Lo que parecía impensable en Colombia hace algunos años, en el último mes se ha convertido en una espantosa realidad: El terrorismo y la guerrilla se han establecido en las principales ciudades del País. Un problema que existía en lo profundo de las selvas, ahora se ha trasladado brutalmente a los principales centros urbanos.
Álvaro Uribe Vélez
Este es el precio absurdo que pagamos los colombianos por una serie de decisiones irracionales tomadas por nuestros gobernantes, en contravía de lo que piensa y quiere la mayoría de la población. Esta pesadilla tiene su origen remoto en el Acuerdo de paz firmado entre el expresidente Santos y las FARC, que fue rechazado en el Plebiscito de 2016. Para desgracia de Colombia, Santos se robó el Plebiscito valiéndose de todo tipo de trampas y engaños, con el apoyo incondicional del Congreso de la República, de la Corte Constitucional, de la clase política en pleno, encabezada por su principal opositor Álvaro Uribe, y de un sector empresarial que deliraba por firmar la falsa paz que tenemos ahora.
Avanza la capitulación de Colombia
Sin quererlo, Colombia fue lanzada al abismo de la capitulación. El propio Santos, poco antes del Plebiscito, amenazó al País afirmando que si no se aceptaba su proceso de paz, entonces la guerrilla emprendería la lucha armada en las ciudades. Pues bien, como le acontece a los que capitulan ante cualquier amenaza, Colombia aceptó el robo del Plebiscito, implementó el Acuerdo con el cual nos imponen esta falsa paz en que estamos viviendo, aceptó diseñar un nuevo País acorde a las exigencias de la subversión, proclamó la más absoluta impunidad para los terroristas y les concedió curules gratis en el Congreso de la República.
En consecuencia, tal como fue previsto, denunciado y proclamado durante años por Tradición y Acción, la guerrilla se trasladó desde el fondo de las selvas al corazón de las principales ciudades. Ahora cada colombiano puede apreciar desde la ventana de su casa cómo el terrorismo destruye el País.
Pero a esta tragedia se le suma otra aún más demoledora. Mientras una minoría radical, fanática y aguerrida ejecuta el mandato de las multinacionales comunistas del crimen para destruir a Colombia, nuestros gobernantes no parecen darse cuenta de la gravedad de los hechos. Actúan como si esto fuera una “protesta legítima” y “pacífica”, como los mismos terroristas la llaman, mientras incendian a Colombia, colapsan la economía, destruyen el empleo, secuestran ciudades enteras y arrodillan al gobierno. Un grupo insignificante de delincuentes, que son los ejecutores de la destrucción, se proclaman voceros del pueblo colombiano y negocian con el Gobierno el futuro de la Nación en nuestro nombre.
El Comité del paro no representa a Colombia
Es inaceptable que el Gobierno les reconozca una legitimidad que absolutamente no tienen. La absurda realidad es que 50 millones de colombianos estamos siendo representados por FECODE, el sindicato marxista de maestros que adoctrina perversamente a nuestros niños; por algunos sindicatos obreros que ni siquiera representan a sus asociados; y por la primera línea de combate del paro armado que padecemos desde el pasado 28 de abril, que está conformada por terroristas pagados y articulados por las FARC y el ELN.
Sus primeras exigencias ya fueron aceptadas por el Gobierno. Una reforma a la Policía y al Ejército, que será su destrucción. Atar las manos de la Fuerza Pública ante los desmanes, lo cual ya es una política de Estado. Educación universitaria gratuita, para jóvenes que no quieren estudiar. Subsidios para todos los desempleados, que llevarán la economía al colapso. Oportunidades laborales, mientras destruyen las fuentes de empleo.
Y así, capitulando ante las más disparatadas exigencias, se desmorona el Estado de Derecho, se deshace el progreso conseguido a lo largo de décadas de trabajo y se va conduciendo a Colombia hacia el caos, la incertidumbre y la desolación. En el pasado mes de mayo se perdieron más de 500.000 empleos y se quebraron unas 50.000 empresas, como consecuencia de los graves disturbios y bloqueos promovidos por el paro armado.
Una guerra para imponer la miseria socialista
Hemos presenciado más de un mes de terrorismo y de violación sistemática del derecho al trabajo y a la libre movilidad. Grandes inversiones hechas en el mobiliario urbano de las principales ciudades, desaparece ante la acción vandálica de unas turbas endemoniadas que destruyen a su paso cualquier cosa que signifique civilización, cultura y progreso. Han sido destruidas muchas estaciones y buses de los sistemas de transporte público masivo, semáforos, cámaras de seguridad, parques y jardines públicos, locales comerciales, negocios privados, oficinas públicas, instituciones educativas y monumentos históricos. Se ha desatado una guerra a muerte contra todo lo que signifique progreso y empleo.
¡Es hora de abrir los ojos! ¡Esto no es una protesta legítima! ¡Y menos aún pacífica! En resumen, es la implementación marxista de todas las formas de lucha anunciada en los más primitivos manuales subversivos. Diseñada por el Foro de Sao Paulo para conquistar todos los países de América, articulada por las FARC y el ELN, que ahora son los principales carteles del narcotráfico.
El objetivo clarísimo es dar un golpe de estado y tomarse el poder, antes de las elecciones presidenciales del año 2022. Este es el panorama que el Gobierno debería entender para darle el manejo correcto a la crisis, pero todo indica que prefiere ceñirse al libreto establecido en el Acuerdo de paz, que fue redactado por los dictadores de Cuba y Venezuela, para conducir el País al caos y a la miseria.
Eugenio Trujillo Villegas es director Sociedad Colombiana Tradición y Acción
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Lo que parecía impensable en Colombia hace algunos años, en el último mes se ha convertido en una espantosa realidad: El terrorismo y la guerrilla se han establecido en las principales ciudades del País. Un problema que existía en lo profundo de las selvas, ahora se ha trasladado brutalmente a los principales centros urbanos.
Este es el precio absurdo que pagamos los colombianos por una serie de decisiones irracionales tomadas por nuestros gobernantes, en contravía de lo que piensa y quiere la mayoría de la población. Esta pesadilla tiene su origen remoto en el Acuerdo de paz firmado entre el expresidente Santos y las FARC, que fue rechazado en el Plebiscito de 2016. Para desgracia de Colombia, Santos se robó el Plebiscito valiéndose de todo tipo de trampas y engaños, con el apoyo incondicional del Congreso de la República, de la Corte Constitucional, de la clase política en pleno, encabezada por su principal opositor Álvaro Uribe, y de un sector empresarial que deliraba por firmar la falsa paz que tenemos ahora.
Avanza la capitulación de Colombia
Sin quererlo, Colombia fue lanzada al abismo de la capitulación. El propio Santos, poco antes del Plebiscito, amenazó al País afirmando que si no se aceptaba su proceso de paz, entonces la guerrilla emprendería la lucha armada en las ciudades. Pues bien, como le acontece a los que capitulan ante cualquier amenaza, Colombia aceptó el robo del Plebiscito, implementó el Acuerdo con el cual nos imponen esta falsa paz en que estamos viviendo, aceptó diseñar un nuevo País acorde a las exigencias de la subversión, proclamó la más absoluta impunidad para los terroristas y les concedió curules gratis en el Congreso de la República.
En consecuencia, tal como fue previsto, denunciado y proclamado durante años por Tradición y Acción, la guerrilla se trasladó desde el fondo de las selvas al corazón de las principales ciudades. Ahora cada colombiano puede apreciar desde la ventana de su casa cómo el terrorismo destruye el País.
Pero a esta tragedia se le suma otra aún más demoledora. Mientras una minoría radical, fanática y aguerrida ejecuta el mandato de las multinacionales comunistas del crimen para destruir a Colombia, nuestros gobernantes no parecen darse cuenta de la gravedad de los hechos. Actúan como si esto fuera una “protesta legítima” y “pacífica”, como los mismos terroristas la llaman, mientras incendian a Colombia, colapsan la economía, destruyen el empleo, secuestran ciudades enteras y arrodillan al gobierno. Un grupo insignificante de delincuentes, que son los ejecutores de la destrucción, se proclaman voceros del pueblo colombiano y negocian con el Gobierno el futuro de la Nación en nuestro nombre.
El Comité del paro no representa a Colombia
Es inaceptable que el Gobierno les reconozca una legitimidad que absolutamente no tienen. La absurda realidad es que 50 millones de colombianos estamos siendo representados por FECODE, el sindicato marxista de maestros que adoctrina perversamente a nuestros niños; por algunos sindicatos obreros que ni siquiera representan a sus asociados; y por la primera línea de combate del paro armado que padecemos desde el pasado 28 de abril, que está conformada por terroristas pagados y articulados por las FARC y el ELN.
Sus primeras exigencias ya fueron aceptadas por el Gobierno. Una reforma a la Policía y al Ejército, que será su destrucción. Atar las manos de la Fuerza Pública ante los desmanes, lo cual ya es una política de Estado. Educación universitaria gratuita, para jóvenes que no quieren estudiar. Subsidios para todos los
desempleados, que llevarán la economía al colapso. Oportunidades laborales, mientras destruyen las fuentes de empleo.
Y así, capitulando ante las más disparatadas exigencias, se desmorona el Estado de Derecho, se deshace el progreso conseguido a lo largo de décadas de trabajo y se va conduciendo a Colombia hacia el caos, la incertidumbre y la desolación. En el pasado mes de mayo se perdieron más de 500.000 empleos y se quebraron unas 50.000 empresas, como consecuencia de los graves disturbios y bloqueos promovidos por el paro armado.
Una guerra para imponer la miseria socialista
Hemos presenciado más de un mes de terrorismo y de violación sistemática del derecho al trabajo y a la libre movilidad. Grandes inversiones hechas en el mobiliario urbano de las principales ciudades, desaparece ante la acción vandálica de unas turbas endemoniadas que destruyen a su paso cualquier cosa que signifique civilización, cultura y progreso. Han sido destruidas muchas estaciones y buses de los sistemas de transporte público masivo, semáforos, cámaras de seguridad, parques y jardines públicos, locales comerciales, negocios privados, oficinas públicas, instituciones educativas y monumentos históricos. Se ha desatado una guerra a muerte contra todo lo que signifique progreso y empleo.
¡Es hora de abrir los ojos! ¡Esto no es una protesta legítima! ¡Y menos aún pacífica! En resumen, es la implementación marxista de todas las formas de lucha anunciada en los más primitivos manuales subversivos. Diseñada por el Foro de Sao Paulo para conquistar todos los países de América, articulada por las FARC y el ELN, que ahora son los principales carteles del narcotráfico.
El objetivo clarísimo es dar un golpe de estado y tomarse el poder, antes de las elecciones presidenciales del año 2022. Este es el panorama que el Gobierno debería entender para darle el manejo correcto a la crisis, pero todo indica que prefiere ceñirse al libreto establecido en el Acuerdo de paz, que fue redactado por los dictadores de Cuba y Venezuela, para conducir el País al caos y a la miseria.
Eugenio Trujillo Villegas es director Sociedad Colombiana Tradición y Acción
trujillo.eugenio@gmail.com –
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 21, 2021