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Por Dr. Gonzalo P. Miño para PrisioneroEnArgentina.com

 

Desde que, allá por el año 2003, el entonces gobierno de Néstor Kirchner impuso políticamente la apertura de los denominados juicios de “lesa humanidad”, el tradicional concepto de seguridad jurídica, cual es la garantía de una aplicación objetiva de la ley, se fue perdiendo al punto de casi haber sido borrado en este submundo llamado “lesa”.

Precisamente, este principio, que es el pilar fundamental de cualquier sociedad que se precie de democrática y que hace a un verdadero estado de derecho, evita que se produzca lo que en la jerga judicial denomina “strepitus fori” o, en lengua de buen romance, “escándalo jurídico”, que no es ni más ni menos que dos jueces de igual jerarquía fallen, ante casos análogos, en sentido opuesto el uno del otro; pues si la ley es igual para todos, no puede haber un criterio para juzgar diferente ante situaciones análogas, solo porque se ha creado arbitrariamente un estándar diferente entre quienes por ley deben considerados iguales, lo que violenta groseramente la manda del art. 16 de la Constitución Nacional.

       Tristemente en nuestro país, se ha ido aceptando y hasta naturalizando que estos juicios llamados de “lesa” transiten por carriles separados a la Constitución Nacional y  la ley, aduciendo espuriamente que se trata de “juicios especiales”, que merecen una interpretación diferente y desigual que el resto de la sociedad.

Así tenemos, por ejemplo, que para un Tribunal Oral de Salta la prisión perpetua se extingue a los 25 años, mientras que para un Tribunal Oral de Santa Fe la prisión perpetua no tiene límite de tiempo. O, como el hecho de que para un Tribunal Oral de San Martin una persona que utiliza el sistema CPAC, es decir debe usar una mascarilla de oxígeno para dormir, no puede permanecer detenido en una Unidad Penitenciaria; a la par que para un Tribunal Oral Federal de La Plata, otra persona que también utiliza el sistema CPAC, es decir el usa una mascarilla de oxígeno para dormir, puede válidamente permanecer detenido en una Unidad Penitenciaria.

O más lejos aún, que para la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal una persona que posee serios problemas cardiacos no puede estar alojada en una Unidad Penitenciaria, de acuerdo a los informes del Cuerpo Médico Forense y de la propia Unidad Penitenciaria; en tanto que para la Sala IV de esa misma Cámara Federal de Casación Penal con esos mismos informes, sostiene que esa exacta misma persona puede válidamente estar alojada en una Unidad Penitenciaria

Lo más grosero de estas situaciones es que esos fallos totalmente opuestos, sobre un mismo tema, se dictan con pocos días de diferencia uno de otro y la Alzada Casacional nada hace para unificar criterios, al contrario los agiganta.

Ahora, cuando ello lo intenta hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los Tribunales inferiores, lisa y llanamente, desconozcan sus fallos, en el último “grito de la moda judicial”.

El caso más claro es el fallo “Castillo”, que puso limite a la duración excesiva de la prisión preventiva, revocando la prórroga de la detención de Castillo, quien a ese momento llevaba 11 años en esa condición. Aunque no se crea, remitida la cuestión al Tribunal Oral de La Plata para que revise la cuestión, este le volvió a prorrogar la prisión preventiva, decisión que a su vez, fue confirmada por la Casación, en el cual hasta uno de sus integrantes  “se dio el lujo”, no solo de criticar el fallo del Máximo Tribunal, sino hasta casi llamar a desobedecerlo.

Aunque  fuera contundente ese fallo al sentenciar:  “Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto” a los jueces inferiores, sea por comodidad o convencimiento ideológico, siguen,  como si ese fallo no hubiese existido y  continúan prorrogando prisiones preventivas largamente excedidas en el tiempo. Eso sí, en lo único que mantienen un criterio casi uniforme la gran mayoría de ellos, es en dictar condenas a perpetua para todos  y desentenderse de los fundados planteos de restitución de los haberes y la obra social, por un baja que ellos mismos nunca dispusieron.

Ante esta situación casi de alzamiento institucional, ahora la Corte pretende hacer un protocolo médico para los detenidos adultos mayores en cárceles, el cual veremos tendrá poco efecto entre los togados inferiores. Y es que, la Corte debió dictar un concreto y claro fallo declarando que la causal de 70 años es autónoma y no requiere ningún otro requisito adicional para el dictado de una prisión domiciliaria.

Argentina debe ser el único país del mundo donde su Superior Tribunal de Justicia está siendo reducido a una mero organismos decorativo y protocolar, que dicta fallos que son la nada misma.

Por supuesto, las “orgas” de los derechos humanos festejan esta arbitrariedad (con su Boletín Oficial 12 a la cabeza) y varios fiscales militantes, apoltronados en la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Publico Fiscal, junto a los querellantes, se divierten arengando, en sus alocuciones, a no cumplir estos fallos de la Corte.

Esto, que podría llamarse una “anarquía judicial” es la clara consecuencia de las políticas de cooptación del Poder Judicial de la Nación que puso en práctica el entonces gobierno kirchnerista, el cual sin vacilar y sin sonrojarse, fue colocando en sus puestos claves a verdaderos militantes ideologizados, que fallan no de acuerdo a la ley, sino a sus creencias ideológicas;  lo que es consentido por quienes forman la llamada “familia judicial”, adeptos a seguir lo políticamente correcto, con tal de no sufrir zozobras en su cómoda y tranquila poltrona judicial, al punto de ignorar  arteramente los precedentes de la Corte; lo que, a su vez, es consentido hasta el día de hoy por la clase política, sin excepción de ninguna clase o color.

En efecto, quien vociferaba que venía a “dar la batalla cultural” y a terminar con la “casta”, continua con este “status quo”, a través de un conspicuo representante de la “casta judicial”, cual es el actual Ministro de Justicia, quien inunda el Poder Judicial de la Nación con cientos pliegos de candidatos a jueces, plagados de militantes, progres y sabidos miembros de esa familia judicial. Fue el propio León quien impulso al jefe de la “patota judicial” como candadito a la Corte, por pedido del conocido “Señor de la Corte”, quien dicen -ya lo expresamos varias veces de esta columna- es el principal asesor legal de su hermana, la tortera, quien a la sazón, es la que realmente conduce los destinos de este país.

Lo mismo hizo el que venía a “acabar con el curro de los derechos humanos”, el que en su discurso de asunción en el Congreso Nacional exclamó que “no puede haber jueces militantes de ningún partido, a quienes quieran serlo les decimos claramente que no son bienvenidos”, grandilocuente expresión que quedaron olvidadas entre series de Netflix y torneos de bridge. No debe olvidarse que el representante macrista ante el Consejo de la Magistratura, el que archivaba las concretas denuncias por estos temas, fue nada más y nada menos, que el actual Ministro de Justicia libertario.

Como dijimos al principio de este artículo, hemos naturalizado y hasta aceptado que estos juicios se rijan por su propia ley, por fuera del debido estado de derecho, haciéndonos creer que la aplicación objetiva de la ley es buscar impunidad. Nos escandalizamos que un Juez de Casación festeje su cumpleaños en un predio de la AFA y nada decimos cuando otro Juez de Casación marchó algún 24 de marzo abrazado a querellantes y presuntas víctimas.

NOS CANSAMOS DE DECIR QUE LO QUE SE BUSCA NO ES IMPUNIDAD SINO LEGALIDAD, pero tal como dice ese hermoso tango Yira Yira: “veras… que al mundo nada le importa… yira yira…”.

PrisioneroEnArgentina.com

Agosto 30, 2026