Julio Narciso Flores, salteño de 61 años, a fines del año 1976, con dieciocho egresó de la Escuela de Suboficiales de Córdoba como Cabo, especialidad Mecánico de Mantenimiento de Aeronaves. Para los adolescentes argentinos de familias humildes, las escuelas de suboficiales de las fuerzas armadas constituían una oportunidad para ascender socialmente a través de la carrera militar, adquirir instrucción profesional y desarrollarse espiritualmente. Le tocó en suerte que su primer y único destino fuera la Ira Brigada Aérea (El Palomar – Buenos Aires), donde se desempeñó hasta 1980, año en que solicitó y se le concedió la baja. Finalizada su actividad militar, su vida laboral continuó vinculada a la aviación. Trabajó en el país y en el exterior hasta el 24 de noviembre de 2014, día en que fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, a su llegada de Indonesia. El juez federal Daniel Rafecas lo procesó porque su nombre apareció en el Libro de Guardia de la Brigada Aérea del Palomar y, dado que dicha Brigada está catalogada como Centro Clandestino de Detención, Rafecas, interpretó que Julio Flores, de hecho, fue parte del “grupo de tareas” que privaba de su libertad a subversivos y que cumplió Guardias en “Mansión Seré”. Además y en virtud del sólo ejercicio de su imaginación, el juez le atribuyó la “jefatura” de dicho grupo de tareas. El hecho que no exista en la causa ni una sola prueba, indicio o testimonio que relacione a Julio Flores con los hechos que se le imputan, dada su condición militar, no reviste la menor importancia.
RafecasVerbitsky
El supuesto delito por el que fue procesado es de agosto de 1977. Por entonces, Flores acababa de cumplir 19 años de edad, revistaba en la Fuerza Aérea como Cabo y computaba 8 meses de antigüedad en el grado. Es decir, que salvo los colimbas rasos, Flores, era un perfecto “último orejón del tarro” del escalafón militar. “Orejón” que, como es obvio, jamás tuvo entidad para desempeñarse como “Jefe de Guardia” o “Jefe de Patrulla” (como ridículamente le endilga, Rafecas).
Por la misma época (1977), el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, contaba con 37 años (dieciocho más que Julio Flores) y una cómoda posición socioeconómica fruto de su sueldo de Juez Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Cargo éste que le confería la competencia para negar habeas corpus a detenidos-desaparecidos y la calificación pertinente para escribir y publicar un libro que justificara la represión del gobierno militar. Al respecto, decir cosas como, por ejemplo: “La excepcional necesidad de dar muerte al delincuente” en virtud de la “necesidad terribilísima”.
En el mismo 1977, Horacio Verbitsky, de 35 años de edad e hijo de un periodista destacado ya se había hecho de una sólida trayectoria en los medios de comunicación y en la organización guerrillera Montoneros; en la que revistaba con el grado de oficial y Subjefe de Inteligencia; Es en su calidad de tal que fue parte central en el atentado terrorista del 1 de julio de 1976 del Comedor de la Superintendencia de la Policía Federal que le costó la vida a 24 personas.
Por otro lado, Roberto Cirilo Perdía, con 36 años cumplidos, en 1977 (17 más que Flores) tenía unos cuantos años de abogado aunque no ejercía. Lo suyo no era el Derecho. Su vocación, a la que abrazó con pasión, era otra. Como segundo al mando de la banda Montoneros a mediados de los setenta contaba ya en su foja de servicios con una larga lista de homicidios. Entre otros cientos, José Ignacio Rucci, el comisario Villar y su señora, la niña Paula Lambruschini, el dirigente radical Arturo Mor Roig, el empresario Alberto Bosch y el chofer Juan Carlos Pérez.
ZaffaroniPerdia
Desde 1977 a la fecha han pasado más de 40 años. El Dr. Zaffaroni, aquel Míster Hyde pilar jurídico del gobierno militar (el que negaba habeas corpus a desaparecidos) se ha transformado en el Dr. Jeckill y referente jurídico de los que persiguen a ex militares como Julio Narciso Flores. Tan es así que, como miembro de la Corte Suprema de Justicia, no le ha temblado el pulso al firmar el fallo violatorio de la Carta Magna que habilita la persecución infame contra todo aquel que sea acusado de lesa humanidad (el excluido, por supuesto). Horacio Vertbitsky, por su parte goza de un excelente pasar económico y del prestigio nacional e internacional que le da el hecho de presidir el CELS, la ONG de DD.HH. subvencionada por el estado más influyente del país (en Argentina, nada más humano y derecho que un terrorista ocupándose de sus víctimas). Roberto Cirilo Perdía, en tanto, disfruta de la renta que le toca por los 60 millones de dólares del secuestro de los hermanos Born. Aprovecha su tiempo libre para publicar libros en los cuales describe sus crímenes como hazañas de jóvenes idealistas aunque equivocados. Suele declarar como testigo de contexto en los juicios de lesa humanidad. En el juicio por “la contraofensiva de Montoneros”, en pose de anciano venerable narró parte de su épica asesina. Declaró, entre otras cosas, que él envió a la Argentina a los jóvenes montoneros (exiliados en Europa y México) con la misión de ajusticiar (léase, asesinar) a Martínez de Hoz y su equipo del Ministerio de Economía. Los jueces y fiscales lo escuchaban embelesados.
Pues bien, el ministerio público Fiscal, integrado por los fiscales Ángeles Ramos y Leonardo Filippini junto a la auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala, en su alegato (a partir de la sola mención en un libro de Guardia) consideró probada la responsabilidad de Julio Narciso Flores en 31 privaciones ilegales de la libertad, etc., etcétera.
Así, los jueces Alfredo Justo Ruiz Paz y Marcelo Gonzalo Díaz Cabral y la jueza María Claudia Morgese Martín, integrantes del Tribunal Nº5, sin siquiera sonrojarse, condenaron Julio Narciso Flores a la pena de 25 años de reclusión perpetua. Todos los diarios celebran que se haya hecho “justicia”.
Julio Narciso Flores se pudrirá en una cárcel el resto de su vida y a nadie o, a casi nadie, le importa…
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Julio Narciso Flores, salteño de 61 años, a fines del año 1976, con dieciocho egresó de la Escuela de Suboficiales de Córdoba como Cabo, especialidad Mecánico de Mantenimiento de Aeronaves. Para los adolescentes argentinos de familias humildes, las escuelas de suboficiales de las fuerzas armadas constituían una oportunidad para ascender socialmente a través de la carrera militar, adquirir instrucción profesional y desarrollarse espiritualmente. Le tocó en suerte que su primer y único destino fuera la Ira Brigada Aérea (El Palomar – Buenos Aires), donde se desempeñó hasta 1980, año en que solicitó y se le concedió la baja. Finalizada su actividad militar, su vida laboral continuó vinculada a la aviación. Trabajó en el país y en el exterior hasta el 24 de noviembre de 2014, día en que fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, a su llegada de Indonesia. El juez federal Daniel Rafecas lo procesó porque su nombre apareció en el Libro de Guardia de la Brigada Aérea del Palomar y, dado que dicha Brigada está catalogada como Centro Clandestino de Detención, Rafecas, interpretó que Julio Flores, de hecho, fue parte del “grupo de tareas” que privaba de su libertad a subversivos y que cumplió Guardias en “Mansión Seré”. Además y en virtud del sólo ejercicio de su imaginación, el juez le atribuyó la “jefatura” de dicho grupo de tareas. El hecho que no exista en la causa ni una sola prueba, indicio o testimonio que relacione a Julio Flores con los hechos que se le imputan, dada su condición militar, no reviste la menor importancia.
El supuesto delito por el que fue procesado es de agosto de 1977. Por entonces, Flores acababa de cumplir 19 años de edad, revistaba en la Fuerza Aérea como Cabo y computaba 8 meses de antigüedad en el grado. Es decir, que salvo los colimbas rasos, Flores, era un perfecto “último orejón del tarro” del escalafón militar. “Orejón” que, como es obvio, jamás tuvo entidad para desempeñarse como “Jefe de Guardia” o “Jefe de Patrulla” (como ridículamente le endilga, Rafecas).
Por la misma época (1977), el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, contaba con 37 años (dieciocho más que Julio Flores) y una cómoda posición socioeconómica fruto de su sueldo de Juez Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Cargo éste que le confería la competencia para negar habeas corpus a detenidos-desaparecidos y la calificación pertinente para escribir y publicar un libro que justificara la represión del gobierno militar. Al respecto, decir cosas como, por ejemplo: “La excepcional necesidad de dar muerte al delincuente” en virtud de la “necesidad terribilísima”.
En el mismo 1977, Horacio Verbitsky, de 35 años de edad e hijo de un periodista destacado ya se había hecho de una sólida trayectoria en los medios de comunicación y en la organización guerrillera Montoneros; en la que revistaba con el grado de oficial y Subjefe de Inteligencia; Es en su calidad de tal que fue parte central en el atentado terrorista del 1 de julio de 1976 del Comedor de la Superintendencia de la Policía Federal que le costó la vida a 24 personas.
Por otro lado, Roberto Cirilo Perdía, con 36 años cumplidos, en 1977 (17 más que Flores) tenía unos cuantos años de abogado aunque no ejercía. Lo suyo no era el Derecho. Su vocación, a la que abrazó con pasión, era otra. Como segundo al mando de la banda Montoneros a mediados de los setenta contaba ya en su foja de servicios con una larga lista de homicidios. Entre otros cientos, José Ignacio Rucci, el comisario Villar y su señora, la niña Paula Lambruschini, el dirigente radical Arturo Mor Roig, el empresario Alberto Bosch y el chofer Juan Carlos Pérez.
Desde 1977 a la fecha han pasado más de 40 años. El Dr. Zaffaroni, aquel Míster Hyde pilar jurídico del gobierno militar (el que negaba habeas corpus a desaparecidos) se ha transformado en el Dr. Jeckill y referente jurídico de los que persiguen a ex militares como Julio Narciso Flores. Tan es así que, como miembro de la Corte Suprema de Justicia, no le ha temblado el pulso al firmar el fallo violatorio de la Carta Magna que habilita la persecución infame contra todo aquel que sea acusado de lesa humanidad (el excluido, por supuesto). Horacio Vertbitsky, por su parte goza de un excelente pasar económico y del prestigio nacional e internacional que le da el hecho de presidir el CELS, la ONG de DD.HH. subvencionada por el estado más influyente del país (en Argentina, nada más humano y derecho que un terrorista ocupándose de sus víctimas). Roberto Cirilo Perdía, en tanto, disfruta de la renta que le toca por los 60 millones de dólares del secuestro de los hermanos Born. Aprovecha su tiempo libre para publicar libros en los cuales describe sus crímenes como hazañas de jóvenes idealistas aunque equivocados. Suele declarar como testigo de contexto en los juicios de lesa humanidad. En el juicio por “la contraofensiva de Montoneros”, en pose de anciano venerable narró parte de su épica asesina. Declaró, entre otras cosas, que él envió a la Argentina a los jóvenes montoneros (exiliados en Europa y México) con la misión de ajusticiar (léase, asesinar) a Martínez de Hoz y su equipo del Ministerio de Economía. Los jueces y fiscales lo escuchaban embelesados.
Pues bien, el ministerio público Fiscal, integrado por los fiscales Ángeles Ramos y Leonardo Filippini junto a la auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala, en su alegato (a partir de la sola mención en un libro de Guardia) consideró probada la responsabilidad de Julio Narciso Flores en 31 privaciones ilegales de la libertad, etc., etcétera.
Así, los jueces Alfredo Justo Ruiz Paz y Marcelo Gonzalo Díaz Cabral y la jueza María Claudia Morgese Martín, integrantes del Tribunal Nº5, sin siquiera sonrojarse, condenaron Julio Narciso Flores a la pena de 25 años de reclusión perpetua. Todos los diarios celebran que se haya hecho “justicia”.
Julio Narciso Flores se pudrirá en una cárcel el resto de su vida y a nadie o, a casi nadie, le importa…
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 18, 2019
Tags: Daniel Rafecas, Roberto PerdíaRelated Posts
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