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El 25  de mayo de 1973, poco después de haber asumido la presidencia de la nación, Cámpora y su Ministro del Interior, Esteban Righi, impulsaron la sanción de una ley de amplia amnistía y otra de eliminación de la Cámara Federal en lo Penal, sancionadas ambas por aclamación por el Congreso en pleno. La consecuencia fue la liberación de más de dos mil terroristas, juzgados y condenados conforme a derecho por aquel tribunal, quienes de inmediato retomaron las armas y sumieron el país en un baño de sangre.  

Los primeros blancos fueron, precisamente, los jueces que habían hecho justicia. 

Uno de ellos, Jorge Vicente Quiroga, fue ejecutado por la espalda el 26 de abril de 1971. No hubo aviso ni advertencia. Ni siquiera la ilusión de un enfrentamiento. Apenas una ráfaga cobarde del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), que sesgó una vida ejemplar y, de paso, envió un mensaje. En aquellos años, juzgar y condenar a terroristas no era una función, sino una sentencia anticipada. La toga no era un resguardo, sino un blanco. Los asesinos, Marino Amador Fernández y Raúl Argemí, fueron más tarde indemnizados con sumas de seis dígitos en dólares, por el corto tiempo pasado en prisión.   

El final de quienes habían integrado aquel tribunal es conocido, aunque  no siempre recordado. Así como Quiroga fue asesinado, Munilla Lacasa, Malbrán, Salas y otros sufrieron atentados personales. Ure y Smart se vieron obligados a optar por el exilio. Y muchos más fueron discretamente degradados en la carrera judicial.

Al recrudecimiento de la violencia terrorista se respondió no ya con los tribunales y la ley en la mano, sino con el fuego cruzado de las FF.AA., que el gobierno constitucional ordenó por decreto, para exterminar el accionar guerrillero que continuó después del 24 de marzo de 1976. Ese fue el resultado de las decisiones de una dirigencia política incapaz de dar respuestas adecuadas a la realidad histórica de entonces, como así también de hoy.

Si algo faltaba, Jaime Smart, el único sobreviviente de aquella generación, ejemplo y arquetipo de lo que debe ser un juez, sigue preso hasta hoy. Pesan sobre él cinco cadenas perpetuas y todavía atraviesa procesos judiciales. Víctima de la  cerrazón  voluntaria de jueces corruptos que, además, son conscientes de las virtudes del doctor Smart, lo que agrava, si fuera posible, el prevaricato cometido sin pudor alguno.

Bajo la presidencia de Néstor Kirchner se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los agentes del Estado que enfrentaron el terrorismo guerrillero y fueron indultados, permanecen desde entonces sometidos a procesos eternos por hechos ocurridos hace medio siglo. Semejante asimetría es apenas el comienzo de la quiebra del Estado de Derecho y del principio de igualdad ante la ley, que nos vio nacer como nación libre.

Lo que siguió no han sido más que las consecuencias aberrantes que de aquello derivaron. Las patrañas de juicios por goteo para mantenerlos presos de por vida, las condenas escritas de antemano, las muertes de ancianos y enfermos a quienes se ha negado la prisión domiciliaria, las denegatorias de excarcelaciones privándolos de la libertad por diez y más años “cautelarmente”, la negación de libertades condicionales, la exigencia de autoincriminación, son algunas de las aterradoras derivaciones de un Estado tan prevaricador como lo son estos jueces corruptos.   

Todo permanece igual, encubierto por la corrupción, la indiferencia, la ambición, la cobardía o la ideología de una dirigencia política que, sin comprender que hoy como ayer, anida aquí el origen de la discordia, no ha sabido dar una respuesta adecuada capaz de cerrar semejante tragedia.

La paradoja, para más escarnio, es que aquellos jueces de la Cámara Federal ejercieron su magistratura con probidad durante un gobierno de facto, mientras que estos módicos ahijados de gobiernos constitucionales, convertidos en verdugos, han rifado su independencia e imparcialidad.

A aquellos nuestro homenaje; a estos la promesa de que nada de lo ocurrido hasta el presente será olvidado.

Juan Vergara Del Carril                              Alberto Solanet

   Secretario                                             Presidente