Serían las dos de la tarde del lunes 29 de marzo de 1976 cuando sonó el teléfono de la Comisaría Nº 1 de Moreno. Desde la superioridad se requería al comisario a que concurriera a una quinta cercana (La Pastoril) a los efectos de averiguar sobre un grupo de personas que se encontraba allí en actitud sospechosa. Es lo entendió el casero de la quinta (el que avisó al dueño y este a la policía) al advertir que algunos de los inquilinos portaban armas largas y uniformes militar. Sin mediar otra consideración, el comisario a cargo dispuso que una media docena de agentes se desplazara al lugar. No más llegar y bajarse de los vehículos (dos), los policías fueron recibidos a balazos. Los policías respondieron de igual forma en defensa de la ley y de su propia vida. Luego, fueron reforzados por el ejército. Los agresores sufren 12 bajas mientras 37 logran huir. En el medio de la refriega, ni los policías ni los militares sabían contra quiénes estaban combatiendo. Hoy, a más de cuarenta años, el estado nacional parece que tampoco. Los jueces y fiscales federales, por ejemplo, quienes a través de sus fallos y acusaciones en los juicios por crímenes de lesa humanidad tipifican legalmente a estos señores (como los reunidos en La Pastoril) como “víctimas civiles” del “Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil” implementado por las Fuerzas Armadas durante la década del ’70. Ahora bien, resulta que estos “civiles” reunidos en la quinta se decían miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo. La banda criminal trotskista que, en poco más de tres años de democracia, tenía en su haber siete asaltos a cuarteles, cientos de asesinatos, secuestros, robos y torturas. Su última gran hazaña la habían perpetrado el 22 de marzo de 1976 (siete días antes de los hechos de La Pastoril) cuando asesinaron de un escopetazo en la boca al sindicalista tucumano Atilio Santillán. Crimen que cometieron en la sede de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) de la Capital Federal. Además de los asesinos de Santillán, en La Pastoril se encontraban los principales dirigentes de bandas terroristas de cuatro países: el citado ERP, de Argentina; el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), de Chile; el ELG (Ejército de Liberación Nacional) de Bolivia; y los Tupamaros de Uruguay ¡Una verdadera cumbre del terrorismo sudamericano! (“civiles”)
Santillán
El congreso nacional, por su parte, no se aparta mucho de la versión del poder judicial. Que se sepa, ni un solo legislador nacional ha cuestionado la versión judicial siniestra de que allí se perpetró una “masacre de civiles”. Es más, en el año 2019, en la cámara baja se presentó un proyecto de ley para expropiar el predio de la quinta “La Pastoril” para preservarla como “SITIO DE LA MEMORIA”). Uno de los autores del proyecto es el diputado tucumano, Walter Marcelo Santillán. El hijo del asesinado por el ERP, Atilio Santillán (la banda terrorista, en el № 74 del 10 de abril de 1976 de su órgano oficial Estrella Roja, se atribuyó el “ajusticiamiento”). Santillán hijo no pidió “SITIO DE LA MEMORIA” para el lugar donde asesinaron a su padre; sí, en cambio, para el lugar donde cayeron los asesinos de su padre.
El poder ejecutivo nacional no se queda atrás y, presentándose como parte querellante a través de la Secretaría de Derechos Humanos, acusa a los policías y militares de criminales de lesa humanidad por haber perpetrado “la masacre de La Pastoril”.
CampanellaMileiBrandoni
El Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, integrado por Matías Alejandro Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín preside el juicio contra los policías y militares que reprimieron a los subversivos del ERP (“civiles”) en La Pastoril. Para el tribunal (de no ser así no hubiera llegado a juicio) la acción represora citada de los policías y soldados encaja dentro de la figura penal (traída de los pelos) “Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil”; eufemismo, éste último para ocultar aquel que reza: “todo aquel que reprimiera, sin importar el modo, a un individuo por sus actividades terrorista-marxistas será considerado criminal de lesa humanidad”. Un disparate que ofende a la tradición milenaria del derecho y que evidencia lo podrido de la justicia federal. Los crímenes cometidos por el ERP y Montoneros (Atilio Santillán, entre otros) no merecen la atención de los fiscales argentinos. Quedarán impunes. Más aún, algunos de esos homicidas presiden ONG de derechos humanos y sus declaraciones en los juicios se toman como verdad revelada a la hora de condenar. Es que ellos, y así parece que lo entienden los jueces, no asesinaban sino “ajusticiaban”.
Ahora bien, estas cosas no suceden por obra de la fatalidad. Estos policías y militares octogenarios tienen como único destino el podrirse en la cárcel. Los políticos (oficialismo y oposición) los periodistas, los curas y los artistas, casi sin excepción y sin el menor dejo de ironía, llaman a estos linchamientos, “política de derechos humanos” ¿Santiago Kovadloff, Javier Miley, Graciela Fernández Meijide, Viviana Canosa, Juan José Campanella, Luis Brandoni, entre otros notables argentinos, tienen algo que decir sobre la suerte de estos policías? (es que, es de suma urgencia encontrar por lo menos diez justos en la Argentina…).-
Serían las dos de la tarde del lunes 29 de marzo de 1976 cuando sonó el teléfono de la Comisaría Nº 1 de Moreno. Desde la superioridad se requería al comisario a que concurriera a una quinta cercana (La Pastoril) a los efectos de averiguar sobre un grupo de personas que se encontraba allí en actitud sospechosa. Es lo entendió el casero de la quinta (el que avisó al dueño y este a la policía) al advertir que algunos de los inquilinos portaban armas largas y uniformes militar. Sin mediar otra consideración, el comisario a cargo dispuso que una media docena de agentes se desplazara al lugar. No más llegar y bajarse de los vehículos (dos), los policías fueron recibidos a balazos. Los policías respondieron de igual forma en defensa de la ley y de su propia vida. Luego, fueron reforzados por el ejército. Los agresores sufren 12 bajas mientras 37 logran huir. En el medio de la refriega, ni los policías ni los militares sabían contra quiénes estaban combatiendo. Hoy, a más de cuarenta años, el estado nacional parece que tampoco. Los jueces y fiscales federales, por ejemplo, quienes a través de sus fallos y acusaciones en los juicios por crímenes de lesa humanidad tipifican legalmente a estos señores (como los reunidos en La Pastoril) como “víctimas civiles” del “Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil” implementado por las Fuerzas Armadas durante la década del ’70. Ahora bien, resulta que estos “civiles” reunidos en la quinta se decían miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo. La banda criminal trotskista que, en poco más de tres años de democracia, tenía en su haber siete asaltos a cuarteles, cientos de asesinatos, secuestros, robos y torturas. Su última gran hazaña la habían perpetrado el 22 de marzo de 1976 (siete días antes de los hechos de La Pastoril) cuando asesinaron de un escopetazo en la boca al sindicalista tucumano Atilio Santillán. Crimen que cometieron en la sede de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) de la Capital Federal. Además de los asesinos de Santillán, en La Pastoril se encontraban los principales dirigentes de bandas terroristas de cuatro países: el citado ERP, de Argentina; el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), de Chile; el ELG (Ejército de Liberación Nacional) de Bolivia; y los Tupamaros de Uruguay ¡Una verdadera cumbre del terrorismo sudamericano! (“civiles”)
El congreso nacional, por su parte, no se aparta mucho de la versión del poder judicial. Que se sepa, ni un solo legislador nacional ha cuestionado la versión judicial siniestra de que allí se perpetró una “masacre de civiles”. Es más, en el año 2019, en la cámara baja se presentó un proyecto de ley para expropiar el predio de la quinta “La Pastoril” para preservarla como “SITIO DE LA MEMORIA”). Uno de los autores del proyecto es el diputado tucumano, Walter Marcelo Santillán. El hijo del asesinado por el ERP, Atilio Santillán (la banda terrorista, en el № 74 del 10 de abril de 1976 de su órgano oficial Estrella Roja, se atribuyó el “ajusticiamiento”). Santillán hijo no pidió “SITIO DE LA MEMORIA” para el lugar donde asesinaron a su padre; sí, en cambio, para el lugar donde cayeron los asesinos de su padre.
El poder ejecutivo nacional no se queda atrás y, presentándose como parte querellante a través de la Secretaría de Derechos Humanos, acusa a los policías y militares de criminales de lesa humanidad por haber perpetrado “la masacre de La Pastoril”.
El Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, integrado por Matías Alejandro Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín preside el juicio contra los policías y militares que reprimieron a los subversivos del ERP (“civiles”) en La Pastoril. Para el tribunal (de no ser así no hubiera llegado a juicio) la acción represora citada de los policías y soldados encaja dentro de la figura penal (traída de los pelos) “Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil”; eufemismo, éste último para ocultar aquel que reza: “todo aquel que reprimiera, sin importar el modo, a un individuo por sus actividades terrorista-marxistas será considerado criminal de lesa humanidad”. Un disparate que ofende a la tradición milenaria del derecho y que evidencia lo podrido de la justicia federal. Los crímenes cometidos por el ERP y Montoneros (Atilio Santillán, entre otros) no merecen la atención de los fiscales argentinos. Quedarán impunes. Más aún, algunos de esos homicidas presiden ONG de derechos humanos y sus declaraciones en los juicios se toman como verdad revelada a la hora de condenar. Es que ellos, y así parece que lo entienden los jueces, no asesinaban sino “ajusticiaban”.
Ahora bien, estas cosas no suceden por obra de la fatalidad. Estos policías y militares octogenarios tienen como único destino el podrirse en la cárcel. Los políticos (oficialismo y oposición) los periodistas, los curas y los artistas, casi sin excepción y sin el menor dejo de ironía, llaman a estos linchamientos, “política de derechos humanos” ¿Santiago Kovadloff, Javier Miley, Graciela Fernández Meijide, Viviana Canosa, Juan José Campanella, Luis Brandoni, entre otros notables argentinos, tienen algo que decir sobre la suerte de estos policías? (es que, es de suma urgencia encontrar por lo menos diez justos en la Argentina…).-
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Noviembre 30, 2021