En 2026, diversos medios informaron sobre una serie de controversias que derivaron en investigaciones judiciales. Entre los principales temas se encuentran:

• Investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia abrió una causa para analizar si existe una diferencia injustificada entre su patrimonio declarado y determinados gastos e inversiones atribuidos a él. Una investigación no implica culpabilidad; corresponde a los tribunales determinar si hubo o no un delito.
• Rectificación de declaraciones patrimoniales. Adorni reconoció que había rectificado declaraciones juradas e informó que existían ahorros que no habían sido incluidos originalmente en ellas. Según declaraciones públicas difundidas por la prensa, atribuyó esa omisión a la forma en que había mantenido esos fondos en años anteriores. Esa situación pasó a formar parte de la investigación judicial.
• Viajes y uso de recursos oficiales. También recibió cuestionamientos por un viaje oficial en el que participó su esposa, quien no ocupaba un cargo público. Aunque una causa vinculada específicamente a ese episodio fue archivada, el hecho generó una fuerte controversia política.
• Operaciones inmobiliarias y gastos. Las investigaciones también abarcaron la compra de propiedades, remodelaciones y viajes familiares, con el objetivo de determinar si esos gastos eran compatibles con sus ingresos declarados.

En resumen, no puede afirmarse como hecho probado que Adorni “ocultara” bienes o cometiera delitos, salvo aquello que él mismo reconoció respecto de la rectificación de sus declaraciones patrimoniales. Las demás cuestiones forman parte de investigaciones o denuncias periodísticas y judiciales cuyo resultado depende de las decisiones de los tribunales. En un Estado de derecho, la existencia de una investigación no equivale a una condena.