En las 60 reuniones del G-20, principal foro internacional de cooperación económica, financiera y política (y la cumbre de líderes del 30nov y 01dec18), la agenda de discusiones estará orientada en temas fundamentales como la anticorrupción, empleo, salud, educación, desarrollo, comercio e inversiones…En estos sectores, el gobierno argentino deberá mostrar una realidad contraria a sus discursos políticos que no puede esconder a sus interlocutores con la maquina estatal de comunicación, propaganda y marketing político. Los objetivos hipotéticos, las promesas electorales, las palabras de buenas intenciones o un plan nacional temático (siguiendo el modelo de los derechos humanos), no podrán convencer ni armonizar las acciones de los participantes del G-20, como tampoco revertir la situación catastrófica global que viven ciudadanos nacionales y extranjeros en el país.
Recordando que si bien el presidente Mauricio Macri, por la Constitución Nacional, es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país (art. 99, inciso 1 CN), demostró ampliamente que abandonó su responsabilidad militar, moral, política y jurídica en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas[2], e idéntica conducta mantiene con el resto de la sociedad.
Constatando que en Argentina los principios del estado de Derecho están en peligro, la corrupción pública y privada llegan a niveles inimaginables, la violencia y la criminalidad están generalizadas, se viola el orden público, la politización de la justicia es una institución, la instrumentalización política de los hechos históricos y dolorosos de los años 70’ se transformó en un negocio rentable. Asimismo, la inseguridad jurídica es doctrina en los fueros federales, los parlamentarios prefieren abusar de la inmunidad parlamentaria en lugar de ejercer sus funciones legislativas, las personalidades políticas, sindicales y empresariales acusadas de delitos económicos están cotidianamente en las tapas de los diarios. El enriquecimiento ilícito de los magistrados es de conocimiento público, pero sin consecuencia judiciales.
Y al mismo tiempo la pobreza real aumenta, la educación es muy preocupante, la salud pública está abandonada, las manifestaciones violentas en las calles y rutas son recurrentes, la inflación continua de aumentar mientras que los esperados inversores extranjeros observan y guardan distancia. Las infraestructuras y rutas son inoperantes. El fraude fiscal y el trabajo informal son deportes nacionales. Los diversos subsidios son derechos adquiridos, el gasto público es de imposible control…
Todos los expertos nacionales e internacionales, los medios de prensa, la OCDE con sus recomendaciones[3]y el informe World Justice Projet 2017-2018[4]comparten esa cartografía/diagnostico.
Observando que el presidente Macri, no protege ni garantiza el libre ejercicio de derechos políticos, sociales, culturales… de todos los habitantes en el territorio argentino. Viola principios fundamentales previstos en los artículos 14, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 37, 41, 42 de la Constitución Nacional (CN), por ejemplo:
No asegura la libertad de transitar, de trabajar, de ejercer libremente una profesión y el comercio, por los constantes cortes de rutas, manifestaciones, bloqueos, agregado a los numerosos paros y contestaciones laborales. El sindicalismo paralizó la educación del país durante largos meses.
No protege ni garantiza los derechos humanos para todos los ciudadanos por igual, al permitir que nefastos militantes radicalizaos expresen con escraches el desacuerdo de decisiones judiciales que son contrarias a sus ideologías.
No garantiza la seguridad jurídica que pone en peligro las libertades fundamentales, el derecho a la propiedad y facilita la expropiación. Aleja las inversiones extranjeras.
Permite que grupos fanatizados argumentando reivindicaciones territoriales, apoyados por minorías violentas, y asociaciones supuestamente de derechos humanos, desafíen el orden republicano, fijen normas de autonomía separatista, prohíben y limitan el acceso de la justicia, sin que el gobierno aplique el peso de la ley que si lo hace con otros sectores vulnerables.
No lucha concretamente contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, ni asume la seguridad de la nación y de sus ciudadanos.
No garantiza una política social realista provocando un aumenta considerable a la vez de la pobreza y de villas de emergencia. No reduce el analfabetismo. Los programas de protección de la familia, niños y madres solteras son clientelistas.
Deja que militantes que dicen representar el poder del pueblo en la calle, decidan sobre todos los temas, haciendo retroceder las decisiones del Estado, la justicia, el gobierno.
No se inquieta que los jueces federales públicamente violen los principios de inocencia, del secreto de la instrucción y el deber de reserva. Que realicen la apología de la violencia y de la aplicación ilegal de normas jurídicas contra un sector de la sociedad.
Comparte orgullosamente, con la complicidad de la justicia federal, mantener en prisión a hombres y mujeres, por acusaciones y condenas ilegales, mayores de 70 años, enfermos, quienes representan las instituciones y la sociedad de los años70’. Los tratamientos inhumanos y degradantes son la regla, representando más la venganza que la justicia. Se cometen violaciones de los derechos humanos, principios constitucionales y convencionales.
Reconociendo que, con los diversos hechos de corrupción, de politización de la justicia, de interpretación selectiva con el pasado, se demuestra la incapacidad o complicidad del Estado al imposible cumplimiento de los objetivos determinados en el G-20. La supuesta lucha contra la corrupción es más una acción de publicidad política que una realidad o voluntad del gobierno porque según la Oficina Anticorrupción investiga muy lentamente a numerosos funcionarios, varios ellos miembros del gobierno[5], sin conocerse decisión judicial alguna. Ningún juez o alto funcionario es investigado o juzgado por su notorio crecimiento patrimonial de imposible justificación.
Los jueces alteran beneficios personales y/o subordinación al poder político:
Así, por “razones humanitarias, extraordinarias y bajo caución juratoria“, el juez federal Sergio Torres concedió la excarcelación al ex canciller Héctor Timerman y la autorización para que éste viaje a los Estados Unidos de América a continuar un tratamiento médico, pese a que se encuentra procesado con prisión preventiva y domiciliara debido a la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la Amia. Es inquietante la posición jurídica del juez Torres dado que los mismos argumentos utilizados para excarcelar al ex ministro, les niega ese beneficio a numerosas personas que mueren enfermas en las cárceles, mayores de 70 años, procesadas ilegalmente por supuestos delitos de lesa humanidad. Con estos últimos tiene un comportamiento de intransigencia visceral, donde la ecuación procesal para este juez es que todo procesado debe estar en la cárcel, con prisión preventiva ilimitada, sin posibilidad de detención domiciliaria y aún menos en libertad bajo caución juratoria.
Boudou, Amado, ex vicepresidente de la Nación, acusado de lavado de dinero, detenido durante 70 días en la cárcel federal de Ezeiza por orden del juez federal Ariel Lijo. Durante la feria judicial, el 12 enero 2018 la cámara federal integrada por los camaristas Eduardo Farah, Leopoldo Bruglia, Rodolfo Pociello Argerich, revocó su prisión preventiva ordenando la inmediata libertad bajo caución juratoria. La crítica de la Cámara Federal es por mantener detenida a una persona sin resolver su situación procesal durante dos meses. La conducta judicial de estos y otros camaristas es confusa porque en los procesos de los ilegalmente llamados de lesa humanidad niegan automáticamente demandas similares a numerosos hombres y mujeres hasta con 15 años de prisión preventiva.
El gobierno actual continua a marginalizar todos los ex agentes del Estado que ejercieron en las diversas administraciones publicas entre 1976 y 1983 acusados ilegalmente de colaborar con la dictadura, salvo que realiza alianzas de circunstancias con personas a quienes no se las juzga por su pasado. Por ejemplo:
Jorge Faurie, actual canciller: desempeñó distintas funciones estratégicas durante el último gobierno militar: en la cancillería 1975-1977 responsable del escritorio Brasil, las embajadas argentinas de Venezuela en 1978-79, Rumania en 1980-84. Conociéndose la cooperación que existía entre esos gobiernos con la fuerza armadas argentinas. Fue uno de los funcionarios que se encargó de negar la extradición a Francia de Alfredo Astiz y entre 1989-1992 ejerció como ministro consejero de la embajada argentina en Chile durante la escandalosa época del ex embajador Oscar Spinosa Melo, ignorándose la responsabilidad de Faurie en esa función[6].
En septiembre 2002 entonces vicecanciller y embajador en Portugal, fue denunciado por la Oficina Anticorrupción por haber omitido declarar la empresa Costes SRL que poseía en sociedad con Ramon Hernández, secretario privado del ex presidente Carlos Menem, a lo que se sumó un informe de la AFIP que indicaba que Faurie seria titular de dos terrenos en Santa Fe que no fue mencionado en su declaración jurada de 2002. La causa recayó en el juzgado de Servini de Cubría, y no ha tenido avances desde entonces.
El 03 noviembre 2017, durante una entrevista a un medio español, el periodista interrogó al canciller Faurie: ‘¿Le preguntan esos inversores por qué muchos de los ministros siguen teniendo su dinero fuera de Argentina?”, afirmando el ministro de relaciones exteriores argentino que: “No creo que ningún inversor de los grandes fondos, que tienen su plata en cualquier lugar, esté preocupado por eso. Hay grandes fortunaseuropeas que están en otros países por temas fiscales”, corrigiendo el periodista que “Los empresarios sí, pero no los ministros”, agregando que “No canciller, eso no se acepta en Europa” pero Faurie insistió que:” No, no, también los ministros”[7].
Con el mismo pasado temporal-institucional del canciller Faurie otros hombres y mujeres están acusados de colaborar con la dictadura o procesados en los ilegales juicios de crímenes contra la humanidad.
Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad, fue responsable de la organización terrorista Montoneros bajo el seudónimo de Carolina Serrano. Militante activa, actuó a nivel nacional e internacional en acciones de violencia política que nunca fueron llevadas ante la justicia. ¿Cómo esta ministra podrá garantizar una política de seguridad, de orden público y proteger la ciudadanía, cuando los organizadores de la inseguridad, de la violencia y del desorden, son sus antiguos asociados o afines a la organización armada a la cual perteneció?
Gerardo Martínez[8], secretario general de la UOCRA, en los años 70-80 fue oficial de inteligencia del Ejército. En 2011, fue acusado por organizaciones de derechos humanos por haber pertenecido al Batallón de Inteligencia 601 y por la desaparición de numerosas personas. Cercano al gobierno de los Kirchner. En su proceso judicial primero intervino el juez Sergio Torres y luego en 2014 fue declarado inocente y sobreseído por el juez Ariel Lijo. En las mismas situaciones, ese juez y otros ordenan que 2800 hombres y mujeres permanezcan en prisión, procesados, acusados ilegalmente de crímenes contra la humanidad. Martínez, hoy es responsable del grupo L20 representa la Argentina ante la OIT, integra el círculo del presidente Macri. La corrupción, los cortes de rutas, los constantes paros, la criminalidad, la violencia, las reivindicaciones indefinidas, son indicadores constantes en el mundo sindical que integra Martínez los cuales frenan los objetivos del G-20 y del L20 en particular.
Gerardo Martínez L20
Finalmente: en estos ejemplos de contradicciones e ilegalidades, un observador extranjero se debe preguntar: ¿quién gobierna el país y quienes son los interlocutores proclives a conductas disruptivas, enemigas de los objetivos del G-20 y de la sociedad argentina? Hace más de 40 años un sector minoritario de la sociedad busca imponer lo que no pudo hacerlo por las armas, construyendo escenarios de venganza, creando nuevos conflictos, impidiendo fijar las bases de un nuevo contra social y de cohesión nacional.
El abuso de poder por parte del Estado, la intimidación ejercida por militantes enemigos de la justicia y el linchamiento mediático contra un enemigo designado operado por los medios y las organizaciones llamadas defensoras de los derechos humanos, son prácticas corrientes. La impunidad es la regla pese a los comunicados del gobierno destinados a convencer lo contrarios a la comunidad internacional.
Los jueces federales son actores políticos y verdaderos instrumentos de presión al servicio del poder quienes aplican en realidad varios modelos de justicia:
Uno es para juzgar los crímenes y delitos sin connotaciones políticas, en el cual se hace beneficiar a los autores de delitos económicos o narcotraficantes (la mayoría con antecedentes penales) de decisiones sorpresivas y controvertidas. Se privilegia la libertad o sobreseimientos.
el otro para los hombres políticos, empresarios, industriales o cercanos al poder políticos actual o pasados, a quienes se les aplican escrupulosamente las normas procesales, el principio de inocencia, las excarcelaciones, tiempos razonables del proceso, y
un tercero, el más severo, con normas de excepción, es para juzgar los hombres y mujeres, representando la sociedad de los años 70 que se opusieron a los grupos terroristas que pretendían asumir al poder por las armas. Con estos últimos y a diferencia de los otros dos modelos, se utiliza la retroactividad penal, se ignora la prescripción, la amnistía, las garantías procesales, los principios de legalidad, con prisiones preventivas ilimitadas, violaciones de garantías constitucionales y convencionales….
En ese contexto de justicia arbitraria, de corrupción, de abandono de las obligaciones positivas del Estado, ¿cómo se puede asegurar y promover las inversiones extranjeras en Argentina o brindar confianza a las empresas cuando la seguridad jurídica no está asegurada.? Y sobre todo ¿cómo proteger y respetar los derechos fundamentales que el G-20 busca implementar?
[1] Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Regularmente participa a conferencias, asesorías, publicaciones coloquios a nivel internacional. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias
En las 60 reuniones del G-20, principal foro internacional de cooperación económica, financiera y política (y la cumbre de líderes del 30nov y 01dec18), la agenda de discusiones estará orientada en temas fundamentales como la anticorrupción, empleo, salud, educación, desarrollo, comercio e inversiones…En estos sectores, el gobierno argentino deberá mostrar una realidad contraria a sus discursos políticos que no puede esconder a sus interlocutores con la maquina estatal de comunicación, propaganda y marketing político. Los objetivos hipotéticos, las promesas electorales, las palabras de buenas intenciones o un plan nacional temático (siguiendo el modelo de los derechos humanos), no podrán convencer ni armonizar las acciones de los participantes del G-20, como tampoco revertir la situación catastrófica global que viven ciudadanos nacionales y extranjeros en el país.
Recordando que si bien el presidente Mauricio Macri, por la Constitución Nacional, es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país (art. 99, inciso 1 CN), demostró ampliamente que abandonó su responsabilidad militar, moral, política y jurídica en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas[2], e idéntica conducta mantiene con el resto de la sociedad.
Constatando que en Argentina los principios del estado de Derecho están en peligro, la corrupción pública y privada llegan a niveles inimaginables, la violencia y la criminalidad están generalizadas, se viola el orden público, la politización de la justicia es una institución, la instrumentalización política de los hechos históricos y dolorosos de los años 70’ se transformó en un negocio rentable. Asimismo, la inseguridad jurídica es doctrina en los fueros federales, los parlamentarios prefieren abusar de la inmunidad parlamentaria en lugar de ejercer sus funciones legislativas, las personalidades políticas, sindicales y empresariales acusadas de delitos económicos están cotidianamente en las tapas de los diarios. El enriquecimiento ilícito de los magistrados es de conocimiento público, pero sin consecuencia judiciales.
Y al mismo tiempo la pobreza real aumenta, la educación es muy preocupante, la salud pública está abandonada, las manifestaciones violentas en las calles y rutas son recurrentes, la inflación continua de aumentar mientras que los esperados inversores extranjeros observan y guardan distancia. Las infraestructuras y rutas son inoperantes. El fraude fiscal y el trabajo informal son deportes nacionales. Los diversos subsidios son derechos adquiridos, el gasto público es de imposible control…
Todos los expertos nacionales e internacionales, los medios de prensa, la OCDE con sus recomendaciones[3] y el informe World Justice Projet 2017-2018[4] comparten esa cartografía/diagnostico.
Observando que el presidente Macri, no protege ni garantiza el libre ejercicio de derechos políticos, sociales, culturales… de todos los habitantes en el territorio argentino. Viola principios fundamentales previstos en los artículos 14, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 37, 41, 42 de la Constitución Nacional (CN), por ejemplo:
No asegura la libertad de transitar, de trabajar, de ejercer libremente una profesión y el comercio, por los constantes cortes de rutas, manifestaciones, bloqueos, agregado a los numerosos paros y contestaciones laborales. El sindicalismo paralizó la educación del país durante largos meses.
No protege ni garantiza los derechos humanos para todos los ciudadanos por igual, al permitir que nefastos militantes radicalizaos expresen con escraches el desacuerdo de decisiones judiciales que son contrarias a sus ideologías.
No garantiza la seguridad jurídica que pone en peligro las libertades fundamentales, el derecho a la propiedad y facilita la expropiación. Aleja las inversiones extranjeras.
Permite que grupos fanatizados argumentando reivindicaciones territoriales, apoyados por minorías violentas, y asociaciones supuestamente de derechos humanos, desafíen el orden republicano, fijen normas de autonomía separatista, prohíben y limitan el acceso de la justicia, sin que el gobierno aplique el peso de la ley que si lo hace con otros sectores vulnerables.
No lucha concretamente contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, ni asume la seguridad de la nación y de sus ciudadanos.
No garantiza una política social realista provocando un aumenta considerable a la vez de la pobreza y de villas de emergencia. No reduce el analfabetismo. Los programas de protección de la familia, niños y madres solteras son clientelistas.
Deja que militantes que dicen representar el poder del pueblo en la calle, decidan sobre todos los temas, haciendo retroceder las decisiones del Estado, la justicia, el gobierno.
No se inquieta que los jueces federales públicamente violen los principios de inocencia, del secreto de la instrucción y el deber de reserva. Que realicen la apología de la violencia y de la aplicación ilegal de normas jurídicas contra un sector de la sociedad.
Comparte orgullosamente, con la complicidad de la justicia federal, mantener en prisión a hombres y mujeres, por acusaciones y condenas ilegales, mayores de 70 años, enfermos, quienes representan las instituciones y la sociedad de los años70’. Los tratamientos inhumanos y degradantes son la regla, representando más la venganza que la justicia. Se cometen violaciones de los derechos humanos, principios constitucionales y convencionales.
Reconociendo que, con los diversos hechos de corrupción, de politización de la justicia, de interpretación selectiva con el pasado, se demuestra la incapacidad o complicidad del Estado al imposible cumplimiento de los objetivos determinados en el G-20. La supuesta lucha contra la corrupción es más una acción de publicidad política que una realidad o voluntad del gobierno porque según la Oficina Anticorrupción investiga muy lentamente a numerosos funcionarios, varios ellos miembros del gobierno[5], sin conocerse decisión judicial alguna. Ningún juez o alto funcionario es investigado o juzgado por su notorio crecimiento patrimonial de imposible justificación.
Así, por “razones humanitarias, extraordinarias y bajo caución juratoria“, el juez federal Sergio Torres concedió la excarcelación al ex canciller Héctor Timerman y la autorización para que éste viaje a los Estados Unidos de América a continuar un tratamiento médico, pese a que se encuentra procesado con prisión preventiva y domiciliara debido a la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la Amia. Es inquietante la posición jurídica del juez Torres dado que los mismos argumentos utilizados para excarcelar al ex ministro, les niega ese beneficio a numerosas personas que mueren enfermas en las cárceles, mayores de 70 años, procesadas ilegalmente por supuestos delitos de lesa humanidad. Con estos últimos tiene un comportamiento de intransigencia visceral, donde la ecuación procesal para este juez es que todo procesado debe estar en la cárcel, con prisión preventiva ilimitada, sin posibilidad de detención domiciliaria y aún menos en libertad bajo caución juratoria.
Boudou, Amado, ex vicepresidente de la Nación, acusado de lavado de dinero, detenido durante 70 días en la cárcel federal de Ezeiza por orden del juez federal Ariel Lijo. Durante la feria judicial, el 12 enero 2018 la cámara federal integrada por los camaristas Eduardo Farah, Leopoldo Bruglia, Rodolfo Pociello Argerich, revocó su prisión preventiva ordenando la inmediata libertad bajo caución juratoria. La crítica de la Cámara Federal es por mantener detenida a una persona sin resolver su situación procesal durante dos meses. La conducta judicial de estos y otros camaristas es confusa porque en los procesos de los ilegalmente llamados de lesa humanidad niegan automáticamente demandas similares a numerosos hombres y mujeres hasta con 15 años de prisión preventiva.
El gobierno actual continua a marginalizar todos los ex agentes del Estado que ejercieron en las diversas administraciones publicas entre 1976 y 1983 acusados ilegalmente de colaborar con la dictadura, salvo que realiza alianzas de circunstancias con personas a quienes no se las juzga por su pasado. Por ejemplo:
En septiembre 2002 entonces vicecanciller y embajador en Portugal, fue denunciado por la Oficina Anticorrupción por haber omitido declarar la empresa Costes SRL que poseía en sociedad con Ramon Hernández, secretario privado del ex presidente Carlos Menem, a lo que se sumó un informe de la AFIP que indicaba que Faurie seria titular de dos terrenos en Santa Fe que no fue mencionado en su declaración jurada de 2002. La causa recayó en el juzgado de Servini de Cubría, y no ha tenido avances desde entonces.
El 03 noviembre 2017, durante una entrevista a un medio español, el periodista interrogó al canciller Faurie: ‘¿Le preguntan esos inversores por qué muchos de los ministros siguen teniendo su dinero fuera de Argentina?”, afirmando el ministro de relaciones exteriores argentino que: “No creo que ningún inversor de los grandes fondos, que tienen su plata en cualquier lugar, esté preocupado por eso. Hay grandes fortunas europeas que están en otros países por temas fiscales”, corrigiendo el periodista que “Los empresarios sí, pero no los ministros”, agregando que “No canciller, eso no se acepta en Europa” pero Faurie insistió que:” No, no, también los ministros”[7].
Con el mismo pasado temporal-institucional del canciller Faurie otros hombres y mujeres están acusados de colaborar con la dictadura o procesados en los ilegales juicios de crímenes contra la humanidad.
Gerardo Martínez[8], secretario general de la UOCRA, en los años 70-80 fue oficial de inteligencia del Ejército. En 2011, fue acusado por organizaciones de derechos humanos por haber pertenecido al Batallón de Inteligencia 601 y por la desaparición de numerosas personas. Cercano al gobierno de los Kirchner. En su proceso judicial primero intervino el juez Sergio Torres y luego en 2014 fue declarado inocente y sobreseído por el juez Ariel Lijo. En las mismas situaciones, ese juez y otros ordenan que 2800 hombres y mujeres permanezcan en prisión, procesados, acusados ilegalmente de crímenes contra la humanidad. Martínez, hoy es responsable del grupo L20 representa la Argentina ante la OIT, integra el círculo del presidente Macri. La corrupción, los cortes de rutas, los constantes paros, la criminalidad, la violencia, las reivindicaciones indefinidas, son indicadores constantes en el mundo sindical que integra Martínez los cuales frenan los objetivos del G-20 y del L20 en particular.
Gerardo Martínez L20
Finalmente: en estos ejemplos de contradicciones e ilegalidades, un observador extranjero se debe preguntar: ¿quién gobierna el país y quienes son los interlocutores proclives a conductas disruptivas, enemigas de los objetivos del G-20 y de la sociedad argentina? Hace más de 40 años un sector minoritario de la sociedad busca imponer lo que no pudo hacerlo por las armas, construyendo escenarios de venganza, creando nuevos conflictos, impidiendo fijar las bases de un nuevo contra social y de cohesión nacional.
Los jueces federales son actores políticos y verdaderos instrumentos de presión al servicio del poder quienes aplican en realidad varios modelos de justicia:
Uno es para juzgar los crímenes y delitos sin connotaciones políticas, en el cual se hace beneficiar a los autores de delitos económicos o narcotraficantes (la mayoría con antecedentes penales) de decisiones sorpresivas y controvertidas. Se privilegia la libertad o sobreseimientos.
el otro para los hombres políticos, empresarios, industriales o cercanos al poder políticos actual o pasados, a quienes se les aplican escrupulosamente las normas procesales, el principio de inocencia, las excarcelaciones, tiempos razonables del proceso, y
un tercero, el más severo, con normas de excepción, es para juzgar los hombres y mujeres, representando la sociedad de los años 70 que se opusieron a los grupos terroristas que pretendían asumir al poder por las armas. Con estos últimos y a diferencia de los otros dos modelos, se utiliza la retroactividad penal, se ignora la prescripción, la amnistía, las garantías procesales, los principios de legalidad, con prisiones preventivas ilimitadas, violaciones de garantías constitucionales y convencionales….
En ese contexto de justicia arbitraria, de corrupción, de abandono de las obligaciones positivas del Estado, ¿cómo se puede asegurar y promover las inversiones extranjeras en Argentina o brindar confianza a las empresas cuando la seguridad jurídica no está asegurada.? Y sobre todo ¿cómo proteger y respetar los derechos fundamentales que el G-20 busca implementar?
Paris, 07 febrero 2018, Prof. Mario Sandoval, marios46@hotmail.com
[1] Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Regularmente participa a
conferencias, asesorías, publicaciones coloquios a nivel internacional. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias
[2] Las responsabilidades y sus consecuencias. https://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/01/16/el-g-20-frente-al-comandante-en-jefe-de-las-fuerzas-armadas-de-argentina-que-elude-responsabilidades-que-modelo-de-militares-defiende-el-presidente-macri/ y https://www .informadorpublico.com/fuerzas-armadas/el-g-20-frente-al-comandante-en-jefe-de-las-fuerzas-armadas-de-argentina-que-elude-responsabilidades-que-modelo-de-militares-defiende-el-presidente-macri
[3] OCDE in Argentina: Estudio económico multidimensional, visión general. Julio 2017 http://www.oecd.org/eco/surveys/Argentina-2017-OECD-economic-survey-overview-ESP.pdf
[4] https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-18_Online-Edition.pdf
World Justice Projet (WJP) 2017-2018
[5]La Oficina Anticorrupción investiga a 27 funcionarios, pero hay pocos avances. Clarín, 18 enero 2018.
https://www.clarin.com/politica/oficina-anticorrupcion-investiga-27-funcionarios-pocos-avances_0_rJ6u650Nz.html
[6] In Inmunidad Diplomática: Oscar Spinosa Melo, embajador argentino en Chile; una historia de sexo, drogas y chantaje de Francisco Martorell, Editorial Planeta, 1993. https://fr.scribd.com/doc/2731682/Impunidad-Diplomatica-Francisco-Martorell
[7] El País, 03nov2017 https://elpais.com/internacional/2017/11/02/argentina/1509642466_536818.html
[8] Sitio oficial http://www.gerardomartinez.com.ar/
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 7, 2018
Tags: Gerardo Martínez, Jorge Faure, Juez Sergio Torres, Mario Sandoval, Patricia BullrichRelated Posts
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