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El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, quedó sumido en una grave crisis luego de que no consiguiera los votos que necesitaba para que la ‘ley ómnibus’, uno de sus principales proyectos, fuera aprobada en la Cámara de Diputados.

“Delincuentes”, “bestias”, “traidores” y “casta empobrecedora”, fueron algunos de los insultos con los que reaccionó el mandatario contra los diputados ante el fracaso de la ley con la que aspiraba a transformar por completo el país para imponer políticas libertarias en el plano económico, político y social, pero que se topó con el freno del Poder Legislativo.

También reposteó o dio ‘me gusta’ a posteos que acusaban a los gobernadores de rechazar la ley porque afectaba sus negocios de “narcotráfico y trata” de personas; o que, de plano, definían a un grupo de legisladores como “putitas del peronismo”.

A ello se le sumó la difusión de los nombres de los diputados “aliados” que rechazaron varios artículos de la ley.

“Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca… pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina”, escribió en sus redes sociales desde Israel, en donde se encuentra realizando una gira que también lo llevará a Italia y al Vaticano.

“La casta festejó…Hoy los argentinos de bien sufren los efectos negativos de sus desmanes y pasión por vivir de lo ajeno… son muy parecidos a las bestias que festejaron el ‘default'”, dijo Milei al recordar el anuncio de cese de pagos de la deuda externa anunciado en diciembre de 2001 por el expresidente interino Adolfo Rodríguez Saá.

De esta forma, el presidente siguió con una política de confrontación, que fue uno de los principales obstáculos para que la ley avanzara, ya que a lo largo del debate legislativo acusó a los diputados de “corruptos”, “mafiosos” y “extorsionadores”.

A las descalificaciones agregó permanentes amenazas de recorte presupuestal a los gobernadores que no apoyaran su ambicioso proyecto.

El problema es que los epítetos del mandatario iban lanzados en contra de gobernadores y diputados “dialoguistas”, es decir, que estaban dispuestos a votar la ley con una serie de cambios, en particular en materia fiscal. En varias ocasiones, su incontinencia tuitera cargada de insultos y, a veces, obscenidades, afectó las negociaciones.

A pesar de los agravios, y a costa de la humillación pública, los diputados agredidos de manera cotidiana por el presidente votaron a favor de la ley en lo general el viernes, pero el martes, ya en el debate en particular, se opusieron a varios artículos.

En ese momento, la ley que Milei había jurado una y otra vez que no tendría ningún cambio, ya había sufrido modificaciones sustanciales gracias a la presión política en el Congreso y a la social que se reflejó en las audiencias en comisiones y en las manifestaciones en las calles.

Así, el proyecto fue recortado de 664 a 386 artículos, pero la oposición “dialoguista” todavía impulsaba modificaciones, por ejemplo en la delegación de facultades legislativas que pedía Milei o en la lista de empresas sujetas a privatización.

Cuando el oficialismo se dio cuenta de que estaba perdiendo la votación de varios artículos, suspendió la sesión para regresar el proyecto a su discusión en comisiones, lo que implicaba reiniciar de nuevo y por completo todo el proceso parlamentario.

De manera insólita, el líder de la bancada de La Libertad Avanza, Oscar Zago; y el ministro del Interior, Guillermo Francos, reconocieron en entrevistas posteriores que no sabían que, con esta decisión, el proceso volvía a foja cero, ya que pensaban que la aprobación en general lograda la semana pasada era inamovible. No conocían el reglamento.

La prensa y la oposición, en tanto, coincidieron en calificar este desenlace como una “dura derrota” y “fracaso” de un Gobierno que mostró inexperiencia, improvisación e impericia en la negociación legislativa a pesar de que necesitaba los votos de la oposición “dialoguista” porque la bancada oficialista solo cuenta con una magra bancada de 38 legisladores de un total de 257.

Pero, en cuestión de horas, Milei y sus ministros comenzaron a cambiar la narrativa para demostrar que habían logrado “una victoria histórica”.

“¿Y si Javier Milei sabía que iba a pasar esto y era para mostrarle a la gente lo expuestos que quedaron los políticos?”, escribió un usuario de X al especular con la posibilidad de que, en realidad, el Gobierno sabía que la oposición “dialoguista” jamás aprobaría toda la ley.

“Correcto”, respondió el presidente en medio de su gira internacional que no detuvo su ya conocida y frenética actividad tuitera. De esta forma, el Gobierno trató de instalar la versión de que solo quería exhibir a los dirigentes que no están dispuestos a perder sus “privilegios”.

Otro libertario aseguró que Milei le había demostrado “a todos los argentinos de bien”, quiénes son “los corruptos” que impiden el progreso del país. “Se llama principio de revelación”, presumió el presidente como si de verdad hubiera armado esta estrategia. 

“No dramaticemos”, pidió el ministro de Economía, Luis Caputo, en un afán de minimizar la derrota, pero al mismo tiempo el que dramatizaba era el propio Milei que insultaba a los diputados y publicaba sus nombres para promover venganzas y linchamientos políticos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, incluso advirtió que si la ley no salía en el Congreso, el presidente podría convocar a un plebiscito, aunque este tipo de consultas no son vinculantes.

Esto significa que, aunque la mayoría de la ciudadanía avalara el proyecto, no sería de cumplimiento obligatorio porque forzosamente debe pasar por un Poder Legislativo que ya le dijo “no” al mandatario.

“Los objetivos los vamos a lograr con o sin ley”, advirtió el vocero en su conferencia de este miércoles, en la que reiteró las críticas a los diputados que, según el Gobierno, “frenaron la Argentina del futuro”.

También justificó la difusión de las listas de los diputados “traidores” con el argumento de que sus nombres, partidos y la manera en que votaron es información pública.