Los argentinos, desde hace más de setenta años, sufrimos una rarísima compulsión al suicidio colectivo, que se ha manifestado de muy diferentes maneras en nuestra historia reciente, pero siempre con trágico éxito.
El 27 de enero de 2017, el Presidente de la República firmó el Decreto N° 70/17, mediante el cual imponía leves limitaciones al régimen vigente de inmigración hacia nuestro país, establecido por la Ley 25.871. Para comprobar la razonabilidad de mi calificativo, basta con leer en el artículo 4° cuáles eran las restricciones que se establecían al actual libérrimo e idiota marco regulatorio de ingreso de personas a la Argentina.
Así, se pretendía impedir entrar a nuestro territorio a quienes hubieran: presentado documentación nacional o extranjera falsa o adulterada; omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales o condenas; sido expulsados del país o tuvieran el ingreso prohibido, hasta tanto la medida fuera revocada; sido condenados o estuvieran cumpliendo penas por delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas; incurrido en actos de gobierno que constituyan genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad; tenido antecedentes relacionados con la participación en actos u organizaciones terroristas; incurrido en la promoción o facilitación, con fines de lucro, en el ingreso ilegal de extranjeros; promovido la prostitución y lucrado con ella; sido condenados por actos de corrupción; intentado eludir los controles migratorios.
Como se ve, no se imponía restricción alguna por motivos raciales, políticos, religiosos, económicos o sexuales a quienes quisieran ingresar a territorio nacional, fuera con fines de residencia o en forma meramente transitoria. Es decir, la norma no discriminaba a nadie salvo, claro está, a los graves delincuentes.
Pero Mauricio Macri no contaba, al momento de firmar ese decreto, con la suicida reacción del izquierdoso progresismo que, rápidamente, salió a criticar el decreto en cuestión. Los imbéciles de turno, algunos de ellos legisladores, vociferaron diciendo que no se justificaba la necesidad y urgencia de la decisión del Ejecutivo porque en ella se mostraba una visión sesgada del universo carcelario, destacando que sólo el 6% de los presos en cárceles argentinas es inmigrante, porque se apelaba a las palabras “ilegalidad” y “clandestinidad” para estigmatizar a los inmigrantes y porque restringía el derecho de éstos a obtener documentación nacional.
El 22 de marzo de este año, es decir, hace pocos días, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió declarar inconstitucional el decreto del Presidente. A partir de ahora, entonces, todos los pequeñísimos impedimentos que se pretendió imponer a los criminales dejaron de existir, y éstos podrán entrar libremente para continuar su trayectoria dañosa aquí.
He viajado mucho a lo largo de mi vida, y no he visto país en el mundo que, como el nuestro, sea tan absurdamente generoso para con aquéllos que quieren ingresar, aunque sea sólo para estudiar, trabajar o hacer turismo. Para hacer callar a los energúmenos vernáculos, debería ser suficiente preguntarles qué régimen migratorio debería practicarse aquí porque, evidentemente, no pueden estar pensando en Bolivia, Nicaragua, Venezuela o Cuba, en la región, o en Rusia, Irán o China, todos muy exigentes a la hora de levantar las barreras de entrada y, muchas veces, también de salida.
En todas las naciones civilizadas se exige a los interesados en pasar a residir legalmente dentro de sus fronteras contar con un trabajo asegurado, pues sus Estados no están dispuestos a incrementar su propia cuota de pobres a los que debe alimentar, curar y educar con los impuestos que pagan sus ciudadanos. Aquí, como es más que obvio, no sólo no le pedimos nada sino que le facilitamos el acceso a cirugías y hospitales gratuitos, a documentos argentinos (indispensables para votar al señor feudal de la provincia), a educación de mejor calidad que la que dispone en su país de origen y hasta a adquirir casas, campos, automóviles y aviones con dinero lavado.
Pero lo verdaderamente grave, lo que nos convierte en un caso patológico de sociedad autodestructiva, es que permitimos ingresar y comerciar libremente a todas las organizaciones de traficantes de drogas que pueblan el continente, llenándolo de sangre y muerte.
Sabemos hasta cuáles de ellas mandan y gobiernan en cada barrio o asentamiento de nuestras ciudades. Algunas nacionalidades se especializan en cocaína y heroína, otras en marihuana y muchas en drogas sintéticas, pero todas ellas zanjan a tiros sus disputas territoriales, con armas cada vez más sofisticadas, que obviamente superan el equipamiento policial, mientras siembran el terror entre los vecinos honestos y trabajadores.
¿Qué otra forma tenemos de impedir que ese anómalo fenómeno continúe expandiéndose hasta que nuestro país se convierta en México, donde los muertos ya se cuentan por decenas de miles, que no sea cuidando estrictamente nuestras fronteras? Colombia está en vías de superar ese difícil trance, pero Brasil y la Argentina se están acercando a pasos agigantados a esa triste realidad.
Llegó la hora, en este tema también, de decir ¡basta! a la interesada estupidez de algunos, y a la falta de coraje necesario de otros para enfrentarlos.
Y digo “también” porque, el jueves 12 de abril, a las 19:00 horas, nos reuniremos en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para decirle ¡basta! a este Poder Judicial que se sigue riendo de nosotros, que continúa privilegiando los derechos de los delincuentes frente a los de las víctimas, que encarcela a los perejiles mientras libera todos los días a los autores de los mayores desfalcos que la sociedad ha sufrido, que garantiza la impunidad de los poderosos y lucra con ello, que dicta sentencias reñidas con la Constitución y con la ley.
Los ciudadanos de a pie iremos a decirle a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura que estamos hartos, verdaderamente podridos, de este presente de asfixia moral, de lepra sorda, de cobardías y de sensualismos de camastros, como escribió Leopoldo Lugones.
Mientras tanto, sólo me queda desear una feliz Pascua de Resurrección -o un feliz Pésaj- para usted y los suyos. Ojalá, todos juntos podamos orar por la resurrección de nuestra Argentina.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02 Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003 Cel. en Brasil (+5521) 8128 7896 E.mail: ega1@avogadro.com.ar E.mail: ega1avogadro@gmail.com Site: www.avogadro.com.ar Blog: http://egavogadro.blogspot.com
Los argentinos, desde hace más de setenta años, sufrimos una rarísima compulsión al suicidio colectivo, que se ha manifestado de muy diferentes maneras en nuestra historia reciente, pero siempre con trágico éxito.
El 27 de enero de 2017, el Presidente de la República firmó el Decreto N° 70/17, mediante el cual imponía leves limitaciones al régimen vigente de inmigración hacia nuestro país, establecido por la Ley 25.871. Para comprobar la razonabilidad de mi calificativo, basta con leer en el artículo 4° cuáles eran las restricciones que se establecían al actual libérrimo e idiota marco regulatorio de ingreso de personas a la Argentina.
Así, se pretendía impedir entrar a nuestro territorio a quienes hubieran: presentado documentación nacional o extranjera falsa o adulterada; omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales o condenas; sido expulsados del país o tuvieran el ingreso prohibido, hasta tanto la medida fuera revocada; sido condenados o estuvieran cumpliendo penas por delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas; incurrido en actos de gobierno que constituyan genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad; tenido antecedentes relacionados con la participación en actos u organizaciones terroristas; incurrido en la promoción o facilitación, con fines de lucro, en el ingreso ilegal de extranjeros; promovido la prostitución y lucrado con ella; sido condenados por actos de corrupción; intentado eludir los controles migratorios.
Como se ve, no se imponía restricción alguna por motivos raciales, políticos, religiosos, económicos o sexuales a quienes quisieran ingresar a territorio nacional, fuera con fines de residencia o en forma meramente transitoria. Es decir, la norma no discriminaba a nadie salvo, claro está, a los graves delincuentes.
Pero Mauricio Macri no contaba, al momento de firmar ese decreto, con la suicida reacción del izquierdoso progresismo que, rápidamente, salió a criticar el decreto en cuestión. Los imbéciles de turno, algunos de ellos legisladores, vociferaron diciendo que no se justificaba la necesidad y urgencia de la decisión del Ejecutivo porque en ella se mostraba una visión sesgada del universo carcelario, destacando que sólo el 6% de los presos en cárceles argentinas es inmigrante, porque se apelaba a las palabras “ilegalidad” y “clandestinidad” para estigmatizar a los inmigrantes y porque restringía el derecho de éstos a obtener documentación nacional.
El 22 de marzo de este año, es decir, hace pocos días, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió declarar inconstitucional el decreto del Presidente. A partir de ahora, entonces, todos los pequeñísimos impedimentos que se pretendió imponer a los criminales dejaron de existir, y éstos podrán entrar libremente para continuar su trayectoria dañosa aquí.
He viajado mucho a lo largo de mi vida, y no he visto país en el mundo que, como el nuestro, sea tan absurdamente generoso para con aquéllos que quieren ingresar, aunque sea sólo para estudiar, trabajar o hacer turismo. Para hacer callar a los energúmenos vernáculos, debería ser suficiente preguntarles qué régimen migratorio debería practicarse aquí porque, evidentemente, no pueden estar pensando en Bolivia, Nicaragua, Venezuela o Cuba, en la región, o en Rusia, Irán o China, todos muy exigentes a la hora de levantar las barreras de entrada y, muchas veces, también de salida.
En todas las naciones civilizadas se exige a los interesados en pasar a residir legalmente dentro de sus fronteras contar con un trabajo asegurado, pues sus Estados no están dispuestos a incrementar su propia cuota de pobres a los que debe alimentar, curar y educar con los impuestos que pagan sus ciudadanos. Aquí, como es más que obvio, no sólo no le pedimos nada sino que le facilitamos el acceso a cirugías y hospitales gratuitos, a documentos argentinos (indispensables para votar al señor feudal de la provincia), a educación de mejor calidad que la que dispone en su país de origen y hasta a adquirir casas, campos, automóviles y aviones con dinero lavado.
Pero lo verdaderamente grave, lo que nos convierte en un caso patológico de sociedad autodestructiva, es que permitimos ingresar y comerciar libremente a todas las organizaciones de traficantes de drogas que pueblan el continente, llenándolo de sangre y muerte.
Sabemos hasta cuáles de ellas mandan y gobiernan en cada barrio o asentamiento de nuestras ciudades. Algunas nacionalidades se especializan en cocaína y heroína, otras en marihuana y muchas en drogas sintéticas, pero todas ellas zanjan a tiros sus disputas territoriales, con armas cada vez más sofisticadas, que obviamente superan el equipamiento policial, mientras siembran el terror entre los vecinos honestos y trabajadores.
¿Qué otra forma tenemos de impedir que ese anómalo fenómeno continúe expandiéndose hasta que nuestro país se convierta en México, donde los muertos ya se cuentan por decenas de miles, que no sea cuidando estrictamente nuestras fronteras? Colombia está en vías de superar ese difícil trance, pero Brasil y la Argentina se están acercando a pasos agigantados a esa triste realidad.
Llegó la hora, en este tema también, de decir ¡basta! a la interesada estupidez de algunos, y a la falta de coraje necesario de otros para enfrentarlos.
Y digo “también” porque, el jueves 12 de abril, a las 19:00 horas, nos reuniremos en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para decirle ¡basta! a este Poder Judicial que se sigue riendo de nosotros, que continúa privilegiando los derechos de los delincuentes frente a los de las víctimas, que encarcela a los perejiles mientras libera todos los días a los autores de los mayores desfalcos que la sociedad ha sufrido, que garantiza la impunidad de los poderosos y lucra con ello, que dicta sentencias reñidas con la Constitución y con la ley.
Los ciudadanos de a pie iremos a decirle a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura que estamos hartos, verdaderamente podridos, de este presente de asfixia moral, de lepra sorda, de cobardías y de sensualismos de camastros, como escribió Leopoldo Lugones.
Mientras tanto, sólo me queda desear una feliz Pascua de Resurrección -o un feliz Pésaj- para usted y los suyos. Ojalá, todos juntos podamos orar por la resurrección de nuestra Argentina.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
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Marzo 31, 2018
Tags: Enrique Guillermo Avogadro, Inmigrantes, Mauricio MacriRelated Posts
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