El fallo de la Corte Suprema chilena de liberar a un grupo de militares condenados por violaciones de los derechos humanos en el período del gobierno militar de Augusto Pinochet durante los años de 1973 hasta 1990, resucitó la polémica en Chile por las concesiones a procesados por crímenes de lesa humanidad.
La Corte Suprema concedió el martes la libertad condicional a cinco y ayer a otros dos ex agentes del régimen castrense tras acoger favorablemente sendos recursos de amparo interpuestos por sus abogados.
Augusto Pinochet y Salvador Allende
“Los amparados cumplen con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional y no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad”, alegó el tribunal actuante.
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Los favorecidos con el fallo son en su mayoría oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas que cumplían sentencias por violaciones de los derechos humanos ocurridas durante los casi 17 años del mandato de Pinochet. Tras la sentencia judicial, los siete militares quedaron en condiciones de dejar el penal de Punta Peuco (ubicado al norte de Santiago de Chile) donde están recluidos y condenados los elementos que pertenecieron a la policía secreta de Pinochet.
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Los liberados fueron el exoficial Manuel Antonio Pérez Santillán, quien había sido condenado por el crimen del químico Eugenio Berríos, ocurrido en 1991; y el suboficial retirado de Carabineros Gamaliel Soto, sentenciado a 10 años por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno en 1974.
Además, recibieron el beneficio los antiguos suboficiales mayores Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda y José Quintanilla Fernández, quienes habían sido encarcelados, con una condena de 5 años y un día de prisión. Fueron hallados culpables de la detención y tortura de Nizca Báez y la desaparición de su esposo, el estudiante universitario y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Alonso Lazo Rojas, hecho ocurrido en 1975. Fueron puestos en libertad también Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos por haber cumplido al menos la mitad de la pena.
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La resolución el máximo Tribunal de Justicia fue duramente criticada por organismos defensores de los derechos humanos. “Esta resolución, que es preocupante, es grave, está violando todos los principios y las jurisprudencias de los tribunales penales internacionales sobre beneficios carcelarios a genocidas o criminales de lesa humanidad”, señaló Carmen Hertz, abogada en casos de derechos humanos y diputada del Partido Comunista.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, estimó que la decisión pone a la Corte Suprema “al mismo nivel que estuvo durante los años de la dictadura cívico-militar”. La dirigente, que encabezó ayer una protesta en frente de los tribunales, dijo que la organización evalúa recurrir a instancias internacionales.
El dictamen judicial se produce a poco más de un mes de que se cumplan 45 años del golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
El fallo de la Corte Suprema chilena de liberar a un grupo de militares condenados por violaciones de los derechos humanos en el período del gobierno militar de Augusto Pinochet durante los años de 1973 hasta 1990, resucitó la polémica en Chile por las concesiones a procesados por crímenes de lesa humanidad.
La Corte Suprema concedió el martes la libertad condicional a cinco y ayer a otros dos ex agentes del régimen castrense tras acoger favorablemente sendos recursos de amparo interpuestos por sus abogados.
Augusto Pinochet y Salvador Allende
“Los amparados cumplen con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional y no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad”, alegó el tribunal actuante.
[ezcol_2fifth]Los favorecidos con el fallo son en su mayoría oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas que cumplían sentencias por violaciones de los derechos humanos ocurridas durante los casi 17 años del mandato de Pinochet. Tras la sentencia judicial, los siete militares quedaron en condiciones de dejar el penal de Punta Peuco (ubicado al norte de Santiago de Chile) donde están recluidos y condenados los elementos que pertenecieron a la policía secreta de Pinochet.
[/ezcol_2fifth] [ezcol_3fifth_end]Los liberados fueron el exoficial Manuel Antonio Pérez Santillán, quien había sido condenado por el crimen del químico Eugenio Berríos, ocurrido en 1991; y el suboficial retirado de Carabineros Gamaliel Soto, sentenciado a 10 años por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno en 1974.
Además, recibieron el beneficio los antiguos suboficiales mayores Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda y José Quintanilla Fernández, quienes habían sido encarcelados, con una condena de 5 años y un día de prisión. Fueron hallados culpables de la detención y tortura de Nizca Báez y la desaparición de su esposo, el estudiante universitario y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Alonso Lazo Rojas, hecho ocurrido en 1975. Fueron puestos en libertad también Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos por haber cumplido al menos la mitad de la pena.
[/ezcol_3fifth_end]La resolución el máximo Tribunal de Justicia fue duramente criticada por organismos defensores de los derechos humanos. “Esta resolución, que es preocupante, es grave, está violando todos los principios y las jurisprudencias de los tribunales penales internacionales sobre beneficios carcelarios a genocidas o criminales de lesa humanidad”, señaló Carmen Hertz, abogada en casos de derechos humanos y diputada del Partido Comunista.
[ezcol_1quarter].[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Lorena Pizarro
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Carmen Hertz
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end].[/ezcol_1quarter_end]En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, estimó que la decisión pone a la Corte Suprema “al mismo nivel que estuvo durante los años de la dictadura cívico-militar”. La dirigente, que encabezó ayer una protesta en frente de los tribunales, dijo que la organización evalúa recurrir a instancias internacionales.
El dictamen judicial se produce a poco más de un mes de que se cumplan 45 años del golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 2, 2018
Tags: Augusto Pinochet, Carmen Hertz, Chile, Lorena Pizarro, Salvador AllendeRelated Posts
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