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La justicia argentina imputó a cuatro religiosos y ex altos directivos del Opus Dei por la comisión de presuntos delitos de trata de personas y “reducción a la servidumbre” (esclavitud) contra 43 mujeres que fueron explotadas por esa institución entre las décadas de 1980 y 2000, una investigación judicial que arrancó en 2022.

La imputación de la Fiscalía, efectuada a finales de la semana pasada, se centró en tres sacerdotes que ocuparon la vicaría general de la institución: Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010) y Víctor Urrestarazu (2014-2022). Asimismo, fue inculpado Gabriel Dondo, exdirector de la rama femenina del Opus Dei en Argentina.

La investigación sobre el caso se inició tras una publicación del mencionado medio en mayo de 2021. Allí, las 43 mujeres denunciaron los abusos sufridos y acusaron a esa institución católica de haberlas hecho trabajar gratis y durante años como empleadas domésticas.

Según la denuncia, las mujeres fueron reclutadas bajo engaño cuando eran adolescentes. A todas les prometieron que iban a continuar con su educación regular, pero una vez dentro del Opus Dei, las jóvenes únicamente cumplieron labores domésticas para la organización y nunca fueron remuneradas.

Las denunciantes, que hoy tienen entre 40 y 60 años de edad, indicaron que su escolarización fue parcial o nula, mientras tenían que cumplir con extenuantes jornadas laborales de limpieza, cocina y servicio para los religiosos y sus invitados en los centros del Opus Dei.

El alegato judicial contra las cuatro prominentes figuras eclesiásticas, citado por La Nación, indica que “de acuerdo con los testimonios recopilados”, las víctimas “dedicaron gran parte de sus vidas al servicio doméstico en las sedes de la institución, enfrentando jornadas laborales agotadoras sin recibir salario”.

“En algunos casos, incluso recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían. No contaban siquiera con la posibilidad de un descanso efectivo ni respeto a cualquier otro derecho laboral, quedando atrapadas en un superestructura desprovista de derechos, sin control ni supervisión alguna, que perduró por años”, añade la imputación.

Por su parte, la institución negó “categóricamente” las “acusaciones de trata de personas y explotación laboral”, a través de un comunicado en el que se sostiene que las mujeres habrían construido la denuncia con “una descontextualización completa de la formación que recibieron” y de “la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei. Se trata de una acusación totalmente falsa”.

Además, los religiosos afirman que siempre “han respetado la voz de quienes han planteado reclamos, y desde el inicio de este conflicto, su principal interés ha sido escuchar y establecer un canal de diálogo que permita comprender cada experiencia”.

“Por eso, aunque resulta doloroso llegar a una instancia judicial de esta naturaleza, creemos que después de más de tres años de acusaciones similares realizadas solo en los medios de comunicación, la investigación es necesaria para aclarar definitivamente la situación”, agregó el Opus Dei.