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 El pasado 20 de noviembre, en el Círculo Militar, se presentó el libro Breve Crítica Jurídica al Modelo Argentino de Lesa Humanidad. El panel estuvo integrado por dos de sus autores, el general (R) Gabriel D’Amico y el Dr. Santiago M. Sinópoli, quienes expusieron cómo, desde 2003, la justicia federal en lo penal y el Ministerio Público Fiscal consolidaron un modelo de persecución selectiva contrario a los principios del derecho penal liberal. El cierre estuvo a cargo del Obispo Castrense, monseñor Santiago Olivera, quien -recogiendo palabras de monseñor Pironio y del papa Francisco- recordó que la dignidad humana y la reconciliación entre hermanos no son expresiones retóricas, sino exigencias morales. Señaló también que muchos detenidos en causas de lesa humanidad, ancianos y enfermos, “son sus pobres”, aquellos a quienes su pastoral debe asistir frente a situaciones que en numerosos casos constituyen verdaderas injusticias. Las exposiciones confirmaron un diagnóstico que ya no puede silenciarse: en las últimas dos décadas se ha instalado en el fuero federal un derecho penal del enemigo, donde las garantías del artículo 18 de la Constitución -legalidad, prohibición de retroactividad, juez natural, prisión preventiva razonable- fueron debilitadas para castigar a un único sector social: los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad que enfrentaron a las organizaciones armadas en los años setenta. A ello se suma, en contradicción con el principio de igualdad ante la ley, la exclusión sistemática de los crímenes cometidos por grupos guerrilleros. Esta asimetría vulnera la obligación de trato equitativo que surge del Derecho Internacional Humanitario, que impone responsabilidades simétricas a todas las partes en un conflicto interno. Si el gobierno actual aspira a reconstruir la República sobre bases de libertad y legalidad, debe adoptar decisiones urgentes que restablezcan la plena vigencia del artículo 18 de la Constitución y aseguren que todas las personas reciban igual tratamiento ante la ley, sin distinciones ideológicas ni históricas. La justicia no puede seguir siendo un instrumento de revancha. Recuperar la unidad nacional exige reafirmar la Constitución como límite real al poder y garantía efectiva de la dignidad humana.

Francisco Verna

Presidente Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC)