Un proyecto de ley intenta derogar una norma bonaerense de 2017 que obliga a las comunicaciones oficiales y a los funcionarios provinciales a referirse al gobierno de facto que comenzó en 1976 como “dictadura cívico-militar” y a hablar de “30 mil desaparecidos” tomó estado parlamentario y ya puede ser discutido por los legisladores bonaerenses.
La iniciativa fue presentada por el diputado bonaerense Guillermo Castello de Cambiemos y apunta a declarar inválida la ley 14.910 sancionada en mayo de 2017 y que tiene un solo artículo que establece: “Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
Guillermo Castello
Tras la sanción de esa ley, que fue impulsada por el senador del Frente para la Victoria Darío Díaz Pérez y aprobada con un solo voto en contra (el de Castello), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó al gobierno argentino un pedido de información en el que advirtió que el texto “además de restringir el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios que componen la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, también podría tener un efecto inhibitorio más generalizado y afectar el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información y procesarla en un debate público robusto”.
Darío Díaz Pérez
“Sin desconocer la importancia de los fines invocados por la ley, la Relatoría estima que imponer a los funcionarios públicos y organismos estatales la obligación legal de sostener una serie de extremos sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas, excede el objetivo que persigue la ley y no parece constituir un medio adecuado e idóneo para alcanzar la finalidad perseguida”, remató la CIDH.
María Eugenia Vidal
Entre los fundamentos del texto, Castello sostiene que “entendemos que esta ley violenta los valores de libertad y verdad cuya promoción y protección debemos priorizar a la hora de legislar”.
“La norma dispone que los tres poderes del Estado incorporen en todas sus publicaciones y actos públicos leyendas que implican una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso”, detalla el proyecto. La propuesta además agrega que “sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros”.
“La imposición legislativa de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único, atenta contra la libertad de pensamiento y expresión y clausura toda investigación futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con el enunciado estatal”, consideró Castello en el proyecto.
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Guillermo Castello (Coalición Cívica) fue el único diputado que votó contra la Ley que obliga a usar la expresión “30 mil desaparecidos” en documentos oficiales.
“No hubo debate, fue una sesión rara; era el 23 de marzo, víspera del 24 (aniversario del golpe del 76), el recinto estaba repleto de gente de organismos de derechos humanos. Levantaron la mano todos, menos yo. La votación fue 90 a 1. El proyecto venía del Senado donde lo habían votado por unanimidad. Pedí que me expidan un certificado, una constancia de mi voto negativo. Porque en la provincia de Buenos Aires el voto no es nominal. Es a mano alzada y después no queda registro de quién votó qué”. Así contó a Infobae el diputado provincial bonaerense Guillermo Castello, de la Coalición Cívica y miembro del bloque de Cambiemos, el trámite exprés por el cual se aprobó la norma.
La Ley a la que hace referencia es la n°14910 sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el 24 de marzo pasado y que, créase o no, obliga a incorporar en todas las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales de los tres poderes del Estado Provincial, y en los actos públicos del Gobierno, la expresión “30.000 Desaparecidos” cuando “se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
El proyecto fue del senador Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria. Pero la gobernadora María Eugenia Vidal, cuyo jefe político, el presidente Mauricio Macri, dijo en una entrevista reciente: “No tengo idea si fueron 9 o 30 mil. Es una discusión que no tiene sentido”, promulgó la ley sin chistar.
“Sabiendo de antemano que no habría debate en la sesión, el día anterior, en la reunión del Bloque de Cambiemos, somos 30 diputados, yo dejé sentado que iba a votar en contra”, contó Castello.
La discusión en el bloque fue fuerte, pero igual Castello quedó solo. Sin embargo, asegura que algunos le decían “sotto voce” que estaban de acuerdo con él, pero luego no quisieron acompañarlo.
“Esto para mí trasciende lo legislativo. Por motivos filosóficos, me opongo a que se fije por ley una definición de la Historia. Esta ley restringe, cristaliza, toda discusión en un tema en el que no está dicha la última palabra y que es además un factor de división entre los argentinos”, agrega.
Ante la pregunta de por qué cree que pasa esto, responde: “Lo que falla es el tema de la corrección política. Nadie se anima a ir contra la corriente. No hay posibilidad de poner una pausa, de criticar, de debatir. Vienen estas olas y los diputados, y los políticos argentinos en general, están muy pendientes de eso”.
“Esta ley es pura sobreactuación. Llegué a pensar que esto no era más que una provocación al Ejecutivo, a tal punto es absurda. Como al presidente Macri, a todos nosotros, nos dicen que somos de derecha…”, dice Castello. Sin embargo, no minimiza el tema. Al contrario: “Esto es peligroso -advierte-. Es fascista, es estalinista, están imponiendo una verdad absoluta y clausurando el debate. El que disiente se pone además al Estado en contra; disentir es estar en contra de una opinión que tiene rango estatal, que es ley. Eso es lo grave”.
Otra cosa que le resulta chocante es que “haya gente que parece jactarse de que hayan sido 30.000 en vez de alegrarse ante la posibilidad de que sean menos”.
Decretando una historia oficial, no habría revisionismo, ninguna escuela habría podido revisar hechos del pasado
“Hace unos años -cuenta- hice un posgrado en Historia y allí sugerí hacer una investigación histórica sobre la cifra de desaparecidos y se armó un lío tremendo. Clausurando la historia y decretando una historia oficial, no habría habido revisionismo, ninguna escuela histórica podría haber revisado ningún hecho del pasado. La mayoría de la gente sabe que esto es una locura”.
Castello también hizo pública una carta en la que señala que “a la hora de legislar se debe priorizar siempre la promoción y protección de la Libertad y la Verdad y creo que esta ley niega ambos valores”.
“No sólo los niega -sigue diciendo- sino que también los violenta porque ordena que el Estado comunique una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso. Curiosamente sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros”.
La ley es sustancialmente negativa también porque desbarata cualquier política de acercamiento y unidad entre compatriotas de diferentes pensamientos
En otro párrafo sostiene: “La ley es sustancialmente negativa por otro motivo, ya que desbarata cualquier política de acercamiento y unidad entre compatriotas de diferentes pensamientos, ya que una leyenda oficial que permanentemente exhiba una posición terminante constituye, para quienes no comparten dicha posición, una afrenta, un factor de irritación, de exacerbación de pasiones y, en definitiva, de desunión entre argentinos. Tampoco puede soslayarse la superficialidad intrínseca de una ley que presupone que la concientización de los gravísimos hechos ocurridos en la década del 70 depende de la imposición coactiva de un determinado número, cualquiera que sea, con lo cual se banaliza la tragedia.”
Esta ley trasunta el miedo a encontrar la verdad y por eso propone suprimir su búsqueda, cristalizarla, hacerla obligatoria
Por último, Castello acusa a los promotores de esta norma de tenerle miedo a la verdad. “Creo que la ley impulsada por el Senador kirchnerista trasunta el miedo a encontrar la verdad y por esa razón propone suprimir su búsqueda, cristalizarla, hacerla obligatoria hasta el fin de los tiempos. (…) La flamante ley fomenta la No Verdad como política de Estado, promueve el discurso único, provoca la autocensura, denigra a quien opina distinto”.
Guillermo Castello es marplatense. Empezó en la actividad política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde actualmente es profesor de Historia Constitucional. Ejerce la profesión de escribano desde que se recibió, hace 20 años. A partir de la crisis de 2001 retomó la actividad política, primero en Recrear (con Ricardo López Murphy) y en 2007 se sumó a la Coalición Cívica. Desde 2015 es diputado provincial.
“Estoy tratando de adaptarme a la función pública, ya que nunca antes había ejercido un cargo. Lo que me llamó mucho la atención en el ambiente legislativo es que por lo bajo los colegas te dicen una cosa y a la hora de votar te dejan solo”.
No es la primera vez que le pasa. También se opuso en solitario a la Ley de paridad de género que en octubre próximo se va a aplicar por primera vez. No sólo porque no está de acuerdo con fijar la paridad por ley sino porque será de muy difícil aplicación. “En las PASO, puede llegar a pasar que, si dos listas están encabezadas por mujeres, la que sale segunda puede quedar relegada no al segundo puesto sino incluso más atrás para que se cumpla la paridad”.
De todos modos, en este debate sobre el derecho a la verdad histórica y al disenso no está tan solo. Graciela Fernández Meijide sostiene desde hace tiempo que los casos documentados son poco menos de 8 mil y que la cifra de 30.000 fue una estimación que ya quedó desmentida por la realidad. “Yo no admito que haya dos números de desaparecidos”, fue su conclusión.
[ezcol_1half]Un proyecto de ley intenta derogar una norma bonaerense de 2017 que obliga a las comunicaciones oficiales y a los funcionarios provinciales a referirse al gobierno de facto que comenzó en 1976 como “dictadura cívico-militar” y a hablar de “30 mil desaparecidos” tomó estado parlamentario y ya puede ser discutido por los legisladores bonaerenses.
La iniciativa fue presentada por el diputado bonaerense Guillermo Castello de Cambiemos y apunta a declarar inválida la ley 14.910 sancionada en mayo de 2017 y que tiene un solo artículo que establece: “Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
Guillermo Castello
Tras la sanción de esa ley, que fue impulsada por el senador del Frente para la Victoria Darío Díaz Pérez y aprobada con un solo voto en contra (el de Castello), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó al gobierno argentino un pedido de información en el que advirtió que el texto “además de restringir el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios que componen la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, también podría tener un efecto inhibitorio más generalizado y afectar el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información y procesarla en un debate público robusto”.
Darío Díaz Pérez
“Sin desconocer la importancia de los fines invocados por la ley, la Relatoría estima que imponer a los funcionarios públicos y organismos estatales la obligación legal de sostener una serie de extremos sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas, excede el objetivo que persigue la ley y no parece constituir un medio adecuado e idóneo para alcanzar la finalidad perseguida”, remató la CIDH.
María Eugenia Vidal
Entre los fundamentos del texto, Castello sostiene que “entendemos que esta ley violenta los valores de libertad y verdad cuya promoción y protección debemos priorizar a la hora de legislar”.
“La norma dispone que los tres poderes del Estado incorporen en todas sus publicaciones y actos públicos leyendas que implican una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso”, detalla el proyecto. La propuesta además agrega que “sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros”.
“La imposición legislativa de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único, atenta contra la libertad de pensamiento y expresión y clausura toda investigación futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con el enunciado estatal”, consideró Castello en el proyecto.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Guillermo Castello (Coalición Cívica) fue el único diputado que votó contra la Ley que obliga a usar la expresión “30 mil desaparecidos” en documentos oficiales.
“No hubo debate, fue una sesión rara; era el 23 de marzo, víspera del 24 (aniversario del golpe del 76), el recinto estaba repleto de gente de organismos de derechos humanos. Levantaron la mano todos, menos yo. La votación fue 90 a 1. El proyecto venía del Senado donde lo habían votado por unanimidad. Pedí que me expidan un certificado, una constancia de mi voto negativo. Porque en la provincia de Buenos Aires el voto no es nominal. Es a mano alzada y después no queda registro de quién votó qué”. Así contó a Infobae el diputado provincial bonaerense Guillermo Castello, de la Coalición Cívica y miembro del bloque de Cambiemos, el trámite exprés por el cual se aprobó la norma.
La Ley a la que hace referencia es la n°14910 sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el 24 de marzo pasado y que, créase o no, obliga a incorporar en todas las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales de los tres poderes del Estado Provincial, y en los actos públicos del Gobierno, la expresión “30.000 Desaparecidos” cuando “se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
El proyecto fue del senador Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria. Pero la gobernadora María Eugenia Vidal, cuyo jefe político, el presidente Mauricio Macri, dijo en una entrevista reciente: “No tengo idea si fueron 9 o 30 mil. Es una discusión que no tiene sentido”, promulgó la ley sin chistar.
“Sabiendo de antemano que no habría debate en la sesión, el día anterior, en la reunión del Bloque de Cambiemos, somos 30 diputados, yo dejé sentado que iba a votar en contra”, contó Castello.
La discusión en el bloque fue fuerte, pero igual Castello quedó solo. Sin embargo, asegura que algunos le decían “sotto voce” que estaban de acuerdo con él, pero luego no quisieron acompañarlo.
“Esto para mí trasciende lo legislativo. Por motivos filosóficos, me opongo a que se fije por ley una definición de la Historia. Esta ley restringe, cristaliza, toda discusión en un tema en el que no está dicha la última palabra y que es además un factor de división entre los argentinos”, agrega.
Ante la pregunta de por qué cree que pasa esto, responde: “Lo que falla es el tema de la corrección política. Nadie se anima a ir contra la corriente. No hay posibilidad de poner una pausa, de criticar, de debatir. Vienen estas olas y los diputados, y los políticos argentinos en general, están muy pendientes de eso”.
“Esta ley es pura sobreactuación. Llegué a pensar que esto no era más que una provocación al Ejecutivo, a tal punto es absurda. Como al presidente Macri, a todos nosotros, nos dicen que somos de derecha…”, dice Castello. Sin embargo, no minimiza el tema. Al contrario: “Esto es peligroso -advierte-. Es fascista, es estalinista, están imponiendo una verdad absoluta y clausurando el debate. El que disiente se pone además al Estado en contra; disentir es estar en contra de una opinión que tiene rango estatal, que es ley. Eso es lo grave”.
Otra cosa que le resulta chocante es que “haya gente que parece jactarse de que hayan sido 30.000 en vez de alegrarse ante la posibilidad de que sean menos”.
“Hace unos años -cuenta- hice un posgrado en Historia y allí sugerí hacer una investigación histórica sobre la cifra de desaparecidos y se armó un lío tremendo. Clausurando la historia y decretando una historia oficial, no habría habido revisionismo, ninguna escuela histórica podría haber revisado ningún hecho del pasado. La mayoría de la gente sabe que esto es una locura”.
Castello también hizo pública una carta en la que señala que “a la hora de legislar se debe priorizar siempre la promoción y protección de la Libertad y la Verdad y creo que esta ley niega ambos valores”.
“No sólo los niega -sigue diciendo- sino que también los violenta porque ordena que el Estado comunique una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso. Curiosamente sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros”.
En otro párrafo sostiene: “La ley es sustancialmente negativa por otro motivo, ya que desbarata cualquier política de acercamiento y unidad entre compatriotas de diferentes pensamientos, ya que una leyenda oficial que permanentemente exhiba una posición terminante constituye, para quienes no comparten dicha posición, una afrenta, un factor de irritación, de exacerbación de pasiones y, en definitiva, de desunión entre argentinos. Tampoco puede soslayarse la superficialidad intrínseca de una ley que presupone que la concientización de los gravísimos hechos ocurridos en la década del 70 depende de la imposición coactiva de un determinado número, cualquiera que sea, con lo cual se banaliza la tragedia.”
Por último, Castello acusa a los promotores de esta norma de tenerle miedo a la verdad. “Creo que la ley impulsada por el Senador kirchnerista trasunta el miedo a encontrar la verdad y por esa razón propone suprimir su búsqueda, cristalizarla, hacerla obligatoria hasta el fin de los tiempos. (…) La flamante ley fomenta la No Verdad como política de Estado, promueve el discurso único, provoca la autocensura, denigra a quien opina distinto”.
Guillermo Castello es marplatense. Empezó en la actividad política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde actualmente es profesor de Historia Constitucional. Ejerce la profesión de escribano desde que se recibió, hace 20 años. A partir de la crisis de 2001 retomó la actividad política, primero en Recrear (con Ricardo López Murphy) y en 2007 se sumó a la Coalición Cívica. Desde 2015 es diputado provincial.
“Estoy tratando de adaptarme a la función pública, ya que nunca antes había ejercido un cargo. Lo que me llamó mucho la atención en el ambiente legislativo es que por lo bajo los colegas te dicen una cosa y a la hora de votar te dejan solo”.
No es la primera vez que le pasa. También se opuso en solitario a la Ley de paridad de género que en octubre próximo se va a aplicar por primera vez. No sólo porque no está de acuerdo con fijar la paridad por ley sino porque será de muy difícil aplicación. “En las PASO, puede llegar a pasar que, si dos listas están encabezadas por mujeres, la que sale segunda puede quedar relegada no al segundo puesto sino incluso más atrás para que se cumpla la paridad”.
De todos modos, en este debate sobre el derecho a la verdad histórica y al disenso no está tan solo. Graciela Fernández Meijide sostiene desde hace tiempo que los casos documentados son poco menos de 8 mil y que la cifra de 30.000 fue una estimación que ya quedó desmentida por la realidad. “Yo no admito que haya dos números de desaparecidos”, fue su conclusión.
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Junio 19, 2019
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