En los años 70 aseguraban que venían construir un mundo mejor. A sangre y fuego querían imponer su visión de mundo mejor en el que todos seríamos iguales, todos tendríamos los mismos derechos y obligaciones. Todos.

Amén de los medios inaceptables con el correr de los años vimos que la única Revolución que pelearon era la del progreso económico personal. De igualdad nada. Revolver el statu quo para quedar en el lugar de los burgueses que querían destituir.

Nos hartaron las indemnizaciones fraudulentas a familiares de terroristas con lágrimas de cocodrilo: “la sangre derramada no será negociada” dijeron alguna vez.

El imperialismo yanqui, sus gendarmes locales y la odiosa cara de Franklin en los billetes de cien dólares eran el enemigo. Sin embargo, por atacar a la Nación, sus deudos fueron indemnizados con bonos de deuda pública en dólares. “La deuda externa no se pagará con el hambre del pueblo” también nos decían.

El problema no son ellos, somos nosotros que pagamos con deuda pública una paz de utilería que nunca sirvió para nada. En las cárceles de la Nación languidecen los que nos defendieron del genocidio que querían ejecutar tanto el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Montoneros, en distinta escala, ambos igualmente genocidas.

Y llaman a nuestros presos genocidas.

Los que odiaban a Benjamín Franklin cobraron en dólares indemnizaciones que pagaron los desnutridos del Chaco, los jubilados, los descalzos del conurbano.

Les dimos indemnizaciones como los antiguos ofrendaban víctimas humanas a los dioses paganos para apaciguar su ira.

EL NUEVO DESPOJO

Pero como la bestia que prueba sangre humana nunca se sacia, han vuelto por más, con un nuevo despojo al erario público.

Desde el año 2010 la familia del terrorista Mario Roberto SANTUCHO (NG: Roby) jefe y cabeza del ERP, ha iniciado una demanda contra el Estado por el valor sentimental de sus huesos.

Y no es que no hayan cobrado todo de todo y que no les haya quedado por cobrar nada de nada. Desde la “desaparición” de Santucho, pasando por el exilio de algunos de los integrantes de esa familia, tanto como por la pesificación asimétrica de los bonos de deuda pública que cobraron por todo lo anterior, dólar sobre dólar, Franklin sobre Franklin, el Estado argentino los indemnizó durante años. Expedientes 56581/2015; 57094/2015; 014771/1996 entre otros (todos del contencioso administrativo federal).

¿Alguien pensaba que la Revolución era algo distinto que la mejora social y económica de los “revolucionarios” y sus familias?

Pues ahora la familia Santucho ha iniciado un nuevo juicio contra el Estado por la pérdida de su cadáver. Entiéndase bien, no por la “desaparición” de Santucho, que por eso ya cobraron (pese a que murió con un fusil en la mano): por la pérdida de su cadáver, por el VALOR SENTIMENTAL DE LOS HUESOS DE SANTUCHO.

LA DEMANDA

La demanda de la familia Santucho contra el Estado Nacional es por diez millones de pesos más intereses contados desde el día en que cayó abatido (19/07/76). Tramita en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11- Secretaría Nº 21, a cargo de la Dra. María José Sarmiento. Lleva el número de expediente N° 005945/2010. Los demandantes son Ana Cristina SANTUCHO, Gabriela Inés SANTUCHO y Marcela Eva SANTUCHO hijas del Jefe del ERP. El objeto de la causa es “daños y perjuicios” y el motivo es la pérdida del cadáver por el valor sentimental que tiene para sus deudos, daños psicológicos y morales.

Los demandados son el Estado Nacional a través del Ministerio de Justicia y DDHH, el Gral. Santiago Omar Riveros, el Gral. Jorge Rafael Videla (ejecutado en cautiverio) y el fallecido Gral. Fernando Verplaatsen.

Uno de los testigos más pintorescos de la “desaparición” de los huesos de Santucho ha sido su segundo al mando, actual jefe del ERP, Juan Arnol Kremer Balugano (NG Luis Mattini). Este guerrillero, hoy ataviado de “militante” o, mejor aún, de ancianito simpático que cuenta sus “escaramuzas” en el Canal Encuentro, es otro de los tantos indemnizados por el Estado argentino. Estado que al no dejarse destruir nos protegió a todos.

El testigo Juan Arnol Kremer pese a quedar al mando de la organización terrorista más cruel que tuvo la Argentina en los 70 también fue indemnizado por el Estado. Mediante la Res. Del Min de Justicia 1531/13 se le abonaron más de 300 mil pesos por haber estado exiliado durante el Proceso aunque también en la causa (CAF 040226/2013 KREMER, JUAN ARNOL C/ EN-M JUSTICIA Y DDHH- S/INDEMNIZACIONES – LEY 24043 – ART 3) reclamó un resarcimiento económico por haber estado “exiliado” durante el gobierno de Raúl Alfonsín, sin éxito en este caso. También (justicia poética) fue alcanzado por la ley 25.561 (pesificación asimétrica de sus bonos en dólares) por lo que hizo un amparo (015842/2003 KREMER JUAN ARNOL C/ PEN-LEY 25561-DTOS 1570/01 214/02 471/02 (BONOS) S/AMPARO SOBRE LEY 25.561) ya que quería su indemnización en dólares y no en pesos argentinos.

LOS OTROS JUICIOS

Mientras este juicio se desarrolla, un accidente procesal hizo que tomáramos conocimiento de otro juicio similar emprendido por el hijo de la Madre de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor: Pedro Vincenti. En su caso no demanda por los huesos de Azucena como sí hizo su hermana Cecilia porque para cuando comenzó el juicio, ya esos huesos habían sido encontrados en un cementerio de Gral Lavalle y regados sobre la Plaza de Mayo en una emotiva ceremonia. Demandó (y ya cobró) al Estado por el daño moral y psicológico que le produjo la “desaparición” de su madre pese a que había sido beneficiario de las leyes de reparación integral (24043 y 24011) en lo que es una inaceptable doble indemnización por los mismos rubros.

Por el momento, la información que nos llega es que sólo los familiares de los cabecillas guerrilleros y dirigentes de organizaciones de superficie están demandando por la “desaparición de los huesos” y otros daños.

Así como en la huida de Trelew los jerarcas se preservaron dejando atrás a la tropa, que peleando por su vida cubrió la retirada, hoy sólo los familiares de los jefes máximos están demandando indemnizaciones por huesos de manera de no levantar demasiado la perdiz y que puedan cobrar antes de que la sociedad indignada cierre el grifo. La tropa, como siempre, se quedará en la retaguardia. De todas maneras no descartamos que existan muchos otros juicios de los que no tenemos conocimiento, convenientemente favorecidos y ocultados por el gobierno anterior.

¿Se entiende realmente el alcance de este latrocinio? Ya los familiares de los “desaparecidos” -aunque fueran guerrilleros abatidos en combate- cobraron por la “desaparición” de sus familiares pero ahora, en una doble indemnización ilegítima e ilegal, también pretenden cobrar por la “desaparición” de sus huesos. La ley 24411 es una ley de reparación integral, una indemnización tabulada que permite a familiares de alegados “desaparecidos” cobrar sin necesidad de hacer juicio. Ellos ya cobraron por todo daño que pudieran reclamar, no se puede desdoblar el daño en un millón de rubros impensados porque terminaríamos con juicios por la desaparición del riñón de Santucho o del hígado de Abal Medina.

SIN CAMBIO

Quien escribe estas líneas solicitó por nota al nuevo gobierno conocer la lista de quienes habían cobrado las leyes “reparatorias” (24.321; 24411; 24,043; 25914; 26564 y 26.913) por “desaparición” de personas y otras indemnizaciones similares. El gobierno de Cambiemos se negó a hacerla pública alegando excusas sin sustento.

Espero que la sociedad ponga las cosas en su lugar porque las necesidades son muchas; el Estado no puede seguir distrayendo fondos para esta “revolución” personal. Argentina alguna vez fue un gran país de gente buena y honesta, orgullosa de vivir de su trabajo. Ignoro en qué momento nos inundó esta pestilencia de odio, codicia y “revolucionarios” de pacotilla pero ya no podemos seguir financiando su estilo de vida.

Mientras tanto, ya han muerto en cautiverio 357 presos políticos que nos liberaron de genocidas como Santucho, a los que no se les hace justicia, ni se les respetan los derechos que tiene cualquier otro preso. Algunos de ellos también víctimas de ataques terroristas; ninguno indemnizado nunca, por nada.