En su reciente publicación en Perfil, titulada “Cristina, no; condenados por lesa humanidad, sí”, el diputado nacional Eduardo Valdez intenta deslegitimar la decisión de la Cámara de Casación Penal en la causa contra la señora Cristina Fernández de Kirchner, apelando a una comparación que resulta tendenciosa y carente de rigor. Para ello, recurre a la figura de los adultos mayores acusados de delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales han sido sometidos a juicios con graves irregularidades procesales. Este proceder no se condice con la responsabilidad que implica ser representante del Congreso de la Nación.
El diputado Valdez tampoco se tomó el trabajo de corroborar lo afirmado por la Dra. Bertoia en Página 12. Su nota, lejos de cumplir los estándares de una investigación periodística profesional, vulnera principios básicos de la Carta de Múnich, como el deber de veracidad y la obligación de contrastar fuentes. El periodismo no puede convertirse en un instrumento de persecución ni en un vehículo de condena mediática, como lamentablemente se ha vuelto habitual en estos casos.
En su artículo, Valdez incurre en ataques personales contra el Sr. Héctor Horacio Marc, ex agente del Estado, dedicando un 38% de su publicación a su figura, sin siquiera mencionar que, al momento de publicación, el Sr. Marc había fallecido dos semanas antes. Afirmar que se encontraba con prisión domiciliaria no solo es falso, sino que revela una falta de rigurosidad inaceptable en el debate público.
Señor Valdez:
La señora Cristina Fernández de Kirchner fue juzgada y condenada con todas las garantías procesales y constitucionales que establece el Estado de Derecho. Sin embargo, no cumplió un solo día de prisión efectiva, conserva custodia policial y accedió al beneficio de la detención domiciliaria tras la presión de sectores políticos frente a la Corte Suprema. A diferencia de otros condenados, no se le suspendieron sus haberes jubilatorios, pese a lo que dispone la legislación vigente (arts. 12 y 19 del Código Penal). Los actos por los que fue condenada, relacionados con corrupción contra el Estado, podrían ser considerados, en términos de su gravedad institucional, como propios de lo que el artículo 29 de la Constitución Nacional define como ‘infames traidores a la patria’.
Señor Valdez:
Los adultos mayores acusados de delitos de lesa humanidad no han sido juzgados respetando principios básicos como el debido proceso, la legalidad, la irretroactividad penal ni la prohibición de analogía penal. Muchos llevan décadas detenidos bajo prisión preventiva sin sentencia firme, y se les niegasistemáticamente el arresto domiciliario aún con problemas de salud extremos. Todo esto ocurre bajo la presión de grupos ideologizados que, al mismo tiempo, exigen garantías plenas para figuras como la señora Fernández de Kirchner.
A estos ex agentes del Estado se les suspendieron jubilaciones, se les retiraron coberturas médicas a las que aportaron durante más de cuatro décadas y se les embargaron sumas exorbitantes en concepto de supuestos gastos judiciales e indemnizaciones, sin el debido respeto por sus derechos elementales.
Para ciertos sectores autodenominados defensores de derechos humanos, la verdadera satisfacción parece residir en que estos hombres mueran en prisión, abandonados por la Justicia y marginados por la sociedad. En cambio, la ex presidenta debe, según esa misma lógica, gozar de todos los privilegios: vivir en su casa, presentarse a elecciones y eventualmente ver anulada su condena.
Quizás, señor Valdez, una forma de equilibrar verdaderamente la balanza sería inaugurar un pabellón femenino en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Así, la señora Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala —quien también goza de privilegios muy por encima del promedio carcelario— podrían experimentar en carne propia los beneficios que disfrutamos los detenidos por delitos de lesa humanidad en esta llamada “cárcel VIP”: frío, humedad, enfermedades desatendidas, cortes de agua y electricidad, y un sistema judicial que se toma décadas en dictar sentencia. Todo en nombre de los derechos humanos, claro está.
Reclamamos nuestra libertad, en nombre de aquellos que murieron en prisión preventiva, víctimas del olvido judicial y la indiferencia del Estado.
Campo de Mayo, ARGENTINA
Colectivo Los Muertos Vivos
Unidad Penal Federal 34 – Campo de Mayo
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En su reciente publicación en Perfil, titulada “Cristina, no; condenados por lesa humanidad, sí”, el diputado nacional Eduardo Valdez intenta deslegitimar la decisión de la Cámara de Casación Penal en la causa contra la señora Cristina Fernández de Kirchner, apelando a una comparación que resulta tendenciosa y carente de rigor. Para ello, recurre a la figura de los adultos mayores acusados de delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales han sido sometidos a juicios con graves irregularidades procesales. Este proceder no se condice con la responsabilidad que implica ser representante del Congreso de la Nación.
El diputado Valdez tampoco se tomó el trabajo de corroborar lo afirmado por la Dra. Bertoia en Página 12. Su nota, lejos de cumplir los estándares de una investigación periodística profesional, vulnera principios básicos de la Carta de Múnich, como el deber de veracidad y la obligación de contrastar fuentes. El periodismo no puede convertirse en un instrumento de persecución ni en un vehículo de condena mediática, como lamentablemente se ha vuelto habitual en estos casos.
En su artículo, Valdez incurre en ataques personales contra el Sr. Héctor Horacio Marc, ex agente del Estado, dedicando un 38% de su publicación a su figura, sin siquiera mencionar que, al momento de publicación, el Sr. Marc había fallecido dos semanas antes. Afirmar que se encontraba con prisión domiciliaria no solo es falso, sino que revela una falta de rigurosidad inaceptable en el debate público.
Señor Valdez:
La señora Cristina Fernández de Kirchner fue juzgada y condenada con todas las garantías procesales y constitucionales que establece el Estado de Derecho. Sin embargo, no cumplió un solo día de prisión efectiva, conserva custodia policial y accedió al beneficio de la detención domiciliaria tras la presión de
sectores políticos frente a la Corte Suprema. A diferencia de otros condenados, no se le suspendieron sus haberes jubilatorios, pese a lo que dispone la legislación vigente (arts. 12 y 19 del Código Penal). Los actos por los que fue condenada, relacionados con corrupción contra el Estado, podrían ser considerados, en términos de su gravedad institucional, como propios de lo que el artículo 29 de la Constitución Nacional define como ‘infames traidores a la patria’.
Señor Valdez:
Los adultos mayores acusados de delitos de lesa humanidad no han sido juzgados respetando principios básicos como el debido proceso, la legalidad, la irretroactividad penal ni la prohibición de analogía penal. Muchos llevan décadas detenidos bajo prisión preventiva sin sentencia firme, y se les niega sistemáticamente el arresto domiciliario aún con problemas de salud extremos. Todo esto ocurre bajo la presión de grupos ideologizados que, al mismo tiempo, exigen garantías plenas para figuras como la señora Fernández de Kirchner.
A estos ex agentes del Estado se les suspendieron jubilaciones, se les retiraron coberturas médicas a las que aportaron durante más de cuatro décadas y se les embargaron sumas exorbitantes en concepto de supuestos gastos judiciales e indemnizaciones, sin el debido respeto por sus derechos elementales.
Para ciertos sectores autodenominados defensores de derechos humanos, la verdadera satisfacción parece residir en que estos hombres mueran en prisión, abandonados por la Justicia y marginados por la sociedad. En cambio, la ex presidenta debe, según esa misma lógica, gozar de todos los privilegios: vivir en su casa, presentarse a elecciones y eventualmente ver anulada su condena.
Quizás, señor Valdez, una forma de equilibrar verdaderamente la balanza sería inaugurar un pabellón femenino en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Así, la señora Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala —quien también goza de privilegios muy por encima del promedio carcelario— podrían experimentar en carne propia los beneficios que disfrutamos los detenidos por delitos de lesa humanidad en esta llamada “cárcel VIP”: frío, humedad, enfermedades desatendidas, cortes de agua y electricidad, y un sistema judicial que se toma décadas en dictar sentencia. Todo en nombre de los derechos humanos, claro está.
Reclamamos nuestra libertad, en nombre de aquellos que murieron en prisión preventiva, víctimas del olvido judicial y la indiferencia del Estado.
Campo de Mayo, ARGENTINA
Colectivo Los Muertos Vivos
Unidad Penal Federal 34 – Campo de Mayo
@MuertosVivosU34
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 5 , 2025
Tags: Eduardo Valdez