EL REPTANTE GENERAL CESAR MILANI EX JEFE DEL EJERCITO ARGENTINO.

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EL PEOR ENEMIGO

Hoy en la provincia de La Rioja, se está llevando a cabo la segunda audiencia de un juicio por los mal llamados delitos de lesa humanidad, que tiene como imputado estrella nada menos que al General  CESAR SANTOS GERARDO DEL CORAZÓN DE JESÚS MILANI (64 años de edad), ex Jefe del Ejército Argentino entre el 3 de julio de 2013 y el 24 de junio de 2015. A este uniformado, uno más de los varios reptantes que llegaron a la cumbre, con un solo clic lo mostramos en una histórica y afectuosa conversación que en diciembre de 2013 tuviera con HEBE DE BONAFINI, cofundadora de la  Asociación Madres de Plaza de Mayo.

En esos mismos momentos, uniformados de las 3 fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, policiales y civiles morían en diferentes cárceles argentinas, lo cual sin prisa y sin pausa continua hasta el día de hoy. No reniego de la actitud de BONAFINI, ella lucha por su causa, buena o mala, desde hace décadas y continúa haciéndolo aún   con sus 90 años de edad, dando la cara y expresando sus afectos y sus odios sin hipocresía ni ocultamientos. Sí, me causa rechazo ver a quien tendría que exhibir condiciones morales honorables, hablando contra su gente sin mirar a los ojos de la interlocutora, llevado por una ambición de poder sin límite. Los 20 minutos que mostramos son la prueba palpable que el peor enemigo a  quien yo nunca sentaría a mí mesa,  está entre nosotros, los uniformados.  

Claudio Kussman

Comisario Mayor (R) 

Policía Pcia. Buenos Aires

Mayo 17, 2019

¿No tienes enemigos?
¿Es que jamás dijiste la verdad o jamás amaste la
justicia?
Santiago Ramón y Cajal
(1852-1934)


 

 

 


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Mayo 17, 2019


 

Moratoria de entrevistas a complotistas y opositores a los derechos humanos

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https://www.lanacion.com.ar/politica/horacio-gonzalez-venezuela-no-es-dictadura-maduro-nid2248145 En nombre del orden republicano, de valores democráticos y de los derechos humanos, hay que hacer una moratoria de entrevistas en los medios de comunicación con las personas que viven reivindicando un pasado de violencia  con una semántica distorsionada. Un discurso dogmático irracional y complotista no se puede aplicar en el análisis de una situación grave como la dictadura en Venezuela donde están en juego los derechos fundamentales, principios convencionales, la vida de personas, sino se trata de manera objetiva, seria y conociendo el objeto de estudio. La discursiva ideológica no es una solución es el problema. Darle un espacio mediático a personajes como el Sr. Horacio Gonzalez es similar a entrevistar un miembro del grupo Estado islámico u otras filiales terroristas.  

Los medios de la prensa tienen una gran responsabilidad porque vehiculan las palabras de personas que desinforman, manipulan, hacen un revisionismo histórico, justifican la violencia, como ocurre con el pasado reciente de la violencia armada argentina de los 70, en el que los periodistas nunca se interesan (si no es para acusarlas) a las personas que protegieron las instituciones del Estado de los ataques terroristas que buscaban tomar el poder por las armas. Hoy prisioneros politicos por una justicia de venganza.

Ninguna persona que se oponga a las versiones de las personas como Gonzalez es invitada a una entrevista para presentar la contradicción. Paris, 16 mayo 2019. CasppaFrance

 


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Mayo 17, 2019


 

DÍA DE LA ARMADA ARGENTINA

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Hoy, 17 de mayo, se celebra el “Día de la Armada Argentina” fecha gloriosa en los fastos de la República, por corresponder a la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo con la terminante victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando del Almirante Brown sobre la flota de la Real Armada Española que tenía su apostadero en aquel puerto.

Al efecto se sancionó el Decreto Nº 5304 del 12 de mayo de 1960 suscripto por el entonces Presidente de la Nación Dr. Arturo Frondizi.

La fecha es evocada para recordar la victoria que permitió alejar el peligro que representaba el poder naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.

Las Campañas Corsarias
Un componente importante en el aspecto marítimo de la guerra de Independencia lo constituyó la acción de los “corsarios”, que atacando el comercio marítimo español y a sus navíos contribuyó a la definitiva decadencia del poder naval español en aguas americanas.

El corso hispanoamericano se inició en el Atlántico Sur y el Caribe a partir de 1814, alcanzó su apogeo alrededor de 1818 y finalizó en 1823. Las naves bajo pabellón argentino realizaron las acciones corsarias más importantes. Sus zonas principales de acción fueron el Atlántico Sur y el Caribe, donde actuaron unos 60 corsarios. En el Pacífico actuaron naves que llegaron hasta el Mar Mediterráneo.

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Capitán de Navío Hipólito Bouchard
En el apogeo del corso, la ciudad de Cádiz llegó a estar semibloqueada por naves corsarias latinoamericanas. Las más importantes campañas corsarias fueron las del Almirante Guillermo Brown en 1816 y las del Capitán Bouchard en 1817 – 1819. También tuvieron importancia las realizadas por James Cahyter, Tomas Taylor y David Jewett, entre otros.

Los dos puntos desde donde operaban los corsarios fueron Buenos Aires en el Atlántico Sur y Baltimore en los Estados Unidos. De este último, salieron más de 30 corsarios armados, con tripulación y naves norteamericanas disponibles desde el final de la guerra de 1812.

En la Banda Oriental operaban más de 30 corsarios al mando de Artigas, quienes capturaron naves españolas y portuguesas. En el Caribe actuaron naves de la Gran Colombia y de México en combinación con los corsarios argentinos, siendo su base de operaciones la isla Margarita.

En el Océano Pacífico, en 1816, el Almirante Brown, secundado por Hipólito Bouchard y con tres naves capturó importantes presas y llevó con audacia ataques a los puertos, fortalezas y apostaderos navales claves, como los del Callao y Guayaquil. En sus navegaciones llegó hasta las costas de Nueva Granada (hoy Colombia), poniendo en alarma todo el litoral americano del Pacifico Sur. Esta fue una expedición precursora de la gesta libertadora del General San Martín.

Los corsarios chilenos armados luego de la independencia de su país, con apoyo de marinos argentinos y británicos, se mantuvieron e hicieron varias presas del comercio español con base en Lima (1818 a 1820).

Hércules y Trinidad
Quizás el corsario más famoso haya sido Hipólito Bouchard, quien con la fragata “La Argentina” dio la vuelta al mundo (1817-1819). En las islas Hawai logró de su rey el reconocimiento de la independencia argentina (la primera nación en hacerlo). Luego atacó la costa californiana del Virreinato de Nueva España (hoy México) y se apoderó de Monterrey, donde ondeó la bandera argentina durante tres días. (Foto buque La Argentina de Bouchard)

La tripulación de las naves corsarias era heterogénea, predominaban los anglo-sajones entre los oficiales y la marinería.

También había una fuerte presencia francesa, en tanto que los criollos, españoles y portugueses eran los menos.

Las consecuencias más importantes del corso fueron las pérdidas y el estancamiento comercial que causaron al comercio español. Sólo los corsarios de Buenos Aires capturaron unas 150 presas españolas. La acción corsaria llegó a ser tan intensa que España se vio obligada a abrir también su guerra “de corso”, a la vez que transportar sus pertrechos militares en buques neutrales, por la imposibilidad material de defender los propios.

Fuente: Ara.Mil.com.ar

Campaña Naval de 1814
Hacia el año 1814 el gobierno de Buenos Aires formó una nueva escuadra, compuesta por la fragata “Hércules”, una corbeta, un bergantín, una goleta y cuatro naves menores. La primera acción de la escuadra de Brown se desarrolló en torno a la isla Martín García, que era la llave de acceso a los ríos Paraná y Uruguay. Brown atacó a la escuadra del Capitán Romarate, apoyado en la isla Martín García, el 11 de marzo; los españoles sólo contaban con tres bergantines y cinco naves menores, pero aún en inferioridad numérica rechazaron en principio el ataque de la nave capitana argentina a la que produjeron averías. 
Almirante Guillermo Brown
Almirante Guillermo Brown
Brown se retiró temporariamente, repuso sus fuerzas y volvió a atacar el 15 de marzo, ejecutando un desembarco que logró la captura de la isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse aguas arriba del río Uruguay. Una pequeña flotilla persiguió a las naves españolas en Arroyo de La China, enfrentándose el 23 de marzo.

Luego de librar las aguas del río de la escuadrilla de Romarate, Brown inició la acción que culminaría con la batalla naval de Montevideo entre el 14 y el 17 de mayo 1814 y la derrota de las fuerzas navales hispanas.

Se contabilizaron cuatro naves apresadas, otras tres fueron incendiadas y las restantes regresaron vencidas a Montevideo. 

Un mes después la ciudad caía en manos de los sitiadores terrestres. El “Poder Naval” había decidido la suerte de “la plaza”.

Batalla de Montevideo
El General San Martín, con su amplio conocimiento sobre el dominio del mar, consideró esa victoria como “la más importante hecha por la revolución americana hasta el momento”.

La caída de Montevideo significó el trastrocamiento de todos los planes de reconquista españoles, que perdieron la mejor base para la invasión del sur del continente, al quedar sin ningún punto de apoyo en el Atlántico Sur. 

Merced a ello la expedición del general español Morillo debió dirigirse a la costa firme – Colombia y Venezuela- y se suspendieron los intentos de invasión española al territorio argentino desde Chile y el Alto Perú. A la vez que los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en un solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a la frontera norte, el Alto Perú. El material tomado al enemigo reforzó los exhaustos ejércitos de la Revolución.

San Martín, ahora con sus espaldas guardadas, pudo formar su Ejército de los Andes e iniciar la gesta libertadora.


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Mayo 17, 2019


La Primera Escuadrilla Argentina
Combate de San Nicolás
Cuando se produjo la “Revolución de Mayo”, los marinos, en grandes mayorías españoles y realistas se replegaron en Montevideo, sede del apostadero naval y donde se encontraban los buques de guerra, dominando las aguas rioplatenses durante varios años. En consecuencia las primeras escuadrillas argentinas tuvieron que enfrentarse con una fuerza naval poderosa y de larga tradición.

Dos hombres fueron los forjadores de “La Primera Escuadrilla Argentina”, Juan Bautista Azopardo y Francisco de Gurruchaga. 

El primero nacido en la Isla de Malta, marino corsario al servicio de Francia. El segundo, entonces diputado por la provincia de Salta, designado para entender en la preparación de la escuadra, había sido oficial en la Real Armada con el grado de Teniente de Fragata.

La tripulación se obtuvo mediante una leva en los regimientos de Infantería de Línea, formados por criollos.

Tres barcos constituyeron la Primera Escuadrilla: la goleta “Invencible” de 12 cañones y 66 hombres comandada por Azopardo, el bergantín “25 de Mayo” de 18 cañones y 108 hombres comandado por Hipólito Bouchard y la balandra “Americana” de 3 cañones y 26 hombres al mando de Abel Hubac, de origen francés como Bouchard. En total 200 hombres de la más diversa procedencia y 33 cañones para hacer frente a la Armada Española. Esta escuadrilla se enfrentó a la escuadra española el 2 de marzo de 1811 en San Nicolás de los Arroyos, sufriendo una derrota donde las naves fueron capturadas y el Capitán Azopardo tomado prisionero; sometido a un proceso y, acusado de traición trasladado a la prisión de Ceuta.


Las Operaciones Navales en la Expedición Libertadora
La campaña corsaria del Almirante Brown fue el prólogo a la Expedición Libertadora del General San Martín, pues al atacar los puertos y plazas fuertes de la costa occidental del continente, causó alarma en el litoral del Virreinato del Perú. La acción de los corsarios argentino-chilenos también causó daños al poder naval español, al igual que el crucero de Bouchard en el Pacífico.

Instalada definitivamente la independencia en Chile, luego de la Batalla de Maipú y destruido el poder naval realista en las aguas del Pacífico Sur, con la caída de las plazas navales de Talcahuano y Valdivia, la estrategia española se tornó defensiva y regional, preparándose para la inevitable invasión del Virreinato del Perú.

Escuadra Libertadora
La estrategia libertadora de San Martín exigía imprescindiblemente el dominio del Pacífico para poder transportar con seguridad la fuerza expedicionaria de invasión. Su concepción privilegiaba la vía marítima, dada la imposibilidad práctica de desplazar ejércitos por tierra para llegar al Perú, partiendo de los actuales territorios de Argentina y Chile.

Por dicha razón junto con el General O´Higgins se abocó a la creación de la Marina de Guerra Chilena capaz de tal desafío. 

Desde Buenos Aires el Director Pueyrredón contribuyó con el envío de fondos y buques para formar la expedición y se enviaron representantes a los Estados Unidos y Gran Bretaña para contratar naves y tripulaciones.

Dispuesta la expedición al Perú, el Ejército Libertador Argentino-Chileno con unos 4.500 hombres con 12 piezas de artillería y caballos se reunió en Valparaíso para embarcarse en las naves del almirante Cochrane entre el 19 y 20 de agosto de 1820. La escuadra estaba compuesta por 36 unidades entre barcos de guerra y transportes.

El 20 de agosto de 1820 zarparon de Valparaíso con sus comandantes: la fragata “O´Higgins”, capitán Thomas Crosby; la “Lautaro”, capitán Martín George Guise; bergantín “Galvarino”, capitán Spry; el navío “San Martín”, capitán Wilkinson; la fragata “Independencia”, capitán Forster y los transportes armados: “Mackena”, “Potrillo”, “Santa Rosa”, “Delano”, “Jerezana”, “Perla”, “Águila”, “Peruana”, “Emperadora”, “Dolores”, “Consecuencia” y “Gaditana”. Con estas unidades marchaban once cañoneras y la gloriosa “La Argentina”, al mando del antiguo corsario Hipólito Bouchard que transportaba a los hombres del famoso regimiento de San Martín, los Granaderos a Caballo y su escolta personal de Cazadores a Caballo.

La campaña se presentó erizada de obstáculos que se fueron salvando. El 20 de octubre la escuadra patriota se halló frente a la Fortaleza del Callao. El 5 de noviembre en una audaz maniobra nocturna del Almirante Cochrane, fue tomada en esa bahía la fragata de guerra española “Esmeralda” y dos cañoneras de la guardia del puerto. La superioridad naval patriota en el Océano Pacífico estaba así decidida y el dominio de los mares pertenecía exclusivamente a los independientes. Poco tiempo después en Guayaquil se entregaban a los patriotas las últimas dos naves hábiles de la Real Armada, las fragatas “Prueba” y “Venganza”.
Finalmente el desembarco del Ejército Libertador se efectuó en Huacho en el Valle de Huaura el 10 de noviembre de 1820. 

Proclamada la Independencia del Perú, uno de los primeros actos del General San Martín fue la promulgación de decretos y disposiciones que posibilitaron el nacimiento de la Marina de Guerra del Perú, la que produciría los últimos hechos de la Guerra Naval por la independencia del continente.

El transporte por mar del Ejército Argentino-Chileno al Perú llevó las armas patriotas al corazón del poderío español en América. Las acciones navales anteriores y posteriores hicieron prácticamente imposible el refuerzo de los realistas desde España, con lo que se aseguró el triunfo de la independencia.

La acción de los ejércitos patriotas provenientes del Sur del continente, combinada con las fuerzas llegadas de Colombia y Venezuela al mando de Simón Bolívar llevó al colapso español en América del Sur, sellado en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824.

Ayudemos a los perros venezolanos a que se reencuentren con sus familias

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Miles de Venezolanos han tenido que escapar de su país, sin más opción que separarse de sus perros porque llevarlos consigo es un costo imposible de pagar.

Si tienes un perro y se te parte el corazón al verlo a los ojos e imaginarlo leyos tuyo, eres uno de nosotros.

No podemos quedarnos sin hacer nada, mientras una parte fundamental de la familia se ver forzada a separarse del resto.

Por eso necesitamos de tu colaboración, para pagar los costos de viajes, permisos y vacunas.

 


PrisioneroEnArgentina.com

Mayo 17, 2019


 

Trump lanza una revisión de inmigración en los Estados Unidos.

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El presidente Donald Trump propuso revisar el sistema de inmigración de EE. UU. para favorecer a los solicitantes jóvenes, educados y angloparlantes en lugar de personas con vínculos familiares con los estadounidenses, un plan que impulsará en su campaña de reelección de 2020, pero tiene de poca a ninguna posibilidad de ser aprobado en el Congreso.

El plan de Trump, ampliamente criticado por los demócratas y los grupos de defensa de la inmigración, tiene como objetivo tratar de unir a los republicanos, algunos que quieren impulsar la inmigración, otros que quieren restringirla, antes de las elecciones presidenciales y del Congreso del próximo año.

“Si por alguna razón, posiblemente política, no podemos lograr que los demócratas aprueben este plan de alta seguridad basado en méritos, lo aprobaremos inmediatamente después de la elección cuando retomemos la Cámara (de Representantes), “El Senado y, por supuesto, ocupan la presidencia”, dijo Trump en un discurso ante legisladores republicanos y miembros del Gabinete.

Actualmente, cerca de dos tercios de los 1.1 millones de personas que pueden emigrar a los Estados Unidos cada año reciben tarjetas de residencia que otorgan estadía permanente debido a los lazos familiares.

Trump propuso mantener los números generales estables, pero cambiar a un sistema “basado en méritos” similar al utilizado en Canadá, un plan que, según dijo, daría como resultado que el 57% de las tarjetas verdes (Greencards) se basara en el empleo y las habilidades de los postulantes.

También terminaría un sistema de lotería usado para darles a los solicitantes de países con bajos índices de inmigración la oportunidad de mudarse a los Estados Unidos.

“Las compañías se están mudando de oficinas a otros países porque nuestras reglas de inmigración les impiden retener a personas altamente capacitadas e incluso, si es posible, totalmente brillantes”, dijo Trump.

El plan dejó de lado los espinosos problemas de cómo lidiar con los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que viven en el país ilegalmente, muchos de ellos durante años, y las protecciones para los “Soñadores” traídos al país ilegalmente como niños, una prioridad para los legisladores demócratas.

Tampoco incluye los cambios buscados por los grupos de presión de negocios para ayudar a los agricultores y otros empleadores de temporada a obtener más trabajadores invitados, o reformas para los programas de visas de tecnología.

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el plan de Trump estaba “muerto a su llegada” y dijo que “no era una propuesta remotamente seria”.

El plan también atrajo preocupaciones de grupos de línea dura que quieren restringir la inmigración. “El hecho de que ni siquiera exija una modesta reducción en la inmigración total, sino que las compensaciones disminuyen con los aumentos en la inmigración” basada en habilidades “, es muy preocupante”, dijo Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración.

 


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Mayo 17, 2019


 

Las buenas amenazas del Sr Alberto Fernández, otras serían violar los DDHH.

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El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández declaró en un programa de TV que “Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno” https://www.canalnet.tv/programas/corea-del-centro/video_alberto-fernandez-cristina-es-la-mejor-candidata_20190514/ Agregando que Es escandaloso lo que hicieron algunos jueces del fuero federal. Espero poder terminar este año un libro en el que doy cuenta de ello y que “Florencia Kirchner, es el rehén que usa Macri y la justicia para condicionar a Cristina Kirchner.
Las palabras del Sr. Alberto Fernández  acusando varios de los jueces y camaristas que investigan a Cristina Kirchner los cuales tendrán que rendir cuenta de sus actos judiciales, las realizó bajo la fórmula “van a tener que dar explicaciones”, si bien en realidad es un amenaza pública a los miembros del Poder Judicial, es sorprendente el silencio de los guardianes de los derechos humanos, porque si las mismas palabras las hubieran expresado un abogado defensor de los ilegales acusados de lesa humanidad, su familia, un amigo, o el mismo Prisionero Político, hoy tendríamos en primera página de los diarios, radio, TV, los títulos más alarmantes, las acusaciones más agresivas, se realizarían manifestaciones, acciones de amenazas, escraches, todo el mundo gritaría en nombre de memoria, historia, justicia, se haría presión ante la justicia para que intervenga inmediatamente….pero las amenazas del Sr Fernández son buenas amenazas, no tienen la misma connotación. 
Amenazar los jueces que van a tener que dar explicaciones, se debe interpretar que el Sr Fernández se refiere que esa acción será ante la justicia y no en otras circunstancias que conoció la violencia de los 70 y que él comparte, cuando esas explicaciones se realizaban ante los tribunales revolucionarios o en las cárceles del pueblo. Pero nada de eso es grave porque quien amenaza es alguien que tiene la impunidad de la palabra, sabiendo que la sociedad, los grupos políticos y las asociaciones mal llamadas de derechos humanos, podrán comprender la situación. Sin olvidar que desde el gobierno de los Kirchner todos esos personajes recibieron financiamiento, apoyo político, recursos diversos y hasta la fecha curran con los derechos humanos, ¿cómo entonces criticar sus padrinos?
Los acusados ilegales de lesa humanidad no pueden decir nada, nadie los defiende, son seres humanos que no merecen derechos ni garantías constitucionales, convencionales. Se abandona el principio que el Sr. Fernández precisó en esa entrevista que: “Cuando en la política matás el debate sólo retrocedés”, pero debatir para ellos es hacerlo con las personas que piensan y actuan igual.
Los miembros de la justicia federal que ilegalmente procesan y condenan los ex agentes del estado, abogados, sacerdotes, médicos, magistrados, empresarios, por haber protegido las instituciones del Estado y la sociedad en los años 70, de los ataques armados de grupos terroristas que buscaban tomar el poder por las armas, hoy presos políticos, también van a tener que explicar porque violaron los principios constitucionales y convencionales de esas personas. Esos magistrados deben ser denunciados en Argentina o cuando viajen en Europa donde no tienen las ilegales inmunidades, asumir sus responsabilidades penales, civiles, sociales.
Esperemos que esta misma fórmula tenga idéntica receptibilidad que la del Sr. Fernández porque esos magistrados federales con sus decisiones ilegales condenan a la muerte civil y social a más de 3000 personas ante la pasividad de la sociedad, del gobierno, los partidos políticos y los falsos defensores de derechos humanos. Paris, 16 mayo 2019. CasppaFrance

 


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Mayo 16, 2019


 

Falta de Mérito a empresarios de La Fronterita en caso de Lesa Humanidad

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El juez Daniel Bejas benefició a administradores y directivos del Ingenio La Fronterita donde entre 1975 y 1979 funcionó un centro clandestino de detención por el que pasaron 68 personas. El fiscal Pablo Camuña adelantó que apelará. 

Se trata de media docena de administradores y directores de la firma José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. que controlaba la azucarera, y para dejarlos fuera de la causa el juez Daniel Bejas consideró que los acusados actuaron por temor.

La causa comenzó en abril del año pasado, cuando el fiscal federal Pablo Camuña, titular de la sede tucumana de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, solicitó al juez Bejas que indague y detenga con prisión preventiva a seis empresarios que estuvieron al mando del ingenio por considerarlos cómplices de los secuestros, torturas y desapariciones de obreros de la fábrica, familiares de ellos y vecinos de 68 personas.

Bejas

Camuña

Las víctimas son 44 trabajadores del ingenio, de los que 34 vivían en las colonias de la empresa. Buena parte de ellos integraba el Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita (SFSIF) afiliado a Fotia, y 51 estuvieron detenidos en el predio de la empresa antes de ser trasladados a otros centros clandestinos. Once de esas personas fueron torturadas y permanecen desaparecidas. Dos de ellos fueron localizados en el Pozo de Vargas.

En 2018 la fiscalía federal acusó a los empresarios de La Fronterita porque consideró que se daba un “claro caso de complicidad civil/económica en crímenes de lesa humanidad”, similar a lo ocurrido en la planta de la empresa Ford de general Pacheco, donde los trabajadores fueron secuestrados y torturados en el quincho de la fábrica.

La acusación se originó por declaraciones de víctimas o familiares. El juicio por el “Operativo Independencia” permitió ampliar el conocimiento que se tenía respecto de estos presuntos hechos.

 

 


Envío y colaboración: DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN


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Mayo 16, 2019


 

Argentina: el gobierno nacional reconoce que la justicia está influenciada por la política.

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El ministro de Justicia, German Garavano en una entrevista radial de la fecha al ser consultado sobre la decisión de la CSJN de solicitar los autos principales con carácter de urgente al TOF 5, diligencia ésta que retrasa el inicio del proceso oral de la Sra. Kirchner, el miembro del gobierno nacional, expresó sin reservas entre otras alarmantes declaraciones que:
 
Esas afirmaciones son extremadamente graves en un Estado de derecho, en un sistema democrático, sobre todo cuando el gobierno actual busca por todos medios asegurar los inversores extranjeros, hacer creer que en Argentina existe la seguridad jurídica y que es modelo de justicia en la lucha contra la violación de derechos humanos. Ese mismo Poder Ejecutivo que se queja de la influencia política en justicia, no quiere escuchar los reclamos de aquellos individuos a quienes se les violan los principios jurídicos por venganza política. Esas personas sin acceso a la justicia están acusadas, procesadas y condenadas únicamente por decisión política. Son los prisioneros políticos que este gobierno prefiere esconderlos, ignorarlos, no hablar de ellos.

Pero la situación es tan explosiva que el Ministro de Justicia de la Nación confiesa una realidad conocida por la comunidad internacional y los ciudadanos responsables; que no hay seguridad jurídica porque sectores políticos e ideologizados controlan las decisiones judiciales en Argentina desde hace más de dos décadas. Todos los saben, pero faltaba que el gobierno lo diga. Y lo dijo.  Ahora los periodistas, hombres políticos, expertos, especialistas no podrán decir que no es cierto, que en Argentina los juicios son justos, sin intervención de grupos de presión con intereses políticos, económicos y hasta de venganza. Nadie podrá afirmar ciegamente, repitiendo los dogmas reivindicativos de los que defiende la violencia armada de los 70, que los acusados de lesa humanidad recibieron un juicio justo, donde pudieron defenderse y que la justicia aplicó la ley. El circo y curro de los derechos humanos debe terminar.
La politización de la justicia fue denunciada desde el primer día por los abogados y los prisioneros políticos en los ilegales juicios de lesa humanidad, pero esos argumentos jamás fueron escuchados o aceptados y ni ningún heroico periodista quiso hablar, escribir unas líneas o simplemente preguntar sobre lo denunciado. Ahora todos descubren la luna.
Es Urgente en los ilegales juicios de lesa humanidad presentar las declaraciones del Ministro de Justicia y de otros miembros del gobierno nacional para anular todos los procesos ante la justicia. Los medios de prensa tienen un responsabilidad social e histórica para denunciar esta situación en nombre de la justicia salvo que compartan el principio que a un grupo social determinado se les pueda legalmente violar sus derechos humanos por razones políticas. Paris, 15 mayo 2019. CasppaFrance.

 


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Mayo 16, 2019


 

SERGIO MASSA y LOS PACTOS DE LA MONCLOA

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Sergio Massa, precandidato presidencial de Alternativa Federal, expresó hoy que “la Argentina no se puede permitir otro fracaso y por ello será necesario que después del 10 de diciembre gane quien gane nos sentemos todos a armar un Pacto de la Moncloa local”. Aquí reproducimos el texto íntegro de los Pactos de la Moncloa.

 

ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y REFORMA DE LA ECONOMÍA

Entre los días 8 y 21 de octubre de 1977, se han reunido en el Palacio de la Moncloa, de Madrid, el Presidente y miembros del Gobierno con los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso. El consenso alcanzado en el curso de las sesiones de trabajo ha dado lugar a un amplio Acuerdo sobre los temas contenidos en el presente documento.
CRITERIOS PREVIOS, APROBADOS EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 1977
RESUMEN DE TRABAJO
  1. Durante los días 8 y 9 de octubre se han reunido en el palacio de la Moncloa los representantes de los diversos partidos políticos, con representación parlamentaria, con el Presidente del Gobierno y otros miembros de éste, a los efectos de conocer y examinar como primer punto del orden del día el programa de saneamiento y reforma económica. Se ha producido un amplio y extenso debate sobre los objetivos, instrumentos y medidas previstas en el referido programa, habiéndose aportado por los representantes de los partidos políticos presentes los motivos de discrepancia y de consenso.
  2. Un primer aspecto en el que se ha alcanzado una base de entendimiento ha sido en el diagnóstico de la situación económica del país, calificada como grave debido a la confluencia de diversas crisis. La coincidencia en este diagnóstico debe servir, a juicio de los reunidos, de base para adoptar las medidas que, dentro del marco de una economía de mercado, resultan imprescindibles para sanear y reformar la actividad económica y que puedan permitir su superación y consiguiente relanzamiento.
  3. Ha sido motivo de especial consenso la necesidad de que los costes derivados de la superación de la crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales, así como la exigencia de democratización efectiva del sistema político y económico que ello habrá de comportar para su aceptación por el conjunto de la sociedad.
  4. Todos los partidos políticos presentes en la reuníón coinciden con el Gobierno en la necesidad de una serie de medidas monetarias, fínancieras y de empleo, predominantemente a corto plazo, que permitirían restablecer en un período de dos años los equilibrios fundamentales de la economía española, aminorando la inflación, reduciendo el paro y mejorando la situación de la balanza de pagos. En el sentido apuntado, los partidos políticos y el Gobierno expresan su consenso en los siguientes puntos concretos:
  1. Política presupuestaria
    • Limitación y ejemplaridad de los gastos consuntivos del Estado y de la Seguridad Social, revisando todos aquellos cuya existencia no se justifique de modo estricto y en línea con el esfuerzo que se solicita a todos los españoles.
    • Orientación prioritaria del gasto público para el fomento del empleo, dedicando 100.000 millones de pesetas como aportación al presupuesto de la Seguridad Social en 1978, de los cuales 60.000 millones se destinarán al seguro de desempleo.
    • Clarificación del déficit presupuestario haciendo compatible su cuantía con la evolución monetaria.
    • Progresividad del sistema tributario como consecuencia de la nueva ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal.
  2. Seguridad Social
    • Reducción de los costes de trabajo para las empresas mediante un menor crecimiento de las cuotas de la Seguridad Social y progresivo control social de las prestaciones con participación de los representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las distintas fuerzas sociales.
  3. Política monetaria
    • Moderación paulatina de los ritmos de aumento de la masa monetaria para conseguir una desaceleración del proceso inflacionista. 
    • Limitación del nivel de nuevas dotaciones del crédito oficial, atendiendo preferentemente a las actividades de exportación agrícolas, construcción de viviendas y pesca, y reforzando asimismo la atención a la pequeña y mediana empresa.
  4. Precios y salarios
    • Actuación dirigida a contener el alza de los precios de los productos más importantes a efectos del coste de la vida, con el objetivo de que el índice de precios de consumo no aumente durante 1978 más de un 22 por 100 en promedio anual. 
    • Crecimiento de la masa salarial en cada empresa hasta un 20 por 100 durante 1978, de forma que, computando los aumentos por antigüedad y ascensos, se llegue a un incremento total del 22 por 100, con un tratamiento favorable de los salarios más bajos. Esta norma podrá revisarse si el índice de precios expresado en el apartado anterior supera el nivel anual medio previsto. Para garantizar el cumplimiento de esta norma se estudiarán y concretarán las posibles medidas que permitan retirar las ayudas crediticias y fiscales a las empresas donde no se respete, así como para autorizar, en su caso, la reducción de las plantillas hasta en un 5 por 100 de sus efectivos en aquellas en que se superen los niveles salariales antes indicados.
  5. Empleo
    • Se adoptarán las medidas paralelas que aseguren una prestación eficaz y rigurosa del seguro de desempleo y un tratamiento prioritario de las modalidades de creación de puestos de trabajo, atendiendo especialmente al empleo juvenil, contratación temporal de los acogidos al subsidio de paro sin pérdida de sus derechos y a las áreas geográficas de mayor índice de desempleo.
    Asimismo el Gobierno y los partidos políticos consideran que la superación de la crisis se verá facilitada al introducirse simultáneamente con las medidas antes enunciadas, una serie de transformaciones de fondo en el sistema económíco referentes a las siguientes áreas:
  1. Reforma fiscal ya iniciada.
  2. Perfeccionamiento del control del gasto público. 
  3. Creciente participación de la sociedad en las decisiones y en el funcionamiento de la Seguridad Social. 
  4. Programa educativo con la creación del número de puestos escolares que sean necesarios para asegurar la plena escolarización. 
  5. Medidas dirigidas a impedir la especulación en materia de suelo urbano y urbanizable y conducentes a facilitar el acceso al disfrute de la vivienda. 
  6. Transformación del marco actual de relaciones laborales por medio del desarrollo de la acción sindical y de un código de derechos y obligaciones de los trabajadores en la empresa. 
  7. Reforma del sistema financiero, con liberalización progresiva en lo que afecta al sector privado y con una democratización efectiva de las instituciones financieras públicas. 
  8. Modernización agraria, con revisión en las leyes de desarrollo agrario, arrendamientos rústicos y fomento del cooperativismo. 
  9. Estatuto de la empresa pública. 
    Los representantes del Gobierno y de los distintos partidos políticos coinciden en que los objetivos anteriormentes descritos resultarán inalcanzables si el país no toma conciencia de la gravedad de la situación y entienden que si las acciones expuestas se cumplen señalará el punto de partida de una nueva etapa que conducirá al asentamiento de un sistema económico estable que reduzca gradualmente las tensiones hoy existentes en la sociedad española.
    Sobre estas bases de entendimiento temporal, y respetando la autonomía de los diversos partidos políticos y de sus correspondientes programas, proseguirán los contactos entre los reunidos a los niveles convenientes, de tal manera que en el plazo de diez días se concrete el alcance de las medidas que deban adoptarse para superar la crisis económica en relación con los temas tratados, lo cual dará lugar, en su caso, a un proceso de flexible y dinámica negociación, todo ello sin perjuicio, en ningún caso, de la soberanía que a las Cortes corresponde para el debate y aprobación de las disposiciones legislativas que pudieran derivarse de las medidas de referencia.
DOCUMENTO ÍNTEGRO, APROBADO EL 27 DE OCTUBRE DE 1977
    La economía española atraviesa en estos momentos por una grave situación, caracterizada por tres desequilibrios fundamentales: 
  1. Una persistente y aguda tasa de inflación.
  2. Un desarrollo insatisfactorio de la producción con una caída importante de las inversiones, lo que ha generado unas cifras de paro elevadas con repartos geográficos, por edades, por sexos y por ramas de actividad muy desiguales y ha agudizado los problemas que la misma plantea. 
  3. Un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero.
    Estos desequilibrios de la economía española se producen en un contexto económico internacional en el que todavía no han aparecido signos duraderos de recuperación económica.
    Los representantes del Gobierno y de los diversos partidos políticos con representación parlamentaria manifiestan su unánime preocupación ante esta situación y su deseo de afrontar y resolver constructivamente esos problemas en un clima de cooperación responsable que contribuya a la consolidación de la democracia. Para ello, convienen en la necesidad de llevar a cabo dos grupos de acciones: las dirigidas a equilibrar la economía con actuaciones a corto plazo y las encaminadas a la realización de importantes reformas que encaucen la economía y la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso. Estas medidas y acciones se concretan en los siguientes ámbitos y contenidos:
 
I. POLÍTICA DE SANEAMIENTO ECONÓMICO
    Las medidas de saneamiento económico se articulan en el ámbito de la política presupuestaria, en el de la política monetaria, en el de la política de precios y rentas y, finalmente, en el de la política de empleo. En cada uno de estos campos la actuación del Gobierno responderá a los siguientes principios y directrices:
  1. Presupuestos del Estado y de la Seguridad Social
        La política presupuestaria del Estado y de la Seguridad Social durante el periodo de vigencia del presente Programa Económico obedecerá a las siguientes directrices fundamentales: 
    1. Limitación y ejemplaridad de los gastos consuntivos del Estado y de la Seguridad Social. Durante 1978 tales gastos consuntivos no podrán crecer en más de un 21,4 por 100, tasa de crecimiento previsto del Producto Interior Bruto en términos monetarios. Por otra parte, se revisarán todos aquellos gastos estatales cuya existencia no se justifique de modo estricto en línea con el esfuerzo general que se solicita de la comunidad.
    2. Durante 1978 se orientarán preferentemente los gastos públicos hacia el mantenimiento de la ocupación. A este respecto se incrementarán los gastos estatales de inversión en un 30 por 100. Además, el Estado contríbuirá con 60.000 millones de pesetas al seguro de desempleo y transferirá otros 40.000 miliones a la Seguridad Social para compensar la reducción que se proyecta de sus cuotas.
    3. La emisión de Deuda Pública durante 1978 —que se efectuará en condiciones de mercado y por un importe de 40.000 millones de pesetas— se destinará específicamente a la financiación de un plan de construcciones escolares públicas.
    4. El déficit total del Estado será, como máximo de 73.000 millones de pesetas en 1978, lo que permitirá evitar una caída excesiva de la demanda interna.
    5. Los ingresos impositivos aumentarán su progresividad en 1978 debido a la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal.
    6. Se moderarán los incrementos de los costes de trabajo mediante un menor crecimiento de las cuotas de la Seguridad Social, las cuales no podrán aumentar durante 1978 en más de un 18 por 100 respecto a 1977. La revisión del sistema de cotización se efectuará con arreglo a criterios de progresividad y procurando que la participación del Estado en la financiación de la Seguridad Social pase de menos de un 3,5 por 100 en 1977 a un 8,2 en 1978 y tienda hacia un 20 por 100 del total de la misma en 1983.
    7. Contando con las transferencias recibidas del Estado, las cuentas de la Seguridad Social habrán de equílibrarse en 1978 sin recurrir a otros medios extraordinarios de financiación.
    8. El incremento de las pensiones de la Seguridad Social se realizará atendiendo a criterios de progresividad en su distribución y, en consecuencia, los aumentos previstos en las mismas se destinarán preferentemente a la elevación de las pensiones más reducidas.
    9. Se extenderá progresivamente la cobertura del seguro de desempleo a todos los parados, agilizándose el reconocimiento y pago de sus prestaciones.
  2. Política monetaria
        La política monetaria contenida en el Programa Económico obedecerá a los siguientes principios: 
    1. Se moderarán los ritmos de avance de las magnitudes monetarias para contribuir a una desaceleración progresiva del proceso inflacionista. Con este propósito se mantendrá durante 1978 una senda de crecimiento monetario cuyo punto medio se aproximará al 17 por 100 de aumento anual.
    2. El recurso del Tesoro al Banco de España en 1978 no podrá exceder de 14.000 millones de pesetas.
    3. Se limitará el nivel de las nuevas dotaciones al crédito oficial a 190.000 millones de pesetas durante 1978, de los cuales el Tesoro aportará 40.000 millones de pesetas, además del producto de la emisión de cédulas para inversiones. Esta financiación del crédito oficial atenderá preferentemente a la expansión de las actividades de la exportación, la agricultura, la construcción de viviendas y la pesca. El crédíto oficial reforzará asimismo la atención a la pequeña y mediana empresa.
    4. La actuación de las Cajas de Ahorros pondrá una especial atención a la financiación de la pequeña y mediana empresa a través de créditos comerciales. Los coeficientes de inversión de estas entidades atenderán también a la financiación de las Corporaciones Locales de su ámbito geográfico.
    5. Se establecerán mecanismos transitorios que garanticen una adecuada distribución del crédito bancario privado entre empresas grandes y empresas medianas y pequeñas, al objeto de que el coste de la polítíca de saneamiento en este ámbito se distribuya con equidad.
    6. Se propondrá la creación de una Sección de la Comisíón Parlamentaria de Economía para el control de la política monetaria y de las instituciones financieras públicas y privadas.
  3. Política de precios
        Las actuaciones del Programa Económico se orientarán en el campo de los precios hacia los siguientes ámbitos: 
    1. Mantenimiento transitorio de un sistema de precios controlados que afectará a productos estratégicos respecto del coste de la vida o a los precios que se formen bajo condiciones monopolísticas.
    2. Con independencia del mantenimiento del actual índice de precios de consumo, podrá establecerse un indicador que recoja la evolución de los precios de determinados productos de consumo más frecuentes por las clases de renta más baja. En la elaboración del mismo participarán las distintas organizaciones empresariales y de consumidores, así como los trabajadores, fundamentalmente a través de los Sindicatos.
    3. Se revisará la estructura de los organismos de control de precios, y en sus actuaciones participarán con su asesoramiento las organizaciones empresariales y de consumidores, así como los trabajadores, fundamentalmente a través de los Sindicatos.
  4. Política de rentas
        Por lo que respecta a la política de rentas, el Programa obedecerá a los siguientes criterios: 
    1. Crecimiento de la masa salarial bruta en cada empresa pública o privada —incluidas las cargas fiscales y de Seguridad Social que procedan— hasta un 20 por 100 durante 1978, de forma que, computando los aumentos por antigüedad y ascensos, se llegue a un incremento total del 22 por 100, con un tratamiento favorable de los salarios más bajos. Cuando proceda —y por el período que reste hasta finales de 1977—, esta norma se aplicará asimismo de modo que el incremento de la masa salarial no exceda a la equivalente al 25 por 100 en promedio respecto a la del año anterior y siempre que el crecimiento del índice de precios al consumo —también en promedio respecto al año anterior— no exceda tampoco del equivalente al 25 por 100. Si el crecimiento del índice de precios en promedio excediese en más de un punto a la referida tasa, se realizará el oportuno ajuste con objeto de mantener el poder adquisitivo de los salarios.
    2. Para garantizar el cumplimiento de esta norma, se retirarán las ayudas crediticias y fiscales de toda índole a las empresas que no la respeten. Por otra parte, se autorizará, en su caso, la reducción de la plantilla hasta en un 5 por 100 de sus efectivos en aquellas empresas en que se superen los niveles salariales antes indicados y siempre que ello sea consecuencia de las demandas sindicales. El Gobierno podrá establecer controles semestrales al respecto y, en todo caso, se evitará una aplicación discriminatoria de esta medida por razones políticas o sindicales.
    3. La norma salarial indicada podrá revisarse a partir del 30 de junio de 1978 si el crecimiento de los precios al consumo en junio del referido año supera —respecto a diciembre de 1977— el 11,5 por 100, descontados los posibles aumentos por variaciones en el tipo de cambio, alteraciones en los precios internacionales de la energía y efectos de circunstancias excepcionales agrícolas, y siempre que la tasa de inflación en 1977 sea aproximadamente del 30 por 100 (calculado sobre el índice de precios de diciembre del año anterior). Si esta tasa de aumento anual prevista para 1977 fuese distinta de la indicada, se revisará el tope de crecimiento de precios establecido como límite en el primer semestre de 1978.
    4. Se recomienda que la distribución del incremento indicado de la masa salarial en cada empresa se efectúe de modo que la mitad, al menos, del referido incremento se distribuya linealmente entre los trabajadores de la misma.
    5. Se adoptarán criterios de mejora de la información periódica sobre resultados de la empresa y su difusión responsable a las fuerzas sociales que en la misma participan.
  5. Empleo
    1. Se adoptarán las medidas paralelas que aseguren una prestación eficaz y rigurosa del seguro de desempleo y un tratamiento prioritario de las modalidades de creación de puestos de trabajo, atendiendo especialmente al empleo juvenil, contratación temporal de los acogidos al subsidio de paro sin pérdida de sus derechos y a las áreas geográficas de mayor índice de desempleo. Para los casos de contratación temporal de acogidos al subsidio de desempleo a partir de 1 de noviembre de 1977 el Estado —con cargo a los recursos de la Seguridad Social— satisfará el 50 por 100 de las cotizaciones que se devenguen.
    2. Al objeto de fomentar el empleo juvenil se autoriza, dentro de un programa experimental que se concretará, la contratación temporal por un plazo máximo de dos años para los empleos derivados de los nuevos puestos de trabajo que se creen a partir del 1 de noviembre de 1977, siempre que los mismos se cubran con personas que desempeñen por vez primera un trabajo. Para estos empleos el Estado —con cargo a los recursos de la Seguridad Social— satisfará el 50 por 100 de las cotizaciones que se devenguen.
 
   
 
II. REFORMA FISCAL
    Las medidas de reforma fiscal se remitirán a las Cortes dentro de los plazos anunciados por el Gobierno y tanto en lo que se refiere a la imposición sobre personas físicas como en lo relativo a los restantes impuestos y en lo que concierne a la estructura recaudatoria de los ingresos tributarios, responderán a las siguientes directrices: 
  1. Imposición sobre Personas Físicas
    1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrá carácter global, personal y progresivo, sustituyendo a los actuales impuestos reales o de producto, que serán absorbidos por el mismo.
          La tarifa del Impuesto sobre la Renta tendrá carácter progresivo y los tipos efectivos que recaigan sobre las rentas modestas serán inferiores a los actualmente vigentes. Para alcanzar una aplicación general y del Impuesto, los tipos efectivos de gravamen serán, en todo caso, moderados, como respuesta paralela a la amplitud de la base y a la inexorable exigencia del cumplimiento del tributo. 
    2. El Impuesto definitivo sobre el Patrimonio se armonizará en su estructura al nuevo Impuesto sobre la Renta, se aplicará sobre bases reales y se ajustará, en lo relativo a tipos de gravamen, a las líneas generales del texto del Impuesto Extraordinario aprobado en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. 
    3. El Impuesto sobre Sucesiones y donaciones se estructurará en un texto más simple y quedará coordinado con el Impuesto sobre el Patrimonio, remitiéndose al texto regulador del mismo en lo referente a las valoraciones.
  2. Restantes impuestos
        Se presentarán a las Cortes un Proyecto de Ley de Impuesto sobre las Sociedades y un Proyecto de reforma de la Imposición Indirecta, conforme a los siguientes principios:
    1. La reforma del Impuesto sobre Sociedades modernizará la vigente imposición sobre los beneficios de las entidades jurídicas en un texto que evitará todo tipo de exenciones y tratamientos de privilegio que no sean necesarios para incentivar la inversión creadora de puestos de trabajo. 
    2. La reforma de imposición indirecta llevará consigo una racionalización de la estructura tributaria que grava el consumo y las transmisiones de bienes, al objeto de alinear el sistema fiscal español a los vigentes en los países europeos que forman parte de las Comunidades, conteniendo además un Impuesto sobre el Valor Añadido cuya efectividad quedará condicionada a una situación económica favorable para la misma, procurándose que no genere sensibles elevaciones en los precios.
  3. Estructura recaudatoria
        En cuanto a la estructura recaudatoria que se derive de la reforma fiscal, los criterios orientadores de la misma serán los siguientes:
    1. Las recaudaciones por imposición directa y por imposición indirecta, en el Presupuesto del Estado para 1978, resultarán paritarias. 
    2. Asimismo, el avance, la importancia relativa de la imposición progresiva en la financiación del gasto público se mantendrá como tendencía para los ejercicios futuros. El Ministerio de Hacienda comunicará la nueva estructura tributaria cuantificada una vez que sea aprobada la Reforma en su totalidad por las Cortes. 
    3. Para el ejercicio de 1978, la relación de ingresos tributarios respecto al Producto Interior Bruto será de, aproximadamente, un punto de porcentaje superior a la de 1977.
 
III. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
    El perfeccionamiento del control del gasto público responderá a los siguientes principios y directrices:
  1. La Administración se compromete a establecer el control de la asignación de recursos a través de presupuestos de programas a partir de los Presupuestos para 1979, comenzando por los gastos de Sanidad y Seguridad Social, Obras Públicas y, en cuanto técnicamente sea posible, Educación. 
  2. Del mismo modo se aplicarán las normas de la Ley General Presupuestaria en relación con la especificación territorial de la asignación de recursos. 
  3. La Administración se compromete a desarrollar, en el plazo de seis meses, las normas establecidas en la Ley General Presupuestaria en cuanto a control de legalidad, control de auditoría y control de eficacia. 
  4. Sin perjuicio de la futura estructuración constitucional del Tribunal de Cuentas, el ámbito de su competencia y el sistema de designación de sus miembros se regulará de tal manera que quede asegurada la independencia en el desempeño de sus funciones y la eficacia del control a su cargo. 
  5. Se considera conveniente la creacíón de Subcomisiones, dentro de las correspondientes Comisiones parlamentarias, que garanticen un más adecuado control parlamentario del gasto público. Especialmente se considera conveniente la creación de Subcomisiones sobre “Subvenciories y transferencias a empresas y organismos públicos”, “Gastos físcales” y “Retribuciones de personal del sector público”.
 
IV. POLÍTICA EDUCATIVA
    La política educativa se orientará conforme a los siguientes principios y criterios:
  1. Democratización del sistema educativo, buscando la participación de todos los sectores y definiendo un estatuto de los centros educativos y del profesorado. Deberán constituir objetivos prioritarios de esta política la mejora de la calidad en la enseñanza y la homogeneización técnica de la misma entre los centros estatales y no estatales. 
  2. Gratuidad progresiva de la enseñanza. Para ello, se adoptarán las siguientes medidas:
    1. En el ámbito de los centros estatales.
          Se acometerá la expansión efectiva de la gratuidad de la enseñanza mediante la construcción, equipamiento y atención a los gastos de funcionamiento y de profesorado de los puestos escolares que se incluyan en el Plan Extraordinario de Escolarización de 40.000 millones de pesetas. A tales efectos se crearán 400.000 plazas de Educación General Básica, 200.000 nuevas plazas de Educación preescolar y 100.000 nuevas plazas de Bachillerato Unificado Polivalente durante 1978. El Ministerio de Educación y Ciencia informará trimestralmente a la Comisión Parlamentaria de Educación sobre los niveles de cumplimiento alcanzados en este Plan.
          Se estudiarán, de cara al Presupuesto de 1979, las medidas que tiendan a la adecuada retribución del profesorado; se considerará la gratuidad total de servicios de comedores y transporte, en los niveles de enseñanza obligatoria, cuando se impongan como necesarios para los alumnos de concentraciones escolares; y se examinará el posibie abaratamiento de los libros de texto en niveles educativos obligatorios.
          Se implantará la participación de los padres de alumnos y del profesorado en el control del funcionamiento y condiciones de estos centros.
    2. Respecto a los centros no estatales se procederá a una revisión profunda del sistema de financiación con la definición, si se considera conveniente, de un estatuto de los centros subvencionados en que se prevea la participación de padres de alumnos y profesorado por la que se atienda a la función, necesidades y condiciones de tales centros, y en el que se asegure el control de la aplicación de fondos públicos a los mismos.
  3. La política educativa se completará, además, con las siguientes actuaciones: 
    1. Se incorporarán las distintas lenguas y contenidos culturales en sus respectivos ámbitos territoriales, para todos los niveles educativos obligatorios. En coherencia con estas medidas, se facilitará al profesorado, en su caso, el oportuno reciclaje.
    2. En la medida en que se vayan instaurando los diferentes regímenes y estatutos autonómicos, se establecerá la pertinente colaboración entre el Gobierno y las instituciones autonómicas para la realización de estos planes.
    3. La política de inversiones habrá de complementarse con una eficaz acción en materia de obtención de suelo, para lo que se precisa una especialísima colaboración de los organismos de Obras Públicas y Urbanismo, así como de las Corporaciones Locales, y las medidas legislativas necesarias que permitan la urgente disponibilidad del suelo.
    4. Asimismo se considera necesario adoptar las medidas para reducir los actuales plazos en las construcciones y agilizar al máximo la actuación administrativa.
 
   
 
V. POLÍTICA DE URBANISMO, SUELO Y VIVIENDA
    Los criterios y directrices a los que habrá de responder la política de urbanismo, suelo y vivienda serán los siguientes:
  1. Urbanismo y suelo
        La política de suelo y urbanismo propuesta se basa en tres principios: Primero, en que la actuación pública debe reflejar el deseo social de ocupación y uso del suelo urbano; segundo, en que el plusvalor sobre el suelo urbano es fundamentalmente de la colectividad y, finalmente, que el sector público debe asumir un papel principal en lo referente a garantizar la entrada en uso del suelo urbano.
        Conforme a tales principios generales se proponen las siguientes medidas concretas a corto plazo en lo referente a urbanismo y suelo:
    1. Se instrumentarán medidas para poner urgentemente en uso suelo ya calificado urbanizado o urbanizable. Se formará antes del 30 de junio de 1978 un inventario de suelo en tales condiciones. Se agilizarán inmediatamente las tramitaciones administrativas del suelo en esa situación, sin que tales medidas afecten en ningún caso al patrimonio históricoartistico o monumental.
    2. Se promoverán en suelo público, actual o adquirido, operaciones de construcción directa o en régimen de concesión a la iniciativa privada, favoreciendo el régimen de cooperativas y concertando las condiciones finales y los plazos de ejecución.
          Asimismo se promoverán conciertos con el sector privado para la promoción urgente de viviendas y equipamientos en las mismas condiciones.
    3. En todos los casos las condiciones de contratación de las actuaciones urbanísticas se formularán de modo que queden garantizadas las posibilidades de acceso y las condiciones de competencia, sin discriminación, de todas las empresas. Se dará prioridad a actuaciones que contribuyan a resolver los problemas de barrios o núcleos actuales, especialmente de chabolismo.
    4. Para agilizar el proceso de descentralización se resolverán, en su caso, los problemas derivados de las capacidades técnicas de control urbanístico eficaz, y de aplicación de instrucciones de las Comisiones Provinciales de Urbanismo.
    5. Se establecerán medidas cautelares especiales para limitar al máximo la reconversión a usos privados del suelo actualmente destinado a usos públicos o instalaciones oficiales y paraestatales.
    6. Se presentarán, antes del 31 de marzo de 1978, un reglamento de expropiaciones y unas bases para la reforma estructural de la política del suelo, con especial énfasis en apropiación pública del plusvalor y la introducción de los derechos de tanteo y retracto o figuras de efectos equivalentes.
    7. Se establecerá la normativa para tramitar o incluir en los Planes Generales limitaciones de suelo para vivienda de construcción directa y áreas de uso preferente de vivienda social.
    8. Se agilizará la recalificación del suelo urbano, poniendo en práctica de forma inmediata el Impuesto sobre Solares (Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre), con objeto de penalizar su retención especulativa.
    9. Se aplicará de forma urgente el Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos (Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre), para recuperar parte de las plusvalías.
  2. Vivienda
        En lo referente a vivienda, la actuación del Gobierno se orientará en una doble vertiente: de una parte, hacia el establecimiento de mecanismos que garanticen la financiación de la vivienda dentro de plazos adecuados, y, de otra, hacia el aumento de la construcción de viviendas para los sectores más necesitados de la población.
        En consecuencia, la política de vivienda se ajustará a los siguientes principios:
    1. Promoción de las adquisiciones de suelo urbano o urbanizable por las Corporaciones Locales y otras instituciones públicas para su cesión temporal con destino a la construcción de viviendas destinadas a las clases de rentas más bajas. A tales efectos, se facilitará la creación de empresas mixtas con participación mayoritaria municipal.
    2. Prioridad absoluta a la construcción de viviendas con destino a la población de menor renta durante 1978 y 1979, elevando ei número de las programadas en 1977 y favoreciendo el disfrute de parte de las mismas en régimen de alquiler.
    3. Instrumentación de los mecanismos democráticos pertinentes para adjudicación de viviendas de promoción directa y el control general de éstos y de las viviendas sociales, así como de sus acotaciones y equipamientos urbanísticos.
    4. Adopción de medidas eficaces para la utilización de viviendas desocupadas.
    5. Investigación urgente sobre la ocupación actual de las viviendas promovidas directamente por el Estado con el fin de acabar con las distorsiones existentes en este sector.
    6. Iniciación de las gestiones para descentralizar de inmediato la aplicación de la política de vivienda y, muy especialrnente, de viviendas sociales y de construcción directa.
    7. Realización de los estudios pertinentes para conocer el mercado de la vivienda de alquiler en España, de tal forma que, a partir de los resultados obtenidos, se posibilite una actualización de la Ley de Arrendamientos Urbanos u otras medidas pertinentes.
    8. Instrumentación de apoyo financiero a través del crédito oficial —y dentro de sus posibilidades— para la creación de empresas mixtas con participación mayoritaria municipal destinadas a la adquisición de suelo y promoción de viviendas sociales. Se establecerá además un marco institucional que promueva la forrnación y desarrollo de entes promotores colectivos de viviendas, tales como Patronatos Municipales, Cooperativas de usuarios y otros similares.
    9. Remoción de los obstáculos jurídicos y administrativos que se oponen a la creación de un mercado amplio de hipotecas, revisando para eIlo el impuesto que grava las transmisiones patrimoniales en el ámbito de los bienes inmuebles y proponiendo la regulación de fondos de inversión mobiliaria que tomen como activo las hipotecas sobre inmuebles.
 
VI. REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Como principio general, la actuación en el terreno de la Seguridad Social se ordenará con arreglo a criterios de creciente participación de la sociedad en las decisiones y en el funcionamiento de la misma. A tales efectos, se adoptarán las siguientes medidas:
  1. Gestión de la Seguridad Social
        Se presentará al Congreso un Proyecto de Ley que contemple la reestructuración de las actuales Entidades Gestoras de la Seguridad Social de acuerdo con principios de simplificación, racionalización, ahorro de costes, eficacia social y descentralización. Asimismo se pasarán a la Administración del Estado el Servicio de Empleo y Acción Formativa, Promoción Profesional Obrera, Instituto Español de Emigración y Servicio de Universidades Laborales, así como el Servicio de Seguridad e Higiene, excepto en las funciones que éste realice de medicina preventiva laboral. 
  2. Control y vigilancia de la gestión de la Seguridad Social
    1. Los Presupuestos, los gastos y la gestión de la Seguridad Social se someterán al control parlamentario.
    2. El control y vigilancia de la gestión de la Seguridad Social corresponderá a la Intervención General del Estado, sin perjuicio de que se adopten las medidas necesarias para garantizar a los asegurados y beneficiarios la calidad y eficacia de los servicios y prestaciones.
    3. El control y vigilancia de la gestión de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social se efectuará desde el nivel local al estatal por órganos en los que figuren, por partes iguales, representantes de los trabajadores, de los empresarios y de la Administración Pública. La participación de los trabajadores en dichos órganos se instrumentará fundamentalrnente a través de los distintos sindicatos y en función de los resultados obtenidos en las elecciones sindicales; esta participación será regulada con carácter urgente mediante una norma que entrará en vigor en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de celebración de dichas elecciones. La mencionada norma deberá asimismo contemplar la representación de los empresarios a través principalmente de las organizaciones empresariales.
    4. En los Servicios Sociales se establecerá una representación democrática en los distintos niveles territoriales, con participación de los beneficiarios de la Administración Pública.
  3. Inspección
        Se establecerán las medidas necesarias para imprimir la mayor eficacia a la recaudación y control de la Seguridad Social, actualizándose los cometidos de inspección financiera y de gestión. 
  4. Financiación
    1. Se establecerá un sistema de cotización con arreglo a criterios de progresividad, de eficacia social y de redistribución. A tales efectos las cotizaciones se establecerán en función de los niveles de renta de los cotizantes y se referirán a los salarios reales; asimismo se introducirán fórmulas de estratificación o normalización de las cotizaciones por módulos retributivos en los que se agruparán los distintos niveles de ingresos reales a efectos de cotización.
    2. La aportación del Estado a la Seguridad Social aumentará al ritmo que permita la marcha general de los ingresos del Estado, pasando de un 3,5 por 100 en 1977 a un 8,2 por 100 en 1978 y hasta alcanzar un 20 por 100 de la financiación para el ejercicio de 1983.
  5. Prestaciones
    1. En lo que se refiere a las prestaciones farmacéuticas se adoptarán medidas que garanticen la utilidad de las nuevas especialidades y se controlarán los precios de importación de materias fundamentales. Asimismo se elaborarán normas específicas sobre conciertos de la Seguridad Social con laboratorios y farmacias y sobre autorización administrativa previa de la publicidad que no se limite a niveles científicos. Se realizará un estudio sobre la racionalización de la industria nacional farmacéutica, especialmente de la productora de primeras materias, procediéndose, si fuera conveniente, a la creación de una Empresa Nacional de productos intermedios químico-farmacéuticos.
    2. Con objeto de frenar el consumo innecesario de productos farmacéuticos se revisará la participación de los beneficiarios en el coste de estas prestaciones, excepto en lo que se refiere a medicamentos básicos y con exclusión en todo caso de los colectivos menos protegidos.
    3. Se autorizará al despacho directo de productos farmacéuticos básicos en el recinto de las lnstituciones Sanitarias de la Seguridad Social a los beneficiarios de la misma.
  6. Ayuda Familiar
        Se realizará un estudio sobre el actual sistema de Ayuda Familiar que contemple su efectual reestructuración con vistas a obtener una mayor eficacia redistributiva. 
  7. Seguro de Desempleo
    1. El Estado deberá hacerse cargo progresivamente de la financiación del Seguro de Desempleo, y en la medida en que ello suceda deberán traspasarse las competencias en esta materia al Departamento ministerial responsable de la política de empleo.
    2. En materia de desempleo se controlarán los censos, la marcha de las oficinas de colocación y, en general, los distintos aspectos de esta prestación en orden a su efícacia en todos los ámbitos, particuarmente en el local, a través de órganos de vigilancia y control, con la misma composición de fuerzas sociales ya especificada, los cuales podrán establecer subcomisiones especializadas al efecto; asimismo las Oficinas de Colocación harán públicas las listas de parados con objeto de facilitar su reincorporación al trabajo.
    3. Se ampliarán los plazos de prestación del subsidio de desempleo para ciertas categorías de trabajadores sometidos a circunstancias excepcionalrnente difíciles
    4. En la rnedida que lo permitan las posibilidades económicas y financieras de la Seguridad Social y de las aportaciones del Estado se revisará la cuantía de las prestaciones por desempleo, de forrna que —unidas las de la Seguridad Social a las del Fondo Nacional de Protección al Trabajo— no sean inferiores al salario mínimo interprofesional; asimismo se incrementarán las subvenciones para mitigar el paro de las personas encuadradas en el Régimen Especial Agrario y de los Trabajadores del Mar. Además, se establecerá un tope máximo a la prestación por desempleo, al objeto de conseguir una mayor progresividad del sistema.
  8. Pensiones
        Para el año 1978, y con efectos a partir del 1 de enero, se incrementará la masa global de las pensiones en un 30 por 100 y se distribuirá su cuantía de forma que incida progresivamente en las más reducidas 
  9. Seguridad Social Agraria
        El Régimen de la Seguridad Social Agraria será equiparado al Régimen General de acuerdo con el ritmo que permita la política económica, revisándose los sistemas de cotización, los criterios de prestaciones y los de fijación de la cuantía de las cuotas, tanto de empresarios como de trabajadores. 
  10. Salud y Asistencia Sanitaria
        Se elaborará un catálogo de enfermedades profesionales y se actualizarán las norrnas de medicina preventiva. Asimismo se recomienda la creación de un Servicio de Orientación Familiar y la inclusíón de la psiquiatría dentro de las prestaciones de la Seguridad Social, todo ello dentro de las posibilidades actuales del marco financiero general de la misma.
 
   
 
VII. REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO
    La reforma del sistema financiero responderá a los siguientes principios:
  1. Antes del 31 de marzo de 1978 el Gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley para la nueva regulación de los órganos rectores del Banco de España y del Crédito Oficial.
  2. Se adecuarán las normas reguladoras del crédito oficial de forma que las entidades oficiales de crédito se financien, al menos en su tercera parte, con fondos captados en el mercado; sus operaciones activas puedan ser similares a las de la Banca privada y tengan posibilidad de acceso a los créditos de regulación monetaria.
  3. Las Cajas de Ahorros prestarán atención prioritaria a la financiación de la pequeña y mediana empresa, a la del comprador para la adquisición de la vivienda propia, a la de los sectores agrícola y pesquero y a la de cuantas actividades estimulan la creación de empleo en el ámbito territorial en el que operen. El Gobierno propondrá en el plazo de un mes las medidas oportunas en orden al cumplimiento de tales objetivos. Las autoridades financieras y la Sección de Política Monetaria de la Comisión de Economía del Congreso vigilarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, el funcionamiento de estas entidades y garantizarán la representación efectiva en sus órganos de gobierno de los impositores y, cuando proceda, de las Entidades y Corporaciones y de los propios gobiernos autonómicos de su ámbito territorial.
  4. Las Cajas Rurales pasarán a depender del Ministerio de Economía y serán controladas por el Banco de España en análogos términos que las Cajas de Ahorros y la Banca privada.
  5. Se revisarán las actuales normas sobre incompatibilidades bancarias y se limitará la posibilidad de concesión de créditos por las entidades bancarias a sociedades anónimas en cuyo capital posea una especial participación alguno de los altos cargos de tales entidades bancarias.
  6. Dentro del mercado de capitales se potenciarán las emisiones de títulos de renta fija, adecuándose sus tipos a los del mercado.
  7. Respecto al mercado de hipotecas, se eliminarán las trabas legales y administrativas que actualmente obstaculizan el desarrollo del mismo.
  8. Se revisará la función de los Agentes Mediadores en el mercado de capitales, en el sentido de liberalizar y ampliar la función mediadora.
  9. Se revisará la legislación vigente en materia de inversión colectiva.
 
   
 
VIII. POLÍTICA AGRÍCOLA, PESQUERA Y DE COMERCIALIZACIÓN
POLÍTICA AGRÍCOLA
    Las actuaciones en el terreno de la política agrícola se ordenarán con arreglo a los siguientes criterios:
  1. Ordenación de Cultivos
    1. Se definirán los criterios de ordenación de cultivos antes del mes de julio de 1978. Tales criterios deberán tener en cuenta las diferentes agriculturas existentes en el país y, dentro de unos principios generales de coordinación deberán tender hacia la eliminación de los desequilibrios agroalimentarios El carácter de estos criterios será indicativo y contendrá una específica política ganadera y una política de grasas.
    2. En la elaboración de los criterios de ordenación de cultivos participarán las Organizaciones y Sindicatos profesionales agrarios, así como, en su caso, las Instituciones de los Regímenes Autonómicos.
    3. En la elaboración de los criterios de ordenación de cultivos se tendrán en cuenta la demanda, tanto actual como potencial, del mercado interior y exterior y el aprovechamiento integral de los recursos naturales. Asimismo se fijará como objetivo en esa elaboración el reducir el desequilibrio de la Balanza Comercial Agraria en los próximos años.
  2. Ley de Arrendamientos Rústicos
        Antes del 30 de junio de 1978 se presentará un Proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos que incorporará a la actual normativa los siguientes criterios:
    1. Regulación del acceso a la propiedad de la tierra para los arrendatarios.
    2. Supresión progresiva de la posibilidad de fijar cánones arrendatarios en función de los frutos obtenidos. Se favorecerá asimismo la permanencia y continuidad en la relación arrendaticia, estableciendo criterios equitativos para la revisión periódica de la renta.
    3. Examen profundo del régimen de aparcería a fin de darle la solución más adecuada de acuerdo con las características de las distintas zonas geográficas o regionales.
    4. Reembolso de las mejoras realizadas por el arrendatario en los casos de venta o extinción forzosa del arrendamiento.
    5. Actuación fiscal sobre las tierras insuficientemente aprovechadas.
    6. Revisión de las normas legales sobre derecho de los arrendatarios en caso de expropiación forzosa o enajenación.
  3. Política de precios
        El Gobierno regulará conjuntamente los precios agrícolas con antelación suficiente para orientar la campaña: para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
    1. La política de precios agrarios y la fijación conjunta de precios para la próxima campaña se elaborará con la participación de las distintas Organizaciones y Sindicatos Agrarios, representativos de los intereses del sector.
    2. Se analizarán los niveles comparativos de renta del Sector Agrícola y de los demás sectores mediante la correspondiente investigación estadística y se procurará que las diferencias entre tales niveles no se incremente en lo sucesivo. Además, se arbitrarán las medidas necesarias para que el agricultor sea el beneficiario directo de las subvenciones a los productos agrarios.
  4. Ley de Cooperativas y Entidades Asociativas Agrarias
        Antes del 30 de junio de 1978 se presentará a las Cortes un Proyecto de Ley sobre Entidades Asociativas, Cooperativas Agrícolas y Ganaderas y Sociedades de Transformación, que favorezca la creación de aquellas que cubran todo el proceso productivo, adquisición colectiva de productos necesarios para la explotación, industrialización de sus propios productos y la comercialización de los mismos, incluso hasta el nivel del consumo. La regulación, en su caso, deberá ajustarse al principio fundamental cooperativo, conforme al cual cada cooperativista dispone de un voto. 
  5. Ley de Reforma y Desarrollo Agrario
        En el menor plazo posible, se presentará a las Cortes una nueva Ley de Reforma y Desarrollo Agrario que establezca los criterios generales a los que deberá adecuarse la nueva política estructural de la empresa agraria, de la explotación agraria familiar, así como de las formas asociativas de explotación. Tales criterios podrán ser desarrollados por las instituciones autonómicas. Asimismo, se elaborará un estatuto de la explotación familiar agraria y se agilizarán los procedimientos expropiatorios por razones de interés social, modificando los sistemas de indemnización y estableciendo nuevos mecanismos de valoración. Se actualizará la presente regulación de fincas, manifiestamente mejorable, con el fin de conseguir su eficaz aplicación. 
  6. Seguros Agrarios
        Se presentará ante el Congreso una Ley de Seguros Agrarios que proteja al agricultor de las consecuencias derivadas de acaecimientos catastróficos. 
  7. Cámaras Agrarias
        En relación con el Decreto de Cámaras Agrarias, se recomienda un Decreto adicional, en consulta con las distintas fuerzas sindicales, que perfeccione el anterior y que regule las elecciones a estos órganos y en el que se contemplen las necesarias garantías electorales, de modo que se asegure la plena democratización de estos órganos de consulta y coaboración. Esta regulación se efectuará teniendo en cuenta el reconocimiento del principio de libertad da asociación sindical en el terreno agrario. 
  8. Cajas Rurales
        El funcionamiento de las Cajas Rurales se regirá especialmente por los principios cooperativos, adaptándose a criterios de democratización en sus órganos y de transparencia en sus operaciones, dedicando las mismas de forma preferente al sector agrario y al medio rural.
 
   
POLÍTICA PESQUERA
  1. La política pesquera se estructurará en torno a las siguientes acciones: 
    1. Extensión de las aguas jurisdiccionales del país a 200 millas.
    2. Reforma de la estructura administrativa de la pesca, dotándola del rango necesario para el tratamiento coherente y unitario del sector.
    3. Elaboración, antes del 30 de junio de 1978, da un amplio plan de reestructuración del sector pesquero que contemple tanto las acciones de carácter interno referentes a las actividades pesqueras que se realicen dentro de las aguas jurisdiccionales, como la defensa y potenciación de la pesca de altura y gran altura sometida a la jurisdicción de terceros países.
  2. En lo que se refiere a la política pesquera interna, los principales criterios de actuación serán los siguientes: 
    1. Estructuración adecuada de los centros de investigación pesquera.
    2. Ordenación en función de los resultados de estos estudios de la pesca de litoral.
    3. Regionalización de la actividad pesquera y marisquera con adecuada representación de las fuerzas sociales en los órganos que se creen.
    4. Establecimiento de una política comercial coherente con las peculiaridades de la producción pesquera.
    5. Consideración especial de los problemas sociales del sector.
  3. En relación con la política exterior pesquera, los criterios de actuación serán los siguientes: 
    1. Defensa del derecho de acceso a los caladeros tradicionales y apertura de nuevas posibilidades para la flota.
    2. Potenciación de empresas pesqueras conjuntas
POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN
  1. Se elaborará, antes del 30 de junio de 1978, un Programa de Reforma y Modernización de las Estructuras Comerciales cuyas principales líneas de actuación serán las siguientes: 
    1. Mejora de la comercialización en origen, con objeto de que los productores asuman una parte creciente del proceso de distribución. Para ello se fomentarán las cooperativas de comercialización agraria, se mejorará el funcionamiento de los mercados de origen y se facilitará la presencia de los productores en los mercados centrales, así como su relación directa con el escalón detallista y las cooperativas de consumo.
    2. Transparencia del escalón mayorista, buscando la desaparición de intermediarios innecesarios y aumentando el grado de competencia entre los que deban subsistir. Para ello se desarrollará una política de mercados centrales, con el doble sentido de mejora de su infraestructura y de revisión de las normas a que está sometido el funcionamiento y el acceso a los mismos. Al mismo tiempo se dará prioridad al desarrollo de canales alternativos mediante centrales de distribución, de origen y de destino, que eviten el paso forzoso por los mercados centrales de todos aquellos productos que reúnan las condiciones sanitarias adecuadas.
    3. Modernización del escalón detallista mediante una serie de acciones que faciliten tanto el asentimiento y la financiación de la pequeña y mediana empresa comercial como los movimientos de asociación e integración entre comerciantes y detallistas. Asimismo se regulará la creación de grandes superficies comerciales.
  2. En el ámbito de la regulación y ordenación de los mercados se potenciarán los servicios de vigilancia y disciplina de los mismos, a fin de asegurar la competencia en precios, la lucha contra el fraude y el fomento de la calidad, a la vez que se avanzará en la normalización técnico-comercial de los productos en el mercado interior, como medio de conseguir una mayor fluidez de la actuación comercial y una mayor información de la administración y defensa de los derechos de los propios consumidores.
  3. Se revisará, antes del 31 de marzo de 1978, la normativa que rige el Instituto Nacional del Consumo, con el fin de dotarle de un mayor grado de tecnificación y eficacia en sus funciones. Se reorganizarán los servicios de la Administración que se relacionen directamente con los intereses de los consumidores, potenciando la participación de éstos en aquellos organismos cuyas decisiones puedan afectarles directamente y preparando la promulgación de un estatuto del consumidor.
  4. Por último, se procederá a la transformación le la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, con objeto de lograr una mayor libertad de mercado y reducir la intervención directa del Estado en los mismos.
 
   
 
IX. POLÍTICA ENERGÉTICA Y ESTATUTO DE LA EMPRESA PÚBLICA
    Respecto a la política energética y al Estatuto de la Empresa Pública, la actuación del Gobierno se orientará conforme a los siguientes criterios: 
  1. Política energética
        La crisis energética, que afecta a todos los países industrializados, reviste especiales caracteres de gravedad en el caso de España debido a la confluencia de tres factores: En primer término, debido al consumo excesivo de energía en relación con el Producto Nacional Bruto y la utilización poco racional de la energía primaria; en segundo lugar, por la gran escasez de recursos energéticos propios, lo que origina una dependencia desproporcionada del exterior; y, finalmente, por la incidencia de las importaciones energéticas en la balanza de pagos. Es, pues, uno de los problemas básicos y más graves con los que se enfrenta la economía española, al igual que los demás países industriales, y que, por consiguiente, requiere que se inicie una urgente y firme política de acuerdo con los siguientes principios: 
    1. Supeditación de la política energética al logro de los objetivos prioritarios que el Gobierno se ha fijado en materia de política económica y muy especialmente de balanza de pagos.
    2. Remisión a las Cortes, antes de fin de año, de un Nuevo Plan Energético, compatible con la necesaria conservación del medio ambiente, que apunte a contener y —si ello fuera posible— a disminuir la intensidad y elasticidad del consumo energético mediante las siguientes medidas: 
      1. Una política coherente de conservación y ahorro energético basada, en primer término, en la utilización de un sistema de precios realistas que impida el continuado abaratamiento de la energía en términos reales y en relación al resto de los bienes y servicios disponibles, y en segundo lugar en la instrumentación de distintas medidas de ahorro energético, recurriendo incluso —si ello fuera necesario— a la contingentación de los consumos energéticos.
      2. Una política de diversificación de fuentes energéticas y de países de procedencia de las mismas.
      3. Una política de desarrollo acelerado de los recursos propios, dentro de criterios de racionalidad económica y social de las producciones nacionales de petróleo, de combustibles nucleares, de la energía hidroeléctrica y del carbón.
      4. Una política de potenciación de las investigaciones y el desarrollo de las fuentes alternativas de energía, con especial referencia a la energía solar, estimulando la creación de una tecnología propia.
    3. Para facilitar y consolidar las medidas previstas se procederá a una reordenación de los distintos sectores energéticos, potenciando al máximo el ejercicio de las potestades administrativas —y, en su caso, de los derechos derivados de la posición de accionista de la Administración pública en las empresas de todos los subsectores— para conseguir la racionalización y coordinación del sector energético en aras a la más perfecta y completa satisfacción de los intereses públicos. Por lo que respecta a cada uno de los sectores energéticos, se procederá, además, a la adopción de las siguientes medidas: 
      1. En el subsector de hidrocarburos se procurará la coordinación de las competencias administrativas y, en lo posible, la existencia de un organismo que agrupe todas las participaciones públicas en el subsector.
      2. En el subsector eléctrico se procurará la optimización del sistema de explotación con las consiguientes compensaciones que el mismo conlleve, la planificación de las inversiones futuras y la optimización del sistema de transporte y distribución garantizando la dirección de todo el proceso por los órganos competentes de la Admintración pública. Asimismo se procederá a la adopción de medidas que estimulen la concentración de empresas eléctricas y se prestará la necesaria atención a la electrificación rural.
      3. En el subsectar nuclear se garantizará que el procedimiento de localización de instalaciones nucleares —donde tendrán intervención las autoridades locales— persiga la ubicación más idónea de las mismas, estableciéndose un adecuado sistema de compensaciones. Por otra parte se garantizarán las máximas seguridades en la explotación de las instalaciones nucelares, así como de los almacenes de residuos radiactivos. Por último, se potenciará la máxima utilización posible de tecnología nacional en el campo nuclear, controlando y coordinando la Administración tanto las importaciones de equipos nucleares como las transferencias de tecnología.
  2. Estatuto de la Empresa Pública
        Antes del 30 de junio de 1978, el Gobierno remitirá un Proyecto de Ley a las Cortes relativo al Estatuto de la empresa pública sobre la base de los siguientes criterios: 
    1. Control parlamentario.—Dada la problemática de las empresas públicas, se considera conveniente que el control parlamentario de las mismas se realice por una Subcomisión específica dentro de la Comisión de Economía.
    2. Control por la Administración.—El estatuto de la empresa pública regulará los siguientes extremos: 
      1. Su coordinación y racionalización de conjunto por un órgano de la Administración;
      2. Su control financiero externo de acuerdo con lo establecido en la Ley Presupuestaria, y
      3. Su control interno, que se efectuará por los distintos departamentos ministeriales competentes.
    3. Regionalización de inversiones.—La inversión realizada a través de la empresa pública deberá coadyuvar al desarrollo de las regiones menos desarrolladas. En los planes de inversión de las empresas públicas se determinará con claridad suficiente el porcentaje de las mismas que se destinen a las distintas áreas regionales.
    4. Descentralización de actividades.—En espera de lo que en este sentido pueda derivarse de la nueva Constitución y del eventual establecimiento de gobiernos autónomos, se procurará conseguir desde ahora en este ámbito el máximo grado de descentralización, compatible en todo caso con las directrices que adopte la empresa pública a nivel general.
    5. Participación de las fuerzas sociales.—Reconocimiento de la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas públicas, fundamentalmente a través de sus sindicatos y establecimiento de cauces de consulta a los consumidores o usuarios para la elaboración de las políticas de éstas cuando les afecten y para el control de la eficacia de sus actividades.
    6. Régimen de incompatibilidades.—Establecimiento de un régimen de incompatibilidades para los miembros de los Consejos de Administración de las empresas públicas.
    7. Adquisiciones y enajenaciones.—La adquisición y enajenación de empresas o de activos por parte del sector público se someterá a rigurosas formas de valoración que garanticen, en todo caso, su realización por el valor justo que corresponda.
    8. Condiciones de actuación.—Las condiciones de actuación de las empresas públicas y privadas se equipararán de forma que en la gestión de ambos tipos de empresa no se den situaciones discriminatorias
 
   
 
X. CRITERIOS PARA LA ADAPTACIÓN A LAS INSTITUCIONES AUTONÓMICAS
    El desarrollo de este Acuerdo se acomodará a la legislación vigente en cada momento relativa a instituciones autonómicas provisionales, a los efectos de adecuar la instrumentación prevista a la distribución de competencias que se establezca en dicha legislación, y todo ello en un marco de unidad de la política económica española.
    Los representantes del Gobierno y de los diversos partidos políticos con representación parlamentaria entienden que, si las acciones expuestas se cumplen, señalarán el punto de partida para la superación de la actual crisis económica.
     Firmado en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, el día veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y siete.
Adolfo Suárez González
Felipe González Márquez
Joan Reventós Carner
Josep Maria Triginer Fernández
Manuel Fraga Iribarne
Enrique Tierno Galván
Juan Ajuriaguerra Ochandiano
Miguel Roca i Junyent
Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo
Santiago Carrillo Solares
 
   
 
ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA, APROBADO EL 27 DE OCTUBRE DE 1977
    El consenso alcanzado en el curso de las sesiones de trabajo que se han desarrollado entre el 8 y 26 de octubre de 1977 ha permitido fijar los objetivos de política legislativa a corto plazo contenidos en el presente documento.

    Los objetivos de política legislativa a corto plazo propuestos se centran en la introducción de reformas parciales y urgentes para la adaptación del ordenamiento jurídico a las exigencias propias de la nueva realidad democrática. La coincidencia se expresa en torno a las siguientes líneas directrices, que no prejuzgan ni la plenitud de competencia de las Cortes para su debate y decisión, en los términos en que haya de producirse la regulación definitiva en ejecución y cumplimiento de los mandatos constitucionales.

 
I. LIBERTAD DE EXPRESIÓN
  1. Prensa
    1. Subsistirá la obligación de depósito previo de publicaciones, si bien el secuestro sólo podrá decretarse por la autoridad judicial, en virtud de denuncia del Fiscal, de la Administración Pública o de cualquier persona interesada.
    2. Cualquier denunciante podrá acompañar, con su denuncia, una propuesta de nota de rectificación, aclaración o réplica. En tal caso, la autoridad judicial dará opción a la publicación para insertar, en el número siguiente a su recepción, la nota de aclaración, rectificación o réplica. Su inserción, sin comentarios ni apostillas, comporta el perdón del ofendido y la publicación no podrá volver sobre la cuestión. En los términos indicados se entenderá cumplido el trámite de conciliación.
    3. El procedimiento judicial que, en su caso, haya de seguirse se desarrollará en plazos breves y estrictos.
    4. La determinación de responsabilidades principales y subsidiarias se ajustará a lo establecido en el Código Penal.
    5. La sentencia, cuando no sea absolutoria, fijará preceptivamente el importe de la indemnización por perjuicios morales. La cuantía se fijará en función de criterios objetivos.
  2. Secretos oficiales
           Se revisarán los supuestos legales en que pueda una materia ser declarada en función de la seguridad y defensa del Estado. Los órganos competentes para hacer la declaración serán: el Consejo de Ministros y, en materia de Defensa Nacional, las autoridades militares.
 
II. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE TITULARIDAD ESTATAL
  1. Un Consejo provisional, integrado paritariamente por personas designadas por el Gobierno y por parlamentarios, representantes de los distintos grupos con criterio proporcional
    • Elaborará y propondrá un proyecto de Estatuto Jurídico de RTVE, incluyendo criterios y normas específicas sobre tratamiento regional de los programas y, en su caso, de los servicios.
    • Asumirá provisionalmente la vigilancia de la objetividad informativa y del funcionamiento general de RTVE, en especial en los aspectos referentes al gasto.
  2. La Comisión de Cultura del Congreso constituirá una Subcomisión que, conjuntamente con las personas designadas por el Gobierno, propondrá a éste el tratamiento que debe darse a las agencias de noticias, a los demás medios de comunicación social del Estado y a los procedentes de la AISS, incluyendo, respecto de las emisoras de radio, criterios y normas específicas sobre tratamiento regional de los programas y, en su caso, de los servicios.
 
III. DERECHO DE REUNION
       La reforma de la legislación general reguladora del Derecho de reunión debería efectuarse sobre la base de las siguientes premisas:
  1. Ampliación del concepto de reuniones privadas (exentas de toda intervención administrativa) a todas aquellas cuyo número no supere las cincuenta personas; las que convoquen y celebren las personas físicas en lugares de público esparcimiento por razones familiares o de amistad, siempre que la asistencia esté limitada mediante invitación nominativa, y a las propias de los partidos políticos en su funcionamiento interno exclusivamente, aun cuando sea fuera de sus locales sociales.
  2. Régimen de libertad para las reuniones en local cerrado, con una simple comunicación previa a la autoridad administrativa, que sólo podra disolver el acto si durante su transcurso se producen alteraciones graves del orden, se cometa o intente cometer algún delito.
  3. Idéntico régimen —libertad con comunicación previa— para las reuniones —concentraciones en local cerrado—, entendiéndose por éstas aquellas cuyo número de asistentes exceda de quinientas personas; pero con posibilidad por parte de la Autoridad gubernativa, en este caso, de suspenderlas a priori cuando sus fines sean manifiestamente delictivos, de modificar las condiciones de su celebración y de disolverlas en los mismos supuestos que en el caso de las reuniones en local cerrado.
  4. Mantenimiento del régimen actual para las reuniones en lugares abiertos al uso público (manifestaciones): esto es, autorización previa con silencio positivo. El régimen de suspensión y disolución será el mismo previsto en el apartado anterior.
  5. Posibilidad de limitar legalmente el ejercicio del derecho de manifestación, a fin de no perturbar en exceso el desarrollo de las actividades laborales y el tráfico viario por razones de lugar o concurrencia de otras manifestaciones.
  6. Establecimiento de un proceso judicial rápido para la tutela del ejercicio de este derecho y la impugnación de las resoluciones administrativas que recaigan en este ámbito ante los Tribunales de justicia.
  7. Se configurará la responsabilidad de los solicitantes o promotores por cuyo dolo o negligencia se hubiera incumplido las normas o se hubieran producido resultados delictivos o perturbadores.
    Todas estas limitaciones al ejercicio del derecho tienen como fundamento primordial la salvaguardia de los derechos de los terceros y, por lo que a las manifestaciones se refiere, la garantía de la libertad de circulación privada.
 
IV. DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA
    La reforma del ordenamiento legal que disciplina en la actualidad el ejercicio de este derecho (Ley 21/1976, de 14 de junio, y el Real Decreto-ley 12/1977, de 8 de febrero) debería acomodarse a los principios siguientes:
  1. Regulación sucinta de la estructura elemental de las asociaciones de este carácter, con el fin de que su organización y funcionamiento se acomoden a criterios democráticos.
  2. La inscripción en el Registro de Partidos Políticos se producirá por el transcurso de un plazo breve desde el depósito de los Estatutos, salvo que dentro de él se haya ejercitado acción por el Ministerio Fiscal pretendiendo la declaración Judicial de su ilegalidad y el juez haya decretado la suspensión de la inscripción.
  3. Competencia judicial exclusiva para la suspensión o disolución de las asociaciones.
  4. Establecimiento de un proceso judicial sumario para conocer y resolver todos estos supuestos ante los Tribunales de Justicia.
  5. Regulación de un sistema de financiación estatal a los partidos políticos mediante el establecimiento de un sistema objetivo de subvenciones en función de los resultados electorales obtenidos.
 
V. CÓDIGO PENAL
    Con carácter urgente se abordarán las siguientes reformas:
  1. Relacionadas especialmente con la mujer
    1. Despenalización del adulterio y el amancebamiento (artículos 449 a 452 y último párrafo del artículo 443, con modificación de concordantes en el Código Civil).
    2. Regulación de la expedición de anticonceptivos, límites de publicidad y consiguiente despenalización.
    3. Modificación de las edades de la mujer tomadas en consideración para la tipificación del rapto (artículos 440 y siguientes) y del estupro (artículos 434 y siguientes).
  2. Relacionadas con las Leyes Fundamentales y referencias al Movimiento Nacional
    1. Despenalización en general y particularmente las referencias del capítulo primero, título II.
    2. Supresión de la Sección 4ª (delitos contra las Leyes Fundamentales).
  3. Relacionadas con las libertades públicas
    1. Reuniones y asociaciones ilícitas.
          Modificación de los artículos 166, 172 y concordantes estableciendo una nueva tipificación que comprenda sólo los fines contrarios a la moral pública o en general a la comisión de algún delito. Se mencionará también especialmente la utilización de medios violentos dentro de la tipificación y se protegerá el pluralismo político.
    2. Propagandas ilegales.
          Estos delitos desaparecerán como figuras sustantivas. La protección penal de la libertad de prensa se hará a través del Código Penal en general, reintroduciendo la figura de la apología del delito y con las especialidades imprescindibles en la tipificación de delitos de prensa e imprenta.
    3. Nueva tipificación de las conductas contrarias al ejercicio de las libertades públicas y al respeto de la persona en la actuación de los funcionarios públicos.
  4. Revisión de cuantías
        En línea semejante a lo prevenido en la Ley 39/1974, de 28 de noviembre, se elevarían las cifras consignadas en el Código Penal como cuantía, valor o cantidad objeto del hecho punible, lo que llevaría indirectamente una rebaja general de las penas ya impuestas o por imponer en los delitos tipificados en virtud de dichas cifras. La desvalorización del dinero en los últimos tres años justifica, además, esta medida que irá unida a una reconsideración de las cuantías de las multas al alza, pero no automáticamente, sino en virtud de los nuevos criterios de política criminal.
 
VI. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
  1. Asistencia letrada del inculpado desde el momento en que se adopte una medida restrictiva de la libertad.
  2. Restablecimiento de la libre decisión de los Jueces respecto de la situación del procesado, con modificación consiguiente del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
 
VII. CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
       Reconsideración de sus límites en relación con la competencia de la jurisdicción militar:
  1. Por razón de delito: resolver la dualidad de tipificaciones entre el Código Penal Común y el Código de Justicia Militar, restringiéndose éste al ámbito de los delitos militares.
  2. Por razón de lugar: limitar la competencia de la jurisdicción militar a los actos cometidos en centros o establecimientos o lugares estrictamente militares.
  3. Por razón de la persona: revisar los supuestos de desafuero y los términos en que se resuelve la competencia cuando concurre personal militar y no militar en unos mismos hechos que no constituyan delito militar.
  4. Sometimiento a los Tribunales ordinarios de las Fuerzas de Orden Público, cuando actúen en el mantenimiento del mismo.
  5. Fortalecimiento de las garantías procesales y de defensa en los procedimientos de la jurisdicción militar.
 
VIII. ORDEN PÚBLICO
  1. Revisión parcial de la Ley de Orden Público, de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan. Su vigencia temporal será limitada, dado que una nueva regulación global y sistemática deberá ser en su momento adoptada, en función de las previsiones que figuren en la Constitución.
  2. Nueva definición del concepto de orden público, depurándolo de contenidos no democráticos y asentando su fundamento esencial en el libre, pacífico y armónico disfrute de las libertades públicas y el respeto de los derechos humanos.
           El orden público tendrá una proyección concreta y actual en cuanto protección del avance en la consolidación de la democracia y defensa frente a las agresiones de todo orden y especialmente las terroristas. La tipificación del terrorismo figurará en el Código Penal común, con eliminación de lo que al respecto figure en leyes especiales y se operará con los criterios generalmente aceptados en los Convenios internacionales y en los países de Occidente.
  3. Se fortalecerá la protección penal de que deben ser objeto las Fuerzas de Orden Público.
  4. La potestad sancionadora en materia de orden público se ajustará a los principios siguientes:
    • El acto sancionador no podrá dictarse sin previa audiencia del interesado.
    • Se evitará la doble sanción por un mismo acto, tanto entre sanciones administrativas como entre éstas y las penales.
    • Se eliminará toda exigencia de pago previo como requisito para recurrir contra la sanción.
    • No habrá responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas.
    • Serán meramente potestativos los recursos administrativos previos a la impugnación jurisdiccional de la sanción. El procedimiento de revisión jurisdiccional será breve y la autoridad judicial ante la que se interponga el recurso podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto en tanto se sustancia el procedimiento.
    • Las autoridades gubernativas con facultad sancionadora para la protección del orden público serán los Gobernadores civiles, el Director general de Seguridad y el Ministro del Interior.
  5. Se potenciará la capacidad de acción de los poderes públicos y la participación ciudadana para la protección y defensa civil en supuestos de emergencia (funcionamiento de servicios públicos esenciales, desabastecimiento de productos de primera necesidad, emergencias sanitarias, catástrofes naturales, etc.).
  6. En cuanto exigen partir de la regulación constitucional sobre suspensión de garantías, se excluyen de esta temática los estados de excepción y de guerra.
  7. Se fortalecerán los medios de prevención y defensa frente al terrorismo. A este respecto, en particular, se creará una unidad de policía judicial, dependiente de los órganos judiciales competentes, para la investigación de delitos terroristas, y que bajo las órdenes directas de la autoridad judicial y al amparo de las autoridades otorgadas por la misma pueda desempeñar con eficacia y prontitud la función investigadora requerida.
 
IX. REORGANIZACIÓN DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO
  1. Estructuración de los Cuerpos y Fuerzas de Orden Público en dos grandes sectores: un Cuerpo civil (Cuerpo General de Policía), encargado fundamentalmente de la investigación criminal (prevención y persecución de los delitos y faltas), y dos Cuerpos militares (Policía Armada y Guardia Civil), como Cuerpos operativos para el mantenimiento de la paz pública, seguridad ciudadana, ejercicio de los derechos y libertades y guarda física de los espacios urbanos y rurales.
  2. El mando de las Fuerzas de Orden Público deberá recaer en el Ministro del Interior y, más inmediatamente, en un Director de la Seguridad del Estado, con categoría de Subsecretario o de Secretario de Estado. El Ministro del Interior, no obstante, ejercerá el mando sobre la Guardia Civil solamente en lo que afecte al mantenimiento del orden público, dada la pertenencia de este Cuerpo a las Fuerzas Armadas y su dependencia, por consiguiente, del Ministerio de Defensa.
  3. Los Cuerpos y Fuerzas de Orden Público operarían sobre la base de una distribución funcional y territorial de competencias: la policía gubernativa (esto es, el Cuerpo General de Policía y la Policía Armada) en las zonas más conflictivas y en las unidades de mayor población, y la Guardia Civil en las restantes, sin perjuicio de sus misiones funcionales genéricas en orden a la disciplina del tráfico, custodia de inmuebles, armas y explosivos, resguardo fiscal y de fronteras, y de sus funciones como policía judicial y gubernativa en las primeras fases de investigación y prevención de delitos y faltas, en las zonas atribuidas a dicho Cuerpo.
  4. Adopción de una serie de medidas tendentes a la progresiva intercomunicación entre los Cuerpos de la Policía Armada, Guardia Civil y Cuerpo General de Policía.
  5. Reforzamiento de los Cuerpos administrativos auxiliar y subalterno de la actual Dirección General de Seguridad, que libere a los funcionarios del Cuerpo General de Policía, Guardia Civil y Policía Armada del desempeño de funciones burocráticas. Aquellos Cuerpos, sin perjuicio de los derechos adquiridos, podrían nutrirse de los miembros de los Cuerpos militares antes mencionados al pasar a la situación de retiro y según su diferente categoría o graduación, con lo que se conseguiría no sólo prolongar la vida activa de un importante contingente, sino también garantizar una continuidad en la función muy deseable.
  6. Perfeccionamiento del régimen de formación del Cuerpo General de Policía y establecimiento de un sistema de especialización para los oficiales del Ejército de Tierra que pasen a incorporarse a los cuadros de mando de la Policía Armada, tendiendo a una dedicación progresivamente prolongada de estos oficiales a la Policía Armada.
  7. Creación de unidades especiales de policía judicial, para el servicio directo de la labor encomendada a los Jueces y Tribunales de todo orden, con sujeción a los principios de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
  8. Creación de unidades tendentes a dar un servicio de lo que en otros países se conoce con el nombre de “policía de barrio”, para la atención directa y permanente a los vecinos.
  9. Establecimiento de un régimen claro de división de competencias entre las funciones encomendadas a los Cuerpos y Fuerzas de Orden Público estatales y las atribuciones a las policías locales, sobre la base de un fortalecimiento de las competencias de estas últimas (fundamentalmente en atención al mantenimiento del orden en las vías urbanas).
  10. Reforma del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, de conformidad con los principios enunciados en los apartados anteriores.
       Firmado en Madrid a veintisiete de octubre de mil novecientos setenta y siete.
 
   
 
ACUERDOS DE CORTES SOBRE EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y REFORMA DE LA ECONOMÍA Y SOBRE EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA
RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DE DIPUTADOS
de 27 de octubre de 1977
 
Presidencia del Congreso de los Diputados
(«B.O. de las Cortes» núm. 26, de 3 de noviembre de 1977)
       En su sesión plenaria del día de hoy en el debate sobre la comunicación del Gobierno en relación con los acuerdos entre los partidos políticos con representación parlamentaria, sobre las medidas necesarias para evitar la situación económica del país, el Congreso de los Diputados ha acordado la siguiente resolución:
 
       El Congreso de los Diputados:
       Habiendo conocido la comunicación del Gobierno, que remite el documento de acuerdo sobre medidas de saneamiento económico, firmado el 25 de octubre de 1977 por el Gobierno y los grupos parlamentarios; y habiendo escuchado la declaración del Gobierno y los diferentes grupos, resuelve:
  • Juzgar positivo y esperanzador para la superación de la crisis y la consolidación de la democracia el acuerdo referido, cuyo contenido estima adecuado y necesario.
  • Asumir la responsabilidad que le incumbe en el desarrollo de las medidas legislativas que exige el cumplimiento del acuerdo, cuyos principios se aceptan.
  • Instar al Gobierno la ejecución de las medidas de cumplimiento del acuerdo, que corresponden a su competencia específica.
  • Llamar a las fuerzas sociales a prestar su apoyo solidario para la superación de la crisis económica que atraviesa nuestro país.
Madrid, 27 de octubre de 1977. El Presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Álvarez de Miranda y Torres. Primer Secretario, José Luis Ruiz Navarro.
 
RESOLUCIÓN DEL SENADO
de 11 de noviembre de 1977
 
Presidencia del Senado
(«B.O. de las Cortes» núm. 32, de 17 de noviembre de 1977)
       Con fecha 9 y 10 de noviembre de 1977 se recibieron en esta Presidencia dos comunicaciones del Gobierno en las que se daba cuenta, respectivamente, de los acuerdos económicos y políticos de la Moncloa, solicitándose del Senado un pronunciamiento plenario sobre los mismos.
       El Pleno del Senado, habiendo conocido los textos de los referidos acuerdos, y amparándose en la facultad de examen de las comunicaciones del Gobierno que le reconoce el artículo 11 de su Reglamento ha adoptado, en su sesión del día 11 de noviembre, y a propuesta unánime de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, la siguiente resolución:
 
       El Senado:
       Habiendo conocido, a través de la comunicación remitida por el Gobierno, los acuerdos económicos y políticos de la Moncloa y la resolución del Congreso de los Diputados de 27 de octubre de 1977,
       Teniendo en cuenta las declaraciones de los Portavoces de los Grupos parlamentarios y del Gobierno en la sesión de hoy, resuelve:
  • Estimar que los acuerdos de la Moncloa son base imprescindible para afrontar la crisis económica y consolidar la democracia,
  • Considerar satisfactoria la firma de los mencionados acuerdos, por juzgarlos positivos,
  • Instar al Gobierno a su más rápido cumplimiento, mediante la adopción de las medidas de su competencia y la remisión a las Cortes de los proyectos de ley necesarios para su ejecución,
  • Asumir, como Cámara colegisladora, la responsabilidad que le corresponde en el desarrollo legislativo de los acuerdos, así como la función de control sobre su debido cumplimiento,
  • Pedir a todos los Grupos políticos y fuerzas sociales que colaboren solidariamente y presten su apoyo para la superación de la crisis y la consolidación de la democracia.
Palacio del Senado, 11 de noviembre de 1977. El Presidente del Senado, Antonio Fontán. El Secretario primero, Víctor Carrascal


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Mayo 16, 2019


 

La libertad de expresión de Norma Panzzitta es la cada uno de nosotros.

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Indudablemente los militantes de Pagina 12 tienen un amor por las mentiras, el engaño, la desinformación, para afirmar acciones o delitos que no existen, buscan hacer callar a terceros que no piensan como ellos, todo ello afirmando seriamente que luchan por la libertad de opinión (la de ellos). 
Invito a esta valiente periodista entrevistar las autoridades de los países islámicos y con su coraje les afirme que ellos no tienen razón en la interpretación de la vida, el rol de la mujer, la religión, el pensamiento, la opinión, es decir sobre todo el ser humano, al interior y al exterior, que ellos están equivocados, que son negacionistas. Después puede escribir un artículo para contar su aventura, lógicamente si los comprensibles islamistas lo dejar salir con vida de ese lugar. Pero como en Argentina son los verdaderos valientes revolucionarios pueden acusar, difamar, gritar en nombre de cualquier derecho, que aquí ellos son la verdad.
Así, en un artículo de Pagina 12, el autor Ailín Bullentini llama una vez más la atención con una mentira https://www.pagina12.com.ar/193718-sin-lugar-para-el-negacionismo-en-la-escuela
  • Entonces, esta supervisora- Norma Panzzitta- expresó su disconformidad, dijo que no le parecía correcto meter la política en la escuela y que lo único que habían hecho las madres y abuelas había sido ‘dar a luz a subversivos’”,
  • “En el marco de las normas vigentes, reivindicando y entendiendo el rol fundamental y protagónico de las Madres, las Abuelas y los Hijos en la lucha por los derechos humanos, entendemos como docentes la necesidad de seguir trabajando en las aulas por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia”, sostuvo Arroyo para fundamentar el repudio que la comunidad educativa distrital, y el gremio en general, dedicó a los dichos de Panzzitta. “No aceptamos el negacionismo, la teoría de los dos demonios ni nada que atente contra vida plena en democracia”, relata el artículo ante mencionado. 
¿La Sra. Panzzitta dijo una mentira, cometió un delito, se manifestó de manera violenta poniendo en peligro el orden público, principios constitucionales y convencionales? Lógicamente no. Afirmó un principio fundamental que en las escuelas no entra la política y menos aún las organizaciones que reivindican los actos terroristas de los 70, que atacaron las instituciones del Estado y la sociedad con el objetivo de tomar el poder por las armas. Dejando numerosas víctimas aún a la fecha no reconocidas ¿Entonces de que es culpable, de que hechos la acusa, el comisario político Arroyo? 
Conocerá el acusador los conceptos empleados y las ilegales acusaciones contra la Sra. Panzzitta. Desde donde habla este Sr. Arroyo, porque desde los derechos humanos no debe ser ya que viola esos derechos a terceros. Quien es este Sr Arroyo para prohibir derechos fundamentales, ¿hay que pedirle autorización para hablar, pensar, opinar? Es ese su modelo democrático y de derechos humanos.
Los argumentos irracionales que expresa el Sr Arroyo son métodos fundamentalistas que no aceptan oposición alguna a sus posiciones dogmáticas, ellos tienen la verdad absoluta y nadie más. Oponerse es ser enemigo de los derechos humanos y de todos los males del mundo. Los islamistas de grupos terroristas actúan y piensan de la misma manera. Cual sería la diferencia metodológica entre ambos, aparte lógicamente de la violencia física pública. 
Negacionismo
En Argentina, no existe el negacionismo como infracción penal o convencional pese a las pretendidas acusaciones expresadas o vehiculadas por militantes irracionales. La utilización de ese término en el debate de la historia política argentina no solamente es inoperante, inexacto e ilegal, sino que moralmente injustificado. Es sorprendente la utilización de la palabra negacionista en la boca de un docente, salvo a ser revisionista, que es más una tautología que un análisis político e ideológico. Al utilizar amalgamas, efectúa un proceso de intención, adoptando un negacionismo histórico. La creación y objetivo del vocablo fue definido por el historiador Henry Rousso en 1987[1] .  Pero eso el Sr Arroyo conoce. 
  • La palabra negacionismo, no puede ser utilizada para criminalizar, callar, perseguir, escrachar o intimidar los opositores a las afirmaciones dictatoriales de la historia oficial sin posibilidad de ejercitar el principio del debate contradictorio, propio de la historia. No se puede asociar ese vocablo creado por una situación dolorosa, muy grave, particular, para así justificar toda aventura política. 
El Sr. Arroyo es defensor de un relato ucrónico oficial bajo el modelo de la ley 14910 de la Provincia de Buenos Aires, adepto al revisionismo histórico, a la desinformación, la propaganda, buscando impedir el debate de ideas y otras libertades fundamentales. Los enemigos de la verdad son negacionistas al realizar un revisionismo histórico con intencionalidad política, (aunque afirmen lo contrario es decir manipulan no interpretan). Utilizan para negar la verdad histórica, objetiva, completa, los mismos métodos y técnicas de los negacionistas que ellos dicen combatir. No se puede afirmar hechos con discursivas de fuerte impacto emocional sin demostrarlos.
  • El argumento de negacionismo de los detentores de un relato oficial es en la practica la negación como mecanismo de defensa, rechazando aspectos de la realidad que se consideran desagradables, negando la existencia y responsabilidad de hechos. Es negar la verdadera historia de los 70 en Argentina. Es negar los actos terroristas, los crímenes y delitos de la lucha armada o de los que intentaron tomar por las armas el gobierno, que cometieron atentados, secuestraron, asesinaron…y hoy día se presentan como inocentes que solo querían un mundo mejor.
El Sr. Arroyo, no puede ignorar que la libertad de expresión y de opinión, son derechos garantizados y protegidos por el artículo 19, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : « Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión »  y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : « Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones » (art. 19)
  • Sus declaraciones son contrarias a la Libertad de expresión, opinión, pensamiento: Art: 4, 10, 11 Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano 1789. Art: 19 Declaración Universal de los Derechos del Hombre 1948, Art 4 Pacto Internacional relativa a los Derechos Civiles y Políticos 1966, Art 9, 10 Convención Europea de Derechos Humanos 1950, Art. 11, 13 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Convenciones sobre la discriminación, las Constituciones de países democráticos, las Reglas de Brasilia, la Agenda 20-30 de la ONU, entre otras convenciones internacionales. No hay excepción para privar de esa libertad, conforme al artículo 27 de la Convención de San José.
No se puede constantemente utilizar la situación dolorosa que vivió el país para promover el odio (art. 13 Convención de San José), el rencor, con toda persona, grupo o institución, opuesta a sus ideas. Ni tampoco continuar por procuración y por otros medios esa lucha de desunión nacional con la impunidad que le brinda la ilegal condición de militante de derechos humanos sin aceptar las consecuencias. ¿Son esos los objetivos políticos del Sr Arroyo que quiere para la Argentina?
Sr. Arroyo, el revisionismo (vuestra metodología) es contrario a la democracia, a la historia, a la memoria de un país, los derechos humanos son de todos los individuos no están reservado a un grupo social o particular, usted dice defender ciertos principios confusos, pero viola los derechos humanos a la Sra. Panzzitta. Busca hacer callar la libertad que dice defender. Su conducta autoritaria y su modo de acción se llama dictadura, prohíbe el libre ejercicio de derechos y libertades.  Debe ser denunciado y condenado por sus actos. En Europa lo sería inmediatamente. Paris, 15 mayo 2019. CasppaFrance.  

[1]La creación y objetivo del vocablo fue definido por el historiador Henry Rousso en 1987 para designar la contestación de la realidad del genocidio contra los judíos por la Alemania nazi en la II GM. Consiste a pretender que no hubo intención de exterminar los judíos, o que las cámaras de gas no existieron. Designa también la contestación o la minimización de los crímenes contra la humanidad condenados por el tribunal de Nuremberg.

 


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Mayo 16, 2019


 

LA TRAGEDIA TERRORISTA ARGENTINA

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 Escribe: Carlos Españadero

De acuerdo a lo prometido, hoy publico el tomo 03 de mi trabajo titulado “La tragedia terrorista argentina”.
En este tomo, trato de hacer historia sobre la resistencia peronista entre el final de la presidencia de Frondizi hasta casi final de la presidencia del Dr. Illia. Y necesariamente considero las gestiones de gobierno durante ese lapso de cada uno de los intervinientes.
Como lo he expuesto reiteradamente, todo proceso político es un juego de acciones y respuestas de los grupos sociales existentes en ese momento. Y en todo juego de esta naturaleza, se manifiesta el poder que la conducción de cada uno vuelca en su respectiva conducta, que impondría de los participantes y de los que estudian el proceso, establecer las relaciones de poder. No es una tarea fácil. Requiere un equipo especializado que permita valuar objetivamente todas las variables utilizadas, que son innumerables.
Obviamente, que como muchos, que pretenden elaborar un trabajo historiográfico, no dispongo de esto. En consecuencia como la mayoría aprovecho el resultado de los acontecimientos y evaluar la manera en que ocurren los hechos y los dichos de los protagonistas, para llegar a algunas conclusiones. Pero este intento está expuesto a muchas limitaciones que hacen que lo que se expone en este orden de ideas sea cuestionable. Y mas si considero la subjetividad que cada uno lleva en su interior.
Siempre insistiré que un trabajo historiográfico no expone la historia que desea o le gusta. Aporta a la vivencia de ésta, y no necesariamente lo que le gusta sino lo que por el estudio realizado sostiene que realmente ha ocurrido.
En este caso, mi esfuerzo ha sido señalar hechos que ayudan al lector a revivir lo ocurrido, guste o no guste.
Y en muchos casos, doy mi opinión que en alguna manera pretende ayudar esa remembranza.
Pensando que la historia es maestra de la vida y mas hoy para extraer experiencias de las cuales se pueden elaborar enseñanzas para el presente y el futuro, escribiendo este trabajo donde busco exponer experiencias y enseñanzas para proteger a una nación de una guerra civil, surgen también otras muy útiles para otras finalidades, que no trato para no desperdigar mi esfuerzo. Pero son invitaciones al lector para incursionar en ellas.
Una que aconsejo seria comparar la gestión del Dr. Frondizi con la gestión actual de Macri, teniendo en cuenta que cada proceso político es único y por lo tanto no mutuamente igualable. Pero aún considerando las distintas situaciones en que se han desarrollado, las diversas condiciones objetivas y subjetivas, las estrategias de ambos apuntaron a implementar el sistema capitalista dependiente de EEUU. Y esto le está costando mucho a la población argentina.
Dado que los que quisieron imponer este sistema al país son muchos, que repetitivamente han tratado de llevar a la población a sufrir un costo humano casi insoportable, germen de rebeliones, de insurrecciones, y de frustraciones dolorosas que destruyen todas las legítimas aspiraciones humanas que son básicas para no solo querer nacer en este país, sino permanecer en el mismo aportando sus esfuerzos para ir mejorando nuestra nación.
Da la sensación que la tragedia no ha existido, y al percibir esto, parecería que la historia es un pasado desconocido, del cual salimos con gran soberbia, dispuestos a buscar culpables de hechos de los cuales somos ajenos.



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Mayo 16, 2019


 

EL MAYO FRANCÉS

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A principios del año 1968, a pesar de la asignación de sustanciales partidas presupuestarias para el Ministerio de Educación, surgió una creciente inquietud entre los estudiantes franceses, quienes criticaban la incapacidad del anticuado sistema universitario para dar salida al mundo laboral a un número, cada vez más elevado, de licenciados. Al mismo tiempo, diversos grupúsculos inspirados por las ideologías anarquista, trotskista y maoísta, manifestaron su oposición a la sociedad capitalista y al consumismo.

Estudiantes de sociología de la Universidad de Nanterre, próxima a París, fueron particularmente activos y proclamaron que la universidad debía convertirse en el centro de la revolución contra el capitalismo; su ocupación del campus provocó la clausura de la universidad a finales de abril, por lo que decidieron reunirse en la Sorbona. Al temer violentos enfrentamientos entre grupos de derecha e izquierda, se pidió la intervención de la policía. A consecuencia de todo ello, los sindicatos de estudiantes y profesores convocaron una huelga general. Después de una semana en la que las manifestaciones estudiantiles chocaron con la policía, los sindicatos obreros convocaron una huelga general para el 13 de mayo. Nueve millones de trabajadores respondieron a este llamamiento.

Las manifestaciones sorprendieron al gobierno. Charles de Gaulle y su primer ministro Georges Pompidou estaban fuera del país y su respuesta fue vacilante, oscilando entre una postura conciliadora y la represión. En los últimos días de mayo, François Mitterrand declaró que estaba preparado para suceder al general De Gaulle. El 30 de mayo, miles de personas ocuparon los Campos Elíseos en apoyo de De Gaulle, manifestando que habían sufrido ya suficiente chienlit (vocablo creado por De Gaulle, que venía a significar de forma peyorativa ‘desorden’).

Ese mismo día, De Gaulle proclamó su intención de permanecer en el poder y de disolver la Asamblea Nacional francesa. Las elecciones, celebradas en junio, fueron un triunfo para De Gaulle. En ese mismo año se firmaron los Acuerdos de Grenelle y los sindicatos negociaron un incremento del salario medio del 12%. Sin embargo, De Gaulle estaba convencido de la necesidad de una reforma en la sociedad francesa y defendió la aplicación del concepto de participation (reparto de los beneficios). Decidido tras su éxito electoral a reforzar su poder, propuso un referéndum nacional sobre la regionalización y la reforma del Senado, aunque en el fondo era una aprobación popular a su política. Sus propuestas fueron rechazadas y el 28 de abril de 1969 dimitió.

El movimiento de mayo de 1968 en Francia fue sobre todo una manifestación en contra del régimen gaullista. No constituyó el repudio a la política como tal, sino más bien el rechazo a un estilo tecnocrático de gobierno.

La revuelta de Mayo del 68, como tal, no provocó cambios realmente decisivos en la sociedad francesa. La Universidad sí cambió: los estudiantes y el profesorado progresista se adueñaron prácticamente de ella, pero luego fueron perdiendo ese poder poco a poco. En las fábricas, los trabajadores obtuvieron ciertas mejoras salariales y de condiciones de trabajo, y los sindicatos, un aumento de su influencia. El Estado mejoró las prestaciones sociales, en la vía del tan mentado Estado de bienestar. Pero no olvidemos que todas esas mejoras, lo mismo que los cambios que se fueron produciendo en las costumbres -en el estilo de vida, en la familia, en las relaciones de pareja, en las formas de ocio, etc.- coincidían con lo que pudiéramos llamar la evolución natural de la realidad: en otros países de la Europa occidental no hubo una revuelta tan llamativa, y sin embargo avanzaron en dirección muy semejante.

 

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Mayo 16, 2019

 

Lilita Carrió vs Nicolás Massot

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“Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta”

Dos diputados oficialistas tuvieron un más que duro intercambio de respetos en los pasillos de la Cámara de Diputados originado por la debacle de las elecciones en Córdoba.

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“Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta”

“Cómo me dijiste?”, preguntó Nicolás Massot,  sobrino del ex dueño del diario bahiense La Nueva Provincia.
“Hijo de puta!” , sentenció Elisa María Avelina Carrió, más  conocida como Lilita, despejando allí cualquier problema o duda auditiva del jefe  del bloque  Propuesta  Republicana.
“A mi no me faltes el respeto”, exigió el joven diputado de Cambiemos. “Sos una irresponsable, estás destruyendo todo, sos la responsable del desastre de Córdoba”

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El origen de esta pelea fueron los magros resultados las elecciones en Córdoba que ganó ampliamente el candidato peronista Juan Schiaretti que se vio beneficiado por la ruptura en Cambiemos de Mario Negri y Ramón Mestre. Es que, Massot no apoyó al candidato de Lilita y del gobierno nacional, Mario Negri. Es más, según algunas versiones, incluso trabajó para Rodrigo de Loredo, candidato a intendente en Córdoba por el lado de Mestre. La elección en Córdoba despertó a una Carrió crítica con Cambiemos y Massot no fue el único afectado. En ese sentido, Lilita se encargó de recordarles todo lo que el oficialismo le “debe” a Mario Negri y apuntó contra los que se “borraron” y no acompañaron en campaña. 

 


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Mayo 16, 2019


 

Que la Justicia no evite el juicio oral y publico del 21 de mayo a Cristina Kirchner

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Que los Jueces de la Corte Suprema no demoren el Juicio a Cristina Fernandez de Kirchner por obra pública en Santa Cruz, y que el mismo se inicie en la fecha prevista para el próximo martes 21 de Mayo de 2019.

No queremos mas impunidad.

Gracias por firmar.

 

Clic Aquí


 


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Mayo 15, 2019


 

504

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La Unión de Promociones expresa su más profundo pesar por el fallecimiento el día Miércoles 15 de Mayo de 2019, del Coronel (R) Benito Ángel Rubén OMAECHEVERRÍA (Caballería – Promoción 78 – CMN), Preso Político en cautiverio, de 91 años de edad.

Consecuentemente, ya son 504 (quinientos cuatro) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora. Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 163 (ciento sesenta y tres) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Coronel (R) Guillermo César Viola.

Unión de Promociones.

 


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Mayo 15, 2019


 

Una vez más: medios y asociaciones mienten, desinforman y engañan la sociedad con la ilegal demanda de extradición de Mario Sandoval

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Como es de tradición, varios medios y asociaciones, en Argentina y Francia, mienten, desinforman y engañan, al referirse a la demanda ilegal de extradición de Mario Sandoval solicitada por la Argentina a Francia. No es afirmando de forma repetida una mentira que ésta se transforma en verdad y prueba en un proceso judicial, solo en un régimen dictatorial y de inseguridad jurídica puede ocurrir. 
El Consejo Constitucional francés no decide luego de la audiencia del 14 de mayo pasado sobre la Extradición de Mario Sandoval, no es una jurisdicción penal ni una cámara de apelación en última instancia. Lo que se juzga ante ese órgano jurídico es la constitucionalidad de la imprescriptibilidad o no de la acción pública en la infracción continua de crímenes comunes prescriptibles, es decir de crímenes que no son de lesa humanidad. Nada más. 
El Código de procedimiento penal francés determina la prescripción de todas los crímenes y delitos comunes (hasta los ocultos o disimulados), y fija una prescripción de 30 años en los casos de desaparición forzada de personas, pero no determina la prescripción de la acción pública en la infracción continua, constituyéndola en la realidad en una imprescriptibilidad de hecho. Es ese punto que se discute luego que Mario Sandoval presentó junto a su memoria en defensa una Cuestión de Prioridad Constitucional (QPC) ante el Consejo de Estado y que dos cámaras diferentes se reunieron para analizar el requerimiento, y decidirían enviar la QPC alFrancia Consejo Constitucional para que éste se expida. Es una cuestión de constitucionalidad y de principios fundamentales que el Consejo de Estado consideró que se debe clarificar antes de continuar con el tratamiento de fondo en los otros 13 puntos de la extradición.
La decisión del 24 de mayo próximo del Consejo Constitucional puede tener varias hipótesis: rechazo con observaciones obligatorias, aceptada con requerimientos no parlamentario, aceptada con envío a la Asamblea Nacional para el legislador modifique el punto litigioso. También puede ser completamente negativa para Mario Sandoval, pero no autoriza la extradición en absoluto porque el verdadero proceso continúa ante el Consejo de Estado quien analiza el recurso de Mario Sandoval y deberá expedirse sobre la extradición.  
En el Consejo de Estado, una vez en su poder la decisión del Consejo Constitucional, puede suspender, anular o continuar con el tratamiento de fondo. De ser negativa la QPC para Mario Sandoval, el Consejo de Estado, comienza a analizar el requerimiento presentado con los documentos de las partes. Pero, antes de iniciar este procedimiento el Consejo de Estado puede aceptar o no (es su facultad) el requerimiento formulado por los abogados de Mario Sandoval de realizar una demanda de aviso consultativo al TEDH para asegurarse que los argumentos de violación a los principios convencionales avanzados por Mario Sandoval son conformes o no con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
  • De aceptarse la demanda de aviso consultativo el TEDH tiene tres meses para expedirse sobre lo solicitado. Esa decisión es no vinculante.
Si, la decisión del Consejo Constitucional es negativa en su totalidad para Mario Sandoval y el Consejo de Estado no envía la demanda de aviso consultativo al TEDH o habiéndola enviada la decisión confirma el respeto de la convencionalidad, ahí si comienza el proceso sobre el fondo de la demanda de anulación de la extradición. Si, por decisión fundada el Consejo de Estado rechaza las pruebas documentales, los principios y garantías fundamentales como convencionales presentadas por Mario Sandoval, y confirma la extradición, queda una última instancia que es el TEDH. Todo individuo dispone de seis meses después de la decisión del Consejo de Estado para solicitar la intervención la jurisdicción europea.
Lamentablemente ningún honesto periodista consideró necesario antes de escribir unas líneas de consultar objetivamente los exhortos de extradición ni la causa en el juzgado argentino, porque podrían constatar que todo lo que repiten no existe. Reiterar una mentira con la esperanza de transformarla en verdad no solo es deshonesto, sino que aquel que voluntariamente la hace pública, la afirma, distribuye, debe soportar todas las criticas hasta las más virulentas sin protegerse detrás de un carné de prensa o de supuesto militante de derechos humanos.  Son precisamente esos derechos que violan a Mario Sandoval cuando dicen luchar por ellos. Nuestra asociación pone a disposición los documentos que afirman lo contrario a los dichos periodísticos o de militantes iluminados. Es decir que en sus actividades profesionales o de militantismo son mentirosos y no respetan los principios deontológicos de su función o misión. Jamás la verdad os hará libre, porque viven encerrados en falsos dogmas. Merecen el repudio social.  Paris, 15 mayo 2019. CasppaFrance

 


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Mayo 15, 2019


 

Dino y el mito del borracho simpático

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En cada película, en cada acto de cabaret, en sus sketches televisivos, en sus presentaciones en concierto, sin un vaso de whiskey y un cigarrillo era dificil de reconocer a Dean Martin. Su imagen despreocupada que sujetaba una leve sonrisa exponía a un hombre bajo un leve efecto de alcohol… o no?

Dean Martin, un suave y apuesto hijo de italianos, tenía un agudo ingenio y una atrevida presencia en el escenario que lo convirtió en uno de los artistas más respetados de Las Vegas durante casi cuatro décadas.
Nacido en Steubenville, Ohio, en 1917, Dino Paul Crocetti trabajó brevemente como crupier de blackjack en un casino ilegal. Allí, en los momentos libres, le permitían subr al escenario para contar algunos chistes e interpretar algunas canciones. En 1946, se asoció con el joven cómico Jerry Lewis para formar uno de los mejores actos de comedia musical de todos los tiempos, apareciendo en clubes nocturnos, películas y programas de radio y televisión. El dúo se clasificó como uno de los actos más populares de Las Vegas hasta que Martin, cansado del papel, se hizo a un lado en 1956 para seguir una carrera en solitario. La división duraría hasta que la pareja se reuniera brevemente más de veinte años después del teletón del fin de semana del Día del Trabajo que Lewis organizaba para la Asociación de Distrofia Muscular, y una vez más para un espectáculo en el cumpleaños de Martin en 1989.

 

Como solista, Martin abrió en The Sands en 1957. Su estilo relajado y fácil y su manera astuta con una balada consolidaron su estatus como uno de los artistas más populares de la ciudad del pecado. Pronto, firmó un contrato de cinco años con Sands. Martin demostró ser un cómico de primera categoría por derecho propio, y sus shows en solitario en el Copacabana siempre presentaban a una bailarina que llevaba un carrito de bebidas repleto de bourbon y botellas de whisky. “Ya no bebo, y no bebo menos”, anunciaría Martin, aunque su consumo de alcohol aparentemente excesivo fue visto más como un accesorio que como una realidad.

En su libro “Dean y Yo”, Jerry Lewis señala que Martin lucía siempre borracho, pero el nunca lo había visto mas que con un vaso de jugo de manzanas

En 1960, Martin apareció con sus amigos Frank Sinatra, Sammy Davis, Jr., Joey Bishop y Peter Lawford para los legendarios espectáculos conocidos como “Summit at the Sands”. Aunque bien ensayados, estos shows de “Rat Pack” fueron aparentemente de forma improvisada.
Los payasos continuaron con el Rat Pack trabajando dos shows por noche mientras filmaban películas como Oceans 11 durante el día. A menudo se retiraban al salón para la fiesta posterior al espectáculo y, en más de una ocasión, simplemente Martin se retiraba a descansar, ya que gracias a su incondicional amistad con Sinatra, era el énico de se animaba a decirle no a La Voz.
La era de Rat Pack terminó con Sinatra rompiendo con Lawford sobre las relaciones con John F. Kennedy; El matrimonio de Lawford con la hermana del presidente estaba en problemas, y Kennedy se distanció de Sinatra por las controversias que rodeaban al cantante, incluidas sus supuestas conexiones con la mafia.
Otro factor en la desaparición de Rat Pack fue el cambio en la propiedad de Sands, con Howard Hughes asumiendo el control e imponiendo restricciones en su presupuesto y comportamiento. Sinatra se marchó en 1968, se mudó al Caesars Palace, y en 1969 Martin firmó un contrato de $ 200,000 por semana con el Riviera Hotel, donde era copropietario y consultor de entretenimiento. También tuvo ganancias provenientes de películas y televisión: filmó cuatro películas de espía cómicas “Matt Helm” y lanzó su propio programa de variedades NBC semanal. Martin también firmó un contrato a largo plazo para jugar en el Celebrity Room de 1,200 asientos en el MGM Grand Hotel en 1973.

En una entrevista de tv, una de las hijas de Martin señaló que nunca había visto a su padre borracho. Su actuación de borracho querible se había mantenido durante su carrera.

Sin embargo, en la década de 1980, la vida de Martin comenzó a tomar giros trágicos. Sus riñones comenzaron a fallar y, en 1987, se produjo un desastre cuando su hijo, Dean Paul, murió en un accidente aéreo de la Guardia Nacional Aérea de California. Martin perdió rápidamente su entusiasmo por la vida.
Culminando su enfermedad renal, se saltó la mayor parte de una gira de reunión de concierto con Sinatra y Davis, pero continuó trabajando en el MGM (para entonces renombrado como Bally) con resultados cada vez menores. Se veía demacrado y apenas reconocible. Fue en ese entonces, que casi recluido en su hogar, comenzó a tratar de ahogar el recuerdo de la muerte de su hijo en alcohol.
Martin hizo su última aparición en Las Vegas en 1990 y murió el día de Navidad de 1995. Sin embargo, dejó un legado de ser uno de los artistas más célebres para adornar un escenario, en Las Vegas o en cualquier otro lugar. Los hoteles de Las Vegas Strip atenuaron sus luces en su honor, y en 2005, una parte de Industrial Road, al oeste de Strip, pasó a llamarse Dean Martin Drive.
Dean Martin era el tipo más agradable del mundo. Era una estrella de cine, tenía un exitoso programa de televisión, era el rey de los clubes nocturnos y era la mitad del equipo de comedia más popular en la historia del mundo del espectáculo junto a Jerry Lewis. Los discos de Dean se vendieron por millones, pero su mayor alegría en la vida fue jugar golf. Dean era un hombre muy complicado, aunque parecía ser muy simple. 
No habló inglés hasta que tenía cinco años. Dean Martin creció en una familia muy italiana y nunca habló ni una palabra de Inglés hasta que cumplió cinco años. Era boy scout. Sí, Dean Martin, el chico malo, el bebedor, el hombre de las damas, era, de hecho, un boy scout. Era el baterista de la banda local de boy scouts en Estados Unidos. Steubenville, Ohio. En el pasado fue boxeador amateur. Peleando bajo el nombre de “Kid Crotchet”, Dean fue considerado un muy buen boxeador de peso welter. Su récord, según una fuente, fue de 24 victorias y 6 derrotas en 30 combates. En esos años, él y un amigo organizaban peleas en la habitación de su hotel y le ordenaban a la gente que vigilara. Supuestamente, a menudo luchaban hasta que uno de los combatientes eliminaba al otro. Cambió su nombre dos veces. Dean fue bautizado como Dino Paul Crocetti. Al entrar en el negocio del espectáculo, cambió su nombre a Dino Martini, debido a que había un popular cantante Nino Martini, Dean cambió su nombre nuevamente, esta vez por Dean Martin. Odiaba las películas de Martin y Lewis. Aunque Dean apareció en 16 películas muy divertidas con su compañero de comedia, Jerry Lewis, Dean dijo que siempre “odiaba” a Martin y Películas de Lewis. “Eran películas de Jerry Lewis”, dijo, “jugué a un idiota en cada uno”. Le encantaban sus cómics. Dean nunca fue un gran lector, pero le encantaban sus revistas de historietas. Demasiado avergonzado de comprarlos para sí mismo, hacía que Jerry los comprara para él. Jerry los entregaba a Dean en privado, luego Dean iría a su camerino o a algún lugar privado y los disfrutaría. Solo leyó un libro en toda su vida. Dean admitió que el único libro que había leído en su vida era Belleza Negra, de Anna Sewell.
Aunque pareciera mentira, Martin odiaba las fiestas. Aunque tenía la imagen de un playboy y amante de la noche, Dean siempre odiaba las fiestas. “Era tímido”, dijo con franqueza. Otra vez, Dean dijo: “Me avergonzaba la forma en que hablaba”.
Una vez, la esposa de Dean, Jeannie, estaba haciendo una fiesta en la mansión de la pareja en Beverly Hills. Como de costumbre, Dean se retiró a su habitación para ver televisión. A medida que la fiesta se hacía más fuerte, Dean llamó a la policía local, dijo que era un vecino y afirmó que había una fiesta ruidosa en la casa de Dean Martin y que la policía debía ir y hacer que se calmen. La policía se presentó y la fiesta se disolvió debido a la llamada anónima de Dean. En 1968, Dean firmó el contrato más grande en la historia del negocio del espectáculo.

 
Firmó un contrato de tres años por $ 34 millones para hacer tres temporadas más de su exitosa serie The Dean Martin Show. Pero este fue un contrato muy particular, ya que Dean odiaba ensayar, no tendría que presentarse en toda la semana para ensayar las situaciones de comedia del espectáculo. Un suplente se hacía cargo del papel de Dean en los ensayos, mientras que Dean jugaba al golf de lunes a jueves. Revisaba sus líneas durante la semana, pero sobre todo jugaba al golf. Luego, el viernes, se presentaba y grababa el programa. Siempre decía sus oraciones.
Sorprendentemente, quizás debido a su reputación de “chico malo”, Dean era un devoto católico que recitaba sus oraciones todas las noches antes de irse a la cama. Tenía un caso grave de claustrofobia. A Dean le aterrorizaban los espacios cerrados. Casi siempre se negaba a utilizar ascensores (“es como un ataúd allí”, dijo).
Se dice que Dean una vez caminó 18 tramos de escaleras para evitar subir en el ascensor.

 


PrisioneroEnArgentina.com

Mayo 15, 2019


 

Raúl Castro y Díaz-Canel denunciados por esclavitud

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Después de un año de trabajo y recopilación de cientos de documentos y testimonios, la semana pasada fue remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia suscrita por la Asociación Cuban Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, y la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), coordinada por el expreso de conciencia José Daniel Ferrer, un exhaustivo documento denunciando al Gobierno de Cuba –representado en la figura de seis destacados miembros del régimen cubano– por «la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos», recogidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
 
Esas personas son: Raúl Castro, al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 –y en la actualidad primer secretario del Partido Comunista–; y Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018. A ellos se suma el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, el de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
 
La denuncia, de cuya recepción acusó recibo el CPI este lunes y ha sido presentada este martes a la prensa desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, abarca un periodo comprendido entre el año 2002 hasta la actualidad y se centra en los abusos a que han sido sometidos miles de trabajadores, especialmente médicos, que se han visto forzados, en su mayoría, a participar en las conocidas como Misiones de Internacionalización, muchas de las cuales están amparadas por Convenios internacionales.
 
El presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explica a ABC cómo ha sido la elaboración de la denuncia: «Ha tomado casi un año de trabajo de documentación en donde empezamos con una perspectiva global de crímenes de lesa humanidad y entendimos en un momento determinado que Cuba tenía una vulnerabilidad en su accionar al exportar su esclavitud a terceros países que tenían convenios y tratados que protegen los derechos de todos los habitantes en ellos incluidos los cubanos. Fue entonces cuando nos centramos en las misiones y en los trabajos en el exterior de Cuba y descubrimos queejercita las mismas violaciones de Derechos Humanos sobre los trabajadores que ejercitan dentro de la isla. Nos dimos cuenta que teníamos jurisdicción y competencia en numerosos foros y que el gobierno era por fin vulnerable ante la verdad jurídica».
 
En dichas misiones, que duran aproximadamente tres años, participan entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles (médicos, profesores, ingenieros, deportistas…) en más de un centenar de países, 58 de los cuales son Estados parte del Estatuto de Roma –entre ellos, Brasil, Guatemala, Argentina, Colombia, Honduras, Ecuador, Venezuela, México, Bostwana; así como cuatro países europeos, Italia, Portugal, Suiza y Malta–. Si bien Cuba no forma parte del CPI, los crímenes sí han sido y están siendo cometidos en países que lo son, lo que permite llevar adelante esta denuncia inédita hasta el momento.
Estas misiones han servido para llevar los cuidados médicos a poblaciones remotas y a personas carentes de recursos, pero también para el enriquecimiento del Gobierno de Cuba a costa del trabajo de miles de médicos, según pretende demostrar la denuncia. Estos han recibido una parte mínima de su salario, entre el 10% y el 25% del salario acordado entre el régimen cubano y el país en el que prestan servicio, reembolsándose el régimen cubano entre el 75% y 90% restante. A esta violación de sus derechos económicos se suma las condiciones de vida a la que han sido sometidos, como un estricto control –prohibición para conducir, control de pernocta, de movilidad, de horarios, vigilancia electrónica–, además de haber sido víctimas de persecucion y amenazas si no cumplían las exigencias del régimen o abandonaban la misión.
Principal fuente de ingresos
Según datos de la ONG CubaArchive, que lleva un riguroso registro de los actos de represión que lleva a cabo el régimen cubano desde hace décadas, los ingresos de Cuba derivados de estas misiones habrían alcanzado hasta los 10.000 millones de dólares en 2014, cuando fue su pico máximo, que bajarían a 8.000 en 2016. Una cifra, esta última, que triplica los ingresos por turismo, su segunda fuente de ingresos. De ahí la importancia para el régimen de conservar los activos (los médicos), que no duda en aplicar diversas medidas de represión que los disuada de abandonar las misiones y quedarse en el país en el que ejercen la actividad sanitaria.
La denuncia, que además de ser presentada ante La Haya ha sido remitida también al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de a la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos y ha sido trasladada a los gobiernos de los Estados parte que colaboran con alguna de estas misiones, se sustentan en multiples documentación y en más de un centenar de testimonios. De los 110 testimonios reunidos, 64 son públicos –muchos pertenecen a médicos que abandonaron el programa Mais Medicos en Brasil, creado por la presidente Dilma Rousseff en 2013–, mientras que los 46 restantes, recogidos entre 10.000 médicos desertores consultados, son privados, para proteger su identidad y evitar que tanto ellos como sus familias sean víctimas de la represión del régimen.
La denuncia de Cuban Prisoners Defenders y la ONG Unpacu se produce meses después de que el presidente electo entonces, Jair Bolsonaro, denunciara los abusos del programa Mais Medicos y exigiera al gobierno cubano una serie de cambios en las condiciones de los trabajadores sanitarios. El régimen se negó y canceló el programa, repatriando a gran parte del personal médico, pero no a todo. Se calcula que de los 8.300 médicos cubanos que ejercían en Brasil, unos 2.000 decidieron quedarse en el país como consecuencia de la oferta de asilo que ofreció Bolsonaro.
El Gobierno de Brasil pagaba más de 4.200 dólares de salario por cada médico, de los que el facultativo recibía 400, otros 40 iban a su familia en Cuba, 10 dólares eran destinados a pagar la cuota del Partido Comunista cubano, mientras que 450 dólares permanecián requisados por el Gobierno cubano en una cuenta, que serían entregados al regresar el médico a la Isla. El resto, 3.300 dólares iban a parar a las arcas del Gobierno cubano.
Testimonios
La recogida de testimonios ha sido uno de los aspectos más importantes pero también uno de los más complicados a la hora de elaborar la denuncia: «Varios aspectos han sido especialmente complejos -reconoce Larrondo-. En un momento determinado unos agentes de la seguridad del Estado me entretuvieron durante tres meses para evitar que consiguiera testimonios de médicos haciéndome creer que ellos me los conseguirían todos-, pero mi intensidad en el trabajo fue tal que cuando me di cuenta del engaño la propia necesidad de dar fin al trabajo me llevó a descubrir que gracias a mi experiencia en la creación de einforma, concepto que cree y he dirigido durante años, me abría la puerta a conseguir los testimonios realizando una campaña publicitaria que utilizó el público objetivo segmentado de Facebook para llevarles a una página de testimonios a la cual accedieron más de 15.000 personas».
Muchas de estas personas no respondieron ante el miedo a una posible represión, pero sí logró en torno a 70 testimonios, «de los cuales salieron 46 declaraciones completas y verificadas. En ese momento -continúa Larrondo- me di cuenta de que habíamos logrado cerrar el círculo Porque mientras tanto había seguido trabajando en la documentación obteniendo muchísimo más que si las declaraciones las hubiera obtenido al principio. El resto solamente fue ir enseñando el trabajo a diferentes agentes políticos y mediáticos que abrieron las puertas para facilitarnos la labor de denuncia«.
La denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, incluye una encuesta realizada a estas 46 médicos, que muestra cómo el 56,2% de ellos no se presentó voluntario para participar en la misión que le fue asignada, mientras que el 39,13% lo hizo «presionado por causas coercitivas», según apunta la denuncia. El 50% reconoce que se sintió obligado a aceptar «ante el temor a ser marcado negativamente en mi entorno laboral y/o personal». Sin embargo es la extrema pobreza que sufre gran parte de los ciudadanos cubanos y el bajo salario que percibe un médico en la Isla –entre 30 y 50 dólares mensuales– los que llevó al 97,83% a participar en las misiones.
Represalias contra los «Traidores»
Una de las denuncias por crímenes de lesa humanidad se centra en la persecución que sufren los trabajadores civiles que participan en las misiones. Una persecución que comienza desde el propio reclutamiento, según los denunciantes. Los médicos y profesionales que deciden no enrolarse «sufren un señalamiento público e institucional por el cual pasan a ser considerados “traidores”, de este modo comienza un calvario». Un calvario de represión que incluye que le sean negados los servicios públicos a los que tienen derecho en Cuba, sus hijos sean expulsados de la escuela, además de ser «estrictamente vigilados por las Fuerzas de Seguridad del Estado».
Al reclutamiento forzoso se suman otros abusos como el alejamiento de sus familias, que no pueden visitarlos;no se les ofrece ningún contrato, se les retiran los títulos académicos para que caso de abandonar el programa no puedan trabajar en ningún otro lugar; se les niega el pasaporte corriente, y se les confica al llegar a su destino el pasaporte de «misión». Viven hacinados en estancias comunes y deben pedir permiso para salir. Se les prohíbe mantener relaciones sentimentales y casarse con locales (algunos médicos han podido hacerlo tras demandar a las empresas, intermediarias del Gobierno de cubano, que los ha contratado). En caso de abandonar la misión, serán víctima de la justicia cubana que aplica el artículo 135, que contempla penas de hasta 8 años de cárcel; mientras que si lo que sucede es que el médico no vuelve a Cuba tras concluir la misión, la pena es la «expatriación forzosa» pues se le prohíbe volver al país durante un periodo de ocho años.
Falseamiento de estadísticas
Entre las obligaciones que deben complir estos médicos, que están obligdos a participar en sesiones de adoctrinamiento político, se encuentran también la de espiar a sus compañeros y delatarlos en caso de que su comportamiento contravenga las normas del régimen, o haya intención de desertar. A la dificultad de su forma de vida, se suman también las largas jornadas de trabajo (más de 60 horas semanales), y lo que en ellas se les exige, como «alterar las estadísticas de trabajo». Se les ordena duplicar el gasto en material, que tiran a la basura, con la intención de reflejar un mayor número de visitas y atención a pacientes.

El fin de este falseamiento, según la denuncia, es obtener «más fidelización del cliente» al tratar a 2.000 pacientes en lugar de 1.000. Otro objetivo es que estas falsas estadísticas vayan a la Organización Panamericana de Salud (OPS), afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que forma parte de las Naciones Unidas.«Este servicio de consultoría de tergiversación de datos nacionales ha sido el gran aliado de Cuba en las relaciones con gobiernos y/o países altamente corruptos». Como consecuencias de este comportamiento, los denunciantes hacen un llamamiento a las Naciones Unidas para «averiguar qué países y en qué medida han estado alterando sus estadísticas gracias al régimen de Cuba y sus profesionales cualificados en estado de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos».
Adoctrinamiento político
Otro aspecto que recoge la denuncia es el uso que el régimen hace de sus trabajadores en el exterior: además de como medio para conseguir ingresos, los utiliza como instrumento de adoctrinamiento político. Esto ha sucedido en Venezuela. Según el testimonio de uno de los médicos, el doctor C. R. D., en época de elecciones se les daba una lista de las casas que tenían que visitar con unos apuntes específicos que funcionaban como una clave. Se trataba de atender a tres tipos de pacientes, que diferenciaba entre «sanos» (chavistas reconocidos), «enfermos» (anti-chavistas declarados) y «en riesgo» (de los que no se sabía a quién iban a votar).
Según los testimonios recogidos, los médicos debían visitar casa por casa para «censar políticamente» a las familias, «además de atraerles» hacia las opciones de Chávez y Maduro. En periodo de elecciones las acciones de los médicos cubanos debían ser más activas: a los «enfermos» (anti-chavistas) no se les visitaría por no ser «útil» hacerlo, relata la denuncia; a los «sanos» (chavistas) se les regalarían vitaminas y algún medicamento; y a los «en riesgo» se les regalarían vitaminas y se les alertaba que si ganaba la oposición las elecciones esta acabaría con los médicos cubanos y perderían la atención sanitaria. Algo similar habría sucedido también en Brasil, durante la última campaña electoral.
La denuncia ante La Haya, que defiende el abogado español Jesús Imbroda, que también ha llevado ante la CPI una denuncia presentada por la exfiscal general Luis Ortega contra el régimen chavista, ahora deberá seguir su cauce. Los denuciantes alertan de que no será aplicable el principio de complementaridad, pues «el régimen dictatorial cubano no va a ejercer actividad judicial alguna para exigir responsabilidades penales por los crímenes que son objeto de denuncia».
Pruebas «irrefutables»
Sobre cuáles son las expectivas de que esta progrese y sean condenados Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, entre otros miembros del régimen cubano, por crímenes de lesa humanidad, Larrondo se muestra optimista. «Lo que hemos presentado es tan inatacable que sólo necesita de la voluntad jurídica de estudiarlo adecuadamente y para ello nos dimos cuenta que había que vencer el factor político y generar presión colateral poniendo la demanda en todos los foros posibles y haciendo una notoriedad sobre esta que obligase a estudiar su contenido», subraya. «Sabíamos -continúa- que si se estudiaba el contenido las pruebas eran irrefutables. No sé si lo hemos conseguido, pero desde luego ese ha sido el camino y la intención y en estos momentos todo nuestro esfuerzo y los derechos humanos de once millones de personas -la población de Cuba- quedan en manos de la opinión pública y primeramente del periodismo que tiene una labor primordial en la salvaguarda de los derechos y las libertades de las naciones».

El año en que el fútbol prohibió a las mujeres.

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A principios del siglo XX, el fútbol femenino creció casi tan rápido como el juego de los hombres, y alcanzó nuevas alturas cuando los hombres del Reino Unido se fueron a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en 1921, la FA Asociación de Fútbol) tomó la decisión de prohibir el fútbol femenino, esencialmente prohibiendo el juego en Inglaterra y perjudicando el floreciente desarrollo del balonpié femenino.
El fútbol femenino en Gran Bretaña tiene raíces más profundas de lo que podría esperarse. En Inverness, en el siglo XVIII, en Escocia, las mujeres solteras jugaron un partido anual contra sus contrapartes casadas, aunque los motivos detrás del concurso no eran puramente deportivos. Algunos rumores dicen que los juegos fueron vistos por una multitud de hombres solteros, que esperaban elegir una novia potencial basándose en su habilidad futbolística. Representa la primera forma de exploración de este deporte, y por mucho la más extraña.
Este curioso ritual de cortejo tuvo lugar en el siglo anterior a la codificación del deporte moderno. Cuando las mujeres empezaron a jugar al fútbol como lo conocemos hoy, lo hicieron en el contexto del movimiento del sufragio y piden una mayor igualdad de género.
A fines del siglo XIX, con el juego de los hombres que se extendía por Gran Bretaña como un incendio forestal descontrolado, las mujeres también comenzaron a asociarse al fútbol. Las primeras pioneras incluyeron a Nettie J Honeyball, quien fundó el British Ladies ‘Football Club (BLFC) en 1895. Honeyball era un alias: al igual que muchas de las mujeres de clase media y alta que jugaban a finales del siglo XIX, no estaba demasiado interesada en dar a conocer su participación en un deporte de contacto jugado en campos fangosos. Sabemos más sobre Lady Florence Dixie, quien fue nombrada presidenta de la BLFC en 1895. Hija del marqués de Queensberry, Dixie era una ferviente creyente en la igualdad entre los sexos, y trabajó como corresponsal de campo para el Morning Post durante la Primera Guerra.
La BLFC organizó juegos entre equipos que representan el norte y el sur de Inglaterra, donde se recaudaría dinero para fines caritativos. Los partidos atrajeron multitudes saludables, con miles de personas a menudo para ver sus encuentros. Sin embargo, los primeros informes periodísticos no fueron particularmente generosos, ya que un reportero de The Guardian de Manchester sugirió que “cuando la novedad haya pasado, no creo que el fútbol femenino atraiga a la multitud”.
Si bien estos juegos eran más que simples actos de novedad, las multitudes disminuían a medida que la creciente popularidad del juego masculino dominaba el interés público. En un mundo donde las mujeres aún no tenían permitido votar, se necesitarían circunstancias extraordinarias para que sus esfuerzos en el campo de fútbol atrajeran la atención generalizada; Estas circunstancias surgieron en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial.

Lily Parr, la feróz goleadora
La Liga de Fútbol pudo completar su campaña 1914-15 según lo previsto, pero suspendió la competencia al final de la temporada cuando los hombres de la nación se unieron al esfuerzo de guerra.
Las mujeres en Gran Bretaña hicieron lo mismo. A pesar de que asumieron una amplia gama de roles durante el conflicto, la imagen más perdurable es la de las municiones. Se estima que 700,000 mujeres comenzaron a trabajar como “municiones”, produciendo la mayor parte del armamento utilizado por el ejército británico durante la guerra.
Al igual que los hombres antes que ellas, las mujeres que trabajaban en las fábricas comenzaron a jugar juegos informales de fútbol durante el almuerzo. Después de un poco de inquietud inicial, sus superiores llegaron a ver estos juegos como un medio para elevar la moral y aumentar así la productividad. Pronto se formaron equipos y se dispusieron partidos amistosos.
En Dick, Kerr & Co, fabricante de tranvías con sede en Preston que se había sumado a la producción de municiones en el estallido de la guerra, las trabajadoras mostraron una aptitud particular para el juego. Al observar desde una ventana sobre el patio donde jugaban, el empleado de oficina Alfred Frankland descubrió su talento y comenzó a formar un equipo.
Guiados en el terreno de juego por la jugadora fundadora Grace Sibbert y bajo la dirección técnica de Frankland, pronto atrajeron a una gran cantidad de personas para ver sus juegos. Conocidas como las Damas de Dick, Kerr and Company, vencieron a la fábrica rival Arundel Coulthard 4–0 el día de Navidad de 1917, con 10.000 espectadores en el estadio Deepdale de Preston North End.
La popularidad del equipo creció rápidamente y disfrutaron de la longevidad suficiente para disipar cualquier sugerencia de ser una novedad. En los años siguientes, las Damas de Kerr, Dick, jugaron numerosos partidos amistosos para recaudar fondos para la Asociación Nacional de Soldados y Marinos Discapacitados y ganando la mayoría de sus encuentros.

Miles de espectadores asistían a los encuentros de fútbol femenino
Aunque la guerra había terminado en 1918, el equipo de Dick, Kerr y otros equipos de mujeres continuaron atrayendo a grandes multitudes. En 1920, había alrededor de 150 mujeres en Inglaterra, y aún más en Gales y Escocia, practicando el deporte. Ese año, Dick, Kerr’s Ladies atrayeron a 53,000 espectadores en el Goodison Park de Everton; increíblemente, se estima que 14,000 se quedaron fuera del terreno sin poder entrar.
Más tarde jugaron lo que se considera el primer partido internacional femenino, contra un equipo francés liderado por la pionera Alice Milliat, y recorrieron el país con paradas en París, Roubaix, Le Havre y Rouen.
El equipo siempre había reclutado jugadoras dotadas, pero para 1920 habían descubierto un genio/a única: Lily Parr.
Parr creció jugando al fútbol con sus hermanos en St Helens, en el noroeste de Inglaterra, y comenzó su carrera con el equipo local de damas a la edad de 14 años. Cuando jugaron contra el Dick, Kerr & compañía, llamó la atención de Frankland y se le ofreció un trabajo en la fábrica, así como un puesto en el equipo. Ningún dinero cambió de manos, pero esto podría llamarse la primera transferencia significativa en el juego de las mujeres.
Parr fue la jugadora excepcional de su tiempo y un personaje notable para arrancar. Abiertamente gay, cerca de seis pies de altura y pelo negro azabache, era una fumadora empedernida con un feroz apetito y un feroz pie izquierdo. El National Football Museum le acreditó 43 goles durante su primera temporada jugando para Dick, Kerr’s Ladies y alrededor de 1,000 en total. A petición de Parr, su pago se complementó con paquetes de cigarrillos Woodbine.
En 1921 la popularidad de Dick, Kerr’s Ladies estaba en su apogeo. Encabezados por el fenómeno de anotación de goles Parr, atrajeron regularmente multitudes de decenas de miles y disputaron más de 60 juegos a lo largo del año. El fútbol femenino en general parecía tener una salud robusta. Habiendo crecido junto con el movimiento del sufragio, parecía apropiado que el deporte estuviera en auge en un momento en que aproximadamente 8.4 millones de mujeres habían ganado la votación recientemente.
Pero 1921 terminó en una catástrofe para el juego femenino. La Football Association (FA), aparentemente el organismo rector del deporte en su conjunto, pero en realidad solo se preocupaba por las competiciones masculinas, siempre había tenido una visión vaga de la participación femenina. El fútbol femenino fue tolerado durante la guerra, con el juego de los hombres en gran parte cerrado y el dinero recaudado para los militares. Pero en los años que siguieron al conflicto, la FA buscó reafirmarse. Con las multitudes asistiendo a ver las Damas de Dick, Kerr, había un temor genuino de que el juego de las mujeres pudiera afectar la asistencia de la Liga de Fútbol. La FA se sintió obligada a actuar.
Su solución fue decisiva y brutal. El 5 de diciembre de 1921, la FA se movió para prohibir a sus miembros que permitieran que el fútbol femenino se jugara en sus terrenos, matando efectivamente el juego de mujeres durante la noche. Si bien aún podían practicar el deporte, las mujeres se vieron reducidas a hacerlo a nivel recreativo. La FA también prohibió a sus miembros actuar como árbitros o jueces de línea en los juegos de mujeres, creando otro obstáculo importante. A todos los efectos, el edicto prohibió el fútbol femenino en Inglaterra.
Al explicar su decisión, la FA publicó una declaración en la que llegó a la conclusión de que el fútbol era “bastante inadecuado para las mujeres y que no debía ser alentado”. Varios médicos acordaron que el deporte planteaba un grave riesgo físico para las mujeres. No por última vez, un grupo de hombres legislaba sobre lo que una mujer podía hacer con su cuerpo.

La versión futbolera de la historia de baseball femenino, llevada a la pantalla con Tom Hanks y Madonna, en la Inglaterra de los años 20s

La FA también sugirió que “una proporción excesiva de la recaudación por entradas [de la puerta] se absorben en gastos y un porcentaje altamente inadecuado dedicado a objetos de caridad”. No existía tal obligación de donar absolutamente nada a organizaciones benéficas en los partidos de hombres y no se presentó ninguna prueba de mala conducta financiera, pero los clubes de mujeres no podían hacer nada en respuesta.
Hubo indignación de las jugadoras, con la capitana de Plymouth Ladies comentando que la FA estaba “cien años atrás” y calificaba su decisión de “prejuicio puramente sexual”.
Si algún club pudiera sobrevivir a la prohibición, fue Dick, Kerr’s Ladies, y en 1922 zarparon para una gira por América del Norte. Bajo la instrucción de la Federación Inglesa de Fútbol, ​​la Asociación de Fútbol de Canadá impidió que el equipo jugara, pero pudieron salir al campo en los Estados Unidos. Dick, Kerr’s Ladies jugó contra nueve equipos masculinos en los EE. UU., donde el fútbol femenino aún no había logrado afianzarse, y atrajo a multitudes de hasta 10,000 espectadores.
El equipo de Dick, Kerr and company continuó jugando en terrenos que no eran de la FA, convirtiéndose en Preston Ladies FC en 1926 después de que Frankland se peleara con los dueños de las fábricas; Parr permaneció con ellos hasta su jubilación en 1951, a la edad de 46 años. Atraían grandes multitudes dadas las circunstancias, pero no podían esperar emular lo que habían hecho antes de la prohibición de la FA. Los equipos de fútbol femenino no tenían el dinero suficiente para continuar y simplemente dejaron de existir.
No fue hasta que los hombres de Inglaterra ganaron la Copa del Mundo en 1966 que comenzaron los serios esfuerzos para revivir el juego femenino. La Asociación de Fútbol Femenino se fundó en 1969, pero el progreso siguió siendo muy lento, ya que la FA todavía se negó a levantar su prohibición. Se requirió la presión del organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, para forzar finalmente a la FA a poner fin a las restricciones sobre las mujeres que juegan en sus terrenos en 1971. Para entonces, se había perdido medio siglo de progreso.
Es difícil cuantificar el efecto que tuvo la prohibición de la FA de 1921 sobre el fútbol femenino, pero está claro que restringió significativamente el desarrollo del deporte en Inglaterra y, por asociación, en toda Gran Bretaña. El fútbol femenino podría no haber rivalizado con el juego de los hombres, pero habría estado mucho más cerca sin un éxodo forzado de 50 años desde los terrenos de la FA.
Vale la pena recordar que cuando el equipo de Dick, Kerr’s Ladies visitó los Estados Unidos en 1922, jugó en equipos masculinos. El fútbol femenino simplemente no se había extendido al otro lado del Atlántico. Cuando lo hizo, inspirado en el equipo inglés, y sin las restricciones impuestas en Inglaterra, Estados Unidos emergió como el punto de referencia para el fútbol femenino durante la segunda mitad del siglo XX. El equipo de EE. UU. Ha ganado tres Copas Mundiales y cuatro medallas de oro olímpicas; Inglaterra no tiene grandes honores en el juego femenino.

 


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Mayo 14, 2019


 

Gobernadora Vidal, el metro cuadrado de la vergüenza.

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La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, la Sra. Vidal, no retrocede frente a nada cuando se trata de hacer populismo, mantenerse en el poder y poco importa los medios para comprar votos, así sin pudor se disfraza de obrera y mediatiza: “El plan “caminos urbanos” para asfaltar 4 mil cuadras en 21 municipios del Conurbano y el interior para que estén listos antes de las elecciones de octubre.https://www.perfil.com/noticias/politica/vidal-asfaltara-22-cuadras-por-dia-en-la-provincia-hasta-las-elecciones-de-octubre.phtml 
Ese sorprendente e inesperado interés por los lugares sin asfaltos de la gobernadora Vidal, hasta se podría creer a la planificación de una política pública sincera por parte de su gobierno en el desarrollo urbano bonaerense, pero en realidad es otra forma de hacer política por un tiempo determinado, con recursos públicos y realizando rápidas licitaciones para esas obras de dudosas atribuciones. El objetivo es claro: “el primer metro cuadrado será clave en estas elecciones” y poco importa la situación después las elecciones de octubre próximo.
Comprar los votos con dinero público es una costumbre de la Sra. Vidal. Su gobierno brinda ayudas financieras, apoyo político y recursos diversos a los organismos mal llamados de derechos humanos, pero ni ella ni su secretario de derechos humanos, nunca se interesaron a los más de 3000 hombres y mujeres que en los años 70, protegieron las instituciones del Estado y la sociedad, de los ataques armados de grupos terroristas que buscaban tomar el poder las armas. Esas personas (ex agentes del Estado, magistrados, abogados, médicos, empresarios, sacerdotes, académicos…), hoy son víctimas de la inseguridad jurídica, se les violan principios de legalidad, constitucionales y convencionales. Esos ciudadanos merecen la atención de un responsable político, ¿tienen derechos humanos?
No se debe olvidar que, en los años 70, los grupos terroristas, cuyas reivindicaciones hoy continúan con las asociaciones humanistas, no luchaban ni por los derechos humanos ni defendían un sistema democrático.
La gobernadora Vidal y su secretario de derechos humanos, tampoco jamás recibieron las familias de los ilegales presos olvidados del Estado, ni se preocuparon por la salud de ese grupo social, mayores de 70 años, enfermas. Al contrario, autorizan a que se realicen escraches y persecuciones contra esos Prisioneros Políticos que se encuentre en detenciones domiciliares, se felicitan que municipalidades de su provincia las declaren personas non-grata en sus territorios. Pero, además, se decretó por ley 14910 la historia (mentira) oficial del país para esa provincia, un verdadero crimen a la historia, el revisionismo en su esplendor. ¿Esa es la política de los derechos humanos de la Provincia de Buenos Aires?
  • A esas personas que hoy se les violan sus derechos, víctimas de tratos crueles y degradantes, como sus familias, son electores y votan en las próximas elecciones. 
Finalmente, la Sra. Vidal al callar u ocultar la situación de los Prisioneros Políticos es cómplice de las violaciones a sus derechos, es condenarlos a la muerte civil y social. Por su populismo sin límite merece el repudio de la sociedad y ningún voto en su candidatura a ser relecta gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.  Paris, 13 mayo 2019. CasppaFrance 

 


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Mayo 14, 2019


 

¡Dejen tranquilo a los Prisioneros Políticos, todo tiene su límite!

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Por el Profesor

MARIO SANDOVAL

Solidaridad con el Prisionero Político Leopoldo Luis Baume y su familia, quien debe soportar tratos degradantes, violencia en su domicilio, una persecución política permanente y otros delitos. Se violan sus derechos humanos a la vista de la sociedad, los medios, los hombres políticos, pero todos prefieren mirar para otro lado. https://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/09/24/la-amenaza-de-desplazamiento-interno-forzado-en-territorio-argentino-una-violacion-grave-a-los-derechos-humanos/Así, el lunes pasado, la horda fanatizada de Hijos, familiares y amigos de ex terroristas de los 70, una vez más amenazan, atacan, dañan, cometen numerosos delitos contra el Sr. Baume, a la vista de la justicia y de la policía, con la autorización de la gobernadora Vidal, de Santiago Cantón, Secretario de derechos humanos y del gobierno nacional. Cada uno debe ser denunciado en Argentina o el Extranjero, y debe ser escrachado sin límites.

¿Para la justicia argentina, las autoridades nacionales y provinciales, el Sr. Baume es considerado persona con derechos humanos y beneficiar de las obligaciones positivas del Estado?  Sus actos demuestran lo contrario y obliga que otros ciudadanos asuman el rol del Estado, para proteger los bienes y derechos de otros Prisioneros Políticos en la misma situación. Repudiamos el escrache contra el Sr. Baume y sus autores

¡Dejen tranquilo a los Prisioneros Políticos, todo tiene su límite! Está en juego el Estado de derecho, el orden público republicano, principios constitucionales y convencionales. ¿Cuál es la diferencia con la Venezuela de Maduro? Paris, 14 mayo 2019. CasppaFrance.

 

CASSPAFRANCE.org

 


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Mayo 14, 2019


 

La importancia del funcionamiento de los tres Poderes para la economía argentina

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En una entrevista radial concedida al periodista Jorge Victorero para Multimedios Prisma, Juan José Guaresti expresó su punto de vista acerca del mal funcionamiento de las instituciones nacionales y de la importancia que tienen tanto el Poder Legislativo como el Judicial a la hora de plantearnos cuestiones económicas. También manifestó su preocupación por la inseguridad jurídica que se vive hoy en el país y el impacto que esta tiene sobre la economía. Otro de los puntos destacados de la conversación fue, de cara a las próximas elecciones en el mes de agosto, la importancia de la implicación ciudadana a la hora de votar, es decir, que cada ciudadano se informe sobre los candidatos para saber a quién está eligiendo como su representante en el Congreso.  

La entrevista comenzó con una detallada explicación del Dr. Guaresti acerca de la idea que muchos argentinos tienen sobre quién gobierna el país y cuáles son las causas de la delicada situación económica actual: “Mientras muchos se limitan a hablar de la Administración Pública Nacional, es decir, del Poder Ejecutivo, se olvidan que la Argentina está gobernada por tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”.
Estos poderes, según Guaresti, también  están involucrados en los problemas económicos que atraviesa el país. Con respecto al Poder Judicial, la pregunta que siempre nos hacemos es si está cumpliendo su función correctamente, pero para el Dr. hay otra cuestión: “A mi entender —es un punto de vista perfectamente opinable—todas las sentencias deberían ser resueltas por jurados porque generalmente son imparciales”. Puede ser que algún miembro del jurado sea influenciado, pero si ocurriera sería solo una vez porque ese mismo jurado no puede volver a constituirse. Por otra parte, también hizo referencia a la inseguridad jurídica que existe en el país y que está muy relacionada con la tensión económica actual —el ejemplo citado fue el de Daniel Montamat, Director de YPF, quien manifestó que para el normal funcionamiento de Vaca Muerta es necesaria también la estabilidad jurídica—.
En cuanto al Poder Legislativo, la opinión de Guaresti fue categórica al expresar que es uno de los responsables de la situación actual de la Argentina debido a que debe ser el encargado de revisar el Presupuesto Anual que presenta el Poder Ejecutivo y, si la situación lo amerita, no permitir su aprobación. Si quienes están encargados de votar por la aprobación o no del Presupuesto —y los gastos exorbitantes que este suele contemplar— no cumplen su función, el Estado “gasta mucho y mal”. La Argentina gasta más de lo que puede gastar y esto provoca, por tanto, el aumento de precios, la implementación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes. 

 
Así las cosas, Guaresti considera que “si se quiere bajar la inflación, hay que dejar de hablar de planes económicos y hay que hablar, entre otras cosas, del mal funcionamiento del Congreso. Todos hablan de planes económicos, ¿pero qué mejor plan económico que la Constitución? La Constitución no autoriza gastos exorbitantes ni impuestos que la gente no pueda pagar”. La confianza y la estabilidad jurídica son, como se mencionó anteriormente,pilares esenciales para el  desarrollo económico y para conseguir la estabilidad de precios, pero no es posible alcanzarlas si tanto el Poder Judicial como el Legislativo están mal conformados.
Los vaivenes del dólar no estuvieron ausentes en esta conversación: consultado acerca de las medidas tomadas para controlar el valor de esta moneda, Guaresti recalcó que aumentar las tasas de interés solo provoca la disminución de las posibilidades de crecimiento, lo que lleva también —dado el contexto inflacionario en el que vivimos— al aumento de la pobreza.
Esta cuestión condujo nuevamente al papel que juega el Congreso en la actualidad argentina: ¿está integrado realmente por personas idóneas, preparadas para cumplir sus funciones correctamente? El ejemplo citado por el Dr. fue el de los LEBACS: “Durante la administración actual se emitieron un billón de LEBACS y el Congreso, cuya función es evitar este tipo de situaciones, no alzó la voz”. También recordó el rol del Congreso en la existencia de “impuestos desafinados” a los que deben que hacer frente los argentinos en la vorágine económica de hoy y la imposibilidad —en muchos casos— de quitarlos, porque los gastos ya están emitidos y hay que solventarlos. El Congreso es, para Guaresti, el responsable de haber aprobado, en primer lugar, un Presupuesto con gastos exorbitantes y sin justificación, lo que llevó luego a la creación de nuevos impuestos y a la suba de los ya existentes.
El gasto público es, por lo tanto, uno de los temas más importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar las medidas y políticas a tomar para encaminar la situación económica del país. En países como Estados Unidos, menciona Guaresti, el gasto público se cuida al centavo, pero no es lo que ocurre acá. La suba del dólar en la Argentina —con todos sus matices— “es responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero no menos responsable es el Poder Legislativo, un Poder Legislativo mal conformado. Lo grave son los gastos exorbitantes provocados por un presupuesto mal concebido y no estudiado por el Poder Ejecutivo que después aprobó el organismo capaz de detenerlo y de decir que no, el Congreso”. 
El análisis se trasladó a la situación electoral de la ciudadanía y su implicación a la hora de votar. El Dr. Guaresti considera que la gente no se informa, por ejemplo, sobre los candidatos a diputados y senadores, queserán luego quienes los representen en el Congreso. Así, “les otorgan un ‘cheque en blanco’ sin saber si son idóneos para cumplir con la función que les corresponde y pasan a conforman las llamadas listas sábana. Esto es lo que ocurre cada vez que hay elecciones en la Argentina, la gente va a votar a ciegas y de esta manera se forma el ‘elenco’ de la Cámara de Diputados, una Cámara que tiene gran influencia en nuestra vida porque, entre otras cosas, la implementación de los impuestos empieza allí”.
Por último, consultado sobre los anuncios realizados con nuevas económicas, Guaresti remarcó que, en realidad,hoy lo más importante es organizar una Cámara de Diputados elegida por el pueblo, lo que implica que “de cada circunscripción salga un solo diputado.Solo así se van a terminar las listas sábana.De esa forma, la gente de cada circunscripción va a tener la posibilidad de saber a quién está votando, va a conocer al candidato y va a poder decidir a partir de sus capacidades y no por una lista de partido”. El mensaje es claro. Los ciudadanos deben tomar conocimiento de los candidatos para así votar informados, para no darles “un cheque en blanco” a nombres que aparecen en una lista:“si lo seguimos haciendo, no podemos quejarnos después de la inflación, de la pobreza o del subdesarrollo”. Ante la pregunta final de Victorero — “¿Ve alguna luz para modificar esta situación?”—, Guaresti repitió su postura: “Saldremos de esta situación cuando los ciudadanos dejen de votar en blanco, cuando se digan ‘no le doy un cheque en blanco a nadie más’; ese día la Argentina saldrá adelante”.

 


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Mayo 14, 2019


 

Civilización y Barbarie en la Madre Patria: EXHIBICIÓN y POSTERIOR DESTROZO de una VIRGEN MASTURBÁNDOSE

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La virgen abortera se mostró en instalaciones del Ministerio de Justicia (ex-ESMA), Ahora en España se exhibió nada menos que una virgen masturbándose. Hoy el cuadro amaneció destrozado. 

Una imagen de la Virgen… ¡semidesnuda, en una postura soez, masturbándose!
Esta es la nueva ofensa contra los sentimientos de los cristianos que promueve un un organismo público, la Diputación de Córdoba, y que te animo a que frenes en seco.
Pídele al presidente de la Diputación de Córdoba, España Antonio Ruiz, que retire de inmediato esta provocación intolerable cuyo único propósito es ofender los sentimientos de la mayoría de cordobeses y españoles:
https://www.citizengo.org/hazteoir/sc/170646-cuadro-ofensivo-para-cristianos

La pintora de semejante bodrio es una tal Charo Corrales, que con el título de “Con flores a María” presenta una soez imitación del cuadro de La Inmaculada de Murillo, con su propia cara, semidesnuda, con el velo levantado y masturbándose delante de un grupo de angelotes.
El cuadro forma parte de la exposición “Maculadas sin remedio”, un proyecto colaborativo de 14 artistas que está impulsado por la Delegación de Igualdad de la institución provincial y la Fundación Botí. Se presenta como “una reivindicación de la feminidad más profunda’, y lo hace atacando la figura femenina más sagrada del cristianismo, la Madre de Dios.
Lleva expuesto una semana, una semana ultrajando tus creencias y las mías, ensuciando un símbolo de la pureza como es la Madre de Jesús que nos hiere en lo más profundo.
Ni un minuto más queremos ese cuadro expuesto. Pide al presidente de la Diputación que lo retire de inmediato o estará siendo cómplice de este escándalo:
https://www.citizengo.org/hazteoir/sc/170646-cuadro-ofensivo-para-cristianos
Vamos a lograr retirar este cuadro, tú y yo, igual que hemos logrado otras veces ataques e insultos a tus creencias y las mías.
No te quepa duda de que vamos a lograrlo. Actúa ya y actúa con urgencia.
Gracias por apoyar esta campaña
Ignacio Arsuaga y todo el equipo de Maslibres.org

Destrozo de la particular pieza

Esta mañana una de las obras de la exposición ‘Maculadas sin remedio’, ubicada en la galería de Presidencia de la Diputación de Córdoba, ha amanecido destrozada. ‘Con flores a María’, de la artista Charo Corrales. Se trata de un autorretrato de su creadora inspirado en la Inmaculada Concepción ‘de Aranjuez’ de Murillo con una de las manos en su sexo, ha sido rajada de manera intencionada tras las críticas que en los últimos días ha recibido la muestra.  Ésta recoge las obras de 14 mujeres artistas nacidas al calor del Año Murillo para interpretar la imagen que el arte ha dado de las mujeres en los últimos siglos.

 

La muestra, que se expuso en enero en Sevilla y que ha llegado a la institución provincial ha causado el malestar de partidos como el PP, Ciudadanos y Vox. El grupo del PP de la Diputación de Córdoba ha exigido “la retirada inmediata” de la muestra por considerar que la misma supone “una ofensa al sentimiento religioso de una mayoría de la sociedad cordobesa”.La misma razón por la que ciudadanos pidió la retirada de una de las obras, ‘Con flores a María’, que denunciaban por su contenido sexual. El presidente de Vox Córdoba y portavoz parlamentario de la formación, Alejandro Hernández, se ha manifestado “escandalizado” ante la “repugnante, ofensiva y blasfema imagen de la Virgen María” expuesta en un edificio público y pide “su retirada inmediata”.

 

La Diputación investiga quién ha podido ser el autor del destrozo, sobre todo en un espacio, la galería de Presidencia, que tiene una especial vigilancia.

 

Fuente: Ser

 

 



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Mayo 14, 2019


 

¿Hubo o no guerra civil en Argentina, con intervención de terceros y que cuadro jurídico se debe aplicar en el post conflicto a todos los actores participantes?

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¿Hubo o no guerra civil en Argentina, con intervención de terceros y que cuadro jurídico se debe aplicar en el post conflicto a todos los actores participantes?

http://www.laprensa.com.ar/476388-La-Argentina-ha-vivido-una-guerra-civilencuadrada-en-la-guerra-civil-mundial.note.aspx La Argentina ha vivido una guerra civil, encuadrada en la ‘guerra civil mundial’, afirma el profesor Miguel Ángel Iribarne. Desde una óptica de la seguridad internacional, la geopolítica, de relaciones diplomáticas y de alianzas estratégica es cierto, pero desde la perspectiva de protocolos de Ginebra y sus consecuencias jurídicas, tal afirmación no tiene el mismo acuerdo.   
 
El artículo del Prof. Iribarne, es muy pertinente porque llama a revisar objetivamente, las variables políticas-jurídicas, constitucionales y convencionales, que se aplican a un conflicto de esa naturaleza, determinar si los mismos corresponden al caso de Argentina y validar la legalidad de las normas jurídicas internas en los procesos ilegales contra los Prisioneros Políticos en Argentina.
¿Hubo o no guerra civil en Argentina, con intervención de terceros y que cuadro jurídico a aplicar en el post conflicto a todos los actores participantes?
  • Recordando que “Una guerra civil se define como un conflicto prolongado, a gran escala, políticamente organizado y físicamente violento que se produce en el interior de un país, principalmente entre dos grandes grupos de ciudadanos que compiten por el monopolio de la fuerza física. Las guerras civiles conducen a una violencia interna sostenida y generalizada, que las distingue de episodios intensos pero limitados de violencia política que desafían el monopolio de la fuerza, como golpes de Estado, rebeliones o asesinatos políticos. Los actores externos pueden estar involucrados en una guerra civil, pero la violencia ocurre dentro de las fronteras del país e involucra principalmente a actores internos” in Mark Gersovitz Norma Kriger[1]. No es ni insurrección ni revolución.
Toda guerra civil tiene la intervención directa o indirecta de terceros que participan en el conflicto armado, sobre todo durante el periodo de guerra fría a escala internacional entre 1945-1990. En el caso de Argentina las Convenciones de Ginebra no reconocen la existencia de un conflicto armado interno, por consecuencia sus normas específicas son inoperantes para el caso de referencia. Eso trae como consecuencia interpretaciones voluntariamente erróneas, aplicaciones ilegales e infundadas de una justicia de venganza para juzgar un solo actor del conflicto armado interno con normas obscuras o imprecisas violatorias de principios jurídicos imperativos.
Situación extraña porque social, política y judicialmente, más de 3000 hombres y mujeres, ex agentes del Estado, magistrados, sacerdotes, abogados, médicos, empresarios, académicos…están acusados ilegalmente de haber cometido delitos no comunes, ni militares, ni de guerra, ni durante un conflicto armado. Esos detenidos son en los hechos “prisioneros especiales”, no lo son de derecho común, algunos cumplen detenciones domiciliares, en hospitales o en cárceles generales, pero en pabellones separados de “presos comunes”. ¿Cuál es el estatus jurídico real de esos presos? Si son presos comunes deben beneficiar de todas las garantías procesales que no disponen actualmente.
  • Estos aspectos fueron puntos de fuerte negociación entre el gobierno británico y los miembros del IRA en prisión. 
Así, el personal militar como las fuerzas de seguridad que estuvieron bajo su responsabilidad operacional en los 70, no son juzgados ni por sus jueces naturales ni por los principios de Ginebra sino por una justicia de excepción como regla de procedimiento. Por otra parte, los tribunales de opinión, las asociaciones llamadas de derechos humanos, con la participación de la comunidad internacional determinaron que todos los ex agentes del Estado y los representantes de la sociedad de los años 70 que no integraban los grupos terroristas son culpables de crímenes contra la humanidad. La justicia aplicó esas demandas con el apoyo de los gobiernos.
  • Aquí, encuentra todo su valor las palabras del Dr. Carlos Rosenkrantz, “el rol ideal de un juez (el deber ser) en una democracia constitucionalLa primera responsabilidad de un juez en una sociedad de ese tipo es, entonces, determinar qué dicen las reglas de su comunidad para casos concretos y, cuando las reglas son oscuras o imprecisas, determinar cómo pueden expandirse o precisarse de un modo consistente y armónico con las normas claras y conocidas de dicha comunidad. “Y los jueces deben  comprometerse   con   esta   tarea   mediante   la   reflexión   honesta”.https://www.casppafrance.org/2019/05/casppafrance-carlos-rosenkrantz-para.html Los jueces en los ilegales juicios de lesa humanidad violan esos principios.
Para ir más lejos, se debe analizar las causas y características de la guerra civil para hacer emerger factores que puedan corresponder a las intervenciones o no de las convenciones de Ginebra, precisando que la intervención de terceros a ella sola no justifica el conflicto ¿la guerra civil tiene reglas de combate?
Algunas de esas características de la guerra civil son: conflicto asimétrico, polarización de los sectores en conflicto, extremada violencia, degradación en la ética del combatiente, internacionalización… ¿Esos indicadores están presentes en el caso argentino? Paris, 13 mayo 2019. CasppaFrance

[1] http://documents.worldbank.org/curated/en/387041468194641798/pdf/wps6397.pdf What Is a Civil War? A Critical Review of Its Definition and (Econometric) Consequences Mark Gersovitz Norma Kriger. The World Bank, April 2013.


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Mayo 14, 2019


 

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