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 Por Mauricio Ortín.                                                                

¿Correspondía que el Estado reprimiera a las bandas terroristas que asolaron a la sociedad argentina en los años ’70? ¿Qué se supone que debía hacer –el que por ley tiene el monopolio de la violencia-, por ejemplo, ante: la bomba vietnamita colocada por Rodolfo Walsh que segó la vida de 24 personas y mutiló a otras tantas; el asesinato, perpetrado por el ERP, de María Cristina Viola (3 años) y de su padre el Cap. Humberto Viola; el homicidio de José Ignacio Rucci llevado a cabo por Montoneros; y los otros 17.000 crímenes cometidos por dichas bandas en plena democracia? ¿Acaso, quedarse de brazos cruzados y dejar a la sociedad a merced de los terroristas? La Constitución Nacional es clara al respecto; la función esencial del estado es garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Para eso está.

En la década del ’70 y en nombre de las atribuciones que le son propias, el gobierno de Juan Domingo Perón y de María Martínez de Perón respondió a la embestida de los que por vía de la violencia pretendían instalar una dictadura comunista en la Argentina. “Vamos a responder violencia con violencia, tenemos los medios para aplastarlos” “Y yo no estoy aquí de monigote”; les advirtió Perón a los diputados de la “tendencia” convocados a la reunión de Olivos en enero de 1974. Acto seguido, los hizo expulsar del PJ y renunciar a sus cargos legislativos. Por la misma fecha y en directa alusión a los terroristas del ERP que habían atacado el cuartel de Azul, envió una misiva a todas las unidades del ejército exhortando a que: “el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica.” La represión a los subversivos ahora era oficial y pública. Perón entendió que con la banda paramilitar “ La Triple A” (por izquierda) y la Policía Federal (por derecha) alcanzaba. Más tarde y ante los magros resultados obtenidos, la presidente María Martínez de Perón, esposa y sucesora, ordenó a la Fuerzas Armadas “aniquilar” a la subversión en todo el territorio argentino. La Argentina estaba en guerra. La subversión marxista había dado con éxito ese último paso, imprescindible según el catecismo leninista, para la toma del poder; la guerra civil. Cabía superar un solo detalle: ganarla.

Instalado el conflicto, la abrumadora mayoría de los argentinos, inequívocamente, se puso del lado del gobierno (constitucional o militar) y de sus Fuerzas Armadas. Políticos, curas, sindicalistas, médicos, artistas, deportistas, periodistas y ciudadanos comunes repudiaron al terrorismo subversivo. En semejante clima, el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 fue recibido con alivio por la inmensa mayoría población. No se registró el menor intento de resistencia y hasta el partido comunista dio su apoyo expreso. El acompañamiento de casi todo el arco político nacional quedo reflejado en las 794 intendencias que ocuparon dirigentes de todos los partidos(UCR, 310; PJ,169; demoprogresistas, 109; MID 94; Fuerza Federalista Popular, 78; MPN Fuerza Neuquina, 23; demócratas cristianos, 16; Partido Intransigente, 4. Otros fueron designados en embajadas y ministerios (Alicia Kirchner incluida). El gobierno militar cambió radicalmente la política económica. No así la represiva. Tanto peronistas como militares hicieron la guerra con idénticos métodos. En su momento, ni la Corte, ni los jueces, ni el Parlamento, ni la CGT, ni la iglesia, ni la prensa la objetaron; más bien, la aplaudieron. Hoy la palabra “genocida” no se les cae de la boca.

¿Debía el estado reprimir a las bandas subversivas? Está claro que, para la “política de derechos humanos” implementadas por los gobiernos de los Kirchner y Macri la respuesta, es un no rotundo. Para estos y para los jueces federales en los ’70 lo que hubo fue un Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil. No había nada que reprimir dado que las “víctimas” eran “población civil”. Luego, reprimirlas constituye la comisión de un delito.  Y no es el modo sino la mera represión al subversivo lo que configura el “crimen de lesa humanidad” en la Argentina. Ello porque los apremios ilegales que pudieran haberse dado en medio se consideran solo agravantes; mas en ningún caso determinan la “lesa humanidad”.

Así las cosas, no cabe otra que afirmar, a los gritos, que criminalización que hacen los jueces de la represión estatal al terrorismo marxista en los años ’70, en concomitancia con la victimización de estos últimos constituye un disparate legal digno de un lugar de honor en la historia de la infamia.

 ¿Así que reprimir a los terroristas constituye un crimen de lesa humanidad? Al respecto ¿Tienen algo distinto que responder los políticos, los periodistas y a todo aquel que se sienta interrogado? ¿Renunciarán al coro dirigido por Verbitsky? ¿Se sobrepondrán al miedo (que aterra a Bergoglio) de que los tilden de “negacionistas”. La batalla cultural contra el relato K pasa por la respuesta a esa pregunta. Lo demás es accesorio. Salvo casos contados con los dedos de una mano, los opositores al relato kirchnerista hasta ahora no se ha animado, siquiera, a discutir la mentira gigante y evidente de los 30.000 desaparecidos (En fin… es la mishiadura que se a dao)

 

Mauricio Ortín es miembro del Centro de Estudios Salta.

 

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PrisioneroEnArgentina.com

Abril 7, 2022

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