Al concepto general de que los ciudadanos son iguales, bien vale la pena modificarlo separando dos clases: el ciudadano común y los héroes de guerra, los que han jugado su vida por la patria y se merecen todos los honores, todos los privilegios, todas las atenciones, todas las desigualdades a su favor.
REFLEXIÓN:
Hace unos días atrás en mi provincia –Tucumán – , tuve el honor y placer de ser invitado por el Director de la AcademiaGeneral Belgrano a instancia de una amiga periodista a una charla y presentación del libro “La Pasión Según Malvinas” del entonces corresponsal de guerra Nicolás Kasanzew, con la participación de los Tenientes Coronel retirados Marcelo Anadón y Oscar Jaimet quienes vivieron en carne propia los fragores de la guerra y disertaron sobre la memorable labor de los comandos en su gesta para recuperar a la hermanita perdida para que vuelva a casa. A mi entender es el mayor logro al que puedan aspirar los que tienen a su cargo la defensa de la Nación? Después de haber escuchado los asombrosos relatos de estos abnegados y valiente oficiales y estrategas, volví a casa con la obligación moral de escribir algunas líneas al respecto. Me vino a la memoria cuando paraguayos y bolivianos se trenzaron en una guerra, dejando atrás un período de cinco años de ataques crónicos en la frontera. Debieron luchar por intereses extranjeros que se disputaban la explotación del petróleo en ricos yacimientos del Chaco; una guerra evidentemente injusta. Pero una guerra, una vez declarada es, se lo quiera o no, una guerra de la nación.Es la nación la que -quizás- se beneficie con el triunfo, y es la nación la que -con toda seguridad- ha de perjudicarse con la derrota. Lucharon bolivianos y paraguayos con bravura, con abnegación, haciendo gala de amor a sus patrias.Y cuando reinó la paz cada nación rindió homenaje a sus héroes, a sus queridos muertos, a los venerables veteranos. Al concepto general de que los ciudadanos son iguales, bien vale la pena modificarlo separando dos clases: el ciudadano común y los héroes de guerra, los que han jugado su vida por la patria y se merecen todos los honores, todos los privilegios, todas las atenciones, todas las desigualdades a su favor. En el Paraguay los héroes sobrevivientes aún hoy son tratados con reverencia.Eso, que la comunidad ofrende su respeto a los que han perdido la vida por defenderla y a los que no ha sido voluntad de Dios llevarlos, pero igualmente la expusieron ante el enemigo, es una obligación nacida de la más elemental decencia.Seríamos unos canallas despreciables regateando ese homenaje. Pero, además, honrar a los que nos defendieron es la mínima política de conservación, de defensa.Ver que a los que han expuesto su vida por la patria se los aplaude los 2 de abril y que los demás días tienen que andar buscando un trabajito, gestionando ellos -cuando debiera ser la sociedad la que espontáneamente se ofrezca- que se les conceda algún beneficio de los que los burócratas usufructúan como merecidas conquistas sociales, ¿no es acaso una vergüenza que está proclamando que somos una sociedad que no se merece el esfuerzo de sus hijos?La Argentina -gracias a Dios- tiene héroes que le han ofrendado la vida. Unos la perdieron. El primero el teniente Pedro Giachino, muerto sin siquiera defenderse, en cumplimiento del plan impuesto de no hacer daño al enemigo. Post mortem fue ascendido a capitán de fragata y -el 4 de abril de 1982- sepultado en el cementerio de Punta Alta. Se cumplía con la obligación de honrar a los héroes, y también se rindió honores a los restos mortales del soldado Mario Almonacid. Muchos héroes de tierra mar y aire murieron, y son igualmente respetables los que pusieron su pecho al peligro y no murieron.Quizás un emblema de todos ellos, de los vivos y de los muertos, sea el abnegado teniente Giachino.Podría su nombre ser bandera de lo que significó ponerlo al Estado al servicio de un interés permanente de la nación.Que se haya llegado a la derrota significa que a la nación hay que defenderla mejor, no que no deba defendérsela. Aquel gobierno militar inmediatamente después -lo mismo que los gobiernos civiles que lo sucedieron- se impuso la tarea de “desmalvinizar”, y para desmalvinizar se considera a los respetables veteranos como a simples “chicos” a los que es preciso tirarles alguna propina. Y no es así. Ellos, como Guachineo, se merecen el homenaje permanente de la patria! Viva la Patria…
“Conmigo se acaban los curros en derechos humanos”.
Esta esperanzadora frase la dijo, con el énfasis que tal decisión ameritaba, el candidato de Cambiemos en agosto de 2015. Confieso que tenía decidido votarlo, aunque nunca hubiera mencionado el tema, pero al escucharlo se potenció mi ilusión y pese a no tener obligación –por edad– concurrí al comicio a primera hora y con grandes esperanzas voté a Cambiemos.
Y estoy seguro que fuimos unos cuantos los argentinos que confirmamos o decidimos nuestro voto a raíz de esta promesa.
Pero el nombramiento de funcionarios como Avruj, Peña, Patricia Bullrich me hizo surgir la preocupante sospecha de haber caído nuevamente (qué ingenuo ¿No?) en la trampa de las mentiras de campaña.
Y al poco tiempo de la asunción la sospecha se hizo certidumbre. Hoy estamos igual que ayer en el tema de derechos humanos. Siguen siendo gozados únicamente por los terroristas y negados a quienes los combatieron, justamente aquellos a quienes todos los funcionarios de las últimas tres décadas deberían ir a visitar a los penales y agradecerles que hayan derrotado a la guerrilla de terroristas asesinos, traidores a la Patria, de no haber sido así….
Pero su soberbia y comodidad no se los permite.
Optan por un cobarde silencio y no se atreven a dar un valeroso reconocimiento de la verdadera historia.
Resulta ya aburrido mencionar que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente (salvo que beneficie al imputado), que el Estatuto de Romatipificador de los delitos de Genocidio y Lesa Humanidad prohibió su aplicación a hechos anteriores a su sanción, que de sus artículos surge que serán imputados tanto los funcionarios de un Estado como los integrantes de las OrganizacionesGuerrilleras, que lo que se libró a partir de los ’60 fue una guerra y simplemente con ver las organizaciones, grados militares, armamentos, objetivos y declaraciones de los propios terroristas no caben dudas de la existencia de un conflicto bélico. Sólo nuestros funcionarios no lo comprenden o miran para otro lado…
Con tristeza e indignación vemos que se premia con dineros públicos a los terroristas y sus deudos, se los honra junto a jefes de estados extranjeros, mientras van muriendo en miserables mazmorras octogenarios y nonagenarios que nos dieron la democracia….
Durante el gobierno de Cambiemos ya suman un centenar quienes ofrendaron su vida abandonados y enfermos, lejos de sus seres queridos.
Y pensar que deno haber sido por el triunfo de las Fuerzas Armadas, hoy nuestra Patria se habría transformado en un remedo de Cuba y Venezuela.
Aclaro para que no se malinterprete que, aparte de este rechazo puntual, comparto en general las decisiones del gobierno, no soy experto ni en economía, ni finanzas, ni relaciones exteriores, solo un simple ciudadano que desea, antes del final, ver a nuestra Patria de pie y a todos los argentinos gozando de los mismos derechos y con las mismas obligaciones, viviendo en paz y concordia.
“Los jueces son más peligrosos que los delincuentes”, “sorprendió” el abogado bahiense Miguel Ángel Asad, quien sufriera un violento atraco donde su vida y la de su familia, corriera peligro. El letrado señaló que no lo venció el odio, ya que de otra manera “El hubiera terminado preso”. Esta declaración viene acompañada del hecho sucedido en enero pasado. Allí fue encañonado junto a su hijo por los malvivientes, para culminar con la cereza del postre: La “justicia” los dejó libres. Pese a todo, el abogado se decanta por los malhechores “que al menos se la jugaron” en contrapartida al sistema judicial y sus famosas “puertas giratorias”
Uno de los ladrones, Sergio Javier Campos, fue detenido pocos días atrás en otro intento de asalto, por lo que el doctor Asad le reconoció. “Fue el quien le apuntó en la cabeza a mi hijo. Estaba con libertad condicional cuando ingresó a mi domicilio”
En tanto, sus críticas a la justicia, Asad comenta que cuando el juez ordena un allanamiento, hay una “mala policía” que filtra la información, y cuando llegan al lugar, ya no hay nada. O quizás -señala- la información la filtre el juzgado de garantías. “Yo tengo que sospechar de todo”
“Yo he defendido homicidios. pero nunca a alguien que le haya puesto una pistola en la cabeza a un menor” culminó Asad.
En los juicios sustanciados durante la presidencia de los Kirchner y la actual del presidente Macri contra policías, militares, empresarios, jueces y sacerdotes, calificados con la figura de delito de lesa humanidad, lo que se les atribuye es la responsabilidad por los actos cometidos a la subversión durante la represión estatal en la década de 1970. El sambenito de criminal de lesa humanidad le cabe le cabe a todo aquel, civil o militar, que reprimió, colaboró o no denunció a los represores. El disparate jurídico-moral que oficia de axioma de la “política de derechos humanos” del gobierno anterior y del actual es que el acto de reprimir a la guerrilla, más allá de la forma, es criminal en sí mismo. De allí, que los jueces (incluidos los de la Corte Suprema), los fiscales, los secretarios de derechos humanos de la nación y de las provincias confunden ex profeso a la represión estatal con la patraña de que se trató de un genocidio perpetrado por las FF.AA en connivencia con los empresarios, la oligarquía y el gobierno de los EE.UU; “un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil”. Esa es la figura penal en la que se incluye a todos aquellos que participaron, o no (se condena sin pruebas), de la reacción natural, patriótica, defensiva, obvia, legal e inexcusable (del gobierno constitucional, primero y del militar, después) de reprimir a los terroristas del ERP y Montoneros que a fuerza de asesinatos pretendían pavimentar su camino al poder e instaurar un Estado totalitario. Claro que para hacer encajar los hechos históricos en tan estrecho molde, jueces y fiscales hubieron de amputarlos mediante hachazo limpio. Llamar, por ejemplo, “población civil” a sujetos que se reivindican todavía como soldados de un ejército que mataron, asaltaron cuarteles, secuestraron, extorsionaron, robaron y que pretendieron provocar la secesión de parte del territorio es la mentira más torpe y desmañada de la que se tenga memoria en la historia del derecho. La niña judía Ana Frank, asesinada por los nazis, era “población civil”. Lo mismo la pequeña María Fernanda Viola, asesinada por el ERP. ¿Acaso existen jueces que sostengan que los asesinos de María Fernanda son más víctimas que la propia niña? Pues, de hecho, que sí. Allí está la madre, Maby Picón, pidiendo la justicia que le niegan mientras los asesinos declaran como testigos víctimas en la causa por el Operativo Independencia. Y para los políticos aquí no pasa nada. Al gobernador de Tucumán o al presidente Macri no se les mueve un pelo. Beatriz Sarlo escribió en esa línea a propósito del carnicero que mató al delincuente que lo asaltó. Se refirió al fascismo que anida en todos los que justifican ese tipo de acciones. También atribuyó responsabilidades por dicho fascismo a la última dictadura militar. Nada dijo, sin embargo, de los que asesinan policías o de los subversivos con sus innumerables asesinatos. Tal vez, porque como dice Gerardo Romano, los montoneros “mataban con respeto”. Está claro que no se juzga el, cómo, se reprimió sino el hecho de reprimir. El “cómo” se juzgó en la causa 13 del Juicio a las Juntas. Allí los jueces (que no eran los naturales) expresamente fallaron a favor de que existía la necesidad imperiosa de reprimir; mas, condenaron la forma en que se reprimió. Dicho fallo, también, afirma que se trató de guerra declarada e iniciada por las bandas terroristas. En modo alguno sostiene la patraña ridícula de un “plan sistemático de exterminio de la población civil”. Mote, este último, que de ningún modo le cabe a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Giménez”, la banda terrorista que actuaba en Tucumán. El rosario de hechos incontrovertibles, como accesibles a cualquiera con un mínimo de voluntad, son campanas de palo para los oídos de jueces y de funcionarios de derechos humanos. Para estos, “El Operativo Independencia” les resulta como esa película de terror donde un grupo de cándidos Boy Scouts, durante un picnic, es sorprendido por militares psicópatas y sedientos de sangre.
El 30 de junio de 1973, el jefe del ERP, Roberto Santucho, en conferencia de prensa anuncia su teoría (hito actual de la “jurisprudencia” argentina) según la cual reprimir a la guerrilla es un crimen. Textualmente, advierte al gobierno constitucional de entonces: “Mientras se abraza con los militares contrarrevolucionarios se prepara a atacar, junto con ellos, a la guerrilla… si se atreve a hacerlo, cediendo a las presiones reaccionarias, se colocará sin duda en completa ilegalidad” (ver https://www.youtube.com/watch?v=tN43vTK7upE)
He ahí la fuente del derecho argentino sobre lesa humanidad.
En lugar de decir “pido perdón a todas las víctimas del conflicto”, el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, dijo lo contrario: “Ofrezco perdón a todas las víctimas del conflicto”. Entienda quien pueda. O, mejor, entendamos el horror de ese discurso por lo que dice realmente, no por lo que quisiéramos que dijera. Al “ofrecer perdón” Timochenko dice que él perdona a sus víctimas por lo que éstas le hicieron a las Farc. No dice lo contrario. No se ría. Esa teoría de que los colombianos somos culpables por lo que “les hicimos a las Farc” es moneda corriente entre algunos políticos. Hace dos meses, el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, quien fue una vez secuestrado por las Farc, escandalizó al país al decir: “La guerrilla tiene que pedir perdón pero nosotros también le tenemos que pedir perdón a la guerrilla por haberlos conducido a que estén 60 años dando bala”.
La teoría de que las Farc, y las otras bandas comunistas en general, han cometido todos los crímenes imaginables porque Colombia es una “sociedad injusta”, y que ellas fueron forzadas a hacer eso, es la tesis número uno de los ideólogo marxistas de Colombia. Esa impostura funciona como una droga: los hace sentirse en el campo del bien. Ellos imparten la muerte a decenas de miles de inocentes pero eso no importa. Ellos son el bien encarnado. Y por hacer el bien son maltratados por los otros, por los malos. Tal es dogma central de las Farc, la inversión de realidad sin la cual no podrían dar un asidero psicológico a sus miembros. Por eso no es raro que Timochenko haya sacado esa estrafalaria teoría en el acto de antier, de la firma “de la paz” en Cartagena, bajo el disfraz de un error de locución, o de redacción o de sintaxis. Falso. Los asesores que él tiene, como el “jurista” español Enrique Santiago, no habrían dejado pasar ese disparate. Por el contrario, forjaron exactamente ese frase para que los colombianos vayan sabiendo quiénes son ellos y cómo ven ellos el enorme problema del perdón y de la “reconciliación”.
Matar, secuestrar, incendiar, robar y extorsionar a los colombianos son vanos “delitos políticos” para Timochenko y consortes. Son delitos excusables, por ser necesarios para alcanzar la “justicia social”, como dicen ahora, o como sus fundadores decían en los años 50: para construir la sociedad “sin clases”, la “dictadura del proletariado”, una sociedad feliz, libre y próspera. En teoría. Asesinar inocentes puede ser una virtud y no un crimen. Enunciados como ese, inventados por Lenin en 1905, no son frases, son armas de destrucción masiva.
El que Timochenko haya dicho eso sin desatar las críticas que merecía, dice mucho sobre el estado de postración moral de cierta clase política y de los medios que pretenden estar al servicio de la información y de la formación de una opinión libre.
En su discurso, Rodrigo Londoño deslizó otra exigencia escandalosa, que tampoco fue oída ni resentida por la gran prensa, frase calculada para hacernos creer que la violencia ejercida por ellos durante cinco décadas contra Colombia no debe ser vista como un todo perverso y condenable sino como un fenómeno relativo en donde aparecen aspectos muy nobles. El pedido de Timochenko fue: “Que se reconozca que las Farc siempre intentó (sic) por todos los medios evitar las desgracias del conflicto”. (1). ¿Evitar las desgracias del conflicto? ¿Quién puede aceptar eso? ¿Si las Farc “evitaron” las desgracias del conflicto de qué paz y de qué conflicto están hablando? ¿Por qué tantas víctimas esperan que las Farc pidan perdón? El cinismo descomunal de esa frase revela que lo de Cartagena no fue más que una payasada montada no para avanzar hacia la paz sino para lavarle la cara a las Farc y mejorar sus posiciones para el asalto al poder. El resultado de ese circo fue el que ellos esperaban: una prensa hipnotizada y la Unión Europea decidida a sacar a las Farc de la lista de organizaciones terroristas. John Kerry, el secretario de Estado americano y enviado de Barack Obama, prometió lo mismo.
Sin haber entregado las armas, teniendo aún cientos de secuestrados, sobre todo niños, y sin haber siquiera expresado un arrepentimiento real por las desgracias que le ocasionaron a Colombia, las Farc serán premiadas por Santos, Obama y la UE.
En el limbo quedó pues el llamado, de gran generosidad y decencia moral, de Mauricio Lizcano, presidente del Senado colombiano, doble víctima de las Farc, quien declaró en Cartagena que los colombianos no nos contentamos con simulacros de perdón sino con un acto de “gran arrepentimiento por parte de la Farc” y que esperamos que el perdón “no sólo sea en casos puntuales, sino masivos, porque todos los colombianos fuimos víctimas”. El padre de Mauricio Lizcano, Óscar Tulio Lizcano, ex miembro de la Cámara de Representantes, fue secuestrado durante ocho años por las Farc hasta que pudo escapar en octubre de 2008. Su otro hijo, Juan Carlos, fue secuestrado durante seis meses por el Ejército Popular de Liberación en 2004. El senador Lizcano pidió a las Farc que entreguen las armas y cumplan el acuerdo y, sobre todo, que abandonen su postura arrogante: “todos los colombianos estamos esperando que cada día ellos se sintonicen más con lo que se espera de ellos y no ellos lo que esperan de los colombianos”.
La actitud de Timochenko en Cartagena muestra una vez más los enormes bloqueos mentales y morales que tienen las Farc ante sus víctimas y ante el país real. Sus actos de arrepentimiento son inexistentes. Cada vez que anuncian que pedirán perdón, salen con frases equivocas, o con burlas macabras, como la de Jesús Santrich, en Oslo, en octubre de 2012, cuando respondió riendo y cantando “Quizás, quizás, quizás”.
¿Cambiarán un día? Es muy poco probable. Pues ellos reiteran, como si eso fuera una gran virtud, que no cambiarán de programa, que no se arrepienten de nada, que “nadie aquí ha renunciado a sus ideas”. Sin embargo, el punto es ese, precisamente: sus ideas. Si ellos no las cambian, si no las repudian como una de las causas esenciales de su trayectoria criminal, las Farc no van a poder seguir en la farsa de la paz, ni podrán convencer a nadie de que “harán política sin armas”. Sin cambiar de ideas eso es imposible.
En Uruguay hubo dos plebiscitos. En dos ocasiones se le preguntó a la ciudadanía si quería que los militares y policías que habían luchado contra el terrorismo en Uruguay fueran a prisión. Se trató de la Ley de Caducidad; en Argentina se llamaría prescripción.
Los delitos, grandes o pequeños tienen un plazo para ser reclamados. En parte por una cuestión de estabilidad institucional y hasta mental. En parte por razones procesales, no es posible que alguien se defienda correctamente de algo que ocurrió hace 40 años. ¿Usted puede probar en donde estuvo hace exactamente hace un año? ¿Tiene testigos? Por ahí justo fue el cumpleaños de su mejor amigo y tiene docenas de testigos. Y…¿hace dos años? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Puede probar exactamente donde estuvo el día de hoy pero hace cinco años? Ante un testigo que afirma que hace cinco años usted tenía un apodo exótico y que lo torturó, ¿usted puede probar lo contrario? Transporte eso a cuarenta años atrás.
Dos plebiscitos se hicieron en Uruguay en los que los uruguayos votaron invariablemente que no querían perseguir a los militares y policías por la guerra de los 70. Dos veces.
Los defensores de la guerra por otros medios impulsaron dos plebiscitos porque creyeron que ganaban, que la gente iba a estar de su lado. La gente estuvo del lado de la paz. Dos veces.
¿Cómo aceptaron los defensores de la guerra por otros medios que la gente les diera la espalda? Con una de sus consignas automáticas “Los Derechos Humanos no se plebiscitan”
Los mismos que convocaron al plebiscito negaron la posibilidad de que se aplique cuando les salió en contra.
En Argentina.
Más cautelosos, evitaron convocar a un plebiscito en Argentina. Cada vez que alguien decía “preguntémosle a la gente” contestaban “Los Derechos Humanos no se plebiscitan”.
En su guerra contra el Cardenal Bergoglio los Kirchner apoyaron el matrimonio homosexual. La Iglesia sabía bien que ése no era el sentir del pueblo argentino y solicitó que se consultara al ciudadano. ¿Qué contestó la izquierda “progre”? “Los Derechos Humanos no se plebiscitan”.
En Clarín del 28 de junio de 2010, Alex Freyre, quien junto con su pareja fue el primer matrimonio gay por conveniencia le contestaba al odiado Bergoglio que los Derechos Humanos no se plebiscitan. Digo “matrimonio por conveniencia” porque se casaron para las cámaras de televisión haciéndose pasar por una pareja enamorada. Los que iban contra la “pareja enamorada” iban contra los Derechos Humanos y ya sabemos que los Derechos Humanos no se plebiscitan.
En cuanto a la guerra de los 70, las leyes de obediencia debida y punto final fueron votadas por ambas cámaras del Congreso Nacional; fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo y declaradas constitucionales, al menos, en 12 oportunidades. Pero ya sabemos que los Derechos Humanos no se plebiscitan y por eso, un grupo de diputados mercenarios (algún día se investigará cuánto cobraron por impulsar la nulidad) junto con jueces mercenarios (¿será cierto que un juez cobró diez millones de dólares por decretar la inconstitucionalidad?) las declararon nulas con efecto retroactivo, alegando una oscura responsabilidad internacional que impide perdonar a uno de los bandos aunque sí al otro. Cuando alguien recordaba que las leyes habían sido aprobadas por los representantes del pueblo la izquierda oponía que no se podían condonar penas ni delitos porque los Derechos Humanos no se plebiscitan.
En Colombia.
En estos días, Colombia va a un plebiscito que llaman “por la paz”. El que no apruebe este plebiscito seguramente estará en contra de la paz. Se busca perdonar a las FARC delitos abominables que han sido declarados de “lesa humanidad”. No así a los militares y policías que los combatieron. Y no es que a las FARC, de pronto, les haya dado por la paz. Esa banda de narcoterroristas ha secuestrado, asesinado, violado, reducido a servidumbre, producido abortos forzosos, esterilizaciones forzosas, apropiaciones de menores, abandono forzado de menores, ha torturado, violentado cada derecho humano que uno pueda imaginar y hoy, por arte de magia y de una persecución militar que no les ha dado tregua, son los principales mentores de la paz.
Se condonarán todas las aberraciones que las FARC han causado en Colombia durante décadas. Todo con el edulcorado argumento de que, de pronto, han entendido que la hermandad entre los hombres es mejor a enriquecerse con la cocaína que envían a Estados Unidos y Europa. Que la paz de la humanidad es mejor que secuestrar pequeñas niñas, asesinar a sus padres y convertirlas en esclavas sexuales a las que se les provocará aborto tras aborto para que no sean una carga, en contra de su voluntad la mayoría de las veces o abandonaran a sus bebés en la selva para que mueran víctimas de los elementos, el hambre o las alimañas.
Se condonará en nombre de la paz el secuestro de personas a las que se tuvo de rehén en la selva durante décadas, encadenadas a un árbol, como a Ingrid Betancourt. Todo en nombre de una sensibilidad que, de pronto, ha brotado en los corazones de los jefes de las FARC.
Este plebiscito, para la izquierda eternamente hipócrita, sí es posible porque ya sabemos que los Derechos Humanos no se plebiscitan pero los Derechos Humanos son lo que la izquierda quiere que sean, lo que le conviene que sean y lo que nosotros no sabemos defender.
En el día de la fecha, 2 de setiembre de 2016, ingresó en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el pedido de remoción de la Jueza María Alicia Noli, por mal desempeño.
La denuncia quedó registrada bajo el Nº 279/2016.
FORMULA DENUNCIA POR MAL DESEMPEÑO
SOLICITA PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN
Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación:
Orlando Agustín Gauna, de apellido materno Bracamonte, de nacionalidad argentina, nacido el 23 de diciembre de 1944, de 71 años de edad, DNI 6.255.319, de estado civil viudo, jubilado, domiciliado en el Barrio El Pozo, Manzana Nº 1, Vivienda Nº 19 de la Ciudad de Santa Fe, de la Provincia del mismo nombre, por propio derecho, respetuosamente me presento y digo:
I.- OBJETO.
Que vengo por medio del presente y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 2º, 4º y 5º del REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA Y ACUSACIÓN a impetrar formal denuncia ante ese Consejo de la Magistratura, contra la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, por acciones que implicarían un mal desempeño en sus funciones como magistrado. Por los fundamentos que se exponen a continuación, solicito, con la urgencia que las circunstancias ameritan, a la Comisión de Disciplina y Acusación de ese Consejo de la Magistratura, que disponga la apertura del procedimiento de remoción de la jueza denunciada, ordene su suspensión, y en su caso, formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, en los términos de los artículos 53, 114 inc. 5º y 115 de la Constitución de la Nación Argentina.
II.- HECHOS.
1. La Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, omitió excusarse en la denominada Megacausa III, conforme se lo impone el Artículo 55, inciso 4º del Código Procesal Penal de la Nación.
2. Por razones similares oportunamente se excusó de integrar el Tribunal Oral Federal de Tucumán, en febrero del corriente año.
3. Que la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, anteriormente se había excusado de integrar el Tribunal que juzgaría a los Generales Bussi y Menendez.
4. Que al excusarse de juzgar a los Generales Bussi y Menendez, manifestó en una entrevista periodística: “Por una cuestión básica del derecho penal no puedo juzgar a mi enemigo, porque si me preguntan qué querés para él, obviamente ya lo he condenado.” (http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4228-2008-07-08.html)
Que la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, no puede alegar desconocer las causas, circunstancias, victimas e imputados de la denominada Megacausa III.
6. Que es innegable la carga emotiva que significa para sostener juicio de imparcialidad, el hecho que su cónyuge, Enrique Alberto Sánchez (a) Villita, fuera secuestrado el 14 de setiembre de 1976, y permaneciera DESAPARECIDO, hasta que sus restos fueran identificados en una fosa común, en el Pozo de Vargas, hace poco más de dos años.
7. Que por esa carga emotiva por el secuestro y desaparición de su cónyuge, ha tenido una activa y directa participación en numerosos actividades académicas para estudiantes, abogados y jueces en derechos humanos. 8. Que esa misma carga emotiva la motivó a patrocinar a familiares de desaparecidos.
III.- SOLICITA PRUEBA
Solicito que ese Consejo de la Magistratura recabe copia del Currículo vitae de la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.
2. Solicito que ese Consejo de la Magistratura recabe informes sobre la relación de la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, con Enrique Alberto Sánchez (a) Villita, y forma y circunstancia en que se interrumpe la relación entre ambos.
3. Solicito que ese Consejo de la Magistratura recabe informes sobre las causas por delitos llamados de lesa humanidad, en los que la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, actuó como querellante y patrocinadora de víctimas y/o familiares.
4. Solicito que ese Consejo de la Magistratura recabe informes sobre la relación de la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, a los fines de verificar si en la Megacausa III, se presentó alguna recusación contra la mencionada Magistrada y en su caso, los fundamentos de lo resuelto.
5. Solicito que ese Consejo de la Magistratura recabe toda información que permita determinar la parcialidad o imparcialidad para intervenir en la denominada Mega causa III, de la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.
IV.- FUNDAMENTOS
Por las manifestaciones periodísticas de la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, que se transcriben en el punto 4 de HECHOS, cabe sospechar, que la sentencia ya fue dictada: “…obviamente ya lo he condenado.”. Y al respecto, el Artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación es categórico al imponerle la obligación de excusarse.
V.- ACOMPAÑA DOCUMENTAL
1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Copia de la publicación periodística aludida en el Punto 4 de HECHOS.
VI.- PETITORIO:
Por todo lo expuesto solicito:
1- Se tenga por interpuesta formal denuncia contra la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero
2- Se tenga por presentada la documentación acompañada.
3- Se arbitren los medios necesarios para la sustanciación de la presente denuncia, se proceda a suspender al Magistrado denunciado y a formular acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, por la causal de mal desempeño.
4- Que por la carga emotiva que soporta quien perdiera en trágicas circunstancias a su pareja, y cuya muerte y desaparición, se atribuye a las FFAA, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias, que participaron en la represión de los grupos subversivos en la sangrienta década del `70, es dable presumir parcialidad en el juzgamiento; se requiere su apartamiento inmediato en dicha causa.
Días después de conmemorar el 15° aniversario del ataque al Pentágono y a las Torres Gemelas, varias explosiones en los Estados Unidos fueron objeto de la atención por parte de la prensa internacional, cuando todavía retumban en el mundo los atentados de Francia, Bélgica, Turquía, Tailandia y Alemania. Cada bomba significa conmoción, pero no memoria en el caso del ciudadano argentino. El argentino no recuerda cuando los estruendos se daban en Salta, Córdoba, Buenos Aires o Tucumán, y las víctimas eran la sociedad civil y distintas instituciones de la Nación. El blanco de esos ataques fueron las fuerzas policiales, armadas y de seguridad, el juez Quiroga -que debía juzgar a terroristas que operaban en el territorio argentino- y miles de argentinos, cuyas vidas fueron truncadas.
Quienes derrotaron al terrorismo local son pagados con la muerte. Las leyes, los derechos humanos, la avanzada edad, los certificados médicos, no existen para la justicia argentina. El coronel (R) Fiorini y el juez Roca fueron los presos políticos número 376 y 377 muertos sin justicia. Quienes integraban el Tribunal Oral Federal en la megacausa III que los juzgaba fueron miembros de la agrupación terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo.
EN LA MAÑANA DE HOY, COMENZARON EN MENDOZA, EN EL JUICIO CIRKO DE LESA HUMANIDAD QUE AQUI SE VENTILA LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA. COMENZO HACIENDOLO EL ABOGADO DEFENSOR OFICIAL DR. RAMIRO DILLON. DIO UNA CLASE MAGISTRAL CON TONO PAUSADO Y CON VERSACION FILOSOFICA JURIDICA Y POLITICA SOBRE ESTOS JUICIOS Y SU INCONSECUENCIA POLITICA. SOBRE LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES Y PROCESALES QUE SE COMETEN Y ADMITEN IMPUNEMENTE. IGUAL HIZO UNA CRITICA GENERAL A LAS VERSATILIDAD INCREIBLE Y MALEABLES DE LAS DECLARACIONES TESTIMONIALES Y LA TOLERANTE ACTITUD DE LOS JUECES Y FISCALES PARA DARLE CREDITO. DOS HORAS DE CATEDRA QUE ERIZO EL SEMBLANTE DE FISCALES QUERELLANTES Y DEL PUBLICO ASISTENTE CONTRATADO. GRACIAS DR DILLON POR LA CONFERENCIA Y POR EL VALOR DE DECIRLE A LOS JUECES ELEGANTEMENTE LO QUE LOS PRESOS POLITICOS SENTIMOS…PERO QUE NO DIRIAMOS DE FORMA TAN PRECISA Y EDUCADA.
Una vez más, en un editorial, la nacion dice aquello a lo que la mayoría de los organismos de información y numerosos periodistas de radio y televisión -por temor al costo- no se atreven. “Lo sucedido lejos está de corresponderse con la noción de que se debe impartir justicia sin rencores y sin preconceptos.” “Las muestras de parcialidad de los jueces a cargo de la megacausa lll parecen tan flagrantes y tan preocupantes en la forma en que, de manera reiterada, les han negado a los imputados sus más elementales derechos humanos?” Dos de los integrantes del Tribunal Oral Federal pertenecieron a la organización terrorista ERP y hasta convivían con los querellantes.
Cayetano Fiorini, segundo jefe del Batallón de Ingenieros, murió en el hospital militar durante el juicio. Tenía 86 años, estaba ciego, le faltaba un riñón y padecía un cáncer terminal y problemas coronarios. El juez Arturo Liendo Roca, de 80 años, en delicado estado de salud, murió viendo las audiencias por teleconferencia. Los hechos son consecuencia de una persecución militante que se intenta disfrazar de justicia.
Los políticos y los periodistas, entre las múltiples tareas que hacen, dedican un gran esfuerzo para inventar palabras psicológicamente significativas y las popularizan. Una frase que ha logrado “buena prensa” es “grupo de tarea”.
En Wikipedia se afirma: “Dentro de la jerga del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional —la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina desde el golpe de Estado de 1976 hasta la reinstauración de la democracia, en 1983— y en el marco del Terrorismo de Estado, los grupos de tareas o GT eran aquellos grupos, conformados por miembros de las diversas Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad del Estado y paramilitares, que tenían por función el secuestro, tortura y eventuales asesinato y desaparición de los objetivos señalados por la dictadura —opositores, políticos guerrilleros, intelectuales, dirigentes gremiales, familiares y amigos de todos estos, etc.—, además de la gestión de los distintos centros clandestinos de detención.
Los grupos de tareas estaban formados tanto por personal estable como rotativo, incluyendo personal militar de todas las graduaciones. Ejemplo de esto es que incluso Emilio Massera, jefe de la Armada Argentina, formó parte de uno, participando activamente en la tortura de desaparecidos.
Los GT dependían directamente de las fuerzas en las cuales tenían su sede, y ésta no era necesariamente el lugar donde ejercían. Los integrantes de los grupos de tareas, además de la responsabilidad sobre los secuestros, violaciones y torturas de los detenidos, tenían la prerrogativa sobre las propiedades de éstos, pudiendo apropiarse tanto de sus bienes muebles como inmuebles, en calidad de botín de guerra.”
Parecería que esta definición reivindica a la Gestapo, que nunca fue considerada un grupo de tareas.
Claro, que quienes hicieron el hallazgo, dejaron de lado el real significado, y le dieron el deseado como exclusivo. Y podrán sacar pecho, porque la han convertido en un invento argentino. No ha sido una calificación aislada. Llamar guerrillero al partisano, o revolucionario al terrorista, o represor a quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden público, o “justiciero” a sus asesinatos, han sido algunas “perlitas” de los diccionarios que impusieron a la opinión pública. También del otro lado han descubierto que la democracia no debe ser “populista” eludiendo que a esto los griegos lo llamaban “demagogia” desde hace unos 25 siglos. Y esta suposición parte de la idea que no se puede entender el concepto de democracia[1], si no se piensa que debe estar al servicio de su pueblo.
[1] Gobierno del pueblo.
Lo cierto es que un grupo de tarea puede ser bueno o malo, según la tarea que realiza, y siendo el ser humano una criatura eminentemente social, es imposible aislarlo de la actividad de algún grupo de tareas.
Por este motivo, y para no enojar a los que se adueñan hasta de nuestra manera de hablar y pensar, humildemente modificaré el nombre. Un grupo de las características que define Wikipedia, los denominaría “grupo de tareas terroristas gubernamental”. Y apartándome del contenido de Wikipedia podría sostener que son grupos conformados por un gobierno totalitario para producir terror a sus víctimas, sea por pretender ser justicieros o vengadores, en función de numerosísimas formas y manifestaciones para lograr los efectos buscados, e incluso muchos de ellos mercenarios, obteniendo importantes beneficios en su favor.
Siempre el “montonerismo” logra sorpresas. Es indudablemente ocurrente. El kichsnerismo aprovechando su poder, inyectó en la sociedad el afán justiciero de castigar a quienes lucharon contra el terrorismo. Y con audacia, estableció que para estos, no hay ley ni justicia. Solo hay castigo.
Ante esto, tomó la tragedia argentina entre 1976/83, omitiendo la vivida desde 1970, donde el terrorismo era de ellos.
Pero ubicados en ese punto, percibieron que no podían ejecutar su venganza dentro del estilo que usaron en la década del 70. Y había dos razones que lo impedían:
1. El país al inicio del siglo XXI se encontraba en paz. No existía enfrentamientos armados y la opinión pública se manifestaba hastiada de la violencia. Para peor, la delincuencia común asumía con voracidad esa manera de actuar, en perjuicio de la población.
2. El grupo a atacar, estaba inactivado e incapacitado para la lucha. No se podía, provocar su respuesta. Luego seria una violencia difícil de justificar. No se los podía asesinar ni robar ni secuestrar sin riesgo de recibir una condena social que entorpeciera su venganza. Para peor, eran personas entrando en la tercera edad, fuera de las organizaciones donde habían actuado. ¡No tenían quien los protegiera!
Y ante esto, el gobierno kichsnerista brillantemente encuentra lo solución. Como todo gobierno totalitario, tiene a su disposición todo el aparato administrativo gubernamental. Logra hacer desaparecer la división de poderes. Y en estas condiciones percibe que para su proyecto tiene un aparato ideal: la Corte Suprema de Justicia y el fuero federal.
Percibe que inicialmente no logra imponer su voluntad. Hay resistencia de muchos integrantes del Poder Judicial a ser los ejecutores de una política de venganza basada en la violación de las leyes de la Nación. Se necesitan funcionarios judiciales prevaricadores. Y ante esto, recurre a su entusiasta militancia, que incorpora a la “Justicia” que sienta la norma que para los represores de los 70, no hay ley, sino solo justicia con mano propia. Y esta será la mano que la Nación tiene para custodiar las leyes e instituciones. Convierte a nada menos que a funcionarios judiciales (jueces, procuradores y fiscales fundamentalmente) en “grupos de tareas terroristas gubernamental”.
Hay que reconocer que la idea es brillante. No usa lo que es clásico: FFAA y organizaciones de seguridad. Las aterroriza. Recurre a un instrumento que resulta increíble. Los jueces federales convertidos en “grupos de tareas”.
Ante esto trataré de aplicar la definición de Wikipedia:
“Dentro de la jerga del Gobierno de Néstor Kichsner, continuado luego por su esposa, que gobernaron burlando la ley, impusieron una campaña terrorista contra todos los que durante la década de los 70, lucharon contra los terroristas subversivos. Para ello, conformaron grupos de tareas o GT con jueces federales apoyados por fiscales que tenían por función condenar arbitrariamente y en contra de la ley, a todo el personal, ya senil, que habían luchado contra el terrorismo subversivo de los 70. Y de a poco ir ampliando sus blancos al popularizar que el gobierno de la tiranía militar, era cívico militar, incluyendo opositores, intelectuales, dirigentes gremiales, familiares y amigos de todos estos. En este orden de ideas, convirtieron a las cárceles de la Nación en centros ilegales de detención.
Y también con gran habilidad, reemplazó las torturas físicas por las psicológicas extendidas a sus familiares, y las malas praxis médicas de los penales en condenas a muerte, muchas con grandes sufrimientos. Los GT dependían directamente del Poder Judicial, apoyados por pseudas organizaciones de derechos humanos y falsos testigos, que en muchos casos, asumían su condición de víctimas logrando compensaciones gubernamentales y aún beneficios “legales” luego de lograr la condena de los imputados, obteniendo favorables disposiciones judiciales como indemnizaciones por daños y perjuicios. Amigo lector: es posible que “quienes del otro lado del mostrador” denuncien con todo su poder que mis verdades son mentirosas, inviten al fiscal y al juez, del juzgado federal Nº 1 de Lomas de Zamora, Dr. Alberto Patricio SANTA MARINA a dar respuesta a mi denuncia titulada “DENUNCIA DE FLAGRANTE Y REITERADA VIOLACIÓN DE NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL, POR NUMEROSOS FUNCIONARIOS POLÍTICOS Y JUDICIALES entregada el 01 de febrero de 2016, y retenida sin tramitar, (lo que vulgarmente se denomina “cajoneada”). Además que acepten la presentación de en torno de 1000 presos políticos que pueden testificar la ilegalidad de sus procesos y condenas, así como las muertes de muchos otros, provocados por “mala praxis” así como los testimonios de funcionarios judiciales excluidos de sus funciones por los integrantes de los numerosos grupos de tareas que han invadido nuestro Poder Judicial.
Era una mañana destemplada, gris, fría; Caminaba por Buenos Aires con un vientito que amenazaba convertirse en garrotillo. Como buen pajuerano advertí que me hacía falta una bufanda. Y andaba – andando de puro gusto, por el simple placer de andar, siempre con mi elegante bastón a cuesta. En medio de elegantes tiendas que ofrecen (en inglés) productos legítimos del primer mundo. Me pregunté: ¿cómo puede haber decaído tanto la industria argentina, que hasta para algo de tan simple elaboración como es una bufanda, haya que recurrir a la importación de los países campeones de la eficiencia competitiva? No pretendía ninguna obra de arte – como esas maravillas que solían tejer las novias juveniles -, sino una simple tira de lana que me abrigara el pescuezo. Siendo Tucumano y viviendo en la Argentina, me pareció lógico y natural comprar una bufanda producida por la industria de los argentinos. Entonces seguí caminando y encontré un reducto de artesanos. Allí me metí. Mucho menos lujoso que los comercios de primera categoría pero con mayor cordialidad. ¿Qué anda buscando? me preguntaban solícitamente en cada puesto al que me acercaba. Hasta que di con el de las bufandas. Compré una, azul (de un azul machazo, no desteñido, como otros azules). Me la puse. Sentí un hermoso calorcito que me caldeó el ánimo. A la noche, al sacármela, vi que tenía pegada una telilla cerca de la punta. Me calcé los anteojos y leí la letra menuda: debajo de la marca decía que era de fabricación china.En el primer momento me enojé. Me indignaba el hecho de que en la Argentina no haya al alcance del público consumidor artículos hechos en el país, y que hasta para las cosas más simples -caramelos, dulces, conservas, ropa sin complejidades en la elaboración- tengamos que recurrir a las importaciones, manteniendo ocupados a obreros de otros países mientras los argentinos padecemos por falta de trabajos remunerados. ¿Acaso se precisan técnicas muy desconocidas para criar ovejas en el país, esquilarlas y preparar ropa? Los indios diaguitas ya practicaban esa industria, con lana de llamas y sin tener siquiera tijeras y agujas de
acero para la esquila y el tejido. Y después se me pasó el enojo.Vi que al adquirir algo tan simple, como es una bufanda, estaba favoreciendo al pueblo chino. ¿Y qué mérito tiene el pueblo chino para que satisfaga beneficiarlo?Que es un pueblo que lucha, un pueblo que no se ha entregado, un pueblo que aún defiende el trabajo de su gente y se lanza a competir con los amos del comercio mundial. ¡Salud, hermano chino!Que defiendas tu trabajo y que triunfes en la lucha por defender lo tuyo.Lucha en que los argentinos desfallecemos mientras nos quejamos de no tener “puestos de trabajo”, como si los benditos puestos de trabajo fueran un Don de la naturaleza y no un beneficio que cada país debe esmerarse en defender y conquistar.Seguí caminando por las calle de la Boca de tango, de adoquines mojados y de cielo pintado de todos los colores nostalgia y venía a mi mente la célebre frase de Ortega Gasset por favor “Argentinos a las cosas…
El martes 13 recibí el mail de mi hija María Guadalupe (me imprimen los e-mails que me mandan y me los hacen llegar), donde transcribía un mensaje que le había enviado el Padre Gustavo Carlaván, de la Diócesis de San Luis, donde él se ofrecía a concurrir al Penal de Güemes para dar atención espiritual a los Prisioneros de Guerra (PG) y Presos Políticos (PP). Guadalupe le agradeció su ofrecimiento y preocupación y le dijo que desde hacía un mes ya teníamos atención sacerdotal todos los sábados. San Luis está a más de 1.000 km. de Güemes, Salta solo a 50!!! Nos costó más de un año lograr la atención de la Diócesis Salteña, la que nos envía al Padre Vicente, solo dos veces al mes, los sábados restantes vienen los capellanes de la Guarnición Militar de Salta. Les recuerdo que los pioneros de estos actos fueron el Padre Jorge Benson, Monseñor Pedro Candia y el Padre Oscar Naef, quienes nos visitaron en diferentes oportunidades, viajando desde Buenos Aires… el diablo siempre quiere meter la cola tratando de opacar las cosas buenas… Ayer nos tocaba tener misa con el Padre Vicente, el capellán designado por el Arzobispado. El vino al Penal, pero por inconvenientes internos, recién pudo ingresar a la capilla a las 10.00 hs. de la mañana, dio misa a los presos “comunes” y se fue. Seguramente estaría apurado y no quería perder el “avión” de las 12.00 hs. a Salta. (digo avión por la rapidez con que vuelve). Podría haber pasado por nuestro Pabellón, por lo menos, a explicar porque no tuvimos misa pese a que el tercer sábado del mes, le corresponde a él brindarnos atención sacerdotal a los PG y PP. ¿Por qué los “comunes” tuvieron misa y nosotros no? ¿Por qué no nos dio misa después? ¿Es un problema de desidia o ideológico? ¿Es sólo el Padre Vicente que nos “ningunea” o también lo es el Arzobispado Salteño? En fin, he peleado contra enemigos más francos. Mi enorme gratitud para mi estoica familia, para algunos abnegados camaradas y para mis fieles amigas y amigos.
Juan Carlos Jones Tamayo Coronel de Artillería (R)
MALVINAS – LOS HÉROES DE GUERRA
REFLEXIÓN:
Hace unos días atrás en mi provincia –Tucumán – , tuve el honor y placer de ser invitado por el Director de la Academia General Belgrano a instancia de una amiga periodista a una charla y presentación del libro “La Pasión Según Malvinas” del entonces corresponsal de guerra
Nicolás Kasanzew, con la participación de los Tenientes Coronel retirados Marcelo Anadón y Oscar Jaimet quienes vivieron en carne propia los fragores de la guerra y disertaron sobre la memorable labor de los comandos en su gesta para recuperar a la hermanita perdida para que vuelva a casa. A mi entender es el mayor logro al que puedan aspirar los que tienen a su cargo la defensa de la Nación? Después de haber escuchado los asombrosos relatos de estos abnegados y valiente oficiales y estrategas, volví a casa con la obligación moral de escribir algunas líneas al respecto. Me vino a la memoria cuando paraguayos y bolivianos se trenzaron en una guerra, dejando atrás un período de cinco años de ataques crónicos en la frontera. Debieron luchar por intereses extranjeros que se disputaban la explotación del petróleo en ricos yacimientos del Chaco; una guerra evidentemente injusta. Pero una guerra, una vez declarada es, se lo quiera o no, una guerra de la nación. Es la nación la que -quizás- se beneficie con el triunfo, y es la nación la que -con toda seguridad- ha de perjudicarse con la derrota. Lucharon bolivianos y paraguayos con bravura, con abnegación, haciendo gala de amor a sus patrias. Y cuando reinó la paz cada nación rindió homenaje a sus héroes, a sus queridos muertos, a los venerables veteranos. Al concepto general de que los ciudadanos son iguales, bien vale la pena modificarlo separando dos clases: el ciudadano común y los héroes de guerra, los que han jugado su vida por la patria y se merecen todos los honores, todos los privilegios, todas las atenciones, todas las desigualdades a su favor. En el Paraguay los héroes sobrevivientes aún hoy son tratados con reverencia. Eso, que la comunidad ofrende su respeto a los que han perdido la vida por defenderla y a los que no ha sido voluntad de Dios llevarlos, pero igualmente la expusieron ante el enemigo, es una obligación nacida de la más elemental decencia. Seríamos unos canallas despreciables regateando ese homenaje. Pero, además, honrar a los que nos defendieron es la mínima política de conservación, de defensa. Ver que a los que han expuesto su vida por la patria se los aplaude los 2 de abril y que los demás días tienen que andar buscando un trabajito, gestionando ellos -cuando debiera ser la sociedad la que espontáneamente se ofrezca- que se les conceda algún beneficio de los que los burócratas usufructúan como merecidas conquistas sociales, ¿no es acaso una vergüenza que está proclamando que somos una sociedad que no se merece el esfuerzo de sus hijos? La Argentina -gracias a Dios- 
tiene héroes que le han ofrendado la vida. Unos la perdieron. El primero el teniente Pedro Giachino, muerto sin siquiera defenderse, en cumplimiento del plan impuesto de no hacer daño al enemigo. Post mortem fue ascendido a capitán de fragata y -el 4 de abril de 1982- sepultado en el cementerio de Punta Alta. Se cumplía con la obligación de honrar a los héroes, y también se rindió honores a los restos mortales del soldado Mario 
Almonacid. Muchos héroes de tierra mar y aire murieron, y son igualmente respetables los que pusieron su pecho al peligro y no murieron. Quizás un emblema de todos ellos, de los vivos y de los muertos, sea el abnegado teniente Giachino. Podría su nombre ser bandera de lo que significó ponerlo al Estado al servicio de un interés permanente de la nación. Que se haya llegado a la derrota significa que a la nación hay que defenderla mejor, no que no deba defendérsela. Aquel gobierno militar inmediatamente después -lo mismo que los gobiernos civiles que lo sucedieron- se impuso la tarea de “desmalvinizar”, y para desmalvinizar se considera a los respetables veteranos como a simples “chicos” a los que es preciso tirarles alguna propina. Y no es así. Ellos, como Guachineo, se merecen el homenaje permanente de la patria! Viva la Patria…
¿Cambiemos o Continuemos?
Por JUAN MANUEL OTERO.
“Conmigo se acaban los curros en derechos humanos”.
Esta esperanzadora frase la dijo, con el énfasis que tal decisión ameritaba, el candidato de Cambiemos en agosto de 2015. Confieso que tenía decidido votarlo, aunque nunca hubiera mencionado el tema, pero al escucharlo se potenció mi ilusión y pese a no tener obligación –por edad– concurrí al comicio a primera hora y con grandes esperanzas voté a Cambiemos.
Y estoy seguro que fuimos unos cuantos los argentinos que confirmamos o decidimos nuestro voto a raíz de esta promesa.
Pero el nombramiento de funcionarios como Avruj, Peña, Patricia Bullrich me hizo surgir la preocupante sospecha de haber caído nuevamente (qué ingenuo ¿No?) en la trampa de las mentiras de campaña.
Y al poco tiempo de la asunción la sospecha se hizo certidumbre. Hoy estamos igual que ayer en el tema de derechos humanos. Siguen siendo gozados únicamente por los terroristas y negados a quienes los combatieron, justamente aquellos a quienes todos los funcionarios de las últimas tres décadas deberían ir a visitar a los penales y agradecerles que hayan derrotado a la guerrilla de terroristas asesinos, traidores a la Patria, de no haber sido así….
Pero su soberbia y comodidad no se los permite.
Optan por un cobarde silencio y no se atreven a dar un valeroso reconocimiento de la verdadera historia.
Resulta ya aburrido mencionar que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente (salvo que beneficie al imputado), que el Estatuto de Roma tipificador de los delitos de Genocidio y Lesa Humanidad prohibió su aplicación a hechos anteriores a su sanción, que de sus artículos surge que serán imputados tanto los funcionarios de un Estado como los integrantes de las Organizaciones Guerrilleras, que lo que se libró a partir de los ’60 fue una guerra y simplemente con ver las organizaciones, grados militares, armamentos, objetivos y declaraciones de los propios terroristas no caben dudas de la existencia de un conflicto bélico. Sólo nuestros funcionarios no lo comprenden o miran para otro lado…
Con tristeza e indignación vemos que se premia con dineros públicos a los terroristas y sus deudos, se los honra junto a jefes de estados extranjeros, mientras van muriendo en miserables mazmorras octogenarios y nonagenarios que nos dieron la democracia….
Durante el gobierno de Cambiemos ya suman un centenar quienes ofrendaron su vida abandonados y enfermos, lejos de sus seres queridos.
Y pensar que de no haber sido por el triunfo de las Fuerzas Armadas, hoy nuestra Patria se habría transformado en un remedo de Cuba y Venezuela.
Aclaro para que no se malinterprete que, aparte de este rechazo puntual, comparto en general las decisiones del gobierno, no soy experto ni en economía, ni finanzas, ni relaciones exteriores, solo un simple ciudadano que desea, antes del final, ver a nuestra Patria de pie y a todos los argentinos gozando de los mismos derechos y con las mismas obligaciones, viviendo en paz y concordia.
Apenas eso….
Los jueces son más peligrosos que los delincuentes
“Los jueces son más peligrosos que los delincuentes”, “sorprendió” el abogado bahiense Miguel Ángel Asad,
quien sufriera un violento atraco donde su vida y la de su familia, corriera peligro. El letrado señaló que no lo venció el odio, ya que de otra manera “El hubiera terminado preso”. Esta declaración viene acompañada del hecho sucedido en enero pasado. Allí fue encañonado junto a su hijo por los malvivientes, para culminar con la cereza del postre: La “justicia” los dejó libres. Pese a todo, el abogado se decanta por los malhechores “que al menos se la jugaron” en contrapartida al sistema judicial y sus famosas “puertas giratorias”
Uno de los ladrones, Sergio Javier Campos, fue detenido pocos días atrás en otro intento de asalto, por lo que el doctor Asad le reconoció. “Fue el quien le apuntó en la cabeza a mi hijo. Estaba con libertad condicional cuando ingresó a mi domicilio”
En tanto, sus críticas a la justicia, Asad comenta que cuando el juez ordena un allanamiento, hay una “mala policía” que filtra la información, y cuando llegan al lugar, ya no hay nada. O quizás -señala- la información la filtre el juzgado de garantías. “Yo tengo que sospechar de todo”
“Yo he defendido homicidios. pero nunca a alguien que le haya puesto una pistola en la cabeza a un menor” culminó Asad.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 5, 2016
Roberto Santucho, jurista
En los juicios sustanciados durante la presidencia de los Kirchner y la actual del presidente Macri contra policías, militares, empresarios, jueces y sacerdotes, calificados con la figura de delito de lesa humanidad, lo que se les atribuye es la responsabilidad por los actos cometidos a la subversión durante la represión estatal en la década de 1970. El sambenito de criminal de lesa humanidad le cabe le cabe a todo aquel, civil o militar, que reprimió, colaboró o no denunció a los represores. El disparate jurídico-moral que oficia de axioma de la “política de derechos humanos” del gobierno anterior y del actual es que el acto de reprimir a la guerrilla, más allá de la forma, es criminal en sí mismo. De allí, que los jueces (incluidos los de la Corte Suprema), los fiscales, los secretarios de derechos humanos de la nación y de las provincias confunden ex profeso a la represión estatal con la patraña de que se trató de un genocidio perpetrado por las FF.AA en connivencia con los empresarios, la oligarquía y el gobierno de los EE.UU; “un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil”. Esa es la figura penal en la que se incluye a todos aquellos que participaron, o no (se condena sin pruebas), de la reacción natural, patriótica, defensiva, obvia, legal e inexcusable (del gobierno constitucional, primero y del militar, después) de reprimir a los terroristas del ERP y Montoneros que a fuerza de asesinatos pretendían pavimentar su camino al poder e instaurar un Estado totalitario. Claro que para hacer encajar los hechos históricos en tan estrecho molde, jueces y fiscales hubieron de amputarlos mediante hachazo limpio. Llamar, por ejemplo, “población civil” a sujetos que se reivindican todavía como soldados de un ejército que mataron, asaltaron cuarteles, secuestraron, extorsionaron, robaron y que pretendieron provocar la secesión de parte del territorio es la mentira más torpe y desmañada de la que se tenga memoria en la historia
del derecho. La niña judía Ana Frank, asesinada por los nazis, era “población civil”. Lo mismo la pequeña María Fernanda Viola, asesinada por el ERP. ¿Acaso existen jueces que sostengan que los asesinos de María Fernanda son más víctimas que la propia niña? Pues, de hecho, que sí. Allí está la madre, Maby Picón, pidiendo la justicia que le niegan mientras los asesinos declaran como testigos víctimas en la causa por el Operativo Independencia. Y para los políticos aquí no pasa nada. Al gobernador de Tucumán o al presidente Macri no se les mueve un pelo. Beatriz Sarlo escribió en esa línea a propósito del carnicero que mató al delincuente que lo asaltó. Se refirió al fascismo que anida en todos los que justifican ese tipo de acciones. También atribuyó responsabilidades por dicho fascismo a la última dictadura militar. Nada dijo, sin embargo, de los que asesinan policías o de los subversivos con sus innumerables asesinatos. Tal vez, porque como dice Gerardo Romano, los montoneros “mataban con respeto”. Está claro que no se juzga el, cómo, se reprimió sino el hecho de reprimir. El “cómo” se juzgó en la causa 13 del Juicio a las Juntas. Allí los jueces (que no eran los naturales) expresamente fallaron a favor de que existía la necesidad imperiosa de reprimir; mas, condenaron la forma en que se reprimió. Dicho fallo, también, afirma que se trató de guerra declarada e iniciada por las bandas terroristas. En modo alguno sostiene la patraña ridícula de un “plan sistemático de exterminio de la población civil”. Mote, este último, que de ningún modo le cabe a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Giménez”, la banda terrorista que actuaba en Tucumán. El rosario de hechos incontrovertibles, como accesibles a cualquiera con un mínimo de voluntad, son campanas de palo para los oídos de jueces y de funcionarios de derechos humanos. Para estos, “El Operativo Independencia” les resulta como esa película de terror donde un grupo de cándidos Boy Scouts, durante un picnic, es sorprendido por militares psicópatas y sedientos de sangre.
El 30 de junio de 1973, el jefe del ERP, Roberto Santucho, en conferencia de prensa anuncia su teoría (hito actual de la “jurisprudencia” argentina) según la cual reprimir a la guerrilla es un crimen. Textualmente, advierte al gobierno constitucional de entonces: “Mientras se abraza con los militares contrarrevolucionarios se prepara a atacar, junto con ellos, a la guerrilla… si se atreve a hacerlo, cediendo a las presiones reaccionarias, se colocará sin duda en completa ilegalidad” (ver https://www.youtube.com/watch?v=tN43vTK7upE)
He ahí la fuente del derecho argentino sobre lesa humanidad.
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 30, 2016
Timochenko y su extraña idea del perdón
Por Eduardo Mackenzie.
En lugar de decir “pido perdón a todas las víctimas del conflicto”, el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, dijo lo contrario: “Ofrezco perdón a todas las víctimas del conflicto”. Entienda quien pueda. O, mejor, entendamos el horror de ese discurso por lo que dice realmente, no por lo que quisiéramos que dijera. Al “ofrecer perdón” Timochenko dice que él perdona a sus víctimas por lo que éstas le hicieron a las Farc. No dice lo contrario. No se ría. Esa teoría de que los colombianos somos culpables por lo que “les hicimos a las Farc” es moneda corriente entre algunos políticos. Hace dos meses, el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, quien fue una vez secuestrado por las Farc, escandalizó al país al decir: “La guerrilla tiene que pedir perdón pero nosotros también le tenemos que pedir perdón a la guerrilla por haberlos conducido a que estén 60 años dando bala”.
La teoría de que las Farc, y las otras bandas comunistas en general, han cometido todos los crímenes imaginables porque Colombia es una “sociedad injusta”, y que ellas fueron forzadas a hacer eso, es la tesis número uno de los ideólogo marxistas de Colombia. Esa impostura funciona como una droga: los hace sentirse en el campo del bien. Ellos imparten la muerte a decenas de miles de inocentes pero eso no importa. Ellos son el bien encarnado. Y por hacer el bien son maltratados por los otros, por los malos. Tal es dogma central de las Farc, la inversión de realidad sin la cual no podrían dar un asidero psicológico a sus miembros. Por eso no es raro que Timochenko haya sacado esa estrafalaria teoría en el acto de antier, de la firma “de la paz” en Cartagena, bajo el disfraz de un error de locución, o de redacción o de sintaxis. Falso. Los asesores que él tiene, como el “jurista” español Enrique Santiago, no habrían dejado pasar ese disparate. Por el contrario, forjaron exactamente ese frase para que los colombianos vayan sabiendo quiénes son ellos y cómo ven ellos el enorme problema del perdón y de la “reconciliación”.
Matar, secuestrar, incendiar, robar y extorsionar a los colombianos son vanos “delitos políticos” para Timochenko y consortes. Son delitos excusables, por ser necesarios para alcanzar la “justicia social”, como dicen ahora, o como sus fundadores decían en los años 50: para construir la sociedad “sin clases”, la “dictadura del proletariado”, una sociedad feliz, libre y próspera. En teoría. Asesinar inocentes puede ser una virtud y no un crimen. Enunciados como ese, inventados por Lenin en 1905, no son frases, son armas de destrucción masiva.
El que Timochenko haya dicho eso sin desatar las críticas que merecía, dice mucho sobre el estado de postración moral de cierta clase política y de los medios que pretenden estar al servicio de la información y de la formación de una opinión libre.
En su discurso, Rodrigo Londoño deslizó otra exigencia escandalosa, que tampoco fue oída ni resentida por la gran prensa, frase calculada para hacernos creer que la violencia ejercida por ellos durante cinco décadas contra Colombia no debe ser vista como un todo perverso y condenable sino como un fenómeno relativo en donde aparecen aspectos muy nobles. El pedido de Timochenko fue: “Que se reconozca que las Farc siempre intentó (sic) por todos los medios evitar las desgracias del conflicto”. (1). ¿Evitar las desgracias del conflicto? ¿Quién puede aceptar eso? ¿Si las Farc “evitaron” las desgracias del conflicto de qué paz y de qué conflicto están hablando? ¿Por qué tantas víctimas esperan que las Farc pidan perdón? El cinismo descomunal de esa frase revela que lo de Cartagena no fue más que una payasada montada no para avanzar hacia la paz sino para lavarle la cara a las Farc y mejorar sus posiciones para el asalto al poder. El resultado de ese circo fue el que ellos esperaban: una prensa hipnotizada y la Unión Europea decidida a sacar a las Farc de la lista de organizaciones terroristas. John Kerry, el secretario de Estado americano y enviado de Barack Obama, prometió lo mismo.
Sin haber entregado las armas, teniendo aún cientos de secuestrados, sobre todo niños, y sin haber siquiera expresado un arrepentimiento real por las desgracias que le ocasionaron a Colombia, las Farc serán premiadas por Santos, Obama y la UE.
En el limbo quedó pues el llamado, de gran generosidad y decencia moral, de Mauricio Lizcano, presidente del Senado colombiano, doble víctima de las Farc, quien declaró en Cartagena que los colombianos no nos contentamos con simulacros de perdón sino con un acto de “gran arrepentimiento por parte de la Farc” y que esperamos que el perdón “no sólo sea en casos puntuales, sino masivos, porque todos los colombianos fuimos víctimas”. El padre de Mauricio Lizcano, Óscar Tulio Lizcano, ex miembro de la Cámara de Representantes, fue secuestrado durante ocho años por las Farc hasta que pudo escapar en octubre de 2008. Su otro hijo, Juan Carlos, fue secuestrado durante seis meses por el Ejército Popular de Liberación en 2004. El senador Lizcano pidió a las Farc que entreguen las armas y cumplan el acuerdo y, sobre todo, que abandonen su postura arrogante: “todos los colombianos estamos esperando que cada día ellos se sintonicen más con lo que se espera de ellos y no ellos lo que esperan de los colombianos”.
La actitud de Timochenko en Cartagena muestra una vez más los enormes bloqueos mentales y morales que tienen las Farc ante sus víctimas y ante el país real. Sus actos de arrepentimiento son inexistentes. Cada vez que anuncian que pedirán perdón, salen con frases equivocas, o con burlas macabras, como la de Jesús Santrich, en Oslo, en octubre de 2012, cuando respondió riendo y cantando “Quizás, quizás, quizás”.
¿Cambiarán un día? Es muy poco probable. Pues ellos reiteran, como si eso fuera una gran virtud, que no cambiarán de programa, que no se arrepienten de nada, que “nadie aquí ha renunciado a sus ideas”. Sin embargo, el punto es ese, precisamente: sus ideas. Si ellos no las cambian, si no las repudian como una de las causas esenciales de su trayectoria criminal, las Farc no van a poder seguir en la farsa de la paz, ni podrán convencer a nadie de que “harán política sin armas”. Sin cambiar de ideas eso es imposible.
(1).- http://www.noticiasrcn.com/
@eduardomackenz1
28 de septiembre de 2016
LOS DERECHOS HUMANOS NO SE PLEBISCITAN
En Uruguay
En Uruguay hubo dos plebiscitos. En dos ocasiones se le preguntó a la ciudadanía si quería que los militares y policías que habían luchado contra el terrorismo en Uruguay fueran a prisión. Se trató de la Ley de Caducidad; en Argentina se llamaría prescripción.
Los delitos, grandes o pequeños tienen un plazo para ser reclamados. En parte por una cuestión de estabilidad institucional y hasta mental. En parte por razones procesales, no es posible que alguien se defienda correctamente de algo que ocurrió hace 40 años. ¿Usted puede probar en donde estuvo hace exactamente hace un año? ¿Tiene testigos? Por ahí justo fue el cumpleaños de su mejor amigo y tiene docenas de testigos. Y…¿hace dos años? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Puede probar exactamente donde estuvo el día de hoy pero hace cinco años? Ante un testigo que afirma que hace cinco años usted tenía un apodo exótico y que lo torturó, ¿usted puede probar lo contrario? Transporte eso a cuarenta años atrás.
Dos plebiscitos se hicieron en Uruguay en los que los uruguayos votaron invariablemente que no querían perseguir a los militares y policías por la guerra de los 70. Dos veces.
Los defensores de la guerra por otros medios impulsaron dos plebiscitos porque creyeron que ganaban, que la gente iba a estar de su lado. La gente estuvo del lado de la paz. Dos veces.
¿Cómo aceptaron los defensores de la guerra por otros medios que la gente les diera la espalda? Con una de sus consignas automáticas “Los Derechos Humanos no se plebiscitan”
Los mismos que convocaron al plebiscito negaron la posibilidad de que se aplique cuando les salió en contra.
En Argentina.
Más cautelosos, evitaron convocar a un plebiscito en Argentina. Cada vez que alguien decía “preguntémosle a la gente” contestaban “Los Derechos Humanos no se plebiscitan”.
En su guerra contra el Cardenal Bergoglio los Kirchner apoyaron el matrimonio homosexual. La Iglesia sabía bien que ése no era el sentir del pueblo argentino y solicitó que se consultara al ciudadano. ¿Qué contestó la izquierda “progre”? “Los Derechos Humanos no se plebiscitan”.
En Clarín del 28 de junio de 2010, Alex Freyre, quien junto con su pareja fue el primer matrimonio gay por conveniencia le contestaba al odiado Bergoglio que los Derechos Humanos no se plebiscitan. Digo “matrimonio por conveniencia” porque se casaron para las cámaras de televisión haciéndose pasar por una pareja enamorada. Los que iban contra la “pareja enamorada” iban contra los Derechos Humanos y ya sabemos que los Derechos Humanos no se plebiscitan.
En cuanto a la guerra de los 70, las leyes de obediencia debida y punto final fueron votadas por ambas cámaras del Congreso Nacional; fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo y declaradas constitucionales, al menos, en 12 oportunidades. Pero ya sabemos que los Derechos Humanos no se plebiscitan y por eso, un grupo de diputados mercenarios (algún día se investigará cuánto cobraron por impulsar la nulidad) junto con jueces mercenarios (¿será cierto que un juez cobró diez millones de dólares por decretar la inconstitucionalidad?) las declararon nulas con efecto retroactivo, alegando una oscura responsabilidad internacional que impide perdonar a uno de los bandos aunque sí al otro. Cuando alguien recordaba que las leyes habían sido aprobadas por los representantes del pueblo la izquierda oponía que no se podían condonar penas ni delitos porque los Derechos Humanos no se plebiscitan.
En Colombia.
En estos días, Colombia va a un plebiscito que llaman “por la paz”. El que no apruebe este plebiscito seguramente estará en contra de la paz. Se busca perdonar a las FARC delitos abominables que han sido declarados de “lesa humanidad”. No así a los militares y policías que los combatieron. Y no es que a las FARC, de pronto, les haya dado por la paz. Esa banda de narcoterroristas ha secuestrado, asesinado, violado, reducido a servidumbre, producido abortos forzosos, esterilizaciones forzosas, apropiaciones de menores, abandono forzado de menores, ha torturado, violentado cada derecho humano que uno pueda imaginar y hoy, por arte de magia y de una persecución militar que no les ha dado tregua, son los principales mentores de la paz.
Se condonarán todas las aberraciones que las FARC han causado en Colombia durante décadas. Todo con el edulcorado argumento de que, de pronto, han entendido que la hermandad entre los hombres es mejor a enriquecerse con la cocaína que envían a Estados Unidos y Europa. Que la paz de la humanidad es mejor que secuestrar pequeñas niñas, asesinar a sus padres y convertirlas en esclavas sexuales a las que se les provocará aborto tras aborto para que no sean una carga, en contra de su voluntad la mayoría de las veces o abandonaran a sus bebés en la selva para que mueran víctimas de los elementos, el hambre o las alimañas.
Se condonará en nombre de la paz el secuestro de personas a las que se tuvo de rehén en la selva durante décadas, encadenadas a un árbol, como a Ingrid Betancourt. Todo en nombre de una sensibilidad que, de pronto, ha brotado en los corazones de los jefes de las FARC.
Este plebiscito, para la izquierda eternamente hipócrita, sí es posible porque ya sabemos que los Derechos Humanos no se plebiscitan pero los Derechos Humanos son lo que la izquierda quiere que sean, lo que le conviene que sean y lo que nosotros no sabemos defender.
Condenando sin juzgar
La Jueza María Alicia Noli, condena sin juzgar
En el día de la fecha, 2 de setiembre de 2016, ingresó en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el pedido de remoción de la Jueza María Alicia Noli, por mal desempeño.
La denuncia quedó registrada bajo el Nº 279/2016.
FORMULA DENUNCIA POR MAL DESEMPEÑO
SOLICITA PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN
Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación:
Orlando Agustín Gauna, de apellido materno Bracamonte, de nacionalidad argentina, nacido el 23 de diciembre de 1944, de 71 años de edad, DNI 6.255.319, de estado civil viudo, jubilado, domiciliado en el Barrio El Pozo, Manzana Nº 1, Vivienda Nº 19 de la Ciudad de Santa Fe, de la Provincia del mismo nombre, por propio derecho, respetuosamente me presento y digo:
I.- OBJETO.
Que vengo por medio del presente y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 2º, 4º y 5º del REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA Y ACUSACIÓN a impetrar formal denuncia ante ese Consejo de la Magistratura, contra la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, por acciones que implicarían un mal desempeño en sus funciones como magistrado. Por los fundamentos que se exponen a continuación, solicito, con la urgencia que las circunstancias ameritan, a la Comisión de Disciplina y Acusación de ese Consejo de la Magistratura, que disponga la apertura del procedimiento de remoción de la jueza denunciada, ordene su suspensión, y en su caso, formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, en los términos de los artículos 53, 114 inc. 5º y 115 de la Constitución de la Nación Argentina.
II.- HECHOS.
1. La Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, omitió excusarse en la denominada Megacausa III, conforme se lo impone el Artículo 55, inciso 4º del Código Procesal Penal de la Nación.
2. Por razones similares oportunamente se excusó de integrar el Tribunal Oral Federal de Tucumán, en febrero del corriente año.
3. Que la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, anteriormente se había excusado de integrar el Tribunal que juzgaría a los Generales Bussi y Menendez.
4. Que al excusarse de juzgar a los Generales Bussi y Menendez, manifestó en una entrevista periodística: “Por una cuestión básica del derecho penal no puedo juzgar a mi enemigo, porque si me preguntan qué querés para él, obviamente ya lo he condenado.” (http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4228-2008-07-08.html)
Que la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, no puede alegar desconocer las causas, circunstancias, victimas e imputados de la denominada Megacausa III.
6. Que es innegable la carga emotiva que significa para sostener juicio de imparcialidad, el hecho que su cónyuge, Enrique Alberto Sánchez (a) Villita, fuera secuestrado el 14 de setiembre de 1976, y permaneciera DESAPARECIDO, hasta que sus restos fueran identificados en una fosa común, en el Pozo de Vargas, hace poco más de dos años.
7. Que por esa carga emotiva por el secuestro y desaparición de su cónyuge, ha tenido una activa y directa participación en numerosos actividades académicas para estudiantes, abogados y jueces en derechos humanos. 8. Que esa misma carga emotiva la motivó a patrocinar a familiares de desaparecidos.
III.- SOLICITA PRUEBA
Solicito que ese Consejo de la Magistratura recabe copia del Currículo vitae de la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.
2. Solicito que ese Consejo de la Magistratura recabe informes sobre la relación de la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, con Enrique Alberto Sánchez (a) Villita, y forma y circunstancia en que se interrumpe la relación entre ambos.
3. Solicito que ese Consejo de la Magistratura recabe informes sobre las causas por delitos llamados de lesa humanidad, en los que la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, actuó como querellante y patrocinadora de víctimas y/o familiares.
4. Solicito que ese Consejo de la Magistratura recabe informes sobre la relación de la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, a los fines de verificar si en la Megacausa III, se presentó alguna recusación contra la mencionada Magistrada y en su caso, los fundamentos de lo resuelto.
5. Solicito que ese Consejo de la Magistratura recabe toda información que permita determinar la parcialidad o imparcialidad para intervenir en la denominada Mega causa III, de la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.
IV.- FUNDAMENTOS
Por las manifestaciones periodísticas de la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, que se transcriben en el punto 4 de HECHOS, cabe sospechar, que la sentencia ya fue dictada: “…obviamente ya lo he condenado.”. Y al respecto, el Artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación es categórico al imponerle la obligación de excusarse.
V.- ACOMPAÑA DOCUMENTAL
1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Copia de la publicación periodística aludida en el Punto 4 de HECHOS.
VI.- PETITORIO:
Por todo lo expuesto solicito:
1- Se tenga por interpuesta formal denuncia contra la Dra. María Alicia Noli, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero
2- Se tenga por presentada la documentación acompañada.
3- Se arbitren los medios necesarios para la sustanciación de la presente denuncia, se proceda a suspender al Magistrado denunciado y a formular acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, por la causal de mal desempeño.
4- Que por la carga emotiva que soporta quien perdiera en trágicas circunstancias a su pareja, y cuya muerte y desaparición, se atribuye a las FFAA, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias, que participaron en la represión de los grupos subversivos en la sangrienta década del `70, es dable presumir parcialidad en el juzgamiento; se requiere su apartamiento inmediato en dicha causa.
PROVEER DE CONFORMIDAD,
SERÁ JUSTICIA.-
Orlando Agustín Gauna
Muertos sin justicia
Escribe: David San Román
Días después de conmemorar el 15° aniversario del ataque al Pentágono y a las Torres Gemelas, varias explosiones en los Estados Unidos
fueron objeto de la atención por parte de la prensa internacional, cuando todavía retumban en el mundo los atentados de Francia, Bélgica, Turquía, Tailandia y Alemania. Cada bomba significa conmoción, pero no memoria en el caso del ciudadano argentino. El argentino no recuerda cuando los estruendos se daban en Salta, Córdoba, Buenos Aires o Tucumán, y las víctimas eran la sociedad civil y distintas instituciones de la Nación. El blanco de esos ataques fueron las fuerzas policiales, armadas y de seguridad, el juez Quiroga -que debía juzgar a terroristas que operaban en el territorio argentino- y miles de argentinos, cuyas vidas fueron truncadas.
Quienes derrotaron al terrorismo local son pagados con la muerte. Las leyes, los derechos humanos, la avanzada
edad, los certificados médicos, no existen para la justicia argentina. El coronel (R) Fiorini y el juez Roca fueron los presos políticos número 376 y 377 muertos sin justicia. Quienes integraban el Tribunal Oral Federal en la megacausa III que los juzgaba fueron miembros de la agrupación terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo.
David San Román
Circo de Mendoza
EN LA MAÑANA DE HOY, COMENZARON EN MENDOZA, EN EL JUICIO CIRKO DE LESA HUMANIDAD QUE AQUI SE VENTILA LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA. COMENZO HACIENDOLO EL ABOGADO DEFENSOR OFICIAL DR. RAMIRO DILLON. DIO UNA CLASE MAGISTRAL CON TONO PAUSADO Y CON VERSACION FILOSOFICA JURIDICA Y POLITICA SOBRE ESTOS JUICIOS Y SU INCONSECUENCIA POLITICA. SOBRE LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES Y PROCESALES QUE SE COMETEN Y ADMITEN IMPUNEMENTE. IGUAL HIZO UNA CRITICA GENERAL A LAS VERSATILIDAD INCREIBLE Y MALEABLES DE LAS DECLARACIONES TESTIMONIALES Y LA TOLERANTE ACTITUD DE LOS JUECES Y FISCALES PARA DARLE CREDITO. DOS HORAS DE CATEDRA QUE ERIZO EL SEMBLANTE DE FISCALES QUERELLANTES Y DEL PUBLICO ASISTENTE CONTRATADO. GRACIAS DR DILLON POR LA CONFERENCIA Y POR EL VALOR DE DECIRLE A LOS JUECES ELEGANTEMENTE LO QUE LOS PRESOS POLITICOS SENTIMOS…PERO QUE NO DIRIAMOS DE FORMA TAN PRECISA Y EDUCADA.
Por Otilio Romano
Persecución
Persecución
Una vez más, en un editorial, la nacion dice aquello a lo que la mayoría de los organismos de información y numerosos periodistas de radio y televisión -por temor al costo- no se atreven. “Lo sucedido lejos está de corresponderse con la noción de que se debe impartir justicia sin rencores y sin preconceptos.” “Las muestras de parcialidad de los jueces a cargo de la megacausa lll parecen tan flagrantes y tan preocupantes en la forma en que, de manera reiterada, les han negado a los imputados sus más elementales derechos humanos?” Dos de los integrantes del Tribunal Oral Federal pertenecieron a la organización terrorista ERP y hasta convivían con los querellantes.
Cayetano Fiorini, segundo jefe del Batallón de Ingenieros, murió en el hospital militar durante el juicio. Tenía 86 años, estaba ciego, le faltaba un riñón y padecía un cáncer terminal y problemas coronarios. El juez Arturo Liendo Roca, de 80 años, en delicado estado de salud, murió viendo las audiencias por teleconferencia. Los hechos son consecuencia de una persecución militante que se intenta disfrazar de justicia.
Alberto Simari
LOS GRUPOS DE TAREAS TERRORISTAS DEL GOBIERNO KIRCHNERISTA
Carlos A. Españadero
Los políticos y los periodistas, entre las múltiples tareas que hacen, dedican un gran esfuerzo para inventar palabras psicológicamente significativas y las popularizan. Una frase que ha logrado “buena prensa” es “grupo de tarea”.
En Wikipedia se afirma: “Dentro de la jerga del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional —la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina desde el golpe de Estado de 1976 hasta la reinstauración de la democracia, en 1983— y en el marco del Terrorismo de Estado, los grupos de tareas o GT eran aquellos grupos, conformados por miembros de las diversas Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad del Estado y paramilitares, que tenían por función el secuestro, tortura y eventuales asesinato y desaparición de los objetivos señalados por la dictadura —opositores, políticos guerrilleros, intelectuales, dirigentes gremiales, familiares y amigos de todos estos, etc.—, además de la gestión de los distintos centros clandestinos de detención.
Los grupos de tareas estaban formados tanto por personal estable como rotativo, incluyendo personal militar de todas las graduaciones. Ejemplo de esto es que incluso Emilio Massera, jefe de la Armada Argentina, formó parte de uno, participando activamente en la tortura de desaparecidos.
Los GT dependían directamente de las fuerzas en las cuales tenían su sede, y ésta no era necesariamente el lugar donde ejercían. Los integrantes de los grupos de tareas, además de la responsabilidad sobre los secuestros, violaciones y torturas de los detenidos, tenían la prerrogativa sobre las propiedades de éstos, pudiendo apropiarse tanto de sus bienes muebles como inmuebles, en calidad de botín de guerra.”
Parecería que esta definición reivindica a la Gestapo, que nunca fue considerada un grupo de tareas.
Claro, que quienes hicieron el hallazgo, dejaron de lado el real significado, y le dieron el deseado como exclusivo. Y podrán sacar pecho, porque la han convertido en un invento argentino. No ha sido una calificación aislada. Llamar guerrillero al partisano, o revolucionario al terrorista, o represor a quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden público, o “justiciero” a sus asesinatos, han sido algunas “perlitas” de los diccionarios que impusieron a la opinión pública. También del otro lado han descubierto que la democracia no debe ser “populista” eludiendo que a esto los griegos lo llamaban “demagogia” desde hace unos 25 siglos. Y esta suposición parte de la idea que no se puede entender el concepto de democracia[1], si no se piensa que debe estar al servicio de su pueblo.
[1] Gobierno del pueblo.
Lo cierto es que un grupo de tarea puede ser bueno o malo, según la tarea que realiza, y siendo el ser humano una criatura eminentemente social, es imposible aislarlo de la actividad de algún grupo de tareas.
Por este motivo, y para no enojar a los que se adueñan hasta de nuestra manera de hablar y pensar, humildemente modificaré el nombre. Un grupo de las características que define Wikipedia, los denominaría “grupo de tareas terroristas gubernamental”. Y apartándome del contenido de Wikipedia podría sostener que son grupos conformados por un gobierno totalitario para producir terror a sus víctimas, sea por pretender ser justicieros o vengadores, en función de numerosísimas formas y manifestaciones para lograr los efectos buscados, e incluso muchos de ellos mercenarios, obteniendo importantes beneficios en su favor.
Siempre el “montonerismo” logra sorpresas. Es indudablemente ocurrente. El kichsnerismo aprovechando su poder, inyectó en la sociedad el afán justiciero de castigar a quienes lucharon contra el terrorismo. Y con audacia, estableció que para estos, no hay ley ni justicia. Solo hay castigo.
Ante esto, tomó la tragedia argentina entre 1976/83, omitiendo la vivida desde 1970, donde el terrorismo era de ellos.
Pero ubicados en ese punto, percibieron que no podían ejecutar su venganza dentro del estilo que usaron en la década del 70. Y había dos razones que lo impedían:
1. El país al inicio del siglo XXI se encontraba en paz. No existía enfrentamientos armados y la opinión pública se manifestaba hastiada de la violencia. Para peor, la delincuencia común asumía con voracidad esa manera de actuar, en perjuicio de la población.
2. El grupo a atacar, estaba inactivado e incapacitado para la lucha. No se podía, provocar su respuesta. Luego seria una violencia difícil de justificar. No se los podía asesinar ni robar ni secuestrar sin riesgo de recibir una condena social que entorpeciera su venganza. Para peor, eran personas entrando en la tercera edad, fuera de las organizaciones donde habían actuado. ¡No tenían quien los protegiera!
Y ante esto, el gobierno kichsnerista brillantemente encuentra lo solución. Como todo gobierno totalitario, tiene a su disposición todo el aparato administrativo gubernamental. Logra hacer desaparecer la división de poderes. Y en estas condiciones percibe que para su proyecto tiene un aparato ideal: la Corte Suprema de Justicia y el fuero federal.
Percibe que inicialmente no logra imponer su voluntad. Hay resistencia de muchos integrantes del Poder Judicial a ser los ejecutores de una política de venganza basada en la violación de las leyes de la Nación. Se necesitan funcionarios judiciales prevaricadores. Y ante esto, recurre a su entusiasta militancia, que incorpora a la “Justicia” que sienta la norma que para los represores de los 70, no hay ley, sino solo justicia con mano propia. Y esta será la mano que la Nación tiene para custodiar las leyes e instituciones. Convierte a nada menos que a funcionarios judiciales (jueces, procuradores y fiscales fundamentalmente) en “grupos de tareas terroristas gubernamental”.
Hay que reconocer que la idea es brillante. No usa lo que es clásico: FFAA y organizaciones de seguridad. Las aterroriza. Recurre a un instrumento que resulta increíble. Los jueces federales convertidos en “grupos de tareas”.
Ante esto trataré de aplicar la definición de Wikipedia:
“Dentro de la jerga del Gobierno de Néstor Kichsner, continuado luego por su esposa, que gobernaron burlando la ley, impusieron una campaña terrorista contra todos los que durante la década de los 70, lucharon contra los terroristas subversivos. Para ello, conformaron grupos de tareas o GT con jueces federales apoyados por fiscales que tenían por función condenar arbitrariamente y en contra de la ley, a todo el personal, ya senil, que habían luchado contra el terrorismo subversivo de los 70. Y de a poco ir ampliando sus blancos al popularizar que el gobierno de la tiranía militar, era cívico militar, incluyendo opositores, intelectuales, dirigentes gremiales, familiares y amigos de todos estos. En este orden de ideas, convirtieron a las cárceles de la Nación en centros ilegales de detención.
Y también con gran habilidad, reemplazó las torturas físicas por las psicológicas extendidas a sus familiares, y las malas praxis médicas de los penales en condenas a muerte, muchas con grandes sufrimientos. Los GT dependían directamente del Poder Judicial, apoyados por pseudas organizaciones de derechos humanos y falsos testigos, que en muchos casos, asumían su condición de víctimas logrando compensaciones gubernamentales y aún beneficios “legales” luego de lograr la condena de los imputados, obteniendo favorables disposiciones judiciales como indemnizaciones por daños y perjuicios. Amigo lector: es posible que “quienes del otro lado del mostrador” denuncien con todo su poder que mis verdades son mentirosas, inviten al fiscal y al juez, del juzgado federal Nº 1 de Lomas de Zamora, Dr. Alberto Patricio SANTA MARINA a dar respuesta a mi denuncia titulada “DENUNCIA DE FLAGRANTE Y REITERADA VIOLACIÓN DE NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL, POR NUMEROSOS FUNCIONARIOS POLÍTICOS Y JUDICIALES entregada el 01 de febrero de 2016, y retenida sin tramitar, (lo que vulgarmente se denomina “cajoneada”). Además que acepten la presentación de en torno de 1000 presos políticos que pueden testificar la ilegalidad de sus procesos y condenas, así como las muertes de muchos otros, provocados por “mala praxis” así como los testimonios de funcionarios judiciales excluidos de sus funciones por los integrantes de los numerosos grupos de tareas que han invadido nuestro Poder Judicial.
“Argentinos a las cosas…”
.Reflexión.
Era una mañana destemplada, gris, fría; Caminaba por Buenos Aires con un vientito que amenazaba convertirse en garrotillo. Como buen pajuerano advertí que me hacía falta una bufanda. Y andaba – andando de puro gusto, por el simple placer de andar, siempre con mi elegante bastón a cuesta. En medio de elegantes tiendas que ofrecen (en inglés) productos legítimos del primer mundo. Me pregunté: ¿cómo puede haber decaído tanto la industria argentina, que hasta para algo de tan simple elaboración como es una bufanda, haya que recurrir a la importación de los países campeones de la eficiencia competitiva? No pretendía ninguna obra de arte – como esas maravillas que solían tejer las novias juveniles -, sino una simple tira de lana que me abrigara el pescuezo. Siendo Tucumano y viviendo en la Argentina, me pareció lógico y natural comprar una bufanda producida por la industria de los argentinos. Entonces seguí caminando y encontré un reducto de artesanos. Allí me metí. Mucho menos lujoso que los comercios de primera categoría pero con mayor cordialidad. ¿Qué anda buscando? me preguntaban solícitamente en cada puesto al que me acercaba. Hasta que di con el de las bufandas. Compré una, azul (de un azul machazo, no desteñido, como otros azules). Me la puse. Sentí un hermoso calorcito que me caldeó el ánimo. A la noche, al sacármela, vi que tenía pegada una telilla cerca de la punta. Me calcé los anteojos y leí la letra menuda: debajo de la marca decía que era de fabricación china.
En el primer momento me enojé. Me indignaba el hecho de que en la Argentina no haya al alcance del público consumidor artículos hechos en el país, y que hasta para las cosas más simples -caramelos, dulces, conservas, ropa sin complejidades en la elaboración- tengamos que recurrir a las importaciones, manteniendo ocupados a obreros de otros países mientras los argentinos padecemos por falta de trabajos remunerados. ¿Acaso se precisan técnicas muy desconocidas para criar ovejas en el país, esquilarlas y preparar ropa? Los indios diaguitas ya practicaban esa industria, con lana de llamas y sin tener siquiera tijeras y agujas de
acero para la esquila y el tejido. Y después se me pasó el enojo. Vi que al adquirir algo tan simple, como es una bufanda, estaba favoreciendo al pueblo chino. ¿Y qué mérito tiene el pueblo chino para que satisfaga beneficiarlo? Que es un pueblo que lucha, un pueblo que no se ha entregado, un pueblo que aún defiende el trabajo de su gente y se lanza a competir con los amos del comercio mundial. ¡Salud, hermano chino! Que defiendas tu trabajo y que triunfes en la lucha por defender lo tuyo. Lucha en que los argentinos desfallecemos mientras nos quejamos de no tener “puestos de trabajo”, como si los benditos puestos de trabajo fueran un Don de la naturaleza y no un beneficio que cada país debe esmerarse en defender y conquistar. Seguí caminando por las calle de la Boca de tango, de adoquines mojados y de cielo pintado de todos los colores nostalgia y venía a mi mente la célebre frase de Ortega Gasset por favor “Argentinos a las cosas…
El capellán volador
Por Juan Carlos Jones Tamayo
El martes 13 recibí el mail de mi hija María Guadalupe (me imprimen los e-mails que me mandan y me los hacen llegar), donde transcribía un mensaje que le había enviado el Padre Gustavo Carlaván, de la Diócesis de San Luis, donde él se ofrecía a concurrir al Penal de Güemes para dar atención espiritual a los Prisioneros de Guerra (PG) y Presos Políticos (PP). Guadalupe le agradeció su ofrecimiento y preocupación y le dijo que desde hacía un mes ya teníamos atención sacerdotal todos los sábados. San Luis está a más de 1.000 km. de Güemes, Salta solo a 50!!! Nos costó más de un año lograr la atención de la Diócesis Salteña, la que nos envía al Padre Vicente, solo dos veces al mes, los sábados restantes vienen los capellanes de la Guarnición Militar de Salta. Les recuerdo que los pioneros de estos actos fueron el Padre Jorge Benson, Monseñor Pedro Candia y el Padre Oscar Naef, quienes nos visitaron en diferentes oportunidades, viajando desde Buenos Aires… el diablo siempre quiere meter la cola tratando de opacar las cosas buenas… Ayer nos tocaba tener misa con el Padre Vicente, el capellán designado por el Arzobispado. El vino al Penal, pero por inconvenientes internos, recién pudo ingresar a la capilla a las 10.00 hs. de la mañana, dio misa a los presos “comunes” y se fue. Seguramente estaría apurado y no quería perder el “avión” de las 12.00 hs. a Salta. (digo avión por la rapidez con que vuelve). Podría haber pasado por nuestro Pabellón, por lo menos, a explicar porque no tuvimos misa pese a que el tercer sábado del mes, le corresponde a él brindarnos atención sacerdotal a los PG y PP. ¿Por qué los “comunes” tuvieron misa y nosotros no? ¿Por qué no nos dio misa después? ¿Es un problema de desidia o ideológico? ¿Es sólo el Padre Vicente que nos “ningunea” o también lo es el Arzobispado Salteño? En fin, he peleado contra enemigos más francos. Mi enorme gratitud para mi estoica familia, para algunos abnegados camaradas y para mis fieles amigas y amigos.
Juan Carlos Jones Tamayo Coronel de Artillería (R)
Prisionero de Guerra
Licenciado
Preso Político