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Una nueva controversia política y judicial en Estados Unidos tiene como protagonista a Jack Smith, el exfiscal especial que investigó y procesó a Donald Trump por sus actuaciones relacionadas con las elecciones de 2020 y por la retención de documentos clasificados.

En julio de 2026, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, remitió al Departamento de Justicia el caso de Smith para que se investigara si había realizado declaraciones falsas durante un interrogatorio bajo juramento ante el Congreso. Jordan sostuvo que Smith había dado información engañosa sobre la obtención de comunicaciones de miembros del Congreso.

La acusación se concentró especialmente en los registros telefónicos y mensajes de texto. Según la versión de los republicanos, el equipo de Smith había obtenido mensajes de legisladores y, sin embargo, Smith habría indicado durante su declaración que no había solicitado órdenes judiciales para acceder a esos mensajes.

Pero la cuestión es más compleja.

Los abogados de Smith respondieron que la acusación confunde dos cosas diferentes: buscar deliberadamente el contenido de los mensajes de los legisladores y encontrar incidentalmente esos mensajes mientras se investigaban las comunicaciones de otras personas.

Durante su declaración, Smith explicó que su oficina había buscado registros telefónicos —los llamados toll records— relacionados con miembros del Congreso. Esos registros permiten conocer datos como quién llamó a quién, cuándo se produjo la comunicación y cuánto duró, pero no contienen el contenido de las llamadas ni de los mensajes.

Por eso, cuando se le preguntó si esos registros contenían el contenido de los mensajes de texto, su respuesta fue que no.

La diferencia es fundamental. Según la explicación ofrecida por sus abogados y por especialistas legales citados por CBS, una respuesta puede ser literalmente verdadera aunque el interrogador considere posteriormente que el testigo debió proporcionar información adicional que no fue solicitada.

La defensa de Smith sostiene precisamente eso: no se puede convertir una respuesta literalmente correcta en un delito simplemente porque el interrogador esperaba una explicación más amplia.

El asunto tiene otra particularidad. Los mensajes que involucran a miembros del Congreso habrían aparecido mientras los investigadores examinaban teléfonos de funcionarios y personas vinculadas con la Casa Blanca. Es decir, según la defensa, Smith no habría dirigido específicamente una búsqueda contra esos legisladores para obtener sus mensajes, sino que algunos intercambios fueron encontrados dentro de material obtenido legítimamente durante otra investigación.

Los abogados de Smith también argumentaron que los propios abogados de Trump tuvieron acceso posteriormente a la información durante el proceso de descubrimiento (discovery). Si consideraban que los investigadores habían obtenido ilegalmente esos mensajes, podían haber presentado una objeción ante el tribunal. Según la carta de los abogados de Smith, eso no ocurrió.

La controversia, sin embargo, no está cerrada.

El Departamento de Justicia recibió formalmente la remisión de Jordan y comenzó a revisarla. Que el Congreso remita un asunto al Departamento de Justicia no significa que exista una acusación penal ni que Smith haya sido declarado culpable de haber cometido un delito. El Departamento debe determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar.

El posible delito mencionado por los republicanos es el de realizar deliberadamente declaraciones falsas al gobierno federal. Para establecerlo, tendría que demostrarse, entre otras cosas, que la declaración fue materialmente falsa y que Smith sabía que era falsa cuando la realizó.

La controversia tiene además una dimensión política inevitable. Smith fue quien dirigió dos de las investigaciones federales más importantes contra Trump. Después de que Trump regresara a la presidencia, esas causas federales fueron abandonadas conforme a la política del Departamento de Justicia sobre la persecución penal de un presidente en ejercicio.

Ahora, el hombre que investigó a Trump se encuentra él mismo bajo investigación a raíz de una acusación formulada por legisladores republicanos.

El punto central todavía debe resolverse jurídicamente: ¿Jack Smith dijo algo falso bajo juramento o respondió correctamente una pregunta limitada que posteriormente fue interpretada de manera más amplia?

Por ahora, existen versiones enfrentadas. Los republicanos sostienen que Smith proporcionó una respuesta incompleta y potencialmente engañosa. Sus abogados afirman que la acusación se basa en una pregunta mal planteada y que no existe una declaración falsa que pueda sustentar un proceso penal.

La investigación del Departamento de Justicia determinará si esta controversia se convierte en una causa penal o termina como una disputa política y jurídica sin cargos.

Por eso, la causa sigue abierta, pero es importante distinguir entre una remisión para investigación y una acusación formal. Hasta que exista una decisión del Departamento de Justicia o de un tribunal, no puede afirmarse que Jack Smith haya cometido perjurio o un delito de declaraciones falsas.

 

PrisioneroEnArgentina.com

Febrero 2, 2026