Desde el atrincheramiento autoritario y la corrupción persistente hasta los abusos generalizados de los derechos humanos, el ecosistema democrático en toda América Latina es frágil.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha adoptado una postura desafiante al concentrar el poder en el poder ejecutivo con la colaboración activa de la cámara legislativa. Mientras tanto, el Senado de Brasil ha respaldado los cargos penales contra el presidente Jair Bolsonaro por su mal manejo del COVID-19, uso irregular de fondos públicos y violación de las medidas sanitarias. En Haití, asolado por la crisis, la mayor parte del país languidece bajo las garras de bandas criminales. Argentina desborda de corrupción y su palacio de justicia se ha desmoronado. Chile, pese a los terribles tiempos económicos de Allende, vuelve a girar a la izquierda. En otras partes de la región, la mala gestión está motivando a los ciudadanos a alzarse en movimientos antisistema, como el que llevó al poder al presidente peruano Pedro Castillo.
BukeleAllende
Es por eso que las dos próximas decisiones internacionales ofrecen una oportunidad única para acordar una agenda de gobernanza democrática revitalizada para la región. A medida que las naciones de las Américas se unan para idear soluciones a sus deficiencias compartidas, se puede crear una hoja de ruta para ayudar a fortalecer las instituciones democráticas, luchar contra la corrupción y detener la influencia autoritaria.
Atrás quedaron los días en que la región era el patio trasero de Estados Unidos. Desde Chile hasta Panamá, las prácticas depredadoras chinas han dado lugar a desinformación selectiva, inversiones opacas y una mayor vigilancia. El impulso agresivo de China a través de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI), la diplomacia de las vacunas y el alcance económico ha dado sus frutos: hoy, solo un puñado de naciones centroamericanas y caribeñas, además de Paraguay, corren el riesgo de alienar a China al reconocer a Taiwán. Contrarrestar la creciente influencia de China en la región en las esferas de la infraestructura, la tecnología digital, el saneamiento y el cambio climático debería ser una prioridad geopolítica no solo para Estados Unidos, sino para todo el hemisferio occidental. Quedarse de brazos cruzados sería perjudicial para la gobernanza democrática en la región, ya que la “asistencia” de China tiene un precio.
Rusia también está activa en toda América Latina, apoyando dictaduras a través del suministro de armas, suministros de energía subsidiados e inteligencia. Irán, por su parte, tampoco ha abandonado su campaña de intromisión, y sigue avanzando en su agenda ideológica y militar en Venezuela (sobre todo), Bolivia, Cuba y Nicaragua. Impulsar la resiliencia a la influencia maligna de actores externos requiere un esfuerzo de toda la sociedad. Es necesaria una mayor conciencia de hasta qué punto los medios de comunicación locales, las instituciones gubernamentales vulnerables y los sectores económicos clave están infiltrados por un capital corrosivo para brindar a los ciudadanos una imagen clara de cómo los actores extranjeros intervienen en sus asuntos internos. La comunidad internacional también tiene un papel que desempeñar, incluso ofreciendo mecanismos alternativos para financiar proyectos de desarrollo. La propuesta de Build Back Better World para utilizar las palancas financieras estadounidenses —el Export-Import Bank, USAID y la Development Finance Corporation— para complementar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura y contrarrestar la BRI de China es un buen ejemplo.
Ginés González GarcíaCastillo
La corrupción continúa enconándose, ayudada por los escándalos que rodean la respuesta COVID-19, y está alimentando la indignación popular. En Perú, por ejemplo, los ministros recibieron un trato preferencial para las vacunas, y en Argentina, no hace mucho, los funcionarios del gobierno establecieron “clínicas de inmunización VIP” para familiares y amigos.
Más allá de estos casos de favoritismo y nepotismo, la crisis ha provocado un mayor debilitamiento de la independencia judicial y el estado de derecho. En Guatemala, el presidente Alejandro Eduardo Giammattei Falla ha presidido medidas dramáticas contra la supervisión judicial en los últimos meses, incluido el despido del principal fiscal anticorrupción del país. Estas maniobras, junto con economías de bajo rendimiento, han afectado aún más el apoyo público a los funcionarios electos y la confianza en el gobierno.
Por esta razón, el fortalecimiento de las agencias independientes de lucha contra la corrupción y los órganos de supervisión, que hasta hace poco habían logrado levantar el velo de la impunidad, debería ser la máxima prioridad. Cumplir con los compromisos asumidos como parte de la iniciativa Open Government Partnership, una organización multilateral para promover la transparencia y la buena gobernanza que comprende setenta y ocho países y setenta y seis gobiernos locales, también es fundamental, ya que muchos países se retrasan en la implementación de los compromisos adoptados anteriormente. .
XiMaduro
Las violaciones de derechos humanos siguen siendo un gran obstáculo para la consolidación democrática en América Latina. Los altos niveles de violencia, incluso contra activistas políticos y periodistas, limitan la libertad de expresión, debilitan los derechos laborales y socavan una prensa independiente. Según Reporteros sin Fronteras, América Latina fue la región más mortífera del mundo para los reporteros en 2019, y representó el 40 por ciento de los asesinatos de periodistas registrados a nivel mundial. La extorsión, la trata y los asesinatos selectivos perpetrados por bandas y redes criminales impactan de manera desproporcionada a las mujeres y otros grupos marginados como los pueblos indígenas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más de cuatro mil mujeres fueron asesinadas en la región en 2020, con las tasas de feminicidio más altas en Honduras, República Dominicana y El Salvador. Una respuesta eficaz a estos problemas profundamente arraigados implica fortalecer el estado de derecho y los sistemas de rendición de cuentas para brindar protección efectiva a las poblaciones vulnerables y justicia a las víctimas. Avanzar hacia la erradicación de la impunidad de los delincuentes es fundamental para restaurar la fe en el proceso democrático. Esto se puede hacer involucrando más directamente a los ciudadanos en el proceso de formulación de políticas y buscando campeones políticos y líderes en todos los niveles de gobierno que estén dispuestos a tomar las decisiones correctas. La situación actual es sombría en comparación con el pasado reciente, pero el autoritarismo, la corrupción sistémica y la inseguridad humana no son nuevos en América Latina.
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Desde el atrincheramiento autoritario y la corrupción persistente hasta los abusos generalizados de los derechos humanos, el ecosistema democrático en toda América Latina es frágil.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha adoptado una postura desafiante al concentrar el poder en el poder ejecutivo con la colaboración activa de la cámara legislativa. Mientras tanto, el Senado de Brasil ha respaldado los cargos penales contra el presidente Jair Bolsonaro por su mal manejo del COVID-19, uso irregular de fondos públicos y violación de las medidas sanitarias. En Haití, asolado por la crisis, la mayor parte del país languidece bajo las garras de bandas criminales. Argentina desborda de corrupción y su palacio de justicia se ha desmoronado. Chile, pese a los terribles tiempos económicos de Allende, vuelve a girar a la izquierda. En otras partes de la región, la mala gestión está motivando a los ciudadanos a alzarse en movimientos antisistema, como el que llevó al poder al presidente peruano Pedro Castillo.
Es por eso que las dos próximas decisiones internacionales ofrecen una oportunidad única para acordar una agenda de gobernanza democrática revitalizada para la región. A medida que las naciones de las Américas se unan para idear soluciones a sus deficiencias compartidas, se puede crear una hoja de ruta para ayudar a fortalecer las instituciones democráticas, luchar contra la corrupción y detener la influencia autoritaria.
Atrás quedaron los días en que la región era el patio trasero de Estados Unidos. Desde Chile hasta Panamá, las prácticas depredadoras chinas han dado lugar a desinformación selectiva, inversiones opacas y una mayor vigilancia. El impulso agresivo de China a través de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI), la diplomacia de las vacunas y el alcance económico ha dado sus frutos: hoy, solo un puñado de naciones centroamericanas y caribeñas, además de Paraguay, corren el riesgo de alienar a China al reconocer a Taiwán. Contrarrestar la creciente influencia de China en la región en las esferas de la infraestructura, la tecnología digital, el saneamiento y el cambio climático debería ser una prioridad geopolítica no solo para Estados Unidos, sino para todo el hemisferio occidental. Quedarse de brazos cruzados sería perjudicial para la gobernanza democrática en la región, ya que la “asistencia” de China tiene un precio.
Rusia también está activa en toda América Latina, apoyando dictaduras a través del suministro de armas, suministros de energía subsidiados e inteligencia. Irán, por su parte, tampoco ha abandonado su campaña de intromisión, y sigue avanzando en su agenda ideológica y militar en Venezuela (sobre todo), Bolivia, Cuba y Nicaragua. Impulsar la resiliencia a la influencia maligna de actores externos requiere un esfuerzo de toda la sociedad. Es necesaria una mayor conciencia de hasta qué punto los medios de comunicación locales, las instituciones gubernamentales vulnerables y los sectores económicos clave están infiltrados por un capital corrosivo para brindar a los ciudadanos una imagen clara de cómo los actores extranjeros intervienen en sus asuntos internos. La comunidad internacional también tiene un papel que desempeñar, incluso ofreciendo mecanismos alternativos para financiar proyectos de desarrollo. La propuesta de Build Back Better World para utilizar las palancas financieras estadounidenses —el Export-Import Bank, USAID y la Development Finance Corporation— para complementar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura y contrarrestar la BRI de China es un buen ejemplo.
La corrupción continúa enconándose, ayudada por los escándalos que rodean la respuesta COVID-19, y está alimentando la indignación popular. En Perú, por ejemplo, los ministros recibieron un trato preferencial para las vacunas, y en Argentina, no hace mucho, los funcionarios del gobierno establecieron “clínicas de inmunización VIP” para familiares y amigos.
Más allá de estos casos de favoritismo y nepotismo, la crisis ha provocado un mayor debilitamiento de la independencia judicial y el estado de derecho. En Guatemala, el presidente Alejandro Eduardo Giammattei Falla ha presidido medidas dramáticas contra la supervisión judicial en los últimos meses, incluido el despido del principal fiscal anticorrupción del país. Estas maniobras, junto con economías de bajo rendimiento, han afectado aún más el apoyo público a los funcionarios electos y la confianza en el gobierno.
Por esta razón, el fortalecimiento de las agencias independientes de lucha contra la corrupción y los órganos de supervisión, que hasta hace poco habían logrado levantar el velo de la impunidad, debería ser la máxima prioridad. Cumplir con los compromisos asumidos como parte de la iniciativa Open Government Partnership, una organización multilateral para promover la transparencia y la buena gobernanza que comprende setenta y ocho países y setenta y seis gobiernos locales, también es fundamental, ya que muchos países se retrasan en la implementación de los compromisos adoptados anteriormente. .
Las violaciones de derechos humanos siguen siendo un gran obstáculo para la consolidación democrática en América Latina. Los altos niveles de violencia, incluso contra activistas políticos y periodistas, limitan la libertad de expresión, debilitan los derechos laborales y socavan una prensa independiente. Según Reporteros sin Fronteras, América Latina fue la región más mortífera del mundo para los reporteros en 2019, y representó el 40 por ciento de los asesinatos de periodistas registrados a nivel mundial. La extorsión, la trata y los asesinatos selectivos perpetrados por bandas y redes criminales impactan de manera desproporcionada a las mujeres y otros grupos marginados como los pueblos indígenas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más de cuatro mil mujeres fueron asesinadas en la región en 2020, con las tasas de feminicidio más altas en Honduras, República Dominicana y El Salvador. Una respuesta eficaz a estos problemas profundamente arraigados implica fortalecer el estado de derecho y los sistemas de rendición de cuentas para brindar protección efectiva a las poblaciones vulnerables y justicia a las víctimas. Avanzar hacia la erradicación de la impunidad de los delincuentes es fundamental para restaurar la fe en el proceso democrático. Esto se puede hacer involucrando más directamente a los ciudadanos en el proceso de formulación de políticas y buscando campeones políticos y líderes en todos los niveles de gobierno que estén dispuestos a tomar las decisiones correctas. La situación actual es sombría en comparación con el pasado reciente, pero el autoritarismo, la corrupción sistémica y la inseguridad humana no son nuevos en América Latina.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 19, 2021