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El Senado de Argentina aprobó este miércoles en general el proyecto de la ley Bases, una extensa iniciativa que impulsa el Gobierno de Javier Milei con el objetivo de profundizar el ajuste y desregular la economía. La Cámara alta se dispone ahora a tratar el texto por capítulos, y luego se debatirá el proyecto de reformas fiscales.

Tras más de 10 horas de debate, y en medio de un clima de tensión por las protestas en las inmediaciones del Congreso, el proyecto de ley Bases cosechó 36 votos a favor y 36 en contra. Tal como lo establece el reglamento, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, definió la votación con un voto favorable que desempató la definición. 

Más allá del avance de la iniciativa, el dictamen aprobado en el Senado deberá retornar a la Cámara de Diputados, debido a una serie de cambios que se realizaron en el texto original. 

Mientras se realizaba la sesión legislativa, afuera se llevaban a cabo masivas protestas convocadas por partidos de oposición, sindicatos y organizaciones sociales que reclamaban “que se caiga” la ley Bases. El repudio de estos sectores al proyecto tiene que ver con que contiene una reforma laboral, impulsa privatizaciones y más despidos, promueve la explotación de recursos naturales a empresas extranjeras, entre otros puntos polémicos.  

El edificio parlamentario, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, estuvo desde temprano rodeado por un fuerte operativo policial. Hubo momentos de enfrentamientos entre efectivos de seguridad y manifestantes, varios de los cuales fueron reprimidos con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma. 

Incluso un diputado de la oposición resultó herido en medio de los forcejeos. 

La Policía Federal Argentina atacó con gas pimienta al legislador peronista Carlos Castagneto, que acompañaba las protestas contra la ley de Bases y debió ser atendido por paramédicos. También resultaron afectados Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés, todos del bloque de Unión por la Patria (UxP), que no acompañó la ley.

Videos publicados en las redes sociales dan cuenta del momento en que varios diputados se identifican claramente frente a los agentes policiales que, pese a ello, deciden descargar gases lacrimógenos, en interés de desalojarles del sitio. 

Algunos manifestantes respondieron las agresiones con piedrazos y bombas molotov. Incluso un vehículo del medio Cadena 3 resultó incendiado. Y hubo al menos 29 detenidos.

Mientras se desarrollaban los desmanes en las calles, la senadora nacional de UxP Anabel Fernández Sagasti responsabilizó a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, “por la integridad física de todos los ciudadanos y ciudadanas” que estaban “manifestándose democráticamente”. Y cuestionó a Villarruel por “militarizar el Senado”. 

Por su parte, el senador Eduardo ‘Wado’ de Pedrosolicitó una moción de orden en el recinto para que los miembros del bloque peronista  pudieran ir dialogar con las fuerzas de seguridad a cargo del operativo, a fin de detener la represión. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y el debate continuó. 

Ante los disturbios, el gobierno argentino acusó a los manifestantes que protestaban contra la ‘Ley de Bases’ de intentar “perpetrar un golpe de Estado“, según se lee en un comunicado publicado en X por la oficina del presidente Milei. 

En el texto, el organismo felicitó “a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo” a los ciudadanos –que tachó de “grupos terroristas”– que manifestaron su disidencia contra la política oficial. 

También se pronunció en las redes sociales la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

“Fuimos a proteger el Congreso y nos respondieron con piedras e incendios. Nosotros respondimos de manera inmediata. Ahora pagarán uno por uno los daños causados y el auto quemado de Cadena 3, con una causa que no será leve. Porque con nosotros el que las hace, las paga”, manifestó la funcionaria desde su cuenta de X.

A minutos de la votación, continuaba la conflictividad en las inmediaciones del Congreso. Y en varios barrios comenzaron a autoconvocarse ciudadanos para realizar ‘cacerolazos’ en contra de la normativa libertaria. 

“Milei, basura, vos sos la dictadura”, cantaban vecinos del barrio de Almagro, en Buenos Aires.   

La ley Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, nombre original del proyecto, fue presentada por Milei apenas asumió en diciembre pasado, pero naufragó durante seis meses por falta de acuerdos entre el Ejecutivo, el bloque oficialista y la llamada oposición ‘dialoguista’, única que podía garantizar los votos necesarios al Gobierno.

A lo largo de estos seis meses, el proyecto cambió radicalmente, ya que al principio fue bautizado como “ley ómnibus” porque contenía 664 artículos que modificaban por completo el funcionamiento del país en materia económica, laboral, administrativa, energética y social.

Sin embargo, el Gobierno libertario debió negociar cambios radicales para poder avanzar con el proyecto en la Cámara de Diputados, modificó artículos, quitó otros tantos y dejó solo 232 de los capítulos contenidos en el texto original. 

Incluso este miércoles, a horas de la votación, el oficialismo aceptó cambios en algunos aspectos clave que generaban impugnaciones de varios senadores. La Casa Rosada accedió al pedido de eliminar tres empresas públicas de la lista que desea privatizar: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). 

El Gobierno también debió resignar su intención de eliminar la ley de moratoria previsional, que sirve para que más trabajadores puedan jubilarse aunque no tengan los aportes suficientes. Y aceptó un pedido para terminar de financiar obras públicas en las provincias que se encuentren avanzadas en un 80 % de su concreción, y aquellas que tengan asegurados créditos de organismos internacionales.   

Asimismo, efectuó una serie de nuevas modificaciones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más controversiales. Dicho apartado les permite a los beneficiarios, es decir, los grandes inversores, disponer libremente del 20 % de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40 % al segundo año y del 100 % a partir del tercero.