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   Por Dr. Gonzalo P. Miño para PrisioneroEnArgentina.com

 

Si hay algo de lo que no se privan, los que transitan los denominados juicios de “lesa humanidad”, es la “emoción” de no aburrirse nunca en los mismos, pues la capacidad de delirio que presentan esos procesos, no tiene fin.

En Rosario, un Tribunal entendió que un militar octogenario, con severa hipoacusia y ciego en el más estricto sentido legal, puede ser sometido a juicio. Insólitamente, los médicos forenses entendieron, en la pericia medica que se le efectuó, que, si bien esta persona solo comprende dos o tres palabras de las que se le dice, incluso con auriculares y en un contexto insonoro, puede ser juzgado si “SE LE HABLA DESPACIO Y CON FRASES CORTAS, A POCOS METROS DE DISTANCIA, AUNQUE TENGA SOLO UNA DISMINUIDA VISIÓN PERIFÉRICA”. 

Como los magistrados no pudieron justificar como una persona en esas condiciones puede comprender una acusación en su contra y eventualmente interactuar en el juicio para instruir a su defensa para una efectiva estrategia procesal, recurrieron al programa ADAJUS (Acceso a la justicia para personas con discapacidad) para que elabore un protocolo de desarrollo del juicio para el imputado. Ahora, acá no se trata de que una persona discapacitada tenga acceso a la Justicia, el imputado ya la tuvo, de hecho, será sometido a un juicio penal; sino como este programa puede garantizar su eficaz derecho de defensa en un proceso penal. 

Está claro que este caso va camino a convertir en el primer extravagante experimento técnico jurídico, con tal de condenar a un militar en estos juicios.

En Buenos Aires, a un marino que ya está en condiciones de acceder a la libertad condicional, por estar más que cumplido el tiempo de detención que lleva (detenido desde el año 2003) y ser favorables los informes técnicos penitenciarios; se le exige, POR OCURRENCIA DEL TRIBUNAL, ANTE EL PEDIDO DEL FISCAL, QUE AHORA SEA INCORPORADO “AL ABORDAJE DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARTO DESHUMANIZADO EN SU TRATAMIENTO PENITENCIARIO”. Una “elegante” forma de impedir su salida anticipada en libertad, por más que le corresponda por derecho, pues ello les permitirá argumentar que “no se ha cumplido el objetivo de la reinserción social” que establece la ley como fin de la pena.

Un caso análogo sucede en Santa Fe con un policía. Lleva más de 25 años detenido, superando el monto máximo de pena establecido por ley; y se le negó la libertad condicional, a pesar de ser favorables los informes técnicos penitenciarios, porque el juez entendió que “a su criterio” no estaba debidamente acreditado un favorable pronóstico de reinserción social y porque su salida anticipada produce una “revictimización” de las personas por las cuales fue condenado. Salida anticipada que, según esta particular visión, nunca se daría, pues siempre podrá alegar esos “clichés” para denegar el pedido. 

En Tucumán, la Fiscalía pretende indagar a militares y policías en una “nueva causa”, cuando por situaciones análogas a estos “nuevos casos” ya fueron absueltos, no en uno, sino en dos juicios orales, en el entendimiento que en el contexto del “universo procesal conocido como Jefatura III” (SIC) “Esta nueva imputación implicó un abordaje fiscal más profundo de los roles y responsabilidades de los diversos imputado” (SIC) y porque la sentencia que dispuso la absolución, confirmada por la Casación “… partió de la premisa falsa  de que la conducta por él desplegada resulta un comportamiento estereotipado si se atiende a su rol y a la situación general de ese momento (p. 941 y 1004 de la sentencia)” . Claramente, la Fiscalía se arroga una suprema facultad de ajustar y revisar los fallos absolutorios para someter a la persona -ya absuelta- a un nuevo proceso penal, dejando en evidencia que estos juicios transitan caminos paralelos al estado de derecho.

Tristemente esto ya sucedió en Rosario, donde un Tribunal condenó a un policía por hechos ocurridos en un periodo de tiempo que otro Tribunal, en un juicio anterior, lo había absuelto por haberse acreditado que en ese periodo de tiempo no había cumplido funciones en la Policía. En la nueva sentencia, los togados, entendieron que un nuevo “reexamen” de lo ya dispuesto por otro Tribunal, mediante las exactas mismas pruebas, permitían ahora una condena.

En La Plata, el Juez Federal que instruye estas causas, un una “nueva”, decidió aceptar el planteo de la Fiscalía de incorporar nuevos delitos a la requisitoria de elevación a juicio, los cuales nunca fueron imputados ni objeto de procesamiento a los imputados. Planteada la nulidad por la defensa y luego el Recurso de Apelación, ambos planteos fueron rechazados “in limine” por el Juez, porque “a su entender” son “improcedentes”.

En Neuquén, Salta y San Luis los jueces se “desentienden” de los planteos relacionados a la quita de los haberes y el uso de la obra social, con el espurio argumento de que es un tema administrativo y no les compete, sacándose así “el kilombo de encima”; a la par que los Fiscales avanzan ahora, en todas las jurisdicciones, con expresos pedidos de destitución (ya no de baja) y quita de haberes de los condenados en estas causas.  Ello deja al descubierto el acierto del planteo de las defensas, plasmado en el ya harto conocido fallo “Guerrieri”, de cuyos argumentos también se desentiende el Ejercito y el Ministerio de Defensa, bajo el timorato argumento de que solo retrotraerá el efecto de las bajas dispuestas, no la baja en si (las que seguirán) ante un fallo concreto y en cada caso en particular. DE DICTAR UNA RESOLUCIÓN ADMINSITRATIVA QUE PONGA LIMITE A ESTA BARBARIDAD, SOBRANDO LOS ARGUMENTOS JURIDICOS PARA ELLO, NI HABLAR.  

La verdad, ya a nadie le importa este tema. Ni a la sociedad, ni al gobierno, ni a las autoridades militares, policías o de las fuerzas de seguridad, siquiera a los propios interesados. Nadie reacciona ni racionará. Estos artículos, son tan solo líneas escritas al viento. Los delirios seguirán, como el obsceno atropello al debido estado de derecho y a las más elementales garantías constitucionales y procesales, mientras queden vivos militares o policiales de aquella época para poder juzgar, quedando los presos librados a su suerte, sea en un penal o en sus domicilios.

Esa conmovedora y épica máxima “Nunca se abandona al camarada en el campo de batalla” fue tan bien guardada en algún lugar, allá por el 2003 cuando toda esta infamia comenzó, que ya nadie sabe dónde está para poder rescatarla, pasarle un plumero y que comience a brillar nuevamente, ante tanta exasperante pasividad e inercia.

 

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Junio 7, 2026