Llega el 9 de Julio y como anticipáramos, nada de nada. Ni una sola mención a las graves violaciones legales que se siguen produciendo en los denominados juicios de lesa humanidad. Mucho Pacto de Mayo para una nueva Argentina, mucha refundación de la Nación, mucho dar vuelta la página de nuestra historia, pero nada de respetar el estado de derecho y las más mininas garantías constitucionales en esos verdaderos circos judiciales.
El gobierno cree que porque vuelva un desfile militar, el cual solo exhibirá el paupérrimo y lamentable estado de nuestras Fuerzas Armadas, supone que se conciliará con el mundo militar, sin advertir que el mismo no acepta esa arbitraria traza de una línea divisoria que se mantiene, entre las Fuerzas Armadas nuevas y las viejas.
LAS FUERZAS ARMADAS SON UNA SOLA, DESDE QUE NACIERON EN 1810 CON LA PATRIA. LAS QUE LIBRARON LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, LAS QUE VENCIERON AL TERRORISMO EN LOS 70 Y LAS QUE NOS LLENAN DE ORGULLO POR SU VALIENTE Y HEROICO COMBATE EN MALVINAS.
No entiende el gobierno que el Ministerio de Defensa de la Nación no es solo el superior de los uniformados en actividad, también lo es de los retirados, por quienes también tiene que bregar porque se respeten sus derechos y sean reconocidos como verdaderos soldados de la Patria.
Insólitamente desde el gobierno se insiste en modificar la ley de Defensa para habilitar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, al mismo tiempo que sigue permitiendo que quienes combatieron al terrorismo en los años 70 sigan siendo masacrados en verdaderos juicios revolucionarios en los cuales la ley es que la que a los fiscales y querellantes se les antoje. A la par que se mantiene la candidatura del “jefe de la casta judicial”, la cual avala todo este verdadero atropello a las más mininas garantías constitucionales, legales y procesales en esos llamados juicios. MÁS AUN, DURANTE LA SEMANA EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ENSALZÓ AL “JEFE DE LA CASTA JUDICIAL”, MARCÁNDOLO COMO UN EJEMPLO DE LA JUSTICIA.
Resulta paradójico que el Presidente de la Nación se llene la boca condenado al terrorismo mientras le hace el juego al mismo, permitiendo que sacie su incansable sed de venganza contra quienes lo vencieron en los años 70, manteniendo ese espurio “status quo”. No se puede pensar en un futuro diferente, si se mantienen los vicios del pasado.
SI ES COMO EL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DICE, QUE HAY MÁS DE 21.000 INDEMNIZACIONES “TRUCHAS” DE FALSAS VÍCTIMAS DE SUPUESTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DÉCADA DEL 70, ENTRE LAS CUALES NO SOLO HAY QUIENES NUNCA LO FUERON, SINO QUE HAY QUIENES MURIERON EN UN “ENFRENTAMIENTO A LOS TIROS”, ¿NO DEBE INVESTIGARSE TAMBIÉN CUANTOS MILITARES Y POLICÍAS FUERON CONDENADOS POR ESTAS FALSAS VÍCTIMAS?
Y es que, a ojos vista queda claro que si se cuestiona la indemnización de quien murió en un enfrentamiento armado, por no resultar víctima lógicamente; cómo es posible que si tenga esa calidad en un proceso judicial y encima se condene a imputados en los mismos, por el solo hecho de haberse defendido de un ataque a tiros de personas que legalmente eran consideradas delincuentes, de acuerdo a los decretos del entonces gobierno constitucional del General Perón y de la legislación sancionada por el mismo Congreso de la Nación en esa época.
Ni hablar de quienes directamente se pruebe que no fueron víctimas.
Ahora, ¿como se puede no ser víctima a los fines de una reparación pecuniaria pero si serlo a los fines de un proceso judicial? Una verdadera incoherencia. ¿Qué nos dirán? ¿Que no lo son para el cobro de reparación, pero si para una causa penal? Es como el cuento de la mujer embarazada, está o no está embarazada, no está un poco embarazada. Acá es lo mismo, se es o no víctima, no se puede ser un poco víctima.
Y es que quienes cobraron una indemnización por haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en la época del proceso militar, deben declarar en los juicios contra militares y policías como condición de dicho cobro, al punto de blandir los fiscales y querellantes en sus alegatos que la condición de víctima se acredita con el cobro de esa supuesta reparación económica, incorporándose esos legajos de tramitación de la indemnización como prueba. ¿Y entonces? ¿Es “trucho” el cobro pero no la condena penal?
¿No va a decir nada el Ministro de Justicia de la Nación de personas condenadas a perpetua con pruebas que considera falsas y que encima le niegan una libertad condicional o una detención domiciliaria?
No se puede reducir esta verdadera estafa a una simple cuestión económica. Hay una verdadera estafa dineraria pero también hay una mas verdadera estafa procesal.
Ya debería haberse hecho público todas las indemnizaciones cuestionadas e investigadas, para que se pueda cruzar esos datos con las condenas recaídas en los procesos judiciales denominados de lesa humanidad y actuar en consecuencia si se verificara que por esa supuesta víctima recayó condena penal.
Querer saber la verdad no es ser negacioncita. En todo caso son negacioncitas los que no quieren saberla, los que se niegan a admitir que esos juicios denominados de lesa humanidad son un verdadero negociado multimillonario.
ES OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO CUMPLIMENTAR DEBIDAMENTE EL MANDATO DE “AFIANZAR LA JUSTICIA” CONSAGRADO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL. ELLO NO SE CUMPLE CON UN DESFILE MILITAR, POR MÁS POMPOSO QUE SEA. SE DEBE REESTABLECER, DE UNA VEZ POR TODAS, EL VERDADERO ESTADO DE DERECHO EN NUESTRO PAÍS.
Un 9 de Julio más y un Pacto de Mayo “bajas calorías”, volviéndose a perder el tren de la historia. Como siempre decimos no reclamamos nada, no mendigamos ni pedimos nada, no nos quejamos de nada, tan solo exigimos LEGALIDAD, solo eso.
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LAS FUERZAS ARMADAS SON UNA SOLA, DESDE QUE NACIERON EN 1810 CON LA PATRIA. LAS QUE LIBRARON LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, LAS QUE VENCIERON AL TERRORISMO EN LOS 70 Y LAS QUE NOS LLENAN DE ORGULLO POR SU VALIENTE Y HEROICO COMBATE EN MALVINAS.
No entiende el gobierno que el Ministerio de Defensa de la Nación no es solo el superior de los uniformados en actividad, también lo es de los retirados, por quienes también tiene que bregar porque se respeten sus derechos y sean reconocidos como verdaderos soldados de la Patria.
Insólitamente desde el gobierno se insiste en modificar la ley de Defensa para habilitar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, al mismo tiempo que sigue permitiendo que quienes combatieron al terrorismo en los años 70 sigan siendo masacrados en verdaderos juicios revolucionarios en los cuales la ley es que la que a los fiscales y querellantes se les antoje. A la par que se mantiene la candidatura del “jefe de la casta judicial”, la cual avala todo este verdadero atropello a las más mininas garantías constitucionales, legales y procesales en esos llamados juicios. MÁS AUN, DURANTE LA SEMANA EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ENSALZÓ AL “JEFE DE LA CASTA JUDICIAL”, MARCÁNDOLO COMO UN EJEMPLO DE LA JUSTICIA.
Resulta paradójico que el Presidente de la Nación se llene la boca condenado al terrorismo mientras le hace el juego al mismo, permitiendo que sacie su incansable sed de venganza contra quienes lo vencieron en los años 70, manteniendo ese espurio “status quo”. No se puede pensar en un futuro diferente, si se mantienen los vicios del pasado.
SI ES COMO EL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DICE, QUE HAY MÁS DE 21.000 INDEMNIZACIONES “TRUCHAS” DE FALSAS VÍCTIMAS DE SUPUESTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DÉCADA DEL 70, ENTRE LAS CUALES NO SOLO HAY QUIENES NUNCA LO FUERON, SINO QUE HAY QUIENES MURIERON EN UN “ENFRENTAMIENTO A LOS TIROS”, ¿NO DEBE INVESTIGARSE TAMBIÉN CUANTOS MILITARES Y POLICÍAS FUERON CONDENADOS POR ESTAS FALSAS VÍCTIMAS?
Y es que, a ojos vista queda claro que si se cuestiona la indemnización de quien murió en un enfrentamiento armado, por no resultar víctima lógicamente; cómo es posible que si tenga esa calidad en un proceso judicial y encima se condene a imputados en los mismos, por el solo hecho de haberse defendido de un ataque a tiros de personas que legalmente eran consideradas delincuentes, de acuerdo a los decretos del entonces gobierno constitucional del General Perón y de la legislación sancionada por el mismo Congreso de la Nación en esa época.
Ni hablar de quienes directamente se pruebe que no fueron víctimas.
Ahora, ¿como se puede no ser víctima a los fines de una reparación pecuniaria pero si serlo a los fines de un proceso judicial? Una verdadera incoherencia. ¿Qué nos dirán? ¿Que no lo son para el cobro de reparación, pero si para una causa penal? Es como el cuento de la mujer embarazada, está o no está embarazada, no está un poco embarazada. Acá es lo mismo, se es o no víctima, no se puede ser un poco víctima.
Y es que quienes cobraron una indemnización por haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en la época del proceso militar, deben declarar en los juicios contra militares y policías como condición de dicho cobro, al punto de blandir los fiscales y querellantes en sus alegatos que la condición de víctima se
acredita con el cobro de esa supuesta reparación económica, incorporándose esos legajos de tramitación de la indemnización como prueba. ¿Y entonces? ¿Es “trucho” el cobro pero no la condena penal?
¿No va a decir nada el Ministro de Justicia de la Nación de personas condenadas a perpetua con pruebas que considera falsas y que encima le niegan una libertad condicional o una detención domiciliaria?
No se puede reducir esta verdadera estafa a una simple cuestión económica. Hay una verdadera estafa dineraria pero también hay una mas verdadera estafa procesal.
Ya debería haberse hecho público todas las indemnizaciones cuestionadas e investigadas, para que se pueda cruzar esos datos con las condenas recaídas en los procesos judiciales denominados de lesa humanidad y actuar en consecuencia si se verificara que por esa supuesta víctima recayó condena penal.
Querer saber la verdad no es ser negacioncita. En todo caso son negacioncitas los que no quieren saberla, los que se niegan a admitir que esos juicios denominados de lesa humanidad son un verdadero negociado multimillonario.
ES OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO CUMPLIMENTAR DEBIDAMENTE EL MANDATO DE “AFIANZAR LA JUSTICIA” CONSAGRADO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL. ELLO NO SE CUMPLE CON UN DESFILE MILITAR, POR MÁS POMPOSO QUE SEA. SE DEBE REESTABLECER, DE UNA VEZ POR TODAS, EL VERDADERO ESTADO DE DERECHO EN NUESTRO PAÍS.
Un 9 de Julio más y un Pacto de Mayo “bajas calorías”, volviéndose a perder el tren de la historia. Como siempre decimos no reclamamos nada, no mendigamos ni pedimos nada, no nos quejamos de nada, tan solo exigimos LEGALIDAD, solo eso.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 7, 2024
Tags: Ariel Lijo, Mariano Cuneo LibaronaRelated Posts
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