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Coronel VGM (R) Enrique Stel (1)

Introducción o plataforma fáctica diríamos los abogados: Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas especiales de Estados Unidos el 03 de enero de 2026 en una operación militar denominada “Operación Resolución Absoluta” (Operation Absolute Resolve), trasladados de manera ilegal fuera del país, privados de la libertad y sometidos a juicio en Estados Unidos, cuyo debate oral y público, aún no se ha llevado a cabo.

En esta acción, el empleo de las Fuerzas Armadas por parte Donald Trump, contra un país que no había atacado militarmente a Estados Unidos, supone como mínimo una violación del principio de legalidad y el debido proceso en relación a Maduro.

Se ejecutó una incursión armada ilegal en territorio extranjero, violando la soberanía del Estado Venezolano y provocando la muerte de civiles; se ha secuestrado a un presidente en funciones y a su esposa, violando la inmunidad de un jefe de estado. Asimismo, fueron trasladados fuera de un marco jurídico previsible, con privación ilegal de la libertad agravada por imposición de tormentos, y obviamente apartado del juzgamiento de sus jueces naturales.

Maduro es otra persona más en el mundo, quien al igual que Adolf Eichmann es secuestrado y juzgado por quienes se arrogan el derecho de capturarlo, extraerlo de su país de residencia, juzgarlo con leyes que no son las de su propio país y por jueces que no son los naturales. Por lo menos, cuando el Mossad a órdenes de Golda Meir, secuestró a Eichmann en Argentina, no ocasionó muertes de civiles.

Al igual que en el caso de Eichmann, no digo que Maduro no haya que juzgarlo, pero si dentro de un contexto mínimo de legalidad, lógica procesal y mínima aceptación de garantías fundamentales de la persona humana.

Actualmente se encuentra un proceso judicial contra ellos, en los Estados Unidos, por delitos vinculados al narcoterrorismo, con leyes, jueces y procedimientos de un estado, que no es el que por jurisdicción territorial les compete lo cual representa una violación al principio de inmunidad de jurisdicción penal y colisión de la jurisdicción extraterritorial con la inmunidad soberana de Venezuela.

La comunidad internacional hace silencio. El vaquero estadounidense salió como Obama con Bin Laden a cazar a quien considera su enemigo “WANTED” 50.000.000 de dólares ofreció EEUU por su captura. La Corte Penal Internacional no puede hacer nada porque no tiene jurisdicción sobre ese país, el que por cierto no adhirió al Estatuto de Roma y además, EEUU ataca abiertamente el accionar del tribunal de referencia.

Analicemos algunos tratados, convenciones internacionales y principios generales del derecho internacional.

Carta de Naciones Unidas:  En principio, la incursión armada es contraria a la Carta de las Naciones Unidas (artículo 2, párrafo 1 – igualdad soberana – y párrafo 4 – prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado).

Convención de Viena de 1961: el arresto de un jefe de Estado en ejercicio vulnera la inmunidad soberana y personal, un principio que la Convención de Viena de 1961 protege en sus artículos 29 y 31 para agentes diplomáticos, y que se extiende por costumbre internacional a los mandatarios.

Derecho Internacional Humanitario: En este sentido la operación, que supuso la muerte de civiles a raíz de los bombardeos, supone una violación al principio de distinción conforme los pilares fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y en especial el IV Convenio de Ginebra (protección de población y personas civiles).

Algunos especialistas van más allá, asegurando que el secuestro y detención de un presidente en funciones puede llevar a una violación del III Convenio de Ginebra (protección de los prisioneros de guerra) al considerar que podría ser tratado como prisionero de guerra al haberse realizado la captura en el marco de una operación militar.

Crimen de agresión: si bien Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que regula la Corte Penal Internacional, la acción podría constituir un crimen de agresión conforme se define en el estatuto (el uso masivo de aeronaves y tropas en territorio extranjero, sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, encajaría en la descripción de una “violación manifiesta” de la Carta de las Naciones Unidas que define el delito en el artículo 8).

Algunos especialistas consideran que el secuestro de Maduro puede estar encuadrado dentro de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), puesto que ha sucedido en el territorio de un estado miembro del mencionado tribunal, como es el caso de Venezuela, pero el tribunal no reacciona.

Si bien el crimen de agresión ha sido codificado en el Estatuto de Roma, tiene antecedentes consuetudinarios (Estatuto de Londres, juicios de Nuremberg). No obstante, la CPI, solo puede iniciar un proceso penal, si ambos países son miembros del Estatuto de Roma.

Principio de soberanía e igualdad jurídica y abuso de la jurisdicción extraterritorial: Según los medios de difusión, la justicia norteamericana imputa a Maduro por ser el jefe de una asociación ilícita denominada Cartel de los Soles, conspiración narcoterrorista, introducir cocaína en Estados Unidos y tráfico de armas.

Ningún estado puede juzgar a otro o a sus máximos representantes sin su consentimiento. (Par in parem non habet imperium). Asimismo, en relación a los delitos imputados, si bien Estados Unidos aplica leyes propias sobre delitos cometidos fuera de sus fronteras si estos tienen efectos en su territorio (como el tráfico de drogas), el derecho internacional pone límites a esta jurisdicción extraterritorial cuando colisiona con las inmunidades soberanas de otro país.

Violación a las normas relativas a la extradición legal y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:  el traslado de Maduro y su esposa a Estados Unidos no se realizó conforme a los canales legales previstos en los tratados bilaterales sino mediante una extracción militar forzada o secuestro, violando derechos humanos fundamentales como el derecho a la libertad y seguridad personal (artículo 9 del PIDCyP) así como el derecho a la privacidad y la no exposición a la curiosidad pública, arrasada con las imágenes de su arresto y traslado, ampliamente difundidas.

Reflexiones finales a manera de preguntas:

1. ¿Estamos volviendo a vivir en la ley del más fuerte o como suele decirse la ley de la selva?
2. ¿Para qué dos tercios de los países del mundo se esfuerzan por intentar crear un Sistema de Justicia Penal Internacional si los más poderosos demuestran que no están dispuestos a someterse a él?
3. ¿Qué espacio de maniobra nos queda a países como Argentina, los que sin Defensa ni Seguridad Nacional apropiada pueden ser objeto de las apetencias territoriales parciales o totales por parte de los más poderosos del mundo?
4. La situación que vive Maduro ¿explica por qué, somos un país parcialmente ocupado por una potencia extranjera desde 1833 y ni en el Comité de Descolonización de la ONU hay solución para nuestra soberanía territorial plena?
5. El abuso de poder de EE. UU. en relación con Maduro ¿proporciona alguna idea sobre las violaciones de las garantías fundamentales de los encausados en los juicios de Lesa humanidad que desarrolla la Justicia Federal de Argentina?
6. Esta situación, ¿explica porque CFK estuvo siempre libre hasta que la condena adquirió la calidad de sentencia firme, mientras que los encausados por Lesa Humanidad están presos desde el primer día en que son indagados y pueden acceder a la libertad condicional, agotar el cumplimiento de la condena o morirse sin sentencia firme al igual que el 87 por ciento de ellos, padeciendo el peso del poder del más fuerte en nuestro país?

EN SÍNTESIS, A DIFERENCIA DE MI ARTÍCULO ANTERIOR, CONSIDERO QUE NO ESTAMOS FRENTE A UN DILEMA NI UNA SITUACIÓN CON FINAL ABIERTO. APRECIO QUE EL QUE MÁS PODER TIENE IMPONE LAS REGLAS, MÁS ALLÁ DE LA LETRA MUERTA EN LAS PÁGINAS DE CÓDIGOS, LIBROS, CONVENCIONES Y TRATADOS HERMOSAMENTE ENCUADERNADOS Y FIRMADOS EN POMPOSAS CEREMONIAS.

 Abrazo Grande a todos.

(1)Enrique Stel es Coronel del Ejército Argentino (R). Veterano de la Guerra de Malvinas (VGM). Comando. Paracaidista Militar. Buzo de Ejército. Radiotelegrafista Militar. Mecanizado. Blindado. Durante 9 años ejerció la jefatura de distintas unidades militares. Participó de 3 Misiones de Paz en la ex Yugoslavia. Es Oficial de Estado Mayor. Abogado. Escribano. Especialista en Derecho Penal. Master en Derecho Penal. Doctor en Derecho Penal. Diplomado en Derecho de Ejecución Penal. Licenciado en Estrategia y Organización. Master en Fenomenología Terrorista. Especializado en Derecho Internacional Humanitario. Fue Legal Adviser Acting – HQ ONU, Zagreb, ex Yugoslavia 1995. Tuvo la siguientes distinciones y condecoraciones: Medalla de las Naciones Unidas por sus servicios a la Paz en Los Balcanes. Condecoración del Congreso de la Nación Argentina a los Veteranos de Guerra de Malvinas. Condecoración al Heroico Valor en Combate por parte del Ejército Argentino. Condecoración Al Mérito Militar por parte del Ejército Argentino. Mención Distinguida por su participación en la Guerra de Malvinas. Estudió en el Instituto de Derecho Internacional Humanitario en San Remo Italia y en la Escuela Internacional para el Estudio del  Holocausto en Jerusalén, Isrrael y realizó investigaciones en el terreno sobre La Shoa, en Bosnia Herzegóvina, Croacia, Rusia, Polonia, Hungría, República Checa, Alemania, Austria, Rusia, Israel y Palestina.

 

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Junio 8, 2026