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Históricamente, las crisis monetarias se han relacionado con la hiperinflación, fenómeno que Argentina ha sufrido con frecuencia. La hiperinflación se considera generalmente una calamidad que conduce a la destrucción del sistema monetario capitalista de circulación. Sin embargo, en la actual crisis argentina, se ha producido una implosión total de las relaciones económicas y monetarias debido a la hiperdeflación. Esto representa el estrangulamiento de la economía por la exigencia de pagar una deuda insostenible.

Existe una diferencia sustancial entre hiperinflación e hiperdeflación. En la hiperinflación, los precios se disparan sin cesar a una velocidad cada vez mayor. Aquellas clases cuyos ingresos no están totalmente indexados a los precios y que no poseen viviendas ni otros activos fijos pierden terreno rápidamente. En la hiperdeflación, en cambio, los precios no retroceden. Hoy en día, en casi todo el mundo, prevalece el sistema del capital monopolista. Las grandes corporaciones, las grandes empresas minoristas y el capital financiero concentrado son sus características distintivas. Como consecuencia del capital monopolista, la deflación, incluso cuando se agrava hasta convertirse en hiperdeflación, no produce una caída de los precios. Estos continúan subiendo, aunque a un ritmo moderado. En este contexto, los precios de los servicios públicos (transporte, servicios médicos, impuestos municipales, etc.) aumentan para incrementar los ingresos con fines presupuestarios. El presupuesto del gobierno nacional debe ser austero, con un déficit mínimo o nulo, especialmente en áreas no relacionadas con los intereses capitalistas, como el gasto en seguridad social; por lo tanto, la política deflacionaria viene oficialmente dictada por la necesidad de pagar la deuda externa. Mientras tanto, bajo el mismo principio de austeridad, se impone una congelación salarial a los trabajadores. Los asalariados pierden, ya que sus salarios se congelan mientras los precios crecen lentamente y los servicios sociales se reducen. Por consiguiente, la hiperdeflación no implica una caída drástica de los precios, sino más bien un colapso de la demanda real, la producción y el empleo.

La hiperdeflación argentina es el resultado directo del intento de integrar la economía al sistema financiero capitalista internacional mediante la imposición permanente de una política antiinflacionaria y antiexpansiva. Al hacerlo, la clase capitalista argentina, apoyada e impulsada por el Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), primero destruyó el sistema nacional de seguridad social y la red de bienestar, y en los últimos dos años, generó un colapso total de la economía hasta el punto de bloquear la circulación monetaria. Todo este episodio constituye un importante caso histórico en el que los intereses de la clase nacional convergieron con los intereses financieros internacionales, lo que finalmente condujo a la destrucción del sustento de la mayor parte del pueblo argentino, el 50% del cual vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza.

La Mecánica de la Crisis
La crisis política de este importante país sudamericano estalló formalmente cuando, en la primera semana de diciembre de 2001, el FMI decidió retener un préstamo de 1.300 millones de dólares aprobado para el servicio de la deuda externa del país, que ascendía a 142.000 millones de dólares. El FMI afirmó que el gobierno, entonces liderado por el presidente Fernando De la Rúa del Partido Radical, no estaba cumpliendo su compromiso de recortar aún más el gasto. Esta afirmación era falsa. Desde el otoño de 2000, cuando el gobierno argentino inició una nueva ronda de negociaciones con el FMI, hasta el levantamiento de Buenos Aires en diciembre pasado, el gobierno recortó sistemáticamente el gasto. Privatizó la seguridad social y recortó los fondos de las provincias, obligando a muchas de ellas a utilizar dinero fiduciario para cumplir con sus pagos. Durante el verano, el ministro de Economía, Domingo Cavallo —un protegido del FMI que, por cierto, fue subsecretario del Interior (Departamento de Policía Federal) durante la sangrienta dictadura militar de 1981— se fijó como meta un déficit presupuestario cero. Si no se alcanzó el objetivo, no fue por falta de esfuerzo, sino por la creciente crisis social, con un desempleo que llegó al 18 por ciento y un porcentaje similar clasificado como subempleado. Inmediatamente después de que el FMI retuviera el préstamo, el gobierno emprendió una ronda de recortes aún más severa, que incluyó la congelación de las cuentas bancarias de los ciudadanos y la limitación de los retiros a 250 dólares semanales. Fue entonces cuando el pueblo de Buenos Aires se alzó contra el gobierno.

La deuda argentina
La explosión de la deuda del país comenzó con el régimen militar en el poder entre 1976 y 1983. En total, la deuda externa se multiplicó casi por cuatro, pasando de 9.700 millones de dólares en 1976 a 35.700 millones en 1981. El componente público de la deuda se incrementó significativamente debido a la compra de armamento, para gran satisfacción del gobierno estadounidense, que apoyaba la represión de las fuerzas populares por parte de los militares argentinos y deseaba la participación de la dictadura en la represión y la tortura en Centroamérica. Sin embargo, a pesar del aumento del gasto público, el sector privado fue el principal prestatario externo. El componente público de la deuda externa fue, de hecho, menor en 1981 (56%) que en 1976 (68%). Por consiguiente, el crecimiento de la deuda fue más pronunciado en el sector privado que en el público.

En Argentina, la dictadura militar de 1976-1983 representó la vanguardia del neoliberalismo. Introdujo una nueva ley de inversión extranjera que facilitaba las adquisiciones y la inversión financiera, a la vez que liberaba el tipo de cambio del control gubernamental. Anticipando lo que sucedería dos décadas después, estas medidas atrajeron capital del extranjero, mientras que las compañías financieras y los bancos internacionales, inundados de dinero gracias al aumento del precio del petróleo, impulsaban agresivamente los préstamos a países del tercer mundo. Si bien Argentina no era un país tradicionalmente del tercer mundo, no fue la excepción. Cabe destacar, sin embargo, que la orientación neoliberal de los militares no habría sido posible sin el exterminio físico de los activistas de las fuerzas populares. La dictadura militar propició una estrecha alianza entre multinacionales, capital financiero y élites empresariales locales, una alianza que se consolidó como dominante durante la década de 1980. Este bloque revirtió la estrategia de sustitución de importaciones que caracterizó el considerable crecimiento industrial de Argentina en la década de 1960. Fue bajo esta alianza que se produjo la explosión de la deuda externa, mientras que el sistema productivo comenzó a sufrir una desindustrialización crónica.¹

Para 1981, el régimen militar se encargó de absorber la deuda externa privada, obteniendo, en el proceso, el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Tras la caída de la dictadura, el presidente Raúl Alfonsín, del Partido Radical, continuó la política de socialización de la deuda, a petición expresa de los países acreedores. Como detalla Eduardo Basualdo (véase la nota 1), el Banco Central y las empresas privadas acordaban un tipo de cambio específico, con respecto al dólar, para la revaluación de la deuda externa denominada en dólares a la moneda local, que se devaluaba progresivamente. Al transferir la deuda al Estado, las empresas recibían un subsidio correspondiente a la diferencia entre el tipo de cambio acordado y el real (ahora depreciado). Gracias a diversos mecanismos, todos basados ​​en este principio, las empresas privadas se liberaron de la mayor parte de su deuda. Inicialmente, las principales beneficiarias fueron las multinacionales, que también habían sido las principales prestatarias, pero posteriormente la política se extendió a las empresas argentinas.

Esta socialización de la deuda privada tuvo consecuencias perjudiciales para la economía. Antes de la dictadura militar apoyada por Estados Unidos (1976-1983), las relaciones económicas externas de Argentina se caracterizaban por crisis cíclicas de balanza de pagos. En un país semiindustrializado, los períodos de crecimiento generan un aumento de las importaciones de productos industriales superior a las exportaciones de productos primarios. El déficit externo resultante obliga a las autoridades a desacelerar la economía (reducir las importaciones) mediante la creación de una recesión interna. Sin embargo, la deuda privada, convertida en pública, contraída durante el régimen militar, cambió la naturaleza del problema. El problema externo dejó de ser cíclico para convertirse en permanente, mientras que el vínculo con la economía interna se volvió mucho más grave, ya que la carga de la deuda provocó la desestabilización de las finanzas públicas y la deriva hacia la hiperinflación, al imprimir el gobierno dinero para financiar sus gastos internos.

A finales de la década de 1980, el nuevo presidente, el peronista Carlos Menem, prometió acabar con la hiperinflación y el estancamiento mediante un plan que también reintegraría a las clases capitalistas argentinas al ámbito financiero internacional. En 1991, el gobierno de Menem promulgó discretamente una ley, diseñada por el mencionado Domingo Cavallo. Esta ley introdujo una reforma monetaria que vinculaba legalmente la nueva unidad monetaria, el peso, al dólar estadounidense en una paridad uno a uno. La necesidad de combatir el círculo vicioso de hiperinflación-devaluación-hiperinflación se consideró la justificación de la estricta paridad dólar-peso. Se suponía que la estabilización resultante detendría la constante revaluación de la deuda externa denominada en dólares, permitiendo así que las clases dirigentes argentinas se integraran a la comunidad financiera mundial.

Desde la ley de 1991, la deuda privada se multiplicó por once, mientras que la deuda pública creció menos del 60%, alcanzando un total de 142 mil millones de dólares a finales de 2001. En esencia, durante los últimos veinte años, la población argentina ha estado sometida, secuencialmente, al siguiente mecanismo: el Estado asume la carga de la deuda externa privada; el sector privado continúa acumulando deuda, mientras que el Estado privatiza sus actividades públicas, generando así beneficios financieros (rentas) para las empresas privadas, tanto nacionales como internacionales; y, posteriormente, el Estado traslada la carga de la deuda a toda la economía, especialmente a la población trabajadora, obligándola a generar un superávit financiero a expensas de los salarios, los servicios sociales y la inversión pública.

Estabilización y colapso en la hiperdeflación
La validación económica de la ley aprobada en 1991 dependía de un mecanismo automático que establecía que la creación monetaria interna debía corresponder al saldo neto de dólares que ingresaban al país. Teóricamente, el equilibrio entre la entrada neta de dólares y la creación monetaria interna puede garantizarse mediante (a) grandes superávits en las cuentas corrientes (exportaciones mayores que importaciones) o (b) entradas netas de capital. Lograr que la cuenta corriente sostenga todo el proceso de creación monetaria es imposible, ya que requeriría un superávit muy grande en relación con el ingreso nacional. Además, a lo largo de su historia de posguerra, Argentina tendió a tener un superávit en la balanza comercial pero un déficit en la balanza de pagos. Esta es una situación común para los países cuyos vínculos productivos con el resto del mundo se realizan a través del sector de materias primas.² El superávit en el sector comercial se ve más que compensado por el pago al exterior de intereses, dividendos, seguros y otros servicios. En cuanto a las entradas de capital, estas pueden estimularse mediante (1) la dinámica de la demanda, de modo que las empresas extranjeras deseen invertir allí; (2) la transformación del país en una plataforma de exportación barata como México; (3) la privatización de actividades públicas como los servicios públicos, donde siempre se garantiza un flujo constante de rentas; y (4) el endeudamiento en los mercados financieros internacionales. La primera condición, la solidez de la demanda, era inexistente, ya que el país había estado sumido durante toda la década de 1980 en una crisis económica con hiperinflación. La paridad fija entre el dólar y el peso redujo el atractivo del país como plataforma de exportación, por lo que la implementación del programa de estabilización basado en la paridad dólar-peso dependió de la privatización y de un mayor endeudamiento.

La reforma monetaria de Menem coincidió plenamente con los intereses, las opiniones y las aspiraciones de las instituciones financieras privadas, tanto locales como internacionales, y su política recibió el pleno respaldo de Washington, sin el cual su implementación no habría sido posible. La privatización y la austeridad presupuestaria atrajeron capital, expandiendo así la creación monetaria interna y generando una euforia que, entre 1991 y 1995, produjo una tasa de crecimiento superior al 4% anual, una de las más altas desde 1945. Las clases dirigentes argentinas creyeron haber regresado al seno del mundo capitalista avanzado. Pero tan pronto como se puso en marcha la reforma monetaria, el país perdió su tradicional superávit en la balanza comercial, aunque no de forma drástica. Sin embargo, siguió registrando una creciente salida de ingresos por inversiones destinada al pago de intereses y dividendos en el extranjero. En consecuencia, el saldo general de la cuenta corriente se deterioró notablemente, lo que incrementó la dependencia de las entradas de capital. La fragilidad de la fase de crecimiento quedó patente con la recesión provocada por la crisis mexicana de principios de 1995; a raíz de esta, la economía argentina se contrajo un 3%.

Temiendo un destino similar al de México, el capital financiero se mostró aprensivo, pero la crisis se superó temporalmente gracias a la expansión del comercio dentro del Mercosur (un mercado común que integra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), donde Brasil es, con diferencia, la mayor unidad económica. El gobierno de ese gran país también seguía una política de desregulación y de vinculación de la moneda local (el real) al dólar, aunque no tan estrictamente como el peso argentino. Esto mantuvo el valor del real elevado, mientras que la inflación brasileña se mantuvo alta en relación con la argentina. Este factor implicó una revaluación de la moneda brasileña, estimulando así las exportaciones argentinas (ahora más baratas). En 1989, alrededor del 11% de las exportaciones argentinas se dirigían al Mercosur. Para 1995, ese porcentaje había aumentado al 31,7%, y para 1998, justo antes del inevitable colapso brasileño, el Mercosur absorbía el 35% de las exportaciones argentinas. Las compañías financieras internacionales consideraban tanto a Brasil como a Argentina como mercados emergentes, con monedas de alto valor y alto riesgo. Así, por un lado, les estaban imponiendo préstamos —que los voraces y rapaces capitalistas locales estaban más que dispuestos a conceder, ya que, de todos modos, serían los asalariados quienes tendrían que pagar—, pero por otro lado, querían protegerse contra el llamado riesgo país. Las entidades financieras y las casas de bolsa no son ingenuas. Saben que Brasil y Argentina no son Estados Unidos, cuyo déficit externo puede financiarse mediante la emisión de bonos que serán aceptados por el resto del mundo sin imponer límites a las autoridades monetarias estadounidenses. En el caso de los países periféricos, un déficit externo persistente y creciente se traduce inmediatamente en una amenaza de insolvencia. Tanto en Argentina como en Brasil, los déficits externos aumentaban porque la estabilización de la moneda implicaba una pérdida de producción nacional en favor de las importaciones. Por lo tanto, con la crisis mexicana de 1995, el tipo de interés adicional por riesgo país aplicado a los préstamos argentinos aumentó considerablemente. Cuando Brasil colapsó en 1998, provocando una devaluación del 40% del real, la situación también se complicó para Argentina.

La crisis brasileña disipó cualquier ilusión sobre la posibilidad de crecimiento a largo plazo en los países del Cono Sur de América Latina. También puso de manifiesto una verdad fundamental para quienes no se dejaron cegar por el espejismo de las ganancias espectaculares de la especulación financiera: la producción real no podía sostener la enorme carga de deuda e intereses de Argentina. Este es, sin duda, el punto crucial. Ningún nivel razonable de exportaciones netas habría bastado para sacar al país de la trampa de la deuda. Sin la carga de la deuda, el déficit argentino, si bien empeoraba, no era dramático, especialmente en el comercio de mercancías. La mayor parte del daño se produjo por la salida de fondos destinados a pagos de intereses, repatriación de dividendos y servicios. A esto hay que añadir la exportación de capital realizada por las clases capitalistas argentinas. Tras la crisis brasileña, la tasa de interés por riesgo país se disparó y siguió aumentando cuando quedó claro que Argentina no sería capaz de generar ni siquiera un flujo neto mínimo de fondos a partir de sus operaciones con el resto del mundo. En consecuencia, la paridad peso-dólar que sostenía la nueva ola de privatizaciones y especulación financiera no pudo mantenerse por mucho tiempo. El Tesoro estadounidense y el FMI lo sabían desde el principio, pero insistieron en los planes de austeridad, cuyo verdadero propósito era poner a la venta los activos del país.

La conexión clasista entre el capital financiero internacional y local se evidencia en el hecho de que el ajuste total de la deuda externa recayó sobre la economía real, mientras que el capital fue atraído con promesas de ganancias fáciles mediante privatizaciones, tasas monopolísticas indexadas al dólar en caso de devaluación (en servicios públicos, por ejemplo) y la libertad de abandonar el país rápidamente. Los efectos debilitantes, e incluso devastadores, de estas políticas se manifiestan en la persistente desindustrialización y la creciente explotación de los trabajadores, que afectaron al país incluso durante los años de euforia económica. Entre 1992 y 2000, la productividad laboral por hora aumentó cerca del 45%, mientras que los salarios nominales se estancaron y los salarios reales disminuyeron. Durante el mismo período, la capacidad productiva ociosa se mantuvo elevada, en torno al 30% de la capacidad potencial. Esta aumentó aún más a medida que el crecimiento se estancaba y la crisis se agudizaba. Estos factores, en conjunto, generaron, desde el período de euforia económica en adelante, una tasa persistentemente alta de desempleo y subempleo que afecta actualmente a más del 40% de la población activa. Además, el impacto estructural del período de liberalización financiera está poniendo en peligro la posibilidad de una recuperación, incluso asumiendo el ascenso al poder de una alianza progresista. El valor de los bienes de capital importados y las piezas de repuesto para maquinaria aumentó del 25% del total de las importaciones en 1991 al 45% en 1998. Esto significa que la desindustrialización ha llegado al extremo de impedir el establecimiento de una mínima autonomía en el funcionamiento y la planificación del aparato productivo. En este sentido, Argentina ha descendido aún más en la escala de las economías en desarrollo y ahora se encuentra en una posición mucho más débil para emprender programas destinados a erradicar la pobreza y la recesión.

El año 2000 fue testigo de la formación de un amplio frente social contra la alianza entre el gobierno, el FMI y los operadores financieros. Se produjeron manifestaciones masivas contra las negociaciones con el FMI, que se consideraban, con razón, como una vía hacia una mayor austeridad y una crisis económica. Pero ni el gobierno ni la oposición peronista, que llegó a proponer una dolarización total de la economía, estaban interesados ​​en salir del mecanismo de dependencia financiera. El FMI intentó abrir aún más la puerta a la liberalización financiera. Cada ronda de negociaciones implicaba nuevas medidas de austeridad y, como si todo estuviera orquestado, los prestamistas internacionales aumentaban la presión elevando el tipo de interés de riesgo de los préstamos. Así, las instituciones financieras —nacionales e internacionales— se convirtieron en usureras, y el FMI en el cobrador de deudas con tácticas de estrangulamiento. Sin embargo, el paquete de préstamos negociado durante el otoño de 2000, que desencadenó la crisis, evidencia los estrechos vínculos entre el capital local y los grupos internacionales. La privatización del sistema de seguridad social fue el componente más importante y explosivo del acuerdo con el FMI. Esta medida no figuraba en el paquete original, pero el gobierno de De la Rua la quería para hacer un enorme favor a las aseguradoras privadas. Demasiado cobarde para presentar la medida directamente ante el Congreso, el gobierno pidió al FMI que incluyera la privatización como condición para los nuevos préstamos. La bonanza para las empresas privadas es evidente en la comisión del 30 por ciento que reciben por administrar los fondos que luego transfieren al gobierno a tasas de interés exorbitantes ajustadas al riesgo.

Para las clases compradoras y el gobierno argentino, la única forma de mantener el acuerdo cambiario con el dólar —del cual dependía toda la creación monetaria interna— era, tras haber vendido todos los activos nacionales posibles, endeudarse aún más. Sin embargo, cada endeudamiento adicional incrementaba la prima de riesgo exigida por los prestamistas. En julio de 2001, la emisión rutinaria de letras del Tesoro a tres meses se convirtió en una crisis cuando la tasa de interés solicitada se elevó del 9% al 14%, a pesar de la deflación persistente, lo que agrava considerablemente la carga real de los pagos de intereses. La respuesta del gobierno fue introducir restricciones adicionales, y el Ministro de Economía, Cavallo, anunció una política de déficit presupuestario cero, imposible de alcanzar. Evidentemente incapaz de lograr este objetivo, el gobierno fue notificado por el FMI a principios de diciembre de 2001 de que se le retendría un préstamo de 1.300 millones de dólares (exactamente la misma cantidad, en el mismo período, se le otorgó a Turquía, un país de importancia estratégica). La decisión del FMI llevó al gobierno a robar literalmente el dinero al público bloqueando las cuentas corrientes y los depósitos bancarios. Esto fue la gota que colmó el vaso y llevó a una amplia gama de clases sociales a las calles, expulsando a De la Rúa del poder. Pero incluso en los momentos de mayor angustia, la clase política pretendía beneficiar a las clases adineradas y a las empresas financieras manteniendo temporalmente la paridad peso-dólar mientras inventaba una nueva moneda, el argentino, no vinculada al dólar. Se suponía que los precios, los alquileres y los intereses se mantendrían en dólares o pesos, mientras que las pensiones y los salarios se pagarían en argentinos, cuyo valor se temía que se desplomaría frente al dólar o al peso. La población se percató de inmediato del engaño orquestado por el presidente interino, el peronista Rodríguez Saa, y lo expulsó a su vez. El actual presidente, Eduardo Duhalde, camina ahora sobre la cuerda floja entre restablecer los lazos con el FMI y evitar una nueva explosión de indignación popular.

De ajuste en ajuste, de deflación en deflación, las autoridades argentinas y el FMI han logrado el colapso de la moneda, sin la cual una economía capitalista no puede funcionar. Sin embargo, una restauración estable de las relaciones capitalistas en Argentina es improbable en el actual clima de crisis financiera mundial. Sería mucho más práctico abandonar cualquier vínculo con el FMI y sus clientes y avanzar directamente hacia la construcción de un sistema económico planificado basado en las necesidades sociales.

Notas: Fernando Hugo Azcurra, La “Nueva” Alianza Burguesa en Argentina (Buenos Aires: Dialectica, 1988); Eduardo M. Basualdo, Deuda Externa y Poder Económico en la Argentina (Buenos Aires: Editorial Nueva América, 1987).

El déficit por cuenta corriente de Estados Unidos es de naturaleza totalmente diferente. Estados Unidos tiene un déficit en la balanza comercial y un superávit en servicios, la mayoría de los cuales son financieros. Además, el origen del déficit estadounidense no radica en la dependencia estructural con respecto a otros países industrializados. Es, más bien, el resultado, como lo expresó Paul Sweezy, de los costos del imperialismo, incluyendo la necesidad de apoyar a Japón y Asia Oriental durante las guerras de Corea y Vietnam.

 

 

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Agosto 28, 2026