La situación del sistema penitenciario en Argentina es un reflejo de una crisis estructural que va más allá de la simple administración de justicia. La ineficiencia económica carcelaria se ve exacerbada por los altos costos de exclusión que genera una justicia que, en muchos casos, actúa de manera ilegal e ilegítima. Este fenómeno no solo impacta a las personas privadas de libertad, sino que también repercute en la sociedad en su conjunto, al perpetuar un ciclo de pobreza y marginalidad.
A medida que aumenta la corrupción y el prevaricato dentro del sistema judicial, los costos de exclusión se multiplican. La falta de confianza en la justicia y la impunidad fomentan un entorno en el que las instituciones penitenciarias operan sin un marco claro de responsabilidad y eficiencia. En este contexto, la Economía del Bien Común se erige como una alternativa viable, proponiendo un enfoque que prioriza la cooperación, la solidaridad y la acción comunitaria sobre la avidez de lucro.
El bien común en el ámbito carcelario implica transformar la función de las cárceles desde un mero mecanismo de control y castigo hacia un sistema que contribuya efectivamente a la rehabilitación y reinserción social de los individuos. Para lograr esta transformación, es fundamental establecer un equilibrio que permita evaluar las ventajas sociales y democráticas del sistema, priorizando la justicia y la equidad.
Los aspectos financieros carcelarios deben ser considerados como un medio para alcanzar el bien común. Las cárceles que logren implementar prácticas que fomenten la colaboración y el respeto a los derechos humanos deben recibir incentivos y ventajas legales que les permitan cubrir sus costos y ofrecer servicios de mejor calidad. Esto incluye la posibilidad de acceder a la adquisición de bienes y servicios de mejor calidad para los internos.
Es crucial que cualquier beneficio financiero obtenido por el sistema penitenciario esté orientado a mejorar el bienestar de las personas privadas de libertad, evitando que la búsqueda de lucro se convierta en el objetivo principal. La política penitenciaria debe enfocarse en la rehabilitación social, sin embargo, la corrupción y la desorganización han llevado a un incumplimiento sistemático de estos objetivos. Así, un análisis económico profundo se convierte en una herramienta necesaria para proponer soluciones efectivas y justas que equilibren el sistema.
Desde sus inicios, el sistema penitenciario argentino ha estado marcado por la precariedad y el hacinamiento. Aunque se han realizado esfuerzos para adecuar el ordenamiento jurídico a los estándares constitucionales, la realidad es que muchos centros de privación de libertad continúan operando en condiciones inadecuadas. En este sentido, la Economía del Bien Común puede ser una guía para transformar la estructura penitenciaria, promoviendo mecanismos de reinserción que sean sostenibles y accesibles.
El aumento de la inversión pública en los sistemas penitenciarios es esencial para erradicar las condiciones de vida precarias que enfrentan las personas privadas de libertad. Programas de rehabilitación y reinserción social que sean eficientes y de corta duración pueden ayudar a reducir costos, generando un sistema que no solo sea más humano, sino también más económico.
A partir del análisis realizado, se evidencia que la inversión por preso en el sistema público es mínima, lo que imposibilita alcanzar los objetivos de rehabilitación. Por ello, se propone explorar un modelo penitenciario que contemple la privatización de las cárceles, otorgando su manejo a instituciones privadas que sean capaces de ofrecer mayores beneficios en términos de salud, alimentación, vestimenta y programas de reinserción, a costos más bajos.
La transformación del sistema penitenciario argentino es, sin duda, un desafío complejo que requiere un enfoque integral y colaborativo. La implementación de un modelo basado en la Economía del Bien Común puede ofrecer una vía prometedora para abordar los problemas estructurales que enfrenta el sistema, promoviendo una justicia más equitativa y un futuro más esperanzador para todos.
Los “altos costos de exclusión” desde el punto de vista económico se refieren a las dificultades y gastos que enfrentan individuos o grupos al intentar acceder a ciertos recursos, servicios u oportunidades en la economía. Esta exclusión puede manifestarse en diversas áreas, como el acceso a la educación, la atención médica, el mercado laboral, la vivienda, y más.
En resumen, los altos costos de exclusión en el ámbito económico carcelario no solo afectan a los internos, especialmente por su condición de encierro, que enfrentan a veces perversas barreras, sino que también tienen implicaciones más amplias para la sociedad relacionada con estos, y la economía en general.
Abordar estos costos es crucial para promover la inclusión y el desarrollo sostenible.
EL ENCARCELAMIENTO DE ADULTOS MAYORES EN ARGENTINA; UN ENFOQUE ANTIECONÓMICO
En la actualidad, el sistema carcelario argentino enfrenta una serie de desafíos que van más allá de la simple cuestión del delito y la reinserción social. Uno de los aspectos más preocupantes es el tratamiento de los adultos mayores, quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad que hacen que su encarcelamiento no solo sea inhumano, sino también antieconómico. Este enfoque revela una serie de externalidades que, al ser analizadas desde un modelo matemático económico lógico, demuestran que la inclusión de gerontes en el sistema penitenciario genera costos exorbitantes y poco justificables.
EXTERNALIDADES NEGATIVAS DEL ENCARCELAMIENTO
Los adultos mayores en prisión enfrentan una serie de riesgos que impactan directamente en su salud y bienestar. Los índices de riesgo de salubridad son alarmantes: la falta de atención médica adecuada, las condiciones de hacinamiento y la escasez de recursos pueden llevar a un deterioro significativo de su salud.
Esto no solo afecta a los internos, sino que también crea una carga adicional para el sistema de salud pública, que tiene que asumir los costos asociados a la atención médica de estos individuos.
Además, los factores de mortandad en ambientes carcelarios son notablemente altos para la población de adultos mayores, lo que plantea serias cuestiones éticas y económicas.
La muerte de un interno no solo representa una pérdida humana, sino que también implica costos significativos en términos de servicios funerarios, recursos legales y la posible responsabilidad del Estado ante la falta de atención adecuada, que finalmente deberán generarse actuaciones que se judicializarán para deslindar las responsabilidades ante la Ley y la familia del adulto mayor.
Costos de Mantenimiento Médico y Farmacológico
El mantenimiento médico y farmacológico de los adultos mayores en prisión es otro aspecto que merece atención. Esta población a menudo requiere tratamientos médicos continuos y medicamentos específicos, lo que incrementa los gastos del sistema penitenciario. En un contexto donde el presupuesto estatal es limitado, estos costos podrían ser mejor invertidos en programas de atención y rehabilitación comunitaria que promuevan la reinserción social y el bienestar de los individuos.
Costos de Exclusión
El encarcelamiento de adultos mayores también genera altos costos de exclusión. Al privar a estos individuos de su libertad, se les niega la oportunidad de participar activamente en la sociedad, lo que no solo afecta su calidad de vida, sino también el tejido social en su conjunto. La falta de integración de los adultos mayores en la comunidad puede llevar a un aumento de la marginalización y la falta de apoyo social, lo que repercute en un ciclo de pobreza y exclusión que se perpetúa a lo largo del tiempo.
UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN
Es imperativo que se replantee el enfoque actual hacia el encarcelamiento de adultos mayores en Argentina. Desde una perspectiva económica, la inclusión de esta población en el sistema carcelario no responde a un modelo lógico que busque la eficiencia y el bienestar social. En lugar de perpetuar un sistema que genera costos exorbitantes y externalidades negativas, se debe considerar la implementación de alternativas que prioricen la atención y el cuidado de los adultos mayores, así como su reintegración a la sociedad.
La solución no radica en una mayor penalización, sino en un enfoque humano y racional que reconozca la dignidad de cada individuo y busque su bienestar integral. Es hora de que se escuchen estas voces y se tomen decisiones que realmente beneficien a la sociedad en su conjunto.
Al desarrollar una fórmula matemática que involucre las variables (t, Q, P y E), podemos plantear un modelo que relacione el tiempo t , la cantidad de muertos Q, el período P y la edad promedio E.
A continuación, se presenta una formulación que se verificó en los últimos cinco (5) meses en la U-34 de Campo de Mayo:
Fórmula de mortandad verificable,
de inconciencia de la Justicia Federal
de base a diezmos acontecidos en la
UP 34 de Campo de Mayo
Supongamos que queremos modelar la cantidad de muertos en función del tiempo y de otros factores. Una fórmula básica podría ser:
Q(t) = E/P . t/5 + C
Donde:
Q(t) es la cantidad de muertos en el tiempo (t).
E es el promedio de edad (78 años).
P es el período (5 meses).
t es el tiempo transcurrido en meses.
C es una constante que representa la cantidad inicial de muertos en el tiempo cero.
En esta fórmula, E/P nos da una tasa de mortalidad promedio por mes, que se multiplica por el tiempo transcurrido en meses (dividido por 5 para ajustarlo al período). La constante C permite incorporar muertes iniciales antes de que empiece a contar el tiempo t.
Es importante tener en cuenta que esta es una simplificación y que en la práctica, la relación entre estas variables puede ser mucho más compleja, dependiendo de factores como la salud pública, condiciones socioeconómicas, externalidades pandémicas, agentes infecciosos biológicos,etc.
Concretamente, el mantenimiento en prisión, las externa-lidades generadas, el índice de mortandad, etc, de los adul-tos mayores, impulsa el deficit fiscal, consecuentemente es una decisión jurídica contraria a las políticas económicas del Presidente Javier Milei).
Referencias: Fallecimientos
Coronel (EA) Renés Athos 17 de Octubre de 2024
Comisario ( PBA) Luis Angel Schumacher 28 de Noviembre de 2024
Sargento Primero (PFA) Julio Héctor Simón 25 de Marzo de 2025
Capitán (EA) Hector Vergés 12 de Abril de 2025
CÁLCULO DE LA EXPECTATIVA DE VIDA DE UN ADULTO MAYOR EN CONDICIÓN DE ENCIERRO
Calcular la expectativa de vida de un adulto mayor en condiciones específicas, como estar privado de libertad y con diferentes tipos de atención, es un desafío complejo que involucra múltiples factores. Aunque no existe una fórmula exacta y universal para este caso, se puede proponer un modelo simplificado que considere los factores mencionados.
La expectativa de vida (EV) en este contexto podría ser representada como:
EV = E0 − ( Fm + Fp + Ff + Ft )
Donde:
E0 = Expectativa de vida promedio de un adulto mayor (en años). Para un adulto de 78 años, podemos usar
un valor promedio de 10 años (es decir, 88 años como expectativa de vida promedio).
Fm = Factor de decremento por atención médica. Este factor puede ser un valor negativo que resta años
dependiendo de la calidad y frecuencia de la atención médica recibida.
Fp = Factor de decremento por atención psicológica. Similar al anterior, este factor representa cómo la falta
de atención psicológica afecta la vida del individuo.
Ff = Factor de decremento por atención familiar poco frecuente. Este factor refleja el impacto de la falta de
apoyo familiar en la calidad de vida y, por ende, en la expectativa de vida.
Ft = Factor de decremento por trato desconsiderado. Este factor puede representar el impacto del entorno
y las condiciones de vida en la prisión.
Definición de los Factores
Los factores Fm, Fp, Ff , y Ft podrían ser definidos de la siguiente manera:
Fm : Rango de 0 a 5 años. Un valor más alto puede ser asignado si la atención médica es inadecuada.
Fp : Rango de 0 a 5 años. Similarmente, un alto valor se asignaría si hay falta de atención psicológica.
Ff : Rango de 0 a 3 años. Este factor podría ser menor si la atención familiar es solo poco frecuente.
Ft : Rango de 0 a 3 años. Este factor refleja el impacto negativo del trato desconsiderado.
Ejemplo de Cálculo
Supongamos que se evalúa de la siguiente manera:
Atención médica:
Fm = 3
Atención psicológica:
Fp = 2
Atención familiar:
Ff = 1
Trato desconsiderado:
Ft = 2
Entonces, el cálculo resultaría como sobrevida del adulto mayor :
EV=10−(3+2+1+2)=10−8=2
En este caso, la expectativa de vida sería de 2 años, lo que indica una situación muy desfavorable.
Notas Finales
Este modelo es simplificado y debe ser considerado como un punto de partida. Factores adicionales como condiciones de salud preexistentes, acceso a recursos, y otros aspectos del entorno también deben ser considerados para una evaluación más precisa. Además, es fundamental tener en cuenta que las expectativas de vida son estimaciones y pueden variar significativamente entre individuos, acorde a sus características biológicas, enfermedades de bases y estado de salud; pero tratase de una aproximación cierta.
La situación del sistema penitenciario en Argentina es un reflejo de una crisis estructural que va más allá de la simple administración de justicia. La ineficiencia económica carcelaria se ve exacerbada por los altos costos de exclusión que genera una justicia que, en muchos casos, actúa de manera ilegal e ilegítima. Este fenómeno no solo impacta a las personas privadas de libertad, sino que también repercute en la sociedad en su conjunto, al perpetuar un ciclo de pobreza y marginalidad.
A medida que aumenta la corrupción y el prevaricato dentro del sistema judicial, los costos de exclusión se multiplican. La falta de confianza en la justicia y la impunidad fomentan un entorno en el que las instituciones penitenciarias operan sin un marco claro de responsabilidad y eficiencia. En este contexto, la Economía del Bien Común se erige como una alternativa viable, proponiendo un enfoque que prioriza la cooperación, la solidaridad y la acción comunitaria sobre la avidez de lucro.
El bien común en el ámbito carcelario implica transformar la función de las cárceles desde un mero mecanismo de control y castigo hacia un sistema que contribuya efectivamente a la rehabilitación y reinserción social de los individuos. Para lograr esta transformación, es fundamental establecer un equilibrio que permita evaluar las ventajas sociales y democráticas del sistema, priorizando la justicia y la equidad.
Es crucial que cualquier beneficio financiero obtenido por el sistema penitenciario esté orientado a mejorar el bienestar de las personas privadas de libertad, evitando que la búsqueda de lucro se convierta en el objetivo principal. La política penitenciaria debe enfocarse en la rehabilitación social, sin embargo, la corrupción y la desorganización han llevado a un incumplimiento sistemático de estos objetivos. Así, un análisis económico profundo se convierte en una herramienta necesaria para proponer soluciones efectivas y justas que equilibren el sistema.
Desde sus inicios, el sistema penitenciario argentino ha estado marcado por la precariedad y el hacinamiento. Aunque se han realizado esfuerzos para adecuar el ordenamiento jurídico a los estándares constitucionales, la realidad es que muchos centros de privación de libertad continúan operando en condiciones inadecuadas. En este sentido, la Economía del Bien Común puede ser una guía para transformar la estructura penitenciaria, promoviendo mecanismos de reinserción que sean sostenibles y accesibles.
El aumento de la inversión pública en los sistemas penitenciarios es esencial para erradicar las condiciones de vida precarias que enfrentan las personas privadas de libertad. Programas de rehabilitación y reinserción social que sean eficientes y de corta duración pueden ayudar a reducir costos, generando un sistema que no solo sea más humano, sino también más económico.
A partir del análisis realizado, se evidencia que la inversión por preso en el sistema público es mínima, lo que imposibilita alcanzar los objetivos de rehabilitación. Por ello, se propone explorar un modelo penitenciario que contemple la privatización de las cárceles, otorgando su manejo a instituciones privadas que sean capaces de ofrecer mayores beneficios en términos de salud, alimentación, vestimenta y programas de reinserción, a costos más bajos.
La transformación del sistema penitenciario argentino es, sin duda, un desafío complejo que requiere un enfoque integral y colaborativo. La implementación de un modelo basado en la Economía del Bien Común puede ofrecer una vía prometedora para abordar los problemas estructurales que enfrenta el sistema, promoviendo una justicia más equitativa y un futuro más esperanzador para todos.
Los “altos costos de exclusión” desde el punto de vista económico se refieren a las dificultades y gastos que enfrentan individuos o grupos al intentar acceder a ciertos recursos, servicios u oportunidades en la economía. Esta exclusión puede manifestarse en diversas áreas, como el acceso a la educación, la atención médica, el mercado laboral, la vivienda, y más.
En resumen, los altos costos de exclusión en el ámbito económico carcelario no solo afectan a los internos, especialmente por su condición de encierro, que enfrentan a veces perversas barreras, sino que también tienen implicaciones más amplias para la sociedad relacionada con estos, y la economía en general.
Abordar estos costos es crucial para promover la inclusión y el desarrollo sostenible.
EL ENCARCELAMIENTO DE ADULTOS MAYORES EN ARGENTINA; UN ENFOQUE ANTIECONÓMICO
En la actualidad, el sistema carcelario argentino enfrenta una serie de desafíos que van más allá de la simple cuestión del delito y la reinserción social. Uno de los aspectos más preocupantes es el tratamiento de los adultos mayores, quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad que hacen que su encarcelamiento no solo sea inhumano, sino también antieconómico. Este enfoque revela una serie de externalidades que, al ser analizadas desde un modelo matemático económico lógico, demuestran que la inclusión de gerontes en el sistema penitenciario genera costos exorbitantes y poco justificables.
EXTERNALIDADES NEGATIVAS DEL ENCARCELAMIENTO
Los adultos mayores en prisión enfrentan una serie de riesgos que impactan directamente en su salud y bienestar. Los índices de riesgo de salubridad son alarmantes: la falta de atención médica adecuada, las condiciones de hacinamiento y la escasez de recursos pueden llevar a un deterioro significativo de su salud.
Esto no solo afecta a los internos, sino que también crea una carga adicional para el sistema de salud pública, que tiene que asumir los costos asociados a la atención médica de estos individuos.
La muerte de un interno no solo representa una pérdida humana, sino que también implica costos significativos en términos de servicios funerarios, recursos legales y la posible responsabilidad del Estado ante la falta de atención adecuada, que finalmente deberán generarse actuaciones que se judicializarán para deslindar las responsabilidades ante la Ley y la familia del adulto mayor.
Costos de Mantenimiento Médico y Farmacológico
El mantenimiento médico y farmacológico de los adultos mayores en prisión es otro aspecto que merece atención. Esta población a menudo requiere tratamientos médicos continuos y medicamentos específicos, lo que incrementa los gastos del sistema penitenciario. En un contexto donde el presupuesto estatal es limitado, estos costos podrían ser mejor invertidos en programas de atención y rehabilitación comunitaria que promuevan la reinserción social y el bienestar de los individuos.
Costos de Exclusión
El encarcelamiento de adultos mayores también genera altos costos de exclusión. Al privar a estos individuos de su libertad, se les niega la oportunidad de participar activamente en la sociedad, lo que no solo afecta su calidad de vida, sino también el tejido social en su conjunto. La falta de integración de los adultos mayores en la comunidad puede llevar a un aumento de la marginalización y la falta de apoyo social, lo que repercute en un ciclo de pobreza y exclusión que se perpetúa a lo largo del tiempo.
UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN
Es imperativo que se replantee el enfoque actual hacia el encarcelamiento de adultos mayores en Argentina. Desde una perspectiva económica, la inclusión de esta población en el sistema carcelario no responde a un modelo lógico que busque la eficiencia y el bienestar social. En lugar de perpetuar un sistema que genera costos exorbitantes y externalidades negativas, se debe considerar la implementación de alternativas que prioricen la atención y el cuidado de los adultos mayores, así como su reintegración a la sociedad.
La solución no radica en una mayor penalización, sino en un enfoque humano y racional que reconozca la dignidad de cada individuo y busque su bienestar integral. Es hora de que se escuchen estas voces y se tomen decisiones que realmente beneficien a la sociedad en su conjunto.
Al desarrollar una fórmula matemática que involucre las variables (t, Q, P y E), podemos plantear un modelo que relacione el tiempo t , la cantidad de muertos Q, el período P y la edad promedio E.
A continuación, se presenta una formulación que se verificó en los últimos cinco (5) meses en la U-34 de Campo de Mayo:
Fórmula de mortandad verificable,
de inconciencia de la Justicia Federal
de base a diezmos acontecidos en la
UP 34 de Campo de Mayo
Supongamos que queremos modelar la cantidad de muertos en función del tiempo y de otros factores. Una fórmula básica podría ser:
Q(t) = E/P . t/5 + C
Donde:
Q(t) es la cantidad de muertos en el tiempo (t).
E es el promedio de edad (78 años).
P es el período (5 meses).
t es el tiempo transcurrido en meses.
C es una constante que representa la cantidad inicial de muertos en el tiempo cero.
En esta fórmula, E/P nos da una tasa de mortalidad promedio por mes, que se multiplica por el tiempo transcurrido en meses (dividido por 5 para ajustarlo al período). La constante C permite incorporar muertes iniciales antes de que empiece a contar el tiempo t.
Es importante tener en cuenta que esta es una simplificación y que en la práctica, la relación entre estas variables puede ser mucho más compleja, dependiendo de factores como la salud pública, condiciones socioeconómicas, externalidades pandémicas, agentes infecciosos biológicos,etc.
Concretamente, el mantenimiento en prisión, las externa-lidades generadas, el índice de mortandad, etc, de los adul-tos mayores, impulsa el deficit fiscal, consecuentemente es una decisión jurídica contraria a las políticas económicas del Presidente Javier Milei).
Referencias: Fallecimientos
Coronel (EA) Renés Athos 17 de Octubre de 2024
Comisario ( PBA) Luis Angel Schumacher 28 de Noviembre de 2024
Sargento Primero (PFA) Julio Héctor Simón 25 de Marzo de 2025
Capitán (EA) Hector Vergés 12 de Abril de 2025
CÁLCULO DE LA EXPECTATIVA DE VIDA DE UN ADULTO MAYOR EN CONDICIÓN DE ENCIERRO
Calcular la expectativa de vida de un adulto mayor en condiciones específicas, como estar privado de libertad y con diferentes tipos de atención, es un desafío complejo que involucra múltiples factores. Aunque no existe una fórmula exacta y universal para este caso, se puede proponer un modelo simplificado que considere los factores mencionados.
La expectativa de vida (EV) en este contexto podría ser representada como:
EV = E0 − ( Fm + Fp + Ff + Ft )
Donde:
un valor promedio de 10 años (es decir, 88 años como expectativa de vida promedio).
Fm = Factor de decremento por atención médica. Este factor puede ser un valor negativo que resta años
dependiendo de la calidad y frecuencia de la atención médica recibida.
Fp = Factor de decremento por atención psicológica. Similar al anterior, este factor representa cómo la falta
de atención psicológica afecta la vida del individuo.
Ff = Factor de decremento por atención familiar poco frecuente. Este factor refleja el impacto de la falta de
apoyo familiar en la calidad de vida y, por ende, en la expectativa de vida.
Ft = Factor de decremento por trato desconsiderado. Este factor puede representar el impacto del entorno
y las condiciones de vida en la prisión.
Definición de los Factores
Los factores Fm, Fp, Ff , y Ft podrían ser definidos de la siguiente manera:
Fm : Rango de 0 a 5 años. Un valor más alto puede ser asignado si la atención médica es inadecuada.
Fp : Rango de 0 a 5 años. Similarmente, un alto valor se asignaría si hay falta de atención psicológica.
Ff : Rango de 0 a 3 años. Este factor podría ser menor si la atención familiar es solo poco frecuente.
Ft : Rango de 0 a 3 años. Este factor refleja el impacto negativo del trato desconsiderado.
Ejemplo de Cálculo
Supongamos que se evalúa de la siguiente manera:
Atención médica:
Fm = 3
Atención psicológica:
Fp = 2
Atención familiar:
Ff = 1
Trato desconsiderado:
Ft = 2
Entonces, el cálculo resultaría como sobrevida del adulto mayor :
EV=10−(3+2+1+2)=10−8=2
En este caso, la expectativa de vida sería de 2 años, lo que indica una situación muy desfavorable.
Notas Finales
Este modelo es simplificado y debe ser considerado como un punto de partida. Factores adicionales como condiciones de salud preexistentes, acceso a recursos, y otros aspectos del entorno también deben ser considerados para una evaluación más precisa. Además, es fundamental tener en cuenta que las expectativas de vida son estimaciones y pueden variar significativamente entre individuos, acorde a sus características biológicas, enfermedades de bases y estado de salud; pero tratase de una aproximación cierta.
Que Dios los bendiga
Campo de Mayo, Argentina
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 19, 2025
Tags: Cárceles, Derechos Humanos, El curro de los Derechos HumanosRelated Posts
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