¿Será posible que la política nacional e internacional y los organismos de un país y de una organización internacional presten esta inusitada importancia a la suerte de una delincuente detenida en una cárcel de una provincia lejana, y se insuma cantidades desmedidas de gastos en sueldos de funcionarios de alta jerarquía, en viajes internacionales y de cabotaje, viáticos elevados y por largos períodos de duración, para su defensa?
No olvidemos que este teatro comenzó hace casi un año, provocado por la ideología izquierdista de organismos internacionales azuzados por sus similares en el país, CELS y Amnistía Internacional, con el claro propósito de continuar en Latinoamérica la lucha contra la democracia y sus instituciones comenzada en Cuba, seguida por Venezuela y el castrismo, Bolivia, Ecuador y la Argentina kirchnerista, apéndice del populista movimiento bolivariano, en razón de que en la actualidad se hallan todos en una dramática declinación que no se resisten a reconocer.
El gobierno argentino que acaba de recuperar la democracia, en libres elecciones, carece del vigor necesario para hacer frente a estos ataques y lo demuestra con sus respuestas temerosas y hasta complacientes que son atentatorias a la dignidad y a la soberanía del país. Parece no caer en la cuenta de que se ha convertido en un faro en las Américas y una esperanza para desterrar el marxismo retrógrado y corrupto que casi nos sepulta en una segunda Venezuela.
El denominado caso Milagro Sala no merece la exagerada atención que se le está prestando y la respuesta del Gobierno debe ser rápida, digna y contundente para que no vuelva a repetirse la intromisión izquierdista de organizaciones extranacionales con reivindicaciones populistas de neto corte marxista.
En el artículo anterior referido a este tema, destacamos la posición asumida por el gobernador Gerardo Morales, ciertamente opuesta a la del gobierno nacional, pero hoy leemos una noticia desalentadora de sus declaraciones, pues a pesar de manifestarse en desacuerdo con el pronunciamiento del organismo CIDH, admite que sus recomendaciones cautelares son obligatorias
En la misma forma se expresa el titular del Ministerio Público, Sergio Lello Sánchez manifestando que la decisión es exclusiva de la Justicia, pero adelantando que recomendará a los jueces que opten por el arresto domiciliario.
Los dos funcionarios del Poder Ejecutivo de la Provincia, cometen un error lamentable porque sus afirmaciones están precisamente invadiendo la jurisdicción de la Justicia.
El abogado de la procesada, Luis Paz, dice en su defensa que el Gobierno Nacional debe cumplir con la resolución de la CIDH y que la provincia de Jujuy está fuera de la discusión. En el afán defensivo de su cliente, el abogado va más lejos pues, a pesar de su título, dijo desconocer el artículo 109 de la Constitución Nacional, por la que él juró, que indica que en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
Se quejó de que “la Corte demora la decisión sobre la detención “arbitraria” de Milagro Sala, como dijeron la ONU y la CIDH”, otro error de Paz, pues si dichos organismos recomiendan la prisión domiciliaria, es que admiten la prisión preventiva como legal.
Por otra parte, desliza su ideología kirchnerista, cuando dice sobre el Supremo Tribunal: “Pero esta Corte ha resuelto prisiones domiciliarias de genocidas”
Como se ve hay posiciones controvertidas, producto de la confusión, polémicas y desacuerdos suscitados por los “invasores izquierdistas” que recorrieron libremente nuestros dominios y aprovecharon el momento político de la “grieta” existente en el país para sembrar su ideología marxista. Todo tiene que ver con todo, como decía la silenciosa abogada exitosa, pues estamos a pocos días de las elecciones PASO y a río revuelto, ganancia de pescadores.
Escribe Silvio Pedro Pizarro.
¿Será posible que la política nacional e internacional y los organismos de un país y de una organización internacional presten esta inusitada importancia a la suerte de una delincuente detenida en una cárcel de una provincia lejana, y se insuma cantidades desmedidas de gastos en sueldos de funcionarios de alta jerarquía, en viajes internacionales y de cabotaje, viáticos elevados y por largos períodos de duración, para su defensa?
No olvidemos que este teatro comenzó hace casi un año, provocado por la ideología izquierdista de organismos internacionales azuzados por sus similares en el país, CELS y Amnistía Internacional, con el claro propósito de continuar en Latinoamérica la lucha contra la democracia y sus instituciones comenzada en Cuba, seguida por Venezuela y el castrismo, Bolivia, Ecuador y la Argentina kirchnerista, apéndice del populista movimiento bolivariano, en razón de que en la actualidad se hallan todos en una dramática declinación que no se resisten a reconocer.
El gobierno argentino que acaba de recuperar la democracia, en libres elecciones, carece del vigor necesario para hacer frente a estos ataques y lo demuestra con sus respuestas temerosas y hasta complacientes que son atentatorias a la dignidad y a la soberanía del país. Parece no caer en la cuenta de que se ha convertido en un faro en las Américas y una esperanza para desterrar el marxismo retrógrado y corrupto que casi nos sepulta en una segunda Venezuela.
El denominado caso Milagro Sala no merece la exagerada atención que se le está prestando y la respuesta del Gobierno debe ser rápida, digna y contundente para que no vuelva a repetirse la intromisión izquierdista de organizaciones extranacionales con reivindicaciones populistas de neto corte marxista.
En el artículo anterior referido a este tema, destacamos la posición asumida por el gobernador Gerardo Morales, ciertamente opuesta a la del gobierno nacional, pero hoy leemos una noticia desalentadora de sus declaraciones, pues a pesar de manifestarse en desacuerdo con el pronunciamiento del organismo CIDH, admite que sus recomendaciones cautelares son obligatorias
En la misma forma se expresa el titular del Ministerio Público, Sergio Lello Sánchez manifestando que la decisión es exclusiva de la Justicia, pero adelantando que recomendará a los jueces que opten por el arresto domiciliario.
Los dos funcionarios del Poder Ejecutivo de la Provincia, cometen un error lamentable porque sus afirmaciones están precisamente invadiendo la jurisdicción de la Justicia.
El abogado de la procesada, Luis Paz, dice en su defensa que el Gobierno Nacional debe cumplir con la resolución de la CIDH y que la provincia de Jujuy está fuera de la discusión. En el afán defensivo de su cliente, el abogado va más lejos pues, a pesar de su título, dijo desconocer el artículo 109 de la Constitución Nacional, por la que él juró, que indica que en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
Se quejó de que “la Corte demora la decisión sobre la detención “arbitraria” de Milagro Sala, como dijeron la ONU y la CIDH”, otro error de Paz, pues si dichos organismos recomiendan la prisión domiciliaria, es que admiten la prisión preventiva como legal.
Por otra parte, desliza su ideología kirchnerista, cuando dice sobre el Supremo Tribunal: “Pero esta Corte ha resuelto prisiones domiciliarias de genocidas”
Como se ve hay posiciones controvertidas, producto de la confusión, polémicas y desacuerdos suscitados por los “invasores izquierdistas” que recorrieron libremente nuestros dominios y aprovecharon el momento político de la “grieta” existente en el país para sembrar su ideología marxista. Todo tiene que ver con todo, como decía la silenciosa abogada exitosa, pues estamos a pocos días de las elecciones PASO y a río revuelto, ganancia de pescadores.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 2, 2017
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