LA REUNION DE LOS JUECES FEDERALES CONTRA LA DROGA: “POUR LA GALLERIE”
TODOS ESTAN CONFORMES CON EL “STATUS QUO” IMPERANTE. NADA CAMBIARA PUES RESULTA MÁS ADECUADO REALIZAR ALTISONANTES DECLARACIONES, QUE TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS.
En Rosario, una ciudad “en llamas”, se reunió todo el Poder Judicial de la Nación, incluidos los magistrados del máximo tribunal del país, con la idea de respaldar a los jueces federales que investigan el narcotráfico.
Al encuentro no faltó nadie. Jueces federales de todas las instancias del pais, miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, Senadores Nacionales, el Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe junto a su Procurador General, el Gobernador de la provincia de Santa Fe y hasta el intendente de Rosario.
El mensaje fue claro: “se necesita una decisión política firme para enfrentar el delito de la droga y la necesidad de crear más Juzgados y Fiscalías para investigar y juzgar al narcotráfico”. El ex Presidente de la Suprema Corte fue contundente: “no hay una decisión clara para combatir el narcotráfico”.
Desde el gobierno nacional, la respuesta no tardó en llegar. El Ministro de Seguridad espetó: “Las fuerzas de seguridad no son su repasador” mientras que el Ministro de Justicia calificó el encuentro de “un teatro, un grotesco, una caradurez”.
Una simple pelea de clanes. Ahora, lo que nada se dijo en el encuentro de jueces y todos hicieron “silencio de radio” (incluida la política) fue la escandalosa denuncia de dos fiscales de la justicia ordinaria de Santa Fe, quienes en una causa donde se está juzgando a uno de los máximos capos de la droga en Rosario -por hechos comunes- solicitaron que “el Consejo de la Magistratura investigue a un Juez Federal de Rosario por no avanzar en las causas penales que tiene a cargo contra líderes narcos”. Incluso llegaron a deslizar que ese capo narco que están juzgando, pudo expandir su negocio, gracias a la complicidad de la Justicia Federal.
La denuncia de estos fiscales fue una verdadera “bomba atómica” en el ambiente judicial y legal.
Este Juez Federal, que se ha cansado de abrir causas y encarcelar a militares y policías en las denominadas “causas de lesa humanidad”, viene siendo cuestionado desde hace bastante tiempo por su inactividad en la investigación de causas contra el narcotráfico. Se sabe que posee varias presentaciones en el Consejo de la Magistratura, las cuales nunca prosperaron.
Como suele suceder en estos casos, la noticia de diluirá en los próximos dias y todo seguirá con “normalidad” como hasta ahora.
Es cierto lo que dicen los jueces federales que se necesitan más juzgados y fiscalías para combatir judicialmente al narcotráfico, pero no es menos cierto que hoy tienen una herramienta a su alcance para hacerlo y no las utilizan.
Veamos.
En Rosario, hay creadas Secretarias de Derechos Humanos en todos los juzgados federales. Una en el Juzgado Federal, una en cada Tribunal Oral (son tres) y una en la Cámara Federal de Apelaciones. Tambien se ha creado una Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Todas tienen abundante personal, sobre todo esa Unidad Fiscal (que ocupa todo un piso en los Tribunales Federales de Rosario), en contraposición con otras las Unidades Fiscales, digamos comunes, que tienen poco personal y escasos recursos.
Estas secretarias y sobre todo la “superpoblada” Unidad Fiscal de Derechos Humanos, solo se ocupan de las causas denominadas de lesa humanidad. Hechos que ocurrieron hace más de 40 años, siendo el promedio de edad de los imputados de 75 años. Reitero, solo están ocupadas en esos casos. No pueden hacer otra cosa.
Es una obviedad, pero esta organización se repite en cada jurisdicción e instancia federal del país.
No hace falta ser un avezado investigador criminal ni experto en política judicial, para advertir que, ante el flagelo del narcotráfico que asola nuestro pais y en especial la ciudad de Rosario (donde ya hay casi 100 muertos -en lo que va de este año- por la pelea de territorios entre las bandas de la droga); se debe desarticular esas Secretarias y la Unidad Fiscal de Derechos Humanos para reconvertirlas en Secretarias de Lucha contra el Narcotráfico y Unidad Fiscal Especializada en Narcotráfico.
Sobre todo si tenemos en cuenta que, los máximos responsables del gobierno militar ya fueron juzgados y condenados y que encima la mayoría están muertos. Y que las causas que se siguen abriendo tienen como responsables a suboficiales o personal de baja jerarquía que ni siquiera estuvo en la ciudad de Rosario. ¿Qué sentido tiene gastar una “ponchada de plata” y “dilapidar tiempo de los jueces” (suelen demandar años estos juicios) en realizar un juicio oral para juzgar personas que ya tienen “dos o tres condenas a perpetua sobre el lomo”?.
Si quieren seguir con estos juicios, que los hagan, pero como un delito más, sin secretarias ni unidades especiales.
En un pais quebrado, sin recursos, donde el escaso dinero que hay, se necesita para paliar la grave crisis social y económica, no puede dilapidarse el mismo en nuevas y fabulosas estructuras (que encima solo servirá para “acomodar” familiares y amigos). Hay que trabajar con lo que hay. Es al Poder Judicial a quien le incumbe la tarea de “hundir el bisturí hasta el fondo” para acabar con este flagelo y cortar la complicidad de la política, las fuerzas de seguridad, el empresario y hasta el propio poder judicial.
Está claro que nadie quiere pagar “el costo político” de enfrentar la “ira” de los Organismos de los Derechos Humanos que no quieren ni hablar de esta posibilidad y “ponen el grito en el cielo” cada vez que se la menciona. Tampoco desde la política se quiere “hablar del tema”, las causas de derechos humanos son política de estado, dicen y aunque no lo digan sirve para “mantener el voto proge”.
Convengamos a su vez, que los jueces federales se “sienten cómodos” juzgando en juicios eternos a viejos de 70 y 80 años en vez de juzgar “jóvenes capos narcos”. De hecho en Rosario cada vez que se juzga militares y policías, la vida del Tribunal Federal no se ve alterada; en cambio cuando se juzgan causas de narcotráfico, se valla el tribunal, se cortan las calles, se aumenta la seguridad con decenas de gendarmes e ingresar al edificio de los tribunales federales es todo una “odisea”. Como nota de color, los máximos jueces del país llegaron y se retiraron del evento en Rosario, en un camión blindado.
Por su parte el poder político “dice mucho” pero “no hace nada”. Todos sabemos que gran parte de las campañas electorales se financian con dineros “pocos claros”.
Es fácil advertir entonces que todos están conformes con este “status quo” y resulta más atinado realizar altisonantes declaraciones, transfiriéndose la responsabilidad de los jueces a la política y de estos a los jueces, que “tomar el toro por las astas” y adoptar las medidas necesarias para beneficio de toda la sociedad y no de un minúsculo sector.
Como dice la veja frase acuñada en la revolución francesa: “no se puede hacer un omelette sin romper algunos huevos”. Mientras los tres poderes del Estado sigan inmersos en mantener sus propias necesidades y privilegios, desatendiendo las urgentes necesidades de los argentinos; seguiremos “vegetando” en esta triste realidad, resignándonos y hasta corriendo el riesgo de naturalizar este penoso vivir.
⚖
En Rosario, una ciudad “en llamas”, se reunió todo el Poder Judicial de la Nación, incluidos los magistrados del máximo tribunal del país, con la idea de respaldar a los jueces federales que investigan el narcotráfico.
El mensaje fue claro: “se necesita una decisión política firme para enfrentar el delito de la droga y la necesidad de crear más Juzgados y Fiscalías para investigar y juzgar al narcotráfico”. El ex Presidente de la Suprema Corte fue contundente: “no hay una decisión clara para combatir el narcotráfico”.
Desde el gobierno nacional, la respuesta no tardó en llegar. El Ministro de Seguridad espetó: “Las fuerzas de seguridad no son su repasador” mientras que el Ministro de Justicia calificó el encuentro de “un teatro, un grotesco, una caradurez”.
Una simple pelea de clanes. Ahora, lo que nada se dijo en el encuentro de jueces y todos hicieron “silencio de radio” (incluida la política) fue la escandalosa denuncia de dos fiscales de la justicia ordinaria de Santa Fe, quienes en una causa donde se está juzgando a uno de los máximos capos de la droga en Rosario -por hechos comunes- solicitaron que “el Consejo de la Magistratura investigue a un Juez Federal de Rosario por no avanzar en las causas penales que tiene a cargo contra líderes narcos”. Incluso llegaron a deslizar que ese capo narco que están juzgando, pudo expandir su negocio, gracias a la complicidad de la Justicia Federal.
La denuncia de estos fiscales fue una verdadera “bomba atómica” en el ambiente judicial y legal.
Este Juez Federal, que se ha cansado de abrir causas y encarcelar a militares y policías en las denominadas “causas de lesa humanidad”, viene siendo cuestionado desde hace bastante tiempo por su inactividad en la investigación de causas contra el narcotráfico. Se sabe que posee varias presentaciones en el Consejo de la Magistratura, las cuales nunca prosperaron.
Como suele suceder en estos casos, la noticia de diluirá en los próximos dias y todo seguirá con “normalidad” como hasta ahora.
Es cierto lo que dicen los jueces federales que se necesitan más juzgados y fiscalías para combatir judicialmente al narcotráfico, pero no es menos cierto que hoy tienen una herramienta a su alcance para hacerlo y no las utilizan.
Veamos.
En Rosario, hay creadas Secretarias de Derechos Humanos en todos los juzgados federales. Una en el Juzgado Federal, una en cada Tribunal Oral (son tres) y una en la Cámara Federal de Apelaciones. Tambien se ha creado una Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Todas tienen abundante personal, sobre todo esa Unidad Fiscal (que ocupa todo un piso en los Tribunales Federales de Rosario), en contraposición con otras las Unidades Fiscales, digamos comunes, que tienen poco personal y escasos recursos.
Estas secretarias y sobre todo la “superpoblada” Unidad Fiscal de Derechos Humanos, solo se ocupan de las causas denominadas de lesa humanidad. Hechos que ocurrieron hace más de 40 años, siendo el promedio de edad de los imputados de 75 años. Reitero, solo están ocupadas en esos casos. No pueden hacer otra cosa.
Es una obviedad, pero esta organización se repite en cada jurisdicción e instancia federal del país.
No hace falta ser un avezado investigador criminal ni experto en política judicial, para advertir que, ante el flagelo del narcotráfico que asola nuestro pais y en especial la ciudad de Rosario (donde ya hay casi 100 muertos -en lo que va de este año- por la pelea de territorios entre las bandas de la droga); se debe desarticular esas Secretarias y la Unidad Fiscal de Derechos Humanos para reconvertirlas en Secretarias de Lucha contra el Narcotráfico y Unidad Fiscal Especializada en Narcotráfico.
Sobre todo si tenemos en cuenta que, los máximos responsables del gobierno militar ya fueron juzgados y condenados y que encima la mayoría están muertos. Y que las causas que se siguen abriendo tienen como responsables a suboficiales o personal de baja jerarquía que ni siquiera estuvo en la ciudad de Rosario. ¿Qué sentido tiene gastar una “ponchada de plata” y “dilapidar tiempo de los jueces” (suelen demandar años estos juicios) en realizar un juicio oral para juzgar personas que ya tienen “dos o tres condenas a perpetua sobre el lomo”?.
En un pais quebrado, sin recursos, donde el escaso dinero que hay, se necesita para paliar la grave crisis social y económica, no puede dilapidarse el mismo en nuevas y fabulosas estructuras (que encima solo servirá para “acomodar” familiares y amigos). Hay que trabajar con lo que hay. Es al Poder Judicial a quien le incumbe la tarea de “hundir el bisturí hasta el fondo” para acabar con este flagelo y cortar la complicidad de la política, las fuerzas de seguridad, el empresario y hasta el propio poder judicial.
Está claro que nadie quiere pagar “el costo político” de enfrentar la “ira” de los Organismos de los Derechos Humanos que no quieren ni hablar de esta posibilidad y “ponen el grito en el cielo” cada vez que se la menciona. Tampoco desde la política se quiere “hablar del tema”, las causas de derechos humanos son política de estado, dicen y aunque no lo digan sirve para “mantener el voto proge”.
Convengamos a su vez, que los jueces federales se “sienten cómodos” juzgando en juicios eternos a viejos de 70 y 80 años en vez de juzgar “jóvenes capos narcos”. De hecho en Rosario cada vez que se juzga militares y policías, la vida del Tribunal Federal no se ve alterada; en cambio cuando se juzgan causas de narcotráfico, se valla el tribunal, se cortan las calles, se aumenta la seguridad con decenas de gendarmes e ingresar al edificio de los tribunales federales es todo una “odisea”. Como nota de color, los máximos jueces del país llegaron y se retiraron del evento en Rosario, en un camión blindado.
Por su parte el poder político “dice mucho” pero “no hace nada”. Todos sabemos que gran parte de las campañas electorales se financian con dineros “pocos claros”.
Es fácil advertir entonces que todos están conformes con este “status quo” y resulta más atinado realizar altisonantes declaraciones, transfiriéndose la responsabilidad de los jueces a la política y de estos a los jueces, que “tomar el toro por las astas” y adoptar las medidas necesarias para beneficio de toda la sociedad y no de un minúsculo sector.
Como dice la veja frase acuñada en la revolución francesa: “no se puede hacer un omelette sin romper algunos huevos”. Mientras los tres poderes del Estado sigan inmersos en mantener sus propias necesidades y privilegios, desatendiendo las urgentes necesidades de los argentinos; seguiremos “vegetando” en esta triste realidad, resignándonos y hasta corriendo el riesgo de naturalizar este penoso vivir.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 16, 2022