La situación judicial en contra de la excandidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, quedó alterada por una investigación periodística que reveló que ella misma recibió en persona fondos millonarios para financiar de manera ilegal sus campañas electorales en 2011 y 2016. Los documentos de la fiscalía que develan una detallada lista de los personajes vinculados con la dirigente del partido Fuerza Popular, a los que varios empresarios les habrían entregado millones de dólares en efectivo que no fue reportado en los gastos oficiales y que jamás pasaron por el circuito bancario.
La información se dio a conocer en medio del retraso del juicio en contra de Fujimori y en el que ella y otras 41 personas están acusadas de presunto lavado de dinero, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. El fiscal José Domingo Pérez ya ha pedido que se les imponga una pena de 30 años de prisión. Esta demora se debe a una mezcla de trámites burocráticos judiciales y a las frecuentes impugnaciones de los abogados defensores de los imputados, quienes, entre otros motivos, alegan que no han tenido acceso al informe del fiscal o que los cargos que impone son imprecisos, “muy genéricos”.
De acuerdo con la agenda del proceso, las audiencias se reanudarán el próximo miércoles, aunque el inicio formal del juicio podría postergarse hasta principios de 2023. Ese día, el fiscal volverá a exponer los delitos que adjudica a los 42 acusados con base en casi 2.000 pruebas que ha reunido desde que comenzó la investigación a fines de 2018. En octubre de ese año Fujimori fue detenida por este caso pero, después de pasar 15 meses en prisión preventiva, fue puesta en libertad y en 2021 se postuló por tercera vez a la presidencia. Al igual que en las dos ocasiones anteriores, volvió a perder, ahora frente a Pedro Castillo.
Durante la campaña presidencial del año pasado, la investigación en contra de Fujimori se aletargó, pero una vez que no tuvo más remedio que reconocer su derrota después de haber promovido un intenso conflicto postelectoral, el proceso judicial se reactivó. A fines de diciembre el fiscal presentó las pruebas de sus acusaciones en un extenso legajo de miles de páginas en el que demostró que, previo a la campaña de 2011, el entorno de la candidata recibió más de tres millones de dólares por parte de Odebrecht, la principal empresa brasileña involucrada en la causa conocida como Lava Jato, además de más fondos ilegales aportados por otros empresarios peruanos.
En ese momento Fujimori competía para vencer a Ollanta Humala, e incluso se le imputa haber prometido a sus financistas el armado de una red de jueces y fiscales afines para garantizar impunidad. Los planes se frustraron porque perdió en segunda vuelta. Cinco años más tarde, se postuló por segunda ocasión consecutiva a la presidencia, pero fue derrotada por Pedro Pablo Kuczynski. Durante la campaña, el partido Fuerza Popular realizó varias reuniones sociales en las que recaudó 4,6 millones de dólares, pero solo pudo justificar la procedencia el 30 % de los recursos. Por eso, esta parte de la investigación fue batuizada como “Caso cocteles”.
Hasta ahora solo se habían estimado los montos que la candidata habría recibido en sus primeras dos campañas, y cuya procedencia no fue declarada en los informes oficiales de gasto, pero el diario La República publicó en exclusiva las pruebas que la fiscalía ya presentó formalmente y que acredita las entregas de dinero que hicieron los empresarios y representantes de Juan Rassmuss Echecopar y Dionisio Romero Paoletti, los principales financistas clandestinos. Además de fechas, importes, nombres y apellidos, una de las revelaciones más importantes es que Fujimori habría recibido en su propia mano, y no a través de representantes, fondos millonarios que nunca reportó.
Otro detalle a destacar es que el expediente elaborado por la fiscalía se basa en documentos contables de las empresas que sí dejaron registro de los aportes que realizaron a las campañas de Fujimori. Ni siquiera se preocuparon por esconderlos. Así, de acuerdo con los registros de la empresa Sudamericana de Fibras, Fujimori se presentó el 20 de febrero de 2013 en persona para recibir 50.000 dólares en efectivo. Antes, en cinco reuniones ocurridas entre el 22 de septiembre de 2010 y el 3 de junio de 2011, el empresario Juan Rassmuss le entregó 3,6 millones de dólares. El delito se agrava porque, justo en esa época, Fujimori era congresista.
Por otra parte, el banquero Dionisio Romero Paoletti ya proporcionó los documentos que prueban que entre marzo y mayo 2016 le entregó a la entonces candidata presidencial 480.000 dólares. En todos los casos se trata de dinero en efectivo que era trasladado en maletas o en sobres, ya que ello permitía evadir el registro en el sistema bancario.
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La situación judicial en contra de la excandidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, quedó alterada por una investigación periodística que reveló que ella misma recibió en persona fondos millonarios para financiar de manera ilegal sus campañas electorales en 2011 y 2016. Los documentos de la fiscalía que develan una detallada lista de los personajes vinculados con la dirigente del partido Fuerza Popular, a los que varios empresarios les habrían entregado millones de dólares en efectivo que no fue reportado en los gastos oficiales y que jamás pasaron por el circuito bancario.
De acuerdo con la agenda del proceso, las audiencias se reanudarán el próximo miércoles, aunque el inicio formal del juicio podría postergarse hasta principios de 2023. Ese día, el fiscal volverá a exponer los delitos que adjudica a los 42 acusados con base en casi 2.000 pruebas que ha reunido desde que comenzó la investigación a fines de 2018. En octubre de ese año Fujimori fue detenida por este caso pero, después de pasar 15 meses en prisión preventiva, fue puesta en libertad y en 2021 se postuló por tercera vez a la presidencia. Al igual que en las dos ocasiones anteriores, volvió a perder, ahora frente a Pedro Castillo.
Durante la campaña presidencial del año pasado, la investigación en contra de Fujimori se aletargó, pero una vez que no tuvo más remedio que reconocer su derrota después de haber promovido un intenso conflicto postelectoral, el proceso judicial se reactivó. A fines de diciembre el fiscal presentó las pruebas de sus acusaciones en un extenso legajo de miles de páginas en el que demostró que, previo a la campaña de 2011, el entorno de la candidata recibió más de tres millones de dólares por parte de Odebrecht, la principal empresa brasileña involucrada en la causa conocida como Lava Jato, además de más fondos ilegales aportados por otros empresarios peruanos.
En ese momento Fujimori competía para vencer a Ollanta Humala, e incluso se le imputa haber prometido a sus financistas el armado de una red de jueces y fiscales afines para garantizar impunidad. Los planes se frustraron porque perdió en segunda vuelta. Cinco años más tarde, se postuló por segunda ocasión consecutiva a la presidencia, pero fue derrotada por Pedro Pablo Kuczynski. Durante la campaña, el partido Fuerza Popular realizó varias reuniones sociales en las que recaudó 4,6 millones de dólares, pero solo pudo justificar la procedencia el 30 % de los recursos. Por eso, esta parte de la investigación fue batuizada como “Caso cocteles”.
Otro detalle a destacar es que el expediente elaborado por la fiscalía se basa en documentos contables de las empresas que sí dejaron registro de los aportes que realizaron a las campañas de Fujimori. Ni siquiera se preocuparon por esconderlos. Así, de acuerdo con los registros de la empresa Sudamericana de Fibras, Fujimori se presentó el 20 de febrero de 2013 en persona para recibir 50.000 dólares en efectivo. Antes, en cinco reuniones ocurridas entre el 22 de septiembre de 2010 y el 3 de junio de 2011, el empresario Juan Rassmuss le entregó 3,6 millones de dólares. El delito se agrava porque, justo en esa época, Fujimori era congresista.
Por otra parte, el banquero Dionisio Romero Paoletti ya proporcionó los documentos que prueban que entre marzo y mayo 2016 le entregó a la entonces candidata presidencial 480.000 dólares. En todos los casos se trata de dinero en efectivo que era trasladado en maletas o en sobres, ya que ello permitía evadir el registro en el sistema bancario.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 22, 2022