Hay trascendidos públicos en el sentido que en algún momento – no determinado- hay quienes sostienen en el Pro, que podría haber una amnistía para los condenados por delitos de lesa humanidad. Hablamos de condenados en forma “legal” respetando la Constitución Nacional. Condenados en juicios “republicanos” respetándose todas las normas del debido proceso legal.
Otro tema aún no resuelto en forma inexplicable es el de los detenidos, presos en cárceles sin “condena previa” hecho por demás grave en un sistema democrático y republicano. La sociedad y los congresales ya deberían comenzar a discutir en forma madura, en forma racional y objetiva hechos y realidades que muchos prefieren ocultar. Han transcurrido desde aquella época hasta ahora muchos años y es hora que se comience a debatir “La historia objetiva” de todo lo ocurrido “tristemente” en nuestro país, sin ocultamientos y asumiendo todos los actores la responsabilidad histórica y en forma patriótica. La sociedad debe estar preparada para un referendum sobre esa amnistía. Hay que acelerar el debate nacional, es necesario y urgente. El país necesita lograr una pacificación definitiva. Debemos mirar al futuro en homenaje y por el bien de nuestros hijos y futuras generaciones.
Hay una Política de Estado en materia de Derechos Humanos con respecto a los Delitos de Lesa Humanidad pero hay demasiado silencio sobre los aspectos jurídicos-constitucionales de los procesos judiciales. Es inadmisible bajo todo punto de vista que sean en muchos casos los derrotados en esa guerra civil que exitió, que hoy condenen a quienes los vencieron en aquel enfrentamiento armado. Jueces ex-terroristas, Jueces parientes directos de ex-terroristas, testigos ex-terroristas, utilización de pruebas falsas son los que hoy condenan a sus antiguos enemigos en esa guerra civil. Guerra civil que por otra parte existió y reconocida por el propio terrorismo en su momento.
En mi opinión es urgente que la Corte Suprema se expida e intervenga en estos inaceptables e ilegales procesos judiciales ya que los juicios de lesa humanidad reconocidos como Política de Estado deben someterse a lo que dictamine la Constitución Nacional. Es necesario que el Colegio de Abogados o bien los Colegios de Abogados estudien con detenimiento la validez constitucional de los mencionados procesos, y elaboren un dictamen y opinión. En el Congreso de la Nación se deberían formar comisiones -lo más pluralistas posibles- para intercambiar ideas y reunir todos los antecedentes históricos. Los congresales deberían volver a reeleer las actas que se elaboraron en la Camara de Senadores y Diputados de la Nación para que podamos todos los argentinos comprender que el golpe civico-militar del año 1976 no fue fruto de un deseo de los golpistas sino que fue fruto de una situación gravísima que existía en la sociedad argentina. Conozco porque he leído con detenimiento las declaraciones públicas de importantes y reconocidos políticos de nuestro país que ya no soportaban la violencia que había durante el Gobierno de María Estela Martinez de Peron. En la Argentina no hubo jovenes idealistas como algunos nos quieren hacer creer, hubo criminales que mataron a inocentes y se enriquecieron con secuestros y muertes. El proceso civico-militar cometió errores y crimines inaceptables e inhumanos. Todos los actores deben reconocer sus errores. Después de tantos años de democracia todavía nadie discute con objetividad la historia argentina. Es imperioso hacerlo para ir preparando a la sociedad para un referendun que decida defintivamente si en la Argentina habrá una amnistía general para los delitos de lesa humanidad. Mientras tanto es necesario como he dicho discutir la validez jurídico-constitucional de juicios que yo considero son “ilegales”.
Por Francisco Bénard.
Hay trascendidos públicos en el sentido que en algún momento – no determinado- hay quienes sostienen en el Pro, que podría haber una amnistía para los condenados por delitos de lesa humanidad. Hablamos de condenados en forma “legal” respetando la Constitución Nacional. Condenados en juicios “republicanos” respetándose todas las normas del debido proceso legal.
Otro tema aún no resuelto en forma inexplicable es el de los detenidos, presos en cárceles sin “condena previa” hecho por demás grave en un sistema democrático y republicano. La sociedad y los congresales ya deberían comenzar a discutir en forma madura, en forma racional y objetiva hechos y realidades que muchos prefieren ocultar. Han transcurrido desde aquella época hasta ahora muchos años y es hora que se comience a debatir “La historia objetiva” de todo lo ocurrido “tristemente” en nuestro país, sin ocultamientos y asumiendo todos los actores la responsabilidad histórica y en forma patriótica. La sociedad debe estar preparada para un referendum sobre esa amnistía. Hay que acelerar el debate nacional, es necesario y urgente. El país necesita lograr una pacificación definitiva. Debemos mirar al futuro en homenaje y por el bien de nuestros hijos y futuras generaciones.
Hay una Política de Estado en materia de Derechos Humanos con respecto a los Delitos de Lesa Humanidad pero hay demasiado silencio sobre los aspectos jurídicos-constitucionales de los procesos judiciales. Es inadmisible bajo todo punto de vista que sean en muchos casos los derrotados en esa guerra civil que exitió, que hoy condenen a quienes los vencieron en aquel enfrentamiento armado. Jueces ex-terroristas, Jueces parientes directos de ex-terroristas, testigos ex-terroristas, utilización de pruebas falsas son los que hoy condenan a sus antiguos enemigos en esa guerra civil. Guerra civil que por otra parte existió y reconocida por el propio terrorismo en su momento.
En mi opinión es urgente que la Corte Suprema se expida e intervenga en estos inaceptables e ilegales procesos judiciales ya que los juicios de lesa humanidad reconocidos como Política de Estado deben someterse a lo que dictamine la Constitución Nacional. Es necesario que el Colegio de Abogados o bien los Colegios de Abogados estudien con detenimiento la validez constitucional de los mencionados procesos, y elaboren un dictamen y opinión. En el Congreso de la Nación se deberían formar comisiones -lo más pluralistas posibles- para intercambiar ideas y reunir todos los antecedentes históricos. Los congresales deberían volver a reeleer las actas que se elaboraron en la Camara de Senadores y Diputados de la Nación para que podamos todos los argentinos comprender que el golpe civico-militar del año 1976 no fue fruto de un deseo de los golpistas sino que fue fruto de una situación gravísima que existía en la sociedad argentina. Conozco porque he leído con detenimiento las declaraciones públicas de importantes y reconocidos políticos de nuestro país que ya no soportaban la violencia que había durante el Gobierno de María Estela Martinez de Peron. En la Argentina no hubo jovenes idealistas como algunos nos quieren hacer creer, hubo criminales que mataron a inocentes y se enriquecieron con secuestros y muertes. El proceso civico-militar cometió errores y crimines inaceptables e inhumanos. Todos los actores deben reconocer sus errores. Después de tantos años de democracia todavía nadie discute con objetividad la historia argentina. Es imperioso hacerlo para ir preparando a la sociedad para un referendun que decida defintivamente si en la Argentina habrá una amnistía general para los delitos de lesa humanidad. Mientras tanto es necesario como he dicho discutir la validez jurídico-constitucional de juicios que yo considero son “ilegales”.
Dr.Francisco Bénard
Abogado, Periodista, Escritor y Poeta
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 20, 2016
Tags: Aberraciones jurídicas en ArgentinaRelated Posts
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