciales. Estas últimas, por sus posibles consecuencias, suelen ser las que más daño causan. Daños a los individuos que las sufren, pero también a las instituciones y, por ende, a la sociedad de la que son parte.
Cuando miles de ciudadanos son perseguidos judicialmente en base a una palmaria mentira, que ejerce de premisa mayor o de axioma de acusaciones, juicios y condenas, el poder judicial empieza a descomponerse y a apestar. Idéntica suerte sufre la sociedad que tolera dicha mentira y sus consecuencias.
Pues bien, la mentira más grande de la política argentina, la más alevosa, dañina y repetida, la que los jueces establecen como verdad revelada en los juicios por crímenes de lesa humanidad, no es otra que la mentira oficial que el estado kirchnerista ha establecido y que afirma que en los años ‘70 los militares, azuzados por los empresarios, dieron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 con el objeto de perpetrar un genocidio contra aquellos que se opusieran al plan económico “neoliberal” (ajeno a los intereses de los obreros y de la nación) que fue ejecutado durante ese gobierno.
Gran mentira ésta, dicho sea de paso, que hicieron suya todas las fuerzas políticas y sociales sin distinciones, desde la izquierda hasta la derecha. Todo el arco político y social (léase, macrismo, iglesia católica, universidades, medios de comunicación, etc., militaron la gran mentira hasta que se convirtió en “política de Estado”.
Así fue cómo el relato marxista e intelectualmente indigente pergeñado por los que perdieron la guerra se impuso desde el poder del Estado. En dicho relato, como no podía ser de otra manera, se intercambiaron los roles. Así, los que pasaron a ser considerados buenos, demócratas e incluso idealistas fueron los que se habían alzado en armas contra el gobierno constitucional para implantar una dictadura comunista; y los malos, los que lo impidieron.
“HUBO UNA GUERRA”
La verdad de lo que ocurrió en la década sangrienta de los ’70, aquello que los jueces hoy tergiversan en sus fallos indignos, es que hubo una guerra. No fue un genocidio. Los mismos fallos quieren ocultar hoy que dicha guerra fue declarada, iniciada y ejecutada por las bandas terroristas marxistas ERP y Montoneros, que el objetivo manifiesto de hacer la guerra era derrocar el gobierno constitucional, exterminar a las Fuerzas Armadas, a los empresarios y a todos los que se opusieran al proyecto de establecer una dictadura marxista.
Maria E. Martínez de PerónJuan Perón
Del mismo modo, quiere ocultarse que el presidente Juan Domingo Perón y su sucesora en el cargo, María Martínez de Perón, en ejercicio de sus atribuciones, reprimieron ferozmente a los a los alzados en armas. El primero creó la banda paraestatal Triple A y los persiguió con ella y la segunda, decreto mediante, ordenó a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de dicho enemigo interno. No fue un genocidio y, si lo hubiera sido (como dicen los que mienten), entonces Perón y su gobierno serían genocidas y terroristas de Estado, y el partido justicialista, como el nazi, debiera estar prohibido.
Sin embargo, el partido justicialista no acusa recibo. Con la mejor cara de hormigón pretensado, los “genocidas” se ponen en el papel de supuestas víctimas de un genocidio.
Así, por ejemplo, es un hecho irrefutable que el hijo de la Madre de Plaza de Mayo “Tati” Almeida, Alejandro Almeida, fue secuestrado y desaparecido el 17 de junio de 1975 por la organización paramilitar peronista Triple A. No por la dictadura militar “genocida” sino por el gobierno constitucional. Sin embargo, “Tati” Almeida se cuida bien de llamar “genocida” al gobierno peronista que secuestró a su hijo. Más aún, apoyó sin reservas a los últimos tres gobiernos de ese signo (el de Néstor, el de Cristina y el de Alberto Fernández).
¿Por qué traiciona a la memoria de su hijo, entonces? Porque el secuestro y desaparición de Alejandro Almeida antes del golpe de Estado deja al desnudo la mentira oficial del “genocidio”. Basta con ver todos los testimonios y documentos de la época que están en Internet. Esto es, las revistas que la banda ERP publicó en los años 70 magnificando sus crímenes, los comunicados “de guerra” enviados por Montoneros a toda la sociedad, los homenajes a combatientes caídos en acciones de guerra, etc.
Fidel Castro
Nadie, en esa época, tenía la menor duda de que había que reprimir a los subversivos. Menos todavía el gobierno de Perón. ¿Acaso debían dejarse matar como corderos y entregar la sociedad a los totalitarios?
La guerra revolucionaria de los ‘70 en Argentina se inscribe en la guerra que el marxismo lanzó en Centro y Sudamérica. El gran impulsor y responsable de la misma fue el régimen criminal de Fidel Castro. La isla-cárcel de Cuba hizo las veces de campo de entrenamiento militar y de adoctrinamiento ideológico y aguantadero de los subversivos. La guerra no era sólo un problema interno de cada Estado.
FIGURA PENAL
La pregunta que asalta a la conciencia con la velocidad del rayo es: ¿Por qué los jueces, a quienes uno supone bien informados, sostienen que no hubo guerra y que lo que ocurrió fue la “Aplicación de un Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil?” (esa es la figura penal con la que la mentira aparece en los fallos) ¿Y por qué insisten en que todo comenzó el 24 de marzo de 1976? Ese es otro disparate: ¡considerar al asesino y comandante del ERP Mario Roberto Santucho como un simple integrante más de la población civil, como era una de sus víctimas, la niña de tres años María Cristina Viola, asesinada de un escopetazo por psicópatas que integraban esa banda terrorista, es moralmente monstruoso!
SantuchoWalsh
A ver si entienden, señores jueces: los militares y la policía no mataron a Santucho, ni a Rodolfo Walsh, ni a Norma Arrostito, ni a Roberto Quieto ni a tantos otros, por ser civiles y hacer política. No, los mataron en el contexto de una guerra irregular donde estas personas se mimetizaban con la población civil, pero se desempeñaban como combatientes organizados en bandas cuyo fin era la toma del poder.
Es verdad también que no solos los jueces asumieron la mentira como verdad. El pueblo argentino, testigo de los hechos, por cobardía, indiferencia o interés, dejó que la injusticia campee a sus anchas por los tribunales. Ya va siendo hora de que, en este país, los ciudadanos y los jueces estimen a la verdad como un valor fundamental. Hay que dejar de apestar.
Mauricio Ortín
Miembro del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta
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Existen las mentiras a secas, las mentiras piadosas y las mentiras en los fallos judiciales. Estas últimas, por sus posibles consecuencias, suelen ser las que más daño causan. Daños a los individuos que las sufren, pero también a las instituciones y, por ende, a la sociedad de la que son parte.
Cuando miles de ciudadanos son perseguidos judicialmente en base a una palmaria mentira, que ejerce de premisa mayor o de axioma de acusaciones, juicios y condenas, el poder judicial empieza a descomponerse y a apestar. Idéntica suerte sufre la sociedad que tolera dicha mentira y sus consecuencias.
Gran mentira ésta, dicho sea de paso, que hicieron suya todas las fuerzas políticas y sociales sin distinciones, desde la izquierda hasta la derecha. Todo el arco político y social (léase, macrismo, iglesia católica, universidades, medios de comunicación, etc., militaron la gran mentira hasta que se convirtió en “política de Estado”.
Así fue cómo el relato marxista e intelectualmente indigente pergeñado por los que perdieron la guerra se impuso desde el poder del Estado. En dicho relato, como no podía ser de otra manera, se intercambiaron los roles. Así, los que pasaron a ser considerados buenos, demócratas e incluso idealistas fueron los que se habían alzado en armas contra el gobierno constitucional para implantar una dictadura comunista; y los malos, los que lo impidieron.
“HUBO UNA GUERRA”
La verdad de lo que ocurrió en la década sangrienta de los ’70, aquello que los jueces hoy tergiversan en sus fallos indignos, es que hubo una guerra. No fue un genocidio. Los mismos fallos quieren ocultar hoy que dicha guerra fue declarada, iniciada y ejecutada por las bandas terroristas marxistas ERP y Montoneros, que el objetivo manifiesto de hacer la guerra era derrocar el gobierno constitucional, exterminar a las Fuerzas Armadas, a los empresarios y a todos los que se opusieran al proyecto de establecer una dictadura marxista.
Del mismo modo, quiere ocultarse que el presidente Juan Domingo Perón y su sucesora en el cargo, María Martínez de Perón, en ejercicio de sus atribuciones, reprimieron ferozmente a los a los alzados en armas. El primero creó la banda paraestatal Triple A y los persiguió con ella y la segunda, decreto mediante, ordenó a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de dicho enemigo interno. No fue un genocidio y, si lo hubiera sido (como dicen los que mienten), entonces Perón y su gobierno serían genocidas y terroristas de Estado, y el partido justicialista, como el nazi, debiera estar prohibido.
Sin embargo, el partido justicialista no acusa recibo. Con la mejor cara de hormigón pretensado, los “genocidas” se ponen en el papel de supuestas víctimas de un genocidio.
Así, por ejemplo, es un hecho irrefutable que el hijo de la Madre de Plaza de Mayo “Tati” Almeida, Alejandro Almeida, fue secuestrado y desaparecido el 17 de junio de 1975 por la organización paramilitar peronista Triple A. No por la dictadura militar “genocida” sino por el gobierno constitucional. Sin embargo, “Tati” Almeida se cuida bien de llamar “genocida” al gobierno peronista que secuestró a su hijo. Más aún, apoyó sin reservas a los últimos tres gobiernos de ese signo (el de Néstor, el de Cristina y el de Alberto Fernández).
¿Por qué traiciona a la memoria de su hijo, entonces? Porque el secuestro y desaparición de Alejandro Almeida antes del golpe de Estado deja al desnudo la mentira oficial del “genocidio”. Basta con ver todos los testimonios y documentos de la época que están en Internet. Esto es, las revistas que la banda ERP publicó en los años 70 magnificando sus crímenes, los comunicados “de guerra” enviados por Montoneros a toda la sociedad, los homenajes a combatientes caídos en acciones de guerra, etc.
Nadie, en esa época, tenía la menor duda de que había que reprimir a los subversivos. Menos todavía el gobierno de Perón. ¿Acaso debían dejarse matar como corderos y entregar la sociedad a los totalitarios?
La guerra revolucionaria de los ‘70 en Argentina se inscribe en la guerra que el marxismo lanzó en Centro y Sudamérica. El gran impulsor y responsable de la misma fue el régimen criminal de Fidel Castro. La isla-cárcel de Cuba hizo las veces de campo de entrenamiento militar y de adoctrinamiento ideológico y aguantadero de los subversivos. La guerra no era sólo un problema interno de cada Estado.
FIGURA PENAL
La pregunta que asalta a la conciencia con la velocidad del rayo es: ¿Por qué los jueces, a quienes uno supone bien informados, sostienen que no hubo guerra y que lo que ocurrió fue la “Aplicación de un Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil?” (esa es la figura penal con la que la mentira aparece en los fallos) ¿Y por qué insisten en que todo comenzó el 24 de marzo de 1976? Ese es otro disparate: ¡considerar al asesino y comandante del ERP Mario Roberto Santucho como un simple integrante más de la población civil, como era una de sus víctimas, la niña de tres años María Cristina Viola, asesinada de un escopetazo por psicópatas que integraban esa banda terrorista, es moralmente monstruoso!
A ver si entienden, señores jueces: los militares y la policía no mataron a Santucho, ni a Rodolfo Walsh, ni a Norma Arrostito, ni a Roberto Quieto ni a tantos otros, por ser civiles y hacer política. No, los mataron en el contexto de una guerra irregular donde estas personas se mimetizaban con la población civil, pero se desempeñaban como combatientes organizados en bandas cuyo fin era la toma del poder.
Es verdad también que no solos los jueces asumieron la mentira como verdad. El pueblo argentino, testigo de los hechos, por cobardía, indiferencia o interés, dejó que la injusticia campee a sus anchas por los tribunales. Ya va siendo hora de que, en este país, los ciudadanos y los jueces estimen a la verdad como un valor fundamental. Hay que dejar de apestar.
Mauricio Ortín
Miembro del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 24, 2024
Tags: María Estela Martínez de Perón, Roberto Santucho, Rodolfo WalshRelated Posts
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