La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes al Estado argentino por su responsabilidad en el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994. El organismo consideró responsable a la Argentina por violar los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la mutual judía, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. El fallo responde a un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa por la falta de esclarecimiento del ataque, a poco más de un mes de cumplirse 30 años del hecho.
El Estado sudamericano resultó condenado por “la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por sus responsabilidades en el encubrimiento”. El fallo ordena a las autoridades del país que “remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento en un plazo razonable”, y encomienda la “construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas”.
“El Estado vulneró el derecho de acceso a la información por no haber garantizado un acceso real a los archivos estatales con documentación sobre el atentado y el derecho a la verdad por haber encubierto el atentado y obstaculizado su investigación”, indica el documento de la Corte.
En 1999, Memoria Activa con el patrocinio del CELS, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) graves irregularidades en la investigación y la falta de justicia. En 2019, la CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado argentino porque no pudo evitar el atentado teniendo la información para hacerlo y por la falta de verdad y justicia. En octubre de 2022, en audiencias celebradas en Uruguay, el Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber preservado la vida de las víctimas del atentado. Tras esa instancia, el tribunal pasó a sesionar y este viernes dictó el fallo.
El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba se estrelló contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, dejando un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Más de un cuarto de siglo después del ataque, no ha sido arrestado ninguno de los autores ni juzgado ni un solo sospechoso. La Justicia argentina apuntó a principios de abril en un fallo que los atentados a la Embajada de Israel, ocurrido dos años antes, y a la AMIA, fueron responsabilidad de la organización fundamentalista islámica Hezbolá, patrocinada por el Gobierno de Irán.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes al Estado argentino por su responsabilidad en el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994. El organismo consideró responsable a la Argentina por violar los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la mutual judía, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. El fallo responde a un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa por la falta de esclarecimiento del ataque, a poco más de un mes de cumplirse 30 años del hecho.
El Estado sudamericano resultó condenado por “la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por sus responsabilidades en el encubrimiento”. El fallo ordena a las autoridades del país que “remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento en un plazo razonable”, y encomienda la “construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas”.
“El Estado vulneró el derecho de acceso a la información por no haber garantizado un acceso real a los archivos estatales con documentación sobre el atentado y el derecho a la verdad por haber encubierto el atentado y obstaculizado su investigación”, indica el documento de la Corte.
En 1999, Memoria Activa con el patrocinio del CELS, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) graves irregularidades en la investigación y la falta de justicia. En 2019, la CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado argentino porque no pudo evitar el atentado teniendo la información para hacerlo y por la falta de verdad y justicia. En octubre de 2022, en audiencias celebradas en Uruguay, el Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber preservado la vida de las víctimas del atentado. Tras esa instancia, el tribunal pasó a sesionar y este viernes dictó el fallo.
El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba se estrelló contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, dejando un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Más de un cuarto de siglo después del ataque, no ha sido arrestado ninguno de los autores ni juzgado ni un solo sospechoso. La Justicia argentina apuntó a principios de abril en un fallo que los atentados a la Embajada de Israel, ocurrido dos años antes, y a la AMIA, fueron responsabilidad de la organización fundamentalista islámica Hezbolá, patrocinada por el Gobierno de Irán.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 15, 2024
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